Por Gloria Cano – Abogada APRODEH
Accomarca, una pequeña comunidad de la provincia de Vilcashuamán, en el departamento de Ayacucho, fue escenario de una de las más cruentas acciones de violencia que asoló nuestro país.
A inicios de los ochenta, Sendero Luminoso se desplazaba por esta zona, amenazando y asesinando a las autoridades y a todo aquel que se le opusiera. Las Fuerzas Armadas, desde su ingreso a las zonas de emergencia ostentando el control político militar, ejecutaron una estrategia de tierra arrasada, sin importar el costo de la vida inocente. Para ello, utilizaron el mismo método que Sendero Luminoso: el terror.
A fines de julio de 1985, el Ejército detuvo a un senderista quien señaló la quebrada de Huancayocc y Llocllapampa como lugares donde se desarrollarían escuelas populares. Así, el comando político militar a cargo del general Wilfredo Mori, elaboró y aprobó el “Plan Huancayocc”. Según éste, las patrullas debían cercar la quebrada y las posibles rutas de salida a fin de acorralar, perseguir y eliminar a los presuntos subversivos que se encontraban en la zona.
En la reunión de coordinación realizada entre el jefe de la base militar de Vilcashuamán, Capitán Helber Gálvez, el Coronel José Williams Zapata, el sub teniente Telmo Hurtado, el teniente Juan Rivera Rondón y el coordinador del operativo, el oficial Carlos Medina Delgado se estableció que toda aquella persona que se encontrara dentro del radio cercado, debía ser considerada terrorista comunista. Evidentemente esta acción, lejos de proteger a la comunidad, buscaba castigarla.
En las primeras horas del 14 de agosto de 1985, las patrullas militares cercaron la zona de acuerdo al plan, llamaron a asamblea a los pobladores, quienes temerosos asistieron al llamado. Otros optaron por esconderse dentro de la quebrada, para entonces, se conocía de otras masacres en Ayacucho. Esta vez el presagio se tornó realidad: Accomarca se tiñó de la sangre de 69 personas, la mayoría niños (30), mujeres (27) y ancianos. Las mujeres fueron separadas y violadas antes de ser eliminadas. Las víctimas fueron encerradas en una choza, ejecutadas con disparos de ametralladoras, luego, se les arrojó una granada que luego de explotar ocasionó un incendio.
Quienes salvaron de morir esperaron que las patrullas se alejaran para acudir en ayuda de las víctimas. Sólo encontraron cuerpos quemados y destrozados, los cubrieron con tierra para evitar su desaparición. Sabían que, desde ese momento, corrían peligro. No se equivocaron. Algunos testigos fueron asesinados tras denunciar lo ocurrido.
Ya hubieran querido los asesinos acallar estos terribles hechos. No lo lograron. Por más de dos décadas, la memoria de lo ocurrido mantuvo unidos a los familiares y a la comunidad de Accomarca. Con el mismo dolor y coraje, resguardaron los cuerpos y el testimonio de los que aún quedaban con vida.
Hoy, veinticinco años después de aquel terrible crimen, las familias pueden ver cara a cara a quienes ordenaron y ejecutaron las muertes de sus seres queridos. Hoy, los responsables se encuentran en el banquillo de los acusados. La fiscalía ha solicitado para ellos una pena de veinticinco años de prisión.
Pero todos preguntamos: ¿Por qué Telmo Hurtado y Castañeda Castillo no están junto al resto de acusados?
Hurtado y Castañeda, al igual que Rivera Rondón, ingresaron con mentiras a Estados Unidos y se refugiaron en dicho país tratando de evadir a la justicia. Rivera Rondón fue deportado por las autoridades norteamericanas. La extradición de Castañeda Castillo es tramitada, en forma parsimoniosa, por las autoridades peruanas. Telmo Hurtado ha agotado sin éxito, las vías legales para evitar la extradición. Sin embargo, aún no es traído al Perú. Lo real es que el gobierno no pone ningún interés en agilizar los trámites pendientes.
Apenas ocurrida la masacre, los accomarquinos decidieron enfrentar, a pesar del riesgo, la búsqueda de justicia. La primera respuesta del Poder Judicial fue la abdicación de su función a favor del fuero militar, a sabiendas que sólo encubrirían a los responsables. En efecto: Telmo Hurtado fue absuelto del delito de homicidio, luego ascendido. Pese a su confesión, no hubo castigo. ¿Por qué habría de serlo? Lo ejecutado en la quebrada estaba de acuerdo al plan aprobado.
Las reaperturas de casos de violación a los derechos humanos ofrecen una nueva oportunidad al Poder Judicial de dar una respuesta a la población y a la historia. El juicio iniciado hace pocas semanas por el caso Accomarca, debe desarrollarse con las garantías para que sea transparente y objetivo. La sanción debe alcanzar no sólo al ejecutor del disparo, sino también a quien elaboró, aprobó y coordinó el plan, a quienes protegieron a los asesinos; de igual modo, deben darse medidas de reparación individual y comunal. Después de veinticinco años, la violencia, el abuso y la indiferencia no deben quedar impunes.
Publicado por primera vez en NoticiasSER.pe, 5 enero 2011