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News Reports on Transitional Justice in Peru

Revista mexicana PROCESO publica nota sobre la persistencia de la impunidad en el Perú de hoy

Desde el inicio del conflicto armado interno en 1980, el Perú se sumó casi 70 mil muertos y desaparecidos, además de quienes fueron sometidos a torturas, violaciones o desplazamiento forzado por el conflicto interno. A pesar de que Alberto Fujimori cumple una condena de 25 años por violaciones a los derechos humanos, la mayoría de los crímenes estatales siguen en la impunidad. Organizaciones no gubernamentales acusan falta de voluntad política del gobierno para resolver el problema.

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News Reports on Transitional Justice in Peru

Caso Fujimori: Marcha contra el indulto

¡Basta ya de impunidad, Fujimori nunca más! Fue el grito al unísono que entonaron miles de peruanos que se congregaron inicialmente en el Campo de Marte para decirle no al indulto a favor del expresidente reo Alberto Fujimori.

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NO AL INDULTONO AL INDULTODesde las seis de la tarde, mujeres y varones, estudiantes universitarios e institutos superiores, profesionales y personas de todos los estratos sociales marcharon a paso firme, superando el cansancio con arengas, movilizándose con un objetivo claro, no dejar que el presidente Ollanta Humala le entregue esta gracia al excandidato al parlamento japonés.

¡La sangre derramada jamás será olvidada!, frase dura pero amarga en los labios de Félix, hermano de Octavio Huamanyauri Nolasco, una de las víctimas de La Cantuta. “Él era mi único hermano y ahora lo perdí. Este indulto sería indigno e irrespetuoso a las lágrimas de todas las familias que perdieron a sus seres queridos”, manifestó, mientras sus ojos parecían recordar aquellos días en el que el terror llegó a su vida. “Todo lo que le está pasando a Fujimori ahora lo está pagando porque su conciencia no lo deja tranquilo. Él no tuvo piedad con el dolor de muchas madres, padres, hijos e hijas”, exclamó Rosa Rojas, mientras los ojos de las personas contemplaban con pena ajena las dos fotos que colgaban a la altura de su pecho: su esposo, Manuel Ríos Pérez, y su pequeño Javier Ríos Rojas fueron asesinados en Barrios Altos.

Eran casi las siete y media. La multitud hizo alto en el Paseo de los Héroes Navales para recordar a las víctimas del llamado “terrorismo de Estado”; casi de inmediato un centenar de velas se encendieron para formar una palabra, un anhelo de justicia: “No al indulto”.

Carmen Oyague también llevó una fotografía. Su sobrina Dora Oyague Fierro también fue presa de la insania del grupo Colina y con mucho dolor en su mirada, esta mujer de cabellos canos le contó a diario16 que solo pudo encontrar el cráneo de su pequeña. No obstante, su semblante cambió cuando vio a los estudiantes que la rodearon. “Con los jóvenes estoy muy contenta, pero con este tema del indulto estoy indignada. Sin embargo, el apoyo de estos chicos me da fuerzas. He perdido a mi sobrina pero hoy he ganado a varios ‘hijos'”.

¡NO A LA IMPUNIDAD!

La marcha contra el indulto a Fujimori congregó a todas las clases sociales, especialmente a jóvenes limeños. Además, hubo un alto para recordar a los asesinados en La Cantuta y Barrios Altos. La indignación se sentía en cada arenga de los presentes.

Publicado en Diario 16, 6 de octubre de 2012

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Trial Reports

Reflexiones, a 18 años de La Cantuta

Por Jo-Marie Burt

Este domingo 18 de julio se cumplen 18 años de la desaparición y asesinato de nueve estudiantes y un profesor de la Universidad Enrique Guzmán y Valle “La Cantuta” por el Grupo Colina, escuadrón de la muerte organizado por el régimen de Alberto Fujimori para eliminar supuestos subversivos. (1) Hoy en día La Cantuta es símbolo de la lucha contra la impunidad y trae a la memoria una victoria única: la condena a 25 años de prisión efectiva al ex presidente Fujimori como autor mediato de este y otros crímenes más.

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Sin embargo es importante reflexionar sobre la naturaleza de esa victoria, que demoró tanto en hacerse realidad, y lo que ha significado para los familiares de las víctimas de este caso que, como tantos otros, han luchado incansablemente para lograr la verdad y la justicia.

Varios de los familiares de las víctimas de La Cantuta —como tantos otros familiares que sufrieron la pérdida de un ser querido durante el período de violencia política— se vieron obligados a postergar sus propios proyectos de vida para dedicarse a esa lucha, para lograr saber que había pasado con sus hermanos, hermanas, hijos, hijas, esposos. Una vida entera buscando la justicia, contra la ceguera y la prepotencia de las autoridades durante el decenio fujimorista; luego de la huida repentina de Fujimori, viajaron primero a Japón y luego a Chile para convencer a las autoridades de la necesidad de extraditar al ex jefe de Estado para que un tribunal peruano pudiera procesarlo por sus crímenes; hasta que tuvieron que recurrir a un tribunal internacional que, finalmente, en su sentencia de 2006, encontró culpable al Estado peruano del crimen de La Cantuta y ordenó una investigación así como el procesamiento penal y sanción correspondiente a los responsables. Sin duda no fue una lucha en vano, y se ha logrado cosas importantes: El mayor responsable, Alberto Fujimori, y el ex jefe del Servicio de Inteligencia Nacional, General (r) Julio Salazar Monroe, hoy purgan prisión luego de haber sido condenados por su rol en el caso La Cantuta; y ambas condenas han sido ratificadas por la Corte Suprema.

Pero el camino de la justicia no es fácil ni sencillo en el Perú. Es poco conocido que aún persisten procesos judiciales por el caso Cantuta, que involucran a algunos de los autores materiales de este crimen (todos ellos militares que formaron parte del Grupo Colina). Tampoco es muy conocido que hay otro proceso judicial por el caso Cantuta contra otros presuntos responsables que tuvieron un papel fundamental en la creación del Grupo Colina, incluyendo Vladimiro Montesinos, el jefe de facto del SIN durante el régimen de Fujimori y los generales en retiro Nicolás Hermoza Ríos y Luis Pérez Document; así como contra los principales responsables operativos del Grupo Colina, los oficiales militares Santiago Martin Rivas, Carlos Pichilingue Guevara y Jesús Sosa Saavedra. El caso está ante el Segundo Juzgado Penal actualmente, pero hasta el momento no comienza el juicio oral. Según Gisela Ortíz, familiar del caso Cantuta, no se pudo unificar el caso en un sólo proceso debido a maniobras realizadas por Montesinos en el fuero militar que recién salieron a la luz en 2002 durante las primeras audiencias del caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Como señala Ortíz, “como familiares nos seguimos hipotecados a procesos judiciales que nunca acaban.”

Tampoco es muy conocido los límites en este caso en cuanto a la verdad sobre el paradero final de las víctimas. Es cierto que un mapa entregado al periodista Edmundo Cruz logró identificar algunos de las víctimas de La Cantuta. Pocos saben que sólo uno de los cuerpos, el de Luis Enrique Ortíz Perea, fue hallado entero. De las otras nueve víctimas, encontraron los restos parciales de sólo cuatro de ellos, mientras cinco se mantienen en condición de desaparecidos puesto que no se ha hallado –hasta hoy día— ningún rastro de ellos. Por lo tanto los familiares de estos estudiantes no han podido darles una sepultura digna a sus hijos e hijas asesinados tan cruelmente por agentes del Estado. De hecho los familiares han pedido que se realice una exhumación oficial en Cieneguilla para poder encontrar los demás restos, puesto que varios miembros del Grupo Colina han dado información concreta sobre posibles lugares de entierro, pero hasta el momento las autoridades no han programado el peritaje correspondiente. (2)

Para el colmo, durante el régimen fujimorista los restos y pertenencias de algunos de los estudiantes fueron extraviados. Por ejemplo las famosas llaves de Armando Amaro Cóndor, objetos ya icónicos de la brutal masacre de los estudiantes y de la impunidad que protegió a los asesinos por tantos años, además de evidencia concreta de que los restos encontrados en Cieneguilla fueron efectivamente los estudiantes de La Cantuta, nunca fueron entregadas a su madre, la Señora Raida Cóndor. Esto lo supe recién hace unos meses atrás cuando una persona que trabaja para el proyecto del Lugar de la Memoria consultó a la Señora Raida si se pudiera tener las llaves para exhibirlas. Todos quedamos sorprendidos al saber que las llaves fueron, como su dueño, también víctima de una desaparición.

El poeta polaco Zbigniew Herbert escribió que “La ignorancia sobre aquellos que desaparecieron socava la realidad del mundo.” En el Perú hoy en día se estima que son 15 mil personas que fueron desaparecidas durante el período de violencia política, la gran mayoría por agentes del Estado. De ellos, se han exhumado 1,200 cuerpos y se han identificado 600. La tarea pendiente es enorme, la deuda con los familiares de las víctimas inmensa y urgente. Al no saber qué pasó a su hijo o hija, su hermana o hermano, su esposo o esposa, su padre o madre, para el familiar el mundo pierde su sentido de realidad, queda en el limbo absoluto; imagina lo peor pero espera que su ser querido regresa vivo o viva; se ve consumido por la búsqueda eterna de la verdad sobre el destino de su familiar y deja proyectos personales a un lado para dedicarse a esa búsqueda. Pero como dice Herbert, la ignorancia sobre quienes fueron desaparecidos también destruye el lazo solidario en que se basa la existencia humana. Afecta toda la colectividad, nos sumerge en el miedo, nos hace mirar al otro con sospecha, por miedo que nos pueda pasar lo mismo. Al persistir la ignorancia sobre los desaparecidos, la realidad del mundo se desvanece a favor del olvido, la desmemoria, la negación. Si no recuerdo lo que pasó, si la sociedad no se acuerda que pasó, la realidad de la violación sistemática de los derechos humanos puede ser negada, y los reclamos de verdad y justicia puedan ser ignoradas. En el Perú hoy en día —a pesar de éxitos de suma importancia como la condena al ex presidente— la ignorancia está dando paso al olvido y la negación, y la impunidad gana terreno, y los derechos de las víctimas y sus familiares pasan a un segundo plano, todo ello alentado desde las más altas esferas del poder.

Notas:

(1) Para un resumen sobre el caso Cantuta, véase: [1] (^^^)

(2) Hay tantas otras injusticias que se podría mencionar. Carlos Pichilingue, actualmente procesado por el megacausa Barrios Altos-Pedro Yauri-Santa además por el caso Cantuta, interpuso una denuncia constitucional a los jueces de la Sala Penal Especial por haber determinado en su fallo contra Alberto Fujimori que los estudiantes de La Cantuta no fueron terroristas. A pesar de que la denuncia fue declarada improcedente en noviembre de 2009, según el diario La República, el bloque fujimorista en el Congreso persiste en mantener la denuncia en la agenda parlamentaria. La República, 30 de junio de 2010. (^^^)

Enlaces:

[1] Enlace original / Enlace en nuestro sitio

 

Publicado por primera vez en NoticiasSER.pe, 14 julio 2010