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News Reports on Transitional Justice in Peru

Critican al sistema de justicia peruano en casos de violaciones a derechos humanos

Gloria Cano (Aprodeh), David Velazco (Fedepaz) y Nataly Herrera (Comisedh) se presentaron ayer ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para presentar sus críticas al sistema de justicia peruano, especialmente referidas a sentencias emitidas en casos de graves violaciones de derechos humanos.

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Justicia © Catherine MezaJusticia © Catherine MezaResaltaron que existe un retroceso traducido en las absoluciones de varios casos graves de violación de DDHH. En ese sentido, indicaron que la Sala Penal Nacional no está dando valor a los testimonios de las víctimas aduciendo que “son parte interesada”.

El Estado peruano, representado por el procurador especializado en Materia Constitucional Luis Huerta, replicó citando la sentencia de Alberto Fujimori y el caso Los Cabitos.

Sobre el último punto, la asesora principal para Washington Office on Latin America (WOLA), Jo-Marie Burt, señaló que “el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas no colaboran con la Fiscalía con la entrega de información necesaria para esclarecer el caso y poder identificar a los responsables”.

La defensa del Estado también mencionó la acción de amparo contra el fallo Villa Stein por el caso Barrios Altos. Sin embargo, las organizaciones de víctimas recordaron que este aún no ha sido admitido.

Publicado en La República el 2 de noviembre de 2012

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Juicio por el caso Cabitos: Crónicas de las audiencias en Ayacucho (Parte I)

Kristel Best Urday y Jo-Marie Burt*

  • A continuación presentamos una crónica de los dos primeros días de declaraciones de los testigos y agraviados del Caso Cabitos 1983.

18 de junio de 2012

El juicio oral del Caso Cabitos se inició el 26 de mayo de 2011 en la Sala Penal Nacional en Lima. Habiendo interrogado a los inculpados -entre ellos altos mandos militares de las fuerzas armadas- esta semana el colegiado presidido por el juez Broussett se ha trasladado a la ciudad de Huamanga para escuchar los testimonios de 32 testigos que viven en el departamento de Ayacucho.

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Las audiencias se vienen realizando en el Poder Judicial de Ayacucho, en el jirón 28 de julio, frente a la Plaza de Armas. Bajo el cielo diáfano de Ayacucho las madres de Anfasep asisten a la audiencia por el caso Cabitos; varias de ellas son testigos.

Cabitos fue un cuartel militar que sirvió de centro operativo para el las fuerzas armadas en Ayacucho a partir de fines de 1982, cuando todo el departamento fue declarado zona de emergencia. Según la imputación del Ministerio Público, el cuartel Cabitos fue un centro de detención clandestina de opositores políticos, donde se torturó a los detenidos y se desapareció a un número indeterminado de personas.

Son siete mandos militares acusados de los delitos de lesiones graves y desaparición forzada en el caso Cabitos por el año 1983. Cada año se cambiaba los mandos militares, por lo tanto, hay investigaciones por Cabitos 1984, 1985, 1986, etc.

En las audiencias en Ayacucho, sólo están presentes dos imputados: Humberto Bari Orbegoso Talavera y Pedro Edgar Paz Avendaño. La Sala Penal Nacional eximió a los otro cuatro de asistir por motivos de salud. Un acusado se encuentra prófugo de la justicia.

Desde su constitución en 1983, la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) recibió numerosas denuncias de casos de desaparición y tortura en el cuartel Cabitos. Desde ese momento, Aprodeh ha acompañado a Anfasep, a los familiares y agravados en la búsqueda de justicia. El caso viene siendo representado por las abogadas Gloria Cano, Gisela Astocóndor y el abogado Ernesto Ambía.

La primera testigo que declaró fue Angélica Mendoza de Ascarza, más conocida como Mama Angélica, fundadora de ANFASEP. Su hijo, Arquímedes Ascarza Mendoza, fue detenido en 1983 y llevado a la base militar Los Cabitos; nunca más se supo de él. La siguió su esposo Estanislao Ascarza Barrón y, finalmente, la señora Epifania Infante Rodríguez.

Mama Angélica, como 75% de las víctimas de la violencia política, según al CVR, tiene el quechua como su primer idioma. La Fiscal Superior del caso, Luz del Carmen Ibáñez, insistió en el derecho que tienen los declarantes a pronunciarse en su lengua materna. El tribunal aceptó tal derecho y asignó una traductora, lo cual permitió que Mama Angélica declarara en su lengua materna, el quechua. Hubo bastante desasosiego entre el público sobre la calidad de la traducción. Varias personas dijeron que la traductora abreviaba las declaraciones o no traducía exactamente las preguntas.

En su relato, Mama Angélica contó cómo las fuerzas combinadas de la policía y del ejército ingresaron a su casa en la madrugada del 2 de julio de 1983 y se llevaron a su hijo Arquímedes, de 19 años de edad. Relató su recorrido por la comandancia, la comisaría de la guardia republicana, por investigaciones (PIP), por el cuartel Cabitos, lugares en donde no obtuvo ninguna información sobre el paradero de su hijo. En su búsqueda por quebradas y lugares desolados halló cuerpos sin manos y pies y decapitados y las cabezas desperdigadas.

Mama Angélica mostró a la Sala la nota, escrita en un papel rasgado, que le hizo llegar Arquímedes a los 15 días de su desaparición, a través de un soldado del cuartel. En la nota Arquímedes pide a su mamá que busque un abogado. Mama Angélica no tuvo más comunicación con su hijo desde entonces.

Mama Angélica estuvo serena durante su testimonio, el cual duró alrededor de dos horas. Cuando la fiscal le preguntó si quería agregar algo más, respondió que quiere alcanzar justicia y quiere saber si su hijo está vivo o muerto.

El padre de Arquímedes, el señor Estanislao Ascarza Barrón, fue el siguiente testigo. Profesor de educación primaria, de 92 años, decidió declarar en castellano. Contó su versión con una gran lucidez y fue coherente con lo antes expuesto por su esposa.

“Toda es una verdad lo que decimos, no podemos engañar ni mentir ante ustedes los funcionarios del gobierno”, dijo el señor Estanislao. Precisó detalles sobre la desaparición de su hijo y la interminable búsqueda. Asimismo, declaró que en aquel tiempo los abogados no querían defender las denuncias por desaparición forzada por temor a sufrir represalias. Al final dijo: “Queremos que nos entreguen sus restos mortales y que los culpables sean juzgados”.

La siguiente testigo fue la señora Epifania Infante Rodríguez. Tenía 24 años cuando su madre Candelaria Rodríguez Gómez y su tía Gregoria Rodriguez Gómez fueron capturadas el 10 de junio de 1983. Sus hermanos Marcialina Ludeña y Teodoro Infante Rodríguez presenciaron la detención. Las hermanas Rodríguez Gómez fueron vistas por última vez en un camión portatropas del ejército en Juisa, localidad ayacuchana. Posteriormente los familiares fueron informados que habían sido trasladadas al cuartel Los Cabitos. Epifania señaló que su hermano Teodoro Infante Rodríguez fue detenido mientras buscaba a su madre y a su tía. Fue llevado a Los Cabitos, donde lo torturaron y luego fue liberado. A causa de la desaparición y del constante amedrentamiento, la familia se desplazó a Lima.

La señora Antonia Dipas de 83 años de edad también declaró sobre la desaparición de Candelaria y Gregoria Rodríguez Gómez. La señora Antonia, al igual que la señora Epifania, son analfabetas y además no dominan el castellano, por ello declararon en quechua. Los dos interrogatorios fueron muy complejos, puesto que, hubo graves falencias en el trabajo de traducción.

Finalmente, declaró el señor Esteban Canchari Cacñahuaray, nacido en 1937 en el distrito de Huancaraylla. El señor Esteban es uno de los pocos sobrevivientes del cuartel Los Cabitos. Su testimonio es de suma importancia porque habla desde la experiencia directa. El señor Esteban anda a muletas a raíz de un problema en la pierna que no le permite caminar;, para llegar hasta la sala del juicio oral, ubicada en el segundo piso, tuvo que ser cargado por dos jóvenes. A pesar de su avanzada edad y de las dolencias fìsicas, el señor Esteban declaró de manera precisa, detallada y lúcida.

Relató que al momento de su detención era profesor de primaria en el anexo de Yanayacu en Socos. En pleno toque de queda, a las 11:45 de la noche, un carro frenó en la esquina de su casa. Ingresaron hombres armados y se lo llevaron diciendo, “marche usted, terruco de mierda”. Fue llevado con los ojos vendados al cuartel Los Cabitos. Al ingresar al cuartel, fue registrado en un cuaderno de ingreso el cual tuvo que firmar. Se dio cuenta que el profesor Cárdenas había sido detenido junto a él. Le volvieron a colocar la venda y fue llevado a una celda. Luego lo trasladaron a la sala de torturas, en donde debido a los golpes se le cayó la venda y pudo ver los implementos de tortura que colgaban del techo: cables, cadenas, sogas. Fue torturado por tres hombres. Sus gritos no fueron oídos, pues la música sonaba a todo volumen. Durante los interrogatorios le preguntaron por otros dos profesores: Cárdenas y Ortega. También le preguntaron si conocía al presidente Gonzalo. Después fue conducido a una sala más grande en donde se encontraban los demás prisioneros torturados. Recuerda que una noche todos fueron sacados al campo para marchar. El señor Esteban estima que estuvo entre 8 o 9 días preso. Al momento de ser liberado lo amenazaron, no podía denunciar los maltratos. Por ello decidió no ir al hospital ni al médico. Se reincorporó a su labor docente en la misma comunidad.

Contó a la sala que era profesor de primaria, que en su comunidad integraba el Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho y había sido dirigente del partido Acción Popular.

La jornada fue larga en horas e intensa en emociones. Al finalizar la audiencia las madres de ANFASEP y el público realizaron una vigilia por la justicia en la esquina de la plaza de armas de Ayacucho.

19 de junio de 2012

En el segundo día de audiencias, entre los familiares, los abogados de la parte civil y el público acompañante se respiraba un aire más tranquilo y optimista porque las audiencias se desarrollaban correctamente y porque la posibilidad de ser escuchados ante el aparato judicial se viene haciendo realidad. Se presentaron siete testigos, tres de ellos sobrevivientes de la detención y tortura en el cuartel Los Cabitos.

Luis Alberto Canchari fue el primero en testificar. En 1983 tenía 15 años de edad cuando vio al Ejército entrar a su casa y secuestrar a su padre, el señor Esteban Canchari Cacñahuaray, quien había testificado el día anterior. Luego de alrededor de 12 días de persistente búsqueda por parte de su madre, el señor Esteban volvió a su casa muy flaco y herido. Su hijo recuerda que el carácter de su padre cambió. Se alteraba y su trato se volvió más duro con sus hijos.

Luego, llegaron juntos a la audiencia la pareja Edgar Noriega Ascue y Olga Gutiérrez Quispe. En 1983, Edgar, artesano de 28 años y Olga, 20 años, con un mes de embarazo, ambos fueron secuestrados y desaparecidos en el cuartel Los Cabitos. Primero declaró Edgar. Narró minuciosamente cómo fue secuestrado y cómo fueron sus días en el cuartel. No recuerda la fecha exacta, pero sí los detalles: a la una de la mañana los militares ingresaron a su casa en el barrio San Juan Bautista, cubrieron su cuerpo con una frazada y lo condujeron a Curacuti, donde simularon fusilarlo. Luego lo llevaron al cuartel Los Cabitos —el mismo lugar donde años atrás había cumplido el servicio militar.

En el cuartel lo interrogaron. Lo acusaron de ser jefe de Sendero Luminoso en el barrio San Juan Bautista, lo cual el señor Edgar negó tajantemente. Al no aceptar la acusación, otros militares se encargaron de torturarlo: lo colgaban del pie, de los brazos, le pasaron electricidad, lo golpeaban, una vez lo colgaron desde un helicóptero, otra vez lo despertaron de madrugada, lo sacaron de su celda y le hicieron cavar una fosa diciéndole que allí iba a ser enterrado. Incluso, al momento de torturarlo le hicieron escuchar los gritos de dolor de su esposa, quien también estaba detenida en el cuartel.

Recuerda que en otro momento se le cayó la venda y pudo ver a los torturadores: hombres altos y blancones con un dejo que describió como “extranjero”, un dejo que no era ayacuchano.

Asimismo, recordó que a través de un soldado pudo hacer llegar una nota a su familia. El soldado ingresó a su celda y le dijo que era el único que no confesaba; otros hablaban con apenas un lapo. El señor Edgar le pidió agua. El soldado le llevó agua en su casco de metal y le quitó la venda. Vio a través de la ventana a un hombre que repartía gaseosas por su casa. Le pidió al soldado mandar una nota con este hombre. El soldado accedió y le llevó un trozo de papel de azúcar y un lapicero. El señor Edgar escribió una nota para su familia. El soldado la llevó al repartidor de gaseosas y éste se la entregó a la madre de Edgar. A partir de esta nota la familia tuvo certeza que Edgar estaba detenido en el cuartel y su madre empezó a realizar denuncias en diferentes instituciones.

El señor Edgar recuerda que se dio cuenta del paso del tiempo por la bulla, por los ruidos del cuartel, pues todo el tiempo permaneció con los ojos vendados. Luego de alrededor de 15 días lo trasladaron a la PIP (Policía de Investigaciones) en el jirón Lima, en donde permaneció otros 15 días aproximadamente. Desde este momento su familia se enteró de su paradero. Un fiscal fue a tomar su declaración, pero no para que declare sobre el secuestro y tortura del cual fue víctima, sino para confirmar si estaba implicado con Sendero Luminoso.

Después declaró el señor Braulio Américo Noriega Ascue, hermano menor de Edgar, quien estuvo presente al momento de la detención.

La señora Olga Gutiérrez Quispe, esposa de Edgar, fue la siguiente en testificar. Luego de tres días de incertidumbre, recibieron la nota de su esposo y fue con su suegra al cuartel Los Cabitos, Los militares negaron que estuviera detenido. Después su suegra fue a la Fiscalía con la nota de Edgar para denunciar el secuestro de su hijo. Esa misma noche ingresaron a la casa de Olga militares armados, la cubrieron con una frazada y se la llevaron al cuartel. La acusaban de confeccionar banderas y estampar polos para Sendero Luminoso. Al negar la acusación, fue golpeada y quisieron abusar sexualmente de ella. Le preguntaron si tenía hijos; ella no sabía qué responder, pues tenía un mes de embarazo. Dijo que tenía dos meses para que no abusen de ella. Al final no la violaron sexualmente, pero fue agredida: la golpearon en los pechos y la obligaron a desnudarse. En otro momento la volvieron a torturar y le hicieron escuchar los gritos de su esposo. Le dijeron que él había confesado, y que él la acusó. La amenazaron diciendo que si no decía la verdad los iban a matar. Después de un día en el cuartel, la liberaron bajo la amenaza de que iba a estar vigilada.

Tanto la señora Olga como el señor Edgar señalaron que reiteradas veces los militares fueron a su casa a amedrentarlos.

Durante su testimonio la señora Olga sufrió un momento de profunda angustia. Lloraba sin poder hablar. En la sala durante estos días están asistiendo profesionales del Grupo de Acompañamiento Psicoemocional de Ayacucho, del Ministerio de Salud y del Ministerio Público para dar apoyo psicológico a los testigos. La sala realizó un receso y la señora Olga pudo continuar con su valiente testimonio.

El siguiente testigo fue el señor Remigio Mendoza Auca. Él fue convocado por la desaparición de su hermano Simón el 19 de setiembre de 1983. Durante su testimonio se refierió a la desaparición de otro hermano, Domingo Leonardo Mendoza Auca, hecho del cual no se ha realizado ninguna denuncia hasta el día de hoy. Por ello la fiscal solicitó que se registre la denuncia en las actas del juicio. Domingo Leonardo realizaba el servicio militar obligatorio en Pichari desde el año 1982. La familia le comunicó sobre la detención de su hermano Simón, con la esperanza de que él pudiera averiguar algo puesto que estaba en el Ejército. Domingo Leonardo pidió licencia para buscar a su hermano, luego se reincorporó al servicio, que concluyó en 1984. Ese mismo año, los militares lo sacaron de su casa, después de dos meses de su desaparición, su familia halló su cuerpo en Huatatas.

El señor Armando Prado Gutiérrez entró a la sala con su sombrero de campesino. Decidió declarar en quechua, pero sí entiende el castellano. Contó que el 5 de octubre de 1983 fue detenido en su casa junto a su primo Jaime Gamarra, actualmente desaparecido, y a su tío Vicente Canchari. Los militares ingresaron a su casa rompiendo la puerta, gritando insultos y acusaciones de que eran “terrucos”. Los cubrieron con frazadas para que no puedan ver, les hicieron caminar dos cuadras hasta un camión, al que fueron obligados a subir y los llevaron a un lugar cerca del aeropuerto, en donde se escuchaba el ruido de los aviones. En el cuartel llevaron a los tres al baño, donde les amarraron las manos, los colgaron y les pasaron corriente eléctrica. Mientras los golpeaban les decían “ustedes terrucos a cuánta gente han matado” y “dónde están los terrucos como ustedes”. Él se sentía agonizante, temblaba y perdió la conciencia. Durante la detención no les dieron comida ni agua. Luego de algunos días, que no puede precisar cuántos, fue liberado junto a su tío Vicente. Ambos fueron sacados de espaldas y soltados por la entrada del cuartel. Ahí pudieron ver el arco y supieron que estaban en el cuartel Los Cabitos. Los militares les gritaban que corran y los persiguieron con un camión.

El señor Armando tenía 20 años cuando lo secuestró el ejército. Actualmente, sufre graves secuelas por la tortura. Le rompieron la cabeza, le dislocaron el codo y tiene un bulto en el abdomen, por ello no puede trabajar bien. Mostró sus cicatrices y secuelas físicas a la fiscal y a los jueces. Fue un momento de estremecimiento entre el público. El señor Armando se mostró íntegro durante todo su testimonio. Actualmente se dedica a trabajar en su chacra.

Finalmente, se presentó la señora Dorisa Canchari Gutiérrez, hermana de Jaime Gamarra. En 1983 tenía 13 años y fue testigo de la detención de su hermano Jaime Gamarra. La señora Dorisia relató todo el recorrido de búsqueda que hicieron ella y su madre. Temiendo de que haya sido asesinado, buscaron su cuerpo en los lugares donde se hallaban cadáveres. La señora Dorisa recuerda que encontraban muertos como leñas y que algunas veces los chanchos y perros se los comían. Ellas buscaron en Curacuti, Lambrashuayco, Huatatas, Infiernillo, en donde no encontraron a su hermanos Jaime, aún desaparecido.

* Jo-Marie Burt es profesora de ciencia política en la Universidad de George Mason y asesora principal de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA). Es autora del libro, Violencia y autoritarismo en el Perú: bajo la sombra de Sendero y la dictadura de Fujimori (Instituto de Estudios Peruanos, 2009, 2011). Kristel Best Urday estudió Literatura en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Maestría de Historia y Memoria de la Universidad Nacional de la Plata en Argentina. (^^^)

 

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Caso Accomarca: Testimonio de Javier Diez Canseco, ex –integrante de la Comisión Investigadora del Senado de la masacre

DIARIO LA PRIMERA

García blindó a militares de masacre de Accomarca

  • Impidió que oficiales acusados de la matanza declaren ante Comisión Investigadora del Congreso. Carnicero de los Andes, principal responsable, ascendió a teniente bajo su gobierno.

ACUSÓ A SUS JEFES

Hurtado cambió su versión inicial de 1985 en el juicio oral y confesó que recibió órdenes de asesinar a pobladores de Accomarca de sus jefes militares, a quienes confrontó en diversos careos.

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© La Primera© La PrimeraEl expresidente Alan García protegió a los militares acusados de la masacre de 69 campesinos del poblado ayacuchano de Accomarca, ocurrida el 17 de agosto de 1985, porque no permitió que la Comisión Investigadora de Violación de derechos humanos del Parlamento los investigue por su responsabilidad en el crimen.

Así lo indicó ayer Javier Diez Canseco, exmiembro de aquel grupo congresal, en el juicio oral por la masacre de Accomarca, en el que presentó un oficio fechado el 16 de setiembre de 1985, redactado por el entonces jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, Lorenzo Cárdenas, y dirigido a la comisión, en el que, por órdenes de García, se denegaba la presencia de los generales Sinesio Jarama y Wilfredo Mori.

“Nosotros recibimos una carta del Ejército que expresaba que había una orden del expresidente García de prohibir a los generales que declaren”, manifestó Diez Canseco, al explicar los inconvenientes que enfrentó la comisión para investigar la masacre de campesinos. Sostuvo que los generales Jarama y Mori fueron protegidos al ser impedidos de declarar ante la comisión, luego que el subteniente Telmo Hurtado confesara ser el autor material de la matanza.

Finalizada la audiencia, el veterano parlamentario afirmó que hubo interés de García, por presión del Ejército, de evitar que sean procesados los altos oficiales que habrían ordenado la matanza en el poblado ayacuchano.

“Hubo protección de García a los militares involucrados en la masacre, lo que se expresó en ascensos y en que se mantuvieran en sus cargos a pesar del crimen atroz de Accomarca. Hurtado fue ascendido a teniente, lo cual implica que hubo negociación, un arreglo. Hubo así complicidad institucional y nunca se ahondó en la investigación, la que se trabó, se trancó”, manifestó.

El parlamentario, asimismo, señaló que los miembros de la comisión, cuando interrogaban a Hurtado en el cuartel Los Cabitos de Huanta, recibieron llamadas telefónicas desde Lima, de los senadores e importantes dirigentes apristas Armando Villanueva y Luis Alberto Sánchez, para que cesen el interrogatorio.

“Buscaban impedir la investigación. Esas llamadas tenían por objeto sacarnos del cuartel, impedir el interrogatorio e impedir que se sepa la verdad de la matanza”, dijo Diez Canseco a LA PRIMERA.

Henry Campos
Redacción

Publicado en La Primera el 28 de diciembre de 2012

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LA REPÚBLICA

Denuncian presiones a investigadores de caso Accomarca

Accomarca reclamaLa Comisión Investigadora del Senado de 1985 enfrentó una serie de presiones del Ejército y el gobierno de ese entonces, presidido por Alan García, para que no se indagara sobre la matanza de 69 campesinos en Accomarca el 14 de agosto de ese año, por militares.

Esa fue la afirmación del legislador Javier Diez Canseco, integrante del referido grupo, ante la Sala Penal Nacional, que investiga a un grupo de militares, entre ellos al ex teniente Telmo Hurtado, por el caso Accomarca.

“Cuando se forma la comisión investigadora recibimos la notificación del propio García para que no declarara el general Sinesio Jarama, quien estuvo a cargo del operativo que mandaba eliminar elementos terroristas de la zona”, dijo.

Según el parlamentario, hubo responsabilidad de los mandos superiores militares para ordenar ejecuciones extrajudiciales, pues los subalternos desconocían la zona y sus pobladores, por lo que no supieron distinguir quiénes eran terroristas o no.

Publicado en La República el 28 de diciembre de 2012