Por Jo-Marie Burt & María Rodríguez [i]
Desde noviembre de 2010, cada una o dos semanas, se realizan las audiencias del caso Accomarca en el Penal Castro Castro, ubicado en el distrito de San Juan de Lurigancho. La rutina es casi siempre la misma. La audiencia se programa a las 10 de la mañana; los acusados, familiares de las víctimas y abogados se entrecruzan en el largo camino hasta la sala de audiencias. Son las 10.30 y no les permiten ingresar a la sala; “no han llegado los jueces”, les indica el personal de seguridad. A las 11 arriba una custer del Poder Judicial, desciende el secretario de la Sala cargando los voluminosos fajos del expediente Accomarca, también las juezas María Vidal y Mirtha Bendezú, que son miembros del colegiado que lleva el caso. Los acusados han ingresado a la Sala pero los familiares y el público continuamos fuera de las instalaciones, esperando al director del Tribunal, juez Ricardo Brousset. Casi al mediodía aparece. Recién podemos ingresar.
Accomarca. 14 de agosto de 2013. Fotorgrafía MRJIniciada la audiencia, el juez se disculpa por la tardanza e indica que como ya no pertenece a la Sala Penal Nacional, le es difícil coordinar horarios[ii]. El juicio ya está entrando a sus fases finales, habiendo presentando el Ministerio Público sus testigos y sus evidencias. Ahora, le toca el turno de la defensa. Pero desde hace ya varias sesiones —ocho para ser exactos— los testigos de la defensa no han acudido a las audiencias.
En esta ocasión ocurre lo mismo. Brousset da cuenta que los dos testigos de la defensa de los acusados que fueron notificados a asistir para esta sesión no han acudido. Uno de los abogados de la defensa solicita “que se desestime” de su presencia, y ofrece dos nombres más. Los familiares están convencidos que los nuevos testigos tampoco van a asistir. Y efectivamente, a la semana siguiente ocurre lo mismo: la audiencia comienza con uno o dos horas de retraso, y los testigos de la defensa no acuden. De esta manera, el juicio por el caso de la masacre de Accomarca, que está por cumplir tres años, se alarga aún más.
Los familiares de Accomarca consideran que es una estrategia de los militares “para dilatar y aburrir”. “Todo este año nos hemos pasado sin hacer nada,” dice Celestino Baldeón. “Ni la prensa se entera nada sobre el caso de Accomarca”. Según Carlos Rivera, jefe del área legal del Instituto de Defensa Legal (IDL) y representante de una parte de las víctimas[iii], los testigos de la defensa de los acusados ya están aceptados, por lo tanto “hay que esperar a que ellos vengan”. Está de acuerdo, sin embargo, que buscan dilatar el proceso: “Sigue pasando el tiempo y no vienen. Quienes los proponen no están garantizando que vengan los testigos, y a todos nos cansan”.
Efectivamente, en el lapso de cuatro meses, solo uno de los testigos propuestos por la defensa de los acusados ha acudido a testificar. En lo que va del año 2013, se han llevado a cabo 19 audiencias de las cuales 11 han sido suspendidas por falta de testigos u otros contratiempos de los miembros de la Sala. El estancamiento del proceso afecta gravemente la administración de justicia en el caso Accomarca, así como a los afectados —y hasta a la parte acusada— en sus derechos a una rápida administración de justicia. Este 14 de agosto los sobrevivientes y familiares de las víctimas de la masacre de Accomarca cumplen 28 años esperando verdad y justicia.
La demoras en juicios como el de Accomarca se ha vuelto muy común, y ello corresponde a problemas estructurales en cómo se está llevando estos juicios dentro del Poder Judicial. Si bien, siguiendo la recomendación de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, se creó un subsistema penal especializado para investigar y procesar los casos de de graves crímenes a los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, y terrorismo[iv], desde hace ya muchos años este sistema ha dejado de ser especializado en estos temas. Tanto las fiscalías especializadas como la Sala Penal Nacional (SPN) comenzaron a recibir una carga procesal de temáticas múltiples y diversas como corrupción, narcotráfico, lavado de activos, que ha hecho que el sistema pierda su enfoque sobre los casos de derechos humanos. La des-especialización de la SPN ha generado mayor lentitud en el procesamiento de los casos por violaciones de derechos humanos, que son de por sí complejos; así también, el afianzamiento de una mirada poco especializada de estos casos que por su naturaleza, ciertamente requieren de una preparación especial y una evaluación distinta de la prueba[v]. La desnaturalización de la SPN en particular está provocando que en los pocos casos que llegan a la etapa de juicio oral, se terminen por absolver a los acusados[vi].
Otro grave problema que aqueja a los juicios por derechos humanos es la escasa cobertura de los mismos por los medios periodísticos. En el caso particular de Accomarca, si bien la confesión de Telmo Hurtado efectuada en abril de 2012[vii] y los careos entre los acusados realizados a lo largo del año pasado generaron la atención de la prensa, no ha habido un seguimiento sistemático de parte de los medios que permitiera que los ciudadanos se mantengan informados. De esta manera, la administración de justicia por casos de graves violaciones a los derechos humanos está fallando de manera grave.
de 1985. Fotografía de maslalibertad.blogspot.comEn este artículo quisiéramos resaltar lo que consideramos ha sido una fase clave del proceso judicial que recibió muy poca atención de los medios: cuando llamaron como testigos a seis ex parlamentarios que habían participado en una investigación oficial de la masacre luego de que la denuncia llegó a Lima.
La Comisión Investigadora de Accomarca, año 1985
Los seis ex parlamentarios testificaron ante el tribunal entre fines del 2012 e inicios del 2013[viii]. Ellos habían viajado a Accomarca para investigar la denuncia de la masacre en setiembre de 1985 y comprobaron in situ los estragos del terrible crimen[ix]. Fueron los primeros en entrevistar a Telmo Hurtado y escuchar su primera confesión cuando asumió toda la responsabilidad del asesinato. “He tenido la orden de destruir eso,” dijo Hurtado a los parlamentarios. “Yo lo he aplicado y he cumplido la misión de acuerdo a lo que yo interpreto es una zona de guerrilleros altamente peligrosa”[x].
De los parlamentarios, el testigo más importante ha sido, sin duda, el ahora fallecido ex congresista Javier Diez Canseco. Siempre un firme defensor de los derechos humanos, acudió a declarar el 27 de diciembre de 2012. Esta fue una de sus últimas apariciones públicas antes de caer enfermo.
El testimonio de Diez Canseco duró alrededor de dos horas. Respondió a todas las preguntas con aplomo, aún cuando los abogados de los acusados le hicieron preguntas complejas, buscando que cayera en contradicciones. Pero él -como dijo- se había preparado antes de ir a la audiencia. Llevó documentos, copias de los Informes que preparó como miembro de la Comisión Investigadora, que estaban marcados con lengüetas de colores. Cuando le hacían preguntas difíciles, revisaba sus notas; y eso le dio solidez a su testimonio.
Diez Canseco comenzó explicando cómo llegó la denuncia sobre la masacre de Accomarca al Parlamento. Dos ayacuchanos sobrevivientes de la masacre, Clemente Baldeón Tecse y Victor Baldeón Reza, habían viajado a Lima para develar uno de los casos más cruentos de violación a los derechos humanos ocurridos durante la guerra interna peruana. Al mediodía del 11 de setiembre de 1985 —casi un mes de ocurrida la masacre— se presentaron ante el Parlamento de la República para denunciar los hechos. Como se sabe, la masacre de Accomarca ocurrió el 14 de agosto de 1985; perecieron a manos del Ejército peruano más de 60 personas en su mayoría mujeres, ancianos y niños. Los denunciantes sobrevivieron a la matanza y fueron testigos presenciales del asesinato de sus familias y vecinos. Llegaron a Lima para exigir justicia.
Ese mismo día en la noche, la Comisión de Derechos Humanos aprobó el viaje a Ayacucho de una Comisión Investigadora del Senado para investigar los hechos[xi]. La Comisión fue presidida por Javier Valle Riestra del partido oficialista, el APRA, y estuvo integrada por Jorge del Prado, Javier Diez Canseco y César Rojas Huaroto de Izquierda Unida; Felipe Osterling del PPC y César Delgado Barreto de Democracia Cristiana. Otros parlamentarios se adhirieron a la investigación sin formar parte de la Comisión, como Fernando Olivera Vega del PPC y Jorge Tincopa de Izquierda Unida.
Entre los días 16 y 17 de setiembre, la Comisión estuvo en las zonas de la matanza (Accomarca y Lloqllapampa). Como lo describió Diez Canseco, el escenario fue desolador, de una comunidad arrasada por la violencia. Accomarca estaba prácticamente abandonada y en Lloqllapampa encontraron las fosas con los restos humanos carbonizados de los pobladores. A su vez, lograron entrevistar a varios sobrevivientes-testigos de la masacre que estuvieron escondidos en el monte durante semanas[xii]. También lograron descubrir asesinatos más recientes de comuneros quienes habrían sido asesinados, presuntamente por ser testigos de la matanza[xiii]. La Comisión también tuvo un primer acercamiento con las Fuerzas Armadas y en un contexto de evidente tensión, obtuvo las primeras declaraciones autoinculpatorias del oficial que dirigió el operativo que terminó en la masacre, el entonces Sub-teniente Temo Hurtado Hurtado.
Diez Canseco declaró como testigo ante la Sala el 27 de diciembre de 2012. En 1985, relató, era senador por Izquierda Unida (IU) y tenía experiencia en organizaciones de derechos humanos. Conocía de las denuncias de ejecuciones extrajudiciales, fosas clandestinas y desapariciones forzadas. Mencionó que él fue uno de los que propuso que se forme la Comisión. Para él, el informe final sería “una reflexión de la estrategia contrasubversiva, de eliminación del enemigo y los mecanismos de desaparición y ejecución extrajudicial.” “Para mí –continuó Diez Canseco- era una hipótesis que debía ser trabajada: el Ejército era un ser extraño, no hablaban Quechua, no había una buena relación, no sabían distinguir en la población a Sendero Luminoso.”
Relató que conformada la Comisión, el diputado Jorge Tincopa, representante de Ayacucho, viajó a Lloqllapampa el 13 de setiembre para verificar la zona. Efectivamente, Tincopa afirmó en juicio oral que tuvo escasa colaboración del Ejército y recordó que los militares le recriminaron que no debía ir a la zona de los hechos. No le proporcionaron protección tampoco. El Inspector “Cabrejos [Samamé] me dijo que no debía desplazarme solo porque era zona roja, peligrosa, que no podía ser tan irresponsable”. Ricardo Sotero Navarro, Jefe Político Militar de las provincias de Vilcashuamán, Cangallo y Víctor Fajardo, le dijo que la denuncia era “publicidad engañosa del terrorismo”.
Diez Canseco recordó que no todos los miembros de la Comisión viajaron, solo Valle Riestra, Delgado Barreto, Jorge del Prado y él, juntos con Rojas Huaroto y Fernando Olivera. La comitiva incluyó a médicos legistas, un fiscal, un juez y periodistas. Pero ya en Ayacucho y a puertas de partir a Lloqllapampa, Diez Canseco recordó un detalle que reflejó la tensión del momento y la falta de disposición del sector defensa de facilitar el proceso: los militares les dijeron que no podía viajar toda la comitiva porque los helicópteros tenían un límite de peso, aún cuando ellos eran entre 12 y 16 personas y el número de asientos del helicóptero era más que suficiente para esa cantidad. El objetivo de esta medida era no trasladar a los periodistas que los acompañaban. “A mí me quedó claramente esa impresión,” dijo Diez Canseco, “pero el señor Valle Riestra que le tenía fobia a los vuelos, acentuó que se tome la mayor cantidad de previsiones posibles.” No viajaron los periodistas.
Ya en Accomarca, Diez Canseco recordó que se impresionó por el escenario desolador del poblado, las casas quemadas y abandonadas. “Había solo una anciana. Se encontró cuerpos con sangre roja pero seca”.
En otra audiencia, Fernando Olivera narró con detalles este macabro hallazgo. Contó que en un momento logró “desmarcarse” de los soldados que lo acompañaban y divisó dos ancianas escondidas que le señalaron un camino. El camino le llevó al cementerio del pueblo. Cuando llegó, observó una lápida que parecía que recién hubiese sido colocada; la empujó y cayó. Adentro había un cuerpo con sangre y temperatura aún caliente. Sacó otras cuatro lápidas más, cada una con el cuerpo de una persona recientemente asesinada y los casquillos de bala a simple vista. “Fue impactante”, relató Olivera. “Era evidente que acababan de ser asesinados esos pobladores y que el objetivo era asesinar testigos”. Al percatarse de su hallazgo, los soldados lo amenazaron de muerte: “Aquí te eliminamos inmediatamente, así como a ellos”, le dijeron. Olivera relató que hizo valer su investidura de congresista para frenar las amenazas. Luego, informó sobre estas muertas a los demás miembros de la Comisión y a la Fiscalía de Ayacucho.
Después de estar en Accomarca, Diez Canseco relató que bajaron a Lloqllpampa. El lugar también estaba desolado, y poco a poco algunos pobladores quechuahablantes se acercaron para contar lo sucedido. Ubicaron las fosas de restos humanos “donde la tierra estaba más carcomida” y procedieron a realizar la exhumación de los cadáveres.
Los parlamentarios no pudieron determinar el número de cuerpos desenterrados. Todos respondieron que era imposible cuantificarlos en ese momento, porque eran restos calcinados e irreconocibles. Además, Diez Canseco puso hincapié en la falta de especialización y rigurosidad de los médicos legistas en esa época: “Los médicos legistas (…) no trabajaban como ahora lo hacen los antropólogos forenses. Ellos cavaban nomás; no había investigación del contexto que sí hubo por ejemplo, en los restos de La Cantuta”. Por otro lado, Rojas Huaroto relató que la cifra de 69 personas asesinadas fue determinada por las familias en base a un registro de los nombres de las personas que ya no estaban con vida en la comunidad[xiv].
La fiscal que acompañó a la Comisión ordenó el levantamiento de los cadáveres y después de dos horas, retornaron a Huamanga, donde los esperaba la segunda fase de la visita: las entrevistas a los miembros del Ejército implicados en la matanza, entre ellos al subteniente Telmo Hurtado Hurtado.
Interrogatorio en Cabitos
La Comisión tenía como objetivo entrevistar a los miembros del Ejército para determinar que había ocurrido y por qué. Esta entrevista debía realizarse el día 18 de setiembre de 1985. El día anterior, el Ejército ya había sindicado a Telmo Hurtado como responsable de la matanza.[xv] A Sinesio Jarama, Jefe del Comando Conjunto, y Wilfredo Mori Orzo, Jefe del Comando Político Militar de Ayacucho, fueron pasados al retiro al ser considerados responsables políticos de la masacre. Por tanto, la Comisión fue recibida en Huamanga por el nuevo jefe político militar de la zona, el General Brun, quien al estar en el cargo menos de 24 horas, no tenía mayor conocimiento de lo ocurrido ni mucho menos de la situación.
Diez Canseco relató a la Sala que la Comisión tenía previsto interrogar a los altos mandos responsables de la zona, los jefes de patrulla y los soldados que participaron en el operativo Huancayoc[xvi]. Sin embargo, el hermetismo del Ejército y el gobierno de turno dificultaron estas entrevistas. Mediante un comunicado de la Presidencia de la República se prohibió que Jarama y Mori fueran entrevistados sobre los hechos de Accomarca. Asimismo, se indicó que los jefes y soldados de las otras patrullas no podían ser interrogados porque estaban en otras bases. Lograron una entrevista informal con el teniente Juan Manuel Rivera Rondón, jefe de la patrulla Lince 6, y el interrogatorio a Telmo Hurtado, ambas realizadas en el cuartel Los Cabitos.
La tensión y el nerviosismo de estas entrevistas fueron evidentes. Diez Canseco hacía notar lo insólito de la situación, pues no era común que el sector civil investigara al sector militar en el marco de una guerra interna. Reconoció que contribuía a esa tensión el hecho que los parlamentarios desconocían la realidad cotidiana del Ejército en la lucha contra Sendero Luminoso.
Tampoco fueron sesiones privadas. Al contrario, estuvieron presentes otros miembros del Ejército, como el recientemente designado General Brun. Ellos intervenían en medio del interrogatorio, antes o después de las respuestas. Recordó que Rivera Rondón negó haber llegado a Lloqllapampa y que el Plan Huancayoc fue ordenado por el G3. Por otro lado, el interrogatorio a Hurtado fue bastante accidentado. Hubo constantes interrupciones y llamadas telefónicas a Valle Riestra, presidente de la Comisión. Una de ellas fue realizada por el mismo Luis Alberto Sánchez, quien en esa época era presidente de la Cámara de Senadores, ordenando el retiro de la Comisión del cuartel.
A esto se sumó la franqueza de Hurtado para develar su crimen: “Se autoinculpó, abierta, directa y crudamente”, recordó Diez Canseco. Sin embargo, notó una contradicción en su testimonio, pues aunque asumía toda la responsabilidad por los hechos, Hurtado también afirmó que sus actos partían de órdenes superiores. “Por un lado, decía que asumía la responsabilidad,” recordó Diez Canseco, “y por otro lado, obedecía la doctrina de arriba.”
Diez Canseco también recordó que Hurtado se esforzó en puntualizar que el 14 de agosto de 1985 llegó a Lloqllapampa solo una patrulla (su patrulla Lince 7), en un intento por encubrir a Rivera Rondón, jefe de la patrulla Lince 6. En ese momento del interrogatorio a Hurtado, Diez Canseco mencionó que no pudo corroborar estas sospechas pues no le permitieron entrevistar a los soldados de las patrullas Lince 6 y 7.
Sin embargo, años después, en el juicio para la extradición de Hurtado realizado en Florida, EE.UU. donde Diez Canseco participó como testigo, se concluyó que la patrulla Lince 6 de Rivera Rondón estuvo ubicada a unos 150 metros de la patrulla Lince 7 de Telmo Hurtado. Diez Canseco manifestó que este proceso fue muy importante “porque se hicieron la reconstrucción de los hechos, se mostraron planos, los lugares casa por casa, y se demostró que no pudo ser [que] una sola patrulla (…)” conformada por 20 soldados, hayan ocasionado la magnitud de muerte y destrucción que se dio en Accomarca.
… … …
Si bien el informe en mayoría de la Comisión del Senado concluyó que la matanza de Accomarca fue una ejecución extrajudicial y no un delito de función y que debía ser judicializado en el Fuero Civil, la Corte Suprema de la República falló a favor de que los responsables de la masacre sean juzgados en el Fuero Militar. Para la CVR, que años después investigó los hechos este fallo significó “una velada intención de contribuir con una perversa situación de impunidad, una cultura de subordinación de las autoridades civiles a las militares”[xvii]. En 1992, el Fuero Militar concluyó que el responsable de la matanza fue Telmo Hurtado y se le dictó una sentencia de 6 años de cárcel por “abuso de autoridad”. Telmo Hurtado no pasó tiempo en prisión, y fue ascendido y hasta condecorado. En 1995 fue beneficiario de las leyes de amnistías promulgadas por el gobierno de Alberto Fujimori.[xviii]
En el juicio que actualmente está en curso, no solo se está jugando la responsabilidad de Telmo Hurtado y Juan Manuel Rivera Rondón, sino de todos los que tuvieron un grado de responsabilidad material o intelectual en la masacre. Testimonios como el de Javier Diez Canseco son importantes para esclarecer los hechos y las responsabilidades que han sido encubiertas por años, tanto por las Fuerzas Armadas como por el gobierno aprista que en esa época tenía la administración del gobierno. Su declaración demostraría lo expuesto por Telmo Hurtado en el mismo juicio Accomarca: que los altos mandos del Ejército conocían y aplicaban métodos ilegales de ejecución extrajudicial, con consecuencias funestas en la larga lucha contra la insanía senderista en Perú. Esperamos que la administración de justicia no siga alargando el proceso. Y que las víctimas de la masacre no hayan esperado 28 años por verdad y justicia en vano.
Notas
[i] Jo-Marie Burt es profesora de ciencia política y directora del Programa de Estudios Latinoamericanos de George Mason University. Es autora del libro, Violencia y autoritarismo en el Perú: Bajo la sombra de Sendero y la dictadura de Fujimori (Instituto de Estudios Peruanos, 2011, 2nda ed.). En 2010 tuvo la cátedra “Alberto Flores Galindo” en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Dirige el proyecto de investigación Human Rights Trials in Peru (www.rightsperu.net). María Rodríguez es historiadora egresada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha realizado estudios de diplomado en Chile, España y Perú en derechos humanos, pedagogía de la memoria, y archivos, y es integrante del Taller de Estudios sobre Memoria Yuyachkanchik. Es asistente de investigación en el proyecto Human Rights Trials in Peru. (^^^)
[ii] Ricardo Brousset fue coordinador de la SPN hasta enero del 2013, cuando fue reemplazado por Inés Villa Bonilla. A pesar de que sus funciones fueron concluidas, se ordenó a Brousset y otros jueces superiores a asistir a los juicios orales que presidían a fin de evitar su quiebre. (^^^)
[iii] Aprodeh también representa a otra de las partes de las víctimas. (^^^)
[iv] Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Tomo IX. Cuarta parte. Capítulo 2 Recomendaciones. Item 2.1. Reformas institucionales. (^^^)
[v] Para más información sobre los retrocesos de la Sala Penal Nacional, ver “Los retrocesos del proceso de judicialización de graves violaciones a los derechos humanos… las sentencias de la Sala Penal Nacional” de Carlos Rivera. (^^^)
[vi] Entre ellas, las absoluciones de los casos Navarrete (tortura), Parco y Pomatambo (desaparición forzada), entre otros. Ver: http://rightsperu.net (^^^)
[vii] Ver De Confesiones y Culpas. El juicio por el caso Accomarca. (^^^)
[viii] Ellos fueron: Jorge Tincopa (26 de noviembre 2012), César Delgado Barreto (13 de diciembre 2012), Javier Diez Canseco (27 de diciembre 2012), Cesar Rojas Huaroto (7 de enero 2013), Felipe Osterling y Fernando Olivera (10 de enero 2013). Javier Valle Riestra también fue llamado a testificar pero no se presentó a la Sala por problemas de salud. (^^^)
[ix] Ver La masacre de Accomarca: El My Lai peruano. (^^^)
[x] Declaración de Telmo Hurtado Hurtado a la Comisión Investigadora del Senado. 17 y 18 de setiembre de 1985. Centro de Información para la Memoria Colectiva y los Derechos Humanos. (^^^)
[xi] La Comisión también tuvo como tarea investigar el caso Pucayacu, sobre la matanza de siete campesinos detenidos en la Base Militar de Castro Pampa, ocurrida el 7 de agosto de 1985 en Pucayacu, provincia de Huanta (Ayacucho). (^^^)
[xii] Ver “Olía como chicharrón”. Testigos de la muerte: La masacre de Accomarca. (^^^)
[xiii] Vale la pena notar que en el juicio, Telmo Hurtado dijo que en una reunión que tuvo con el General Mori Orzo en la casa del general, éste le ordenó viajar hasta Ayacucho para “limpiar la zona” ante la inminente llegada de la Comisión Investigadora. Mori Orzo negó tajantemente tal acusación. (^^^)
[xiv] El Equipo Peruano de Antropología Forense ha logrado individualizar los restos de poco más de 30 personas. (^^^)
[xv] Según la CVR, el 17 de septiembre de 1985, el Ejército peruano determinó que Telmo Hurtado era el responsable de la muerte de cerca de 40 civiles en el distrito de Accomarca, que había ocultado este hecho en su parte de operaciones, y que por ello, Sinesio Jarama y Wilfredo Mori Orzo no lo habían incluido en los informes que presentaron ante la Comisión del Congreso. Así también, recomendaron “(…) denunciar a Hurtado ante el Consejo de Guerra Permanente de la Segunda Zona Judicial del Ejército, por los delitos de abuso de autoridad, falsedad, desobediencia y negligencia según el Código de Justicia Militar”. (^^^)
[xvi] Nombre del planeamiento de la operación en Lloqllapampa del 14 de agosto de 1985. (^^^)
[xvii] Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Tomo VII, cap. 2, p. 170. (^^^)
[xviii] Ver La masacre de Accomarca: El My Lai peruano (^^^)
… … … … … …
Nota: Este texto saldrá publicado próximamente en:
HUARI BOLETÍN DE ESTUDIOS HISTÓRICOS Y SOCIALES, AÑO I, Nº 2 – SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2013 Publicación académica del Centro de Estudios Históricos Regionales Andinos – CEHRA
Correo-e: cehraperu@gmail.com
Director: Roberto Ayala Huaytalla
Tiraje: 1000 ejemplares
Impresión: Imprenta Multiservicios Publigraf Jr. Arequipa Nº 170 – Ayacucho
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