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News Reports on Transitional Justice in Peru

Por fin Montesinos y los colinas enfrentarán juicio por descuartizamiento de Mariela Barreto

Vladimiro Montesinos © Diario16
  • ¡Fiscalía exige que se les aplique la cadena perpetua!

Por Henry Campos

La macabra muerte en 1997 de la agente Mariela Lucy Barreto Riofano no podía caer en el olvido y no puede quedar impune. Así, el juicio oral por ese asesinato a manos del grupo Colina bajo órdenes del exasesor presidencial Vladimiro Montesinos empezará en breve. La Tercera Fiscalía Superior Nacional, a cargo de Luis Landa Burgos, se pronunciará en los próximos días sobre ese caso, tras corregir el dictamen acusatorio de ese caso contra los asesinos de Barreto, quien ayudó a desenmascarar al referido grupo paramilitar que operaba en la dictadura de Alberto Fujimori.

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Vladimiro Montesinos © Diario16
Vladimiro Montesinos © Diario16
Vladimiro Montesinos
© Diario16En este proceso, el Ministerio Público ha solicitado la cadena perpetua, por los delitos contra la libertad personal-secuestro agravado, contra la humanidad, desaparición forzada de personas y tortura y contra la vida, el cuerpo y la salud-asesinato, para Montesinos y Nicolás de Bari Hermoza, exjefe de las Fuerzas Armadas, así como para los exmiembros del grupo Colina, entre ellos, Santiago Enrique Martin Rivas, Jesús Antonio Sosa Saavedra, Wilmer Yarlequé Ordinola, José Concepción Alarcón Gonzáles, Juan Yanqui Cervantes, Carlos Edmundo Sánchez Noriega y José Rafael Domingo Salinas Zuzunaga. Asimismo, el pago como reparación civil de 900 mil soles para los procesados.

Barreto fue asesinada cuando tenía 28 años por sus propios compañeros de Colina, por revelar información a los medios de comunicación sobre los crímenes, entre ellos el de La Cantuta, que cometió este comando paramilitar y el chuponeo a los opositores a Fujimori en los años noventa. Su cuerpo descuartizado y sin cabeza fue hallado, el 24 de marzo de 1997, en tres costales abandonados en el distrito de Carabayllo. Solo pudo ser reconocida por unas cicatrices.

Por ese abominable crimen, Montesinos, Hermoza Ríos, Yanqui Cervantes, Sánchez Noriega, Salinas Zuzunaga son sindicados como autores mediatos mientras que Martin Rivas (pareja sentimental de Barreto y con quien tuvo una hija), Sosa Saavedra, Yarleque Ordinola y Alarcón Gonzales como coautores.

El fiscal superior Landa recibió el pasado 20 de marzo de la Sala Penal Nacional el dictamen de la fiscal Delia Espinoza, de marzo del 2013, para especificar dos puntos del trabajo de esta: la motivación de la sanción requerida para cada uno de los imputados, así como la argumentación sobre la calificación del asesinato de Barreto como crimen de lesa humanidad, de acuerdo al Estatuto de Roma.

El dictamen será devuelto al Poder Judicial en los próximos días. Así, el Colegiado B de la Sala Penal Nacional que preside la jueza superior Mirtha Bendezú Gómez, y lo integran también Marco Cerna Bazán y Miluska Cano López, solo tendría que fijar el inicio de ese juicio que sería, según fuentes de diario16, en julio próximo.

Landa convocará para el juicio a un total de 27 testigos. Entre ellos se encuentran los familiares de la desaparecida Barreto. Está prevista también la intervención del periodista Edmundo Cruz, quien recibió la información de Barreto sobre las fosas de los acribillados estudiantes de la Cantuta.

FUJIMORI

El expresidente Alberto Fujimori, a pesar que fue condenado como autor mediato por los crímenes de los Colina en los hechos de La Cantuta y Barrios, no ha sido considerado en este proceso ni siquiera como testigo. Sin embargo, podría ser incluido como acusado, dependiendo cómo se desarrolle el juicio.

Publicado por Diario16 el 1º de mayo de 2015

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Juicio oral por el crimen de agente Mariela Barreto no se inicia por falta de firmas

Impunidad. Barreto fue asesinada en marzo de 1997 © La República
  • Pendiente. La Corte Suprema resolvió hace casi un año que el caso sea visto por la Sala Penal Nacional, pero aún no se traslada el expediente porque los jueces no han suscrito dicho fallo.

Por María Elena Castillo

Han pasado 17 años desde que la agente Mariela Barreto, quien integró uno de los equipos del destacamento militar Colina, fue asesinada por sus mismos compañeros como parte del operativo Tigre, destinado a frenar la infiltración de información a los medios de comunicación sobre los crímenes cometidos por este grupo. A pesar del tiempo transcurrido, no se ha hecho justicia.

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Impunidad. Barreto fue asesinada en marzo de 1997 © La RepúblicaImpunidad. Barreto fue asesinada en marzo de 1997
© La RepúblicaEsta demora ha permitido que varios de los implicados hayan salido en libertad y sean procesados con comparecencia, al haberse vencido los plazos que establece la ley para permanecer detenidos sin sentencia. El caso más reciente es el del ex jefe del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE), Carlos Edmundo Sánchez Noriega.

La directora de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) –institución que tiene a su cargo el caso–, Gloria Cano, informó que el 6 de junio de este año la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema anuló la resolución que declaraba improcedente la solicitud de variación de mandato domiciliario que tenía el oficial militar.

“Esto ha sido posible por la lentitud que hay en el caso”, explicó la abogada.

Interminable proceso

Cano detalló que al haberse acabado las instancias internas, el caso fue llevado a la Comisión Interamericana de Derechos, y tras llegar a una solución amistosa con el Estado peruano, se reabrió la investigación.

“Desde el 2011 estaba pendiente la acusación. La Tercera Fiscalía Superior Anticorrupción la emitió recién el 1° de marzo del 2013. Nosotros nos enteramos por la prensa. No nos notificaron”, remarcó.

Agregó que, quince días después, la Cuarta Sala Penal Liquidadora, que debió ver el caso, declinó para que sea visto por la Sala Penal Nacional.

Un año sin firmas

En agosto del 2013, la Corte Suprema confirmó el traslado; sin embargo, a casi un año de ello, el juicio oral no ha empezado.

“Desde esa fecha no remiten el expediente. Y, cada vez que preguntamos, dicen que la Ejecutoria Suprema está pendiente de firma”, dice, indignada.

Mientras tanto, el tiempo sigue corriendo y los responsables siguen saliendo. Si el jefe del destacamento Colina y principal implicado, Santiago Martin Rivas, no se ha beneficiado con la demora judicial en este caso es porque está condenado a 25 años por la masacre en el solar de Barrios Altos, cometido en 1991. Barreto tenía una hija con Martin Rivas, pero se separó de él tras enterarse de los crímenes.

También han sido acusados por el asesinato de Barreto el ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos y el general Nicolás Hermoza Ríos, entre otros.

La abogada de Aprodeh cuestiona el retraso. “No entendemos por qué la demora. No vaya a ser que luego digan que no es delito de lesa humanidad y lo prescriban, como ocurrió en un caso reciente”, advirtió.

Un asesinato de espanto

El 24 de marzo de 1997, una niña encontró un saco cerca de su casa en Carabayllo, en el que se encontraba un cuerpo seccionado y sin cabeza. Poco después, Oscar Barreto lo identificó como el de su hija Mariela, por unas cicatrices que tenía. Días antes, ella le había dicho que temía ser asesinada.

En el 2010, La República tuvo acceso a un grupo de fotografías tomadas luego de la autopsia y que estaban guardadas en el archivo de la morgue. Las imágenes muestra que los cortes son precisos y parecen haber sido hechos con material quirúrgico.

Ese mismo año se exhumaron los restos para determinar la causa de muerte. Las investigaciones revelaron que habría sido torturada y descuartizada aún con vida.

Publicado en La República el 15 de junio de 2014

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Fiscalía dice que Fujimori conocía plan para asesinar a Mariella Barreto

Vladimiro Montesinos y Alberto Fujimori

Por Elizabeth Zalazar Vega
Unidad de investigación de El Comercio

En marzo de 1997, el cuerpo de la agente del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE) Mariella Barreto fue hallado descuartizado a la altura de la carretera que lleva a Canta. Han pasado exactamente 16 años y recién se cuenta con acusación fiscal para sancionar a los culpables.

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Vladimiro Montesinos y Alberto FujimoriVladimiro Montesinos y Alberto FujimoriEl documento fue presentado el 1 de marzo al Poder Judicial por la titular de la Tercera Fiscalía Superior Especializada en Corrupción, Delia Espinoza. La acusación fiscal, a la que tuvimos acceso, sostiene que el ex presidente Alberto Fujimori tenía pleno conocimiento del plan Tigre 96, elaborado por su asesor Vladimiro Montesinos para neutralizar a personal militar que filtraba datos a la prensa sobre los delitos que cometía el régimen. “El secuestro, desaparición, tortura y asesinato de Mariella Barreto obedeció a dicho plan operativo”, señala la fiscal.

“Ante la fuga de información desde el sistema de inteligencia hacia la opinión pública, respecto a los hechos que se estaban perpetrando en el gobierno de Alberto Fujimori a través del destacamento Colina, se elaboró el plan operativo Tigre 96”, se indica en el documento. Según la fiscal, la filtración de datos ponía en riesgo la perpetuidad del régimen; sus líderes lo sabían y trataron de evitarlo capturando a los militares sospechosos.

El procurador anticorrupción Julio Arbizú explicó que su despacho ha seguido el Caso Barreto por el delito de asociación ilícita contra Montesinos y ex militares, pero Fujimori nunca había sido implicado. “No se lo investigó por ello, y para hacerlo se tendría que ampliar el pedido de extradición. La sala que vea el caso, en su fallo final, también puede pronunciarse al respecto si es que considera que hay elementos para abrir una investigación y conocer cuánto sabía Fujimori de estos crímenes”, agregó.

CADENA PERPETUA

La fiscal no ahonda en Fujimori, pues él no es objeto de la denuncia, sino Montesinos y sus cómplices. En este sentido, Espinoza confirmó el pedido de cadena perpetua contra el ex asesor y Nicolás Hermoza Ríos, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas; Juan Yanqui Cervantes, director de Inteligencia del Ejército; Carlos Sánchez Noriega, jefe del SIE; y José Salinas, jefe de Contrainteligencia del SIE, por planificar el crimen.

También pidió la máxima pena para los miembros del grupo Colina Santiago Martin Rivas, Jesús Sosa Saavedra, Wilmer Yarlequé Ordinola y José Alarcón Gonzales por ejecutar la orden.

Los delitos que se les atribuyen son secuestro agravado, tortura, asesinato y asociación ilícita en contra del Estado, por lo que se pide el pago de una reparación civil de S/.900.000 a favor de los deudos.

Esta sería la mayor pena que se les imponga, pues el grupo Colina tiene una sentencia firme de 25 años por los casos Barrios Altos, Pedro Yauri y El Santa, mientras que Montesinos tiene otra de 20 años por tráfico de armas.

La abogada de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) Gloria Cano dijo que aún no había sido notificada del dictamen fiscal pero cuestionó que se hayan tardado 2 años en pronunciarse. La demora permitió que Martin Rivas y Alarcón Gonzales obtengan libertad por exceso de carcelería. De no ser por la sentencia por el Caso Barrios Altos habría salido en diciembre.

La acusación fiscal ha sido enviada a la Cuarta Sala Penal Liquidadora, pero Cano advierte que este despacho se ha declarado incompetente alegando que es la Sala Penal Nacional la que ve procesos contra Montesinos. “Hemos impugnado esta decisión y esperamos la reviertan para que no se vicie el proceso”, dijo.

PARA RECORDAR

REABREN EL CASO

Luego de investigaciones fallidas, el caso se reabrió el 2007 con la fiscal Flor Vega. El 4 de enero del 2008, la jueza Magaly Báscones confirmó la detención de Carlos Sánchez Noriega.

TORTURA

El 27 de agosto del 2010, los restos de Barreto fueron exhumados por orden de la jueza Báscones. Las nuevas pruebas determinaron que la agente habría estado viva cuando empezaron a mutilarla.

LIBRES

El 18 de diciembre del 2012, la Cuarta Sala Penal Liquidadora ordenó la excarcelación de Santiago Martin Rivas y José Alarcón por exceso de carcelería. Siguieron presos por tener otra condena.

PRESIÓN

El 19 de diciembre del 2012, el fiscal de la Nación, José Peláez, ordenó que la Fiscalía Suprema de Control Interno verifique el retraso en la elaboración del dictamen.

Publicado en El Comercio el 28 de marzo de 2013

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Caso Mariela Barreto: Reclaman cadena perpetua para Montesinos y jefes del grupo Colina

© La Primera
  • Crímenes del fujimorismo. Por secuestro, torturas y asesinato de la agente del SIE Mariella Barreto, en 1997.

Por César Romero

El asesinato de la agente del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE) Mariella Barreto Riofano, en marzo de 1997, no quedará impune. La fiscal superior Delia Espinoza solicitó la máxima pena de cadena perpetua para los que planificaron, organizaron y ejecutaron el secuestro, tortura, asesinato y posterior descuartizamiento de su cuerpo.

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© La Primera© La PrimeraLa acusación fiscal y pedido de cadena perpetua alcanza a Vladimiro Montesinos, como jefe de facto del Servicio de Inteligencia Nacional, y el general Nicolás Hermoza Ríos, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.

Igualmente, Juan Yanqui Cervantes, director de Inteligencia del Ejército, Carlos Sánchez Noriega, jefe del SIE, José Salinas Zuzunaga, jefe de Contrainteligencia del SIE; y los integrantes del grupo Colina: Santiago Martin Rivas, Jesús Sosa Saavedra, Wilmer Yarlequé Ordinola y José Alarcón Gonzales.

PLAN TIGRE 96

De acuerdo con la acusación fiscal, presentada la semana pasada a la Cuarta Sala Penal Liquidadora Anticorrupción, Mariella Barreto fue asesinada durante el desarrollo del plan operativo “Tigre 96”, elaborado por Montesinos, con conocimiento del ex presidente Alberto Fujimori.

La fiscal Mendoza enfatizó que dicho plan operativo tenía como finalidad eliminar a las personas que estaban filtrando información a la prensa sobre los casos Barrios Altos y La Cantuta, lo que que ponía en riesgo la “perpetuidad” del gobierno de Alberto Fujimori.

De acuerdo con los testimonios de diversos agentes de inteligencia, Barreto fue secuestrada el 22 de marzo de 1997, cerca del Daytona Park, lugar al que acudió para buscar un trabajo extra.

Luego, habría sido trasladada a los sótanos del SIE, donde la golpearon y le realizaron cortes superficiales en el cuerpo, que le produjo la pérdida de abundante sangre.

Se sabe que apenas murió fue descuartizada por una o más personas con conocimientos de anatomía y el uso de instrumentos quirúrgicos.

Los restos de la agente del SIE fueron dejados en dos sacos de yute, al mediodía del 23 de marzo de 1997, a la altura del kilómetro 25 de la carretera Lima-Canta. La cabeza, las manos y la parte superior y media del cuello hasta hoy no han sido encontrados.

La fiscal sustenta el pedido de cadena perpetua para los presuntos asesinos de Mariella Barreto de acuerdo con el artículo 152° del Código Penal que prevé aplicar la máxima pena por la muerte de una persona víctima de secuestro.

El Poder Judicial debe programar en las próximas semanas la audiencia de control de acusación e iniciar el juicio respectivo.

LES DARÍAN LA PENA MÁS ALTA

De concretarse el pedido de la fiscal superior Delia Espinoza sería la máxima pena que reciban Vladimiro Montesinos, Nicolás Hermoza Ríos y el jefe del destacamento Colina, Santiago Martin Rivas, por violación de derechos humanos.

La máxima pena que ellos han recibido hasta ahora, en los múltiples casos en los que han sido involucrados, es de 25 años por los casos Barrios Altos, Pedro Yauri y El Santa, una condena que la Suprema pretendió reducir a 22 años, por lo que podrían estar libres muy pronto. La cadena perpetua lo evitaría.

Publicado en La República el 19 de marzo de 2013

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Gloria Cano: “Ineficacia de MP permitiría excarcelación de Martín Rivas”

gloria-buenas-noches

Abogada de Aprodeh indicó que pedirán a la CIDH una resolución de incumplimiento contra el Estado peruano por caso Barreto

La demora en la emisión de una resolución por parte del Ministerio Público (MP) en el caso de la exagente Mariela Barreto -quien fuera asesinada por el Grupo Colina- y que ya tiene más de un año y medio de espera, permitirá que Santiago Martín Rivas, exjefe del Grupo Colina, sea librado de la acusación y con ello su libertad si no pesara sobre él otras condenas.

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gloria-buenas-nochesAsí lo denunció la abogada de Arodeh, Gloria Cano quien sostuvo que en el MP “hay una situación a favor de la salida de Martín Rivas”, por la omisión del MP de no emitir un dictamen en el caso Barreto –que tiene más de un año y medio en el despacho de la Fiscalía- “sin que esta emita un dictamen acusatorio o no”.

“Los plazos se vencieron y la Cuarta Sala Penal Liquidadora se ha visto obligada a emitir una resolución dando la excarcelación de Santiago Martín Rivas y de otro exmiembro del Grupo Colina”, denunció Cano en entrevista para “Buenas Noches” y añadió que “saldrían libres si no tuvieran otras condenas”.

La defensora de Derechos Humanos aseguró que el problema es la omisión y la falta de eficacia del Ministerio Público para llevar a cabo estos procesos penales, además, se mostró preocupada porque no es el único caso: “en el caso Cantuta ya se cumplió un año paralizado sin dictamen acusatorio”.

Gloria Cano hizo un llamado al Fiscal de la Nación, José Peláez, a quien criticó por tener procesos complejos y casos de violaciones de derechos humanos en fiscalías que son desactivadas.

“Creo que no hay interés en el MP de llevar a buen fin los temas de derechos humanos y corrupción, denunció.

“Esta excarcelación dictada a Santiago Martín Rivas debe ser el sacudón que necesita el fiscal de la Nación para poner orden en ese sector”, añadió Cano.

La letrada adelantó que pedirán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que emita una resolución de incumplimiento en el caso de Mariela Barreto “porque desde el 2002 esperamos que se cumpla la sentencia”.

Publicado en TuTeve.tv el 18 de diciembre de 2012

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Trial Reports

DDHH: Juicios en problemas

© Diario 16

Por José Alejandro Godoy

Ayer una noticia sorprendió a todo el mundo: Santiago Martin Rivas y José Alarcón Gonzáles, miembros del destacamento Colina, eran los beneficiarios de una resolución judicial que ordenaba su libertad, debido a la demora del Ministerio Público en emitir una acusación en el caso del asesinato y descuartizamiento de la ex agente del SIE Mariella Barreto. Afortunadamente para el país, ambos personajes tienen vigente la condena por los casos Barrios Altos, El Santa y Pedro Yauri, por lo que permanecerán en prisión (ojo, este es el caso que casi se baja Villa Stein y compañía)

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© Diario 16© Diario 16En términos estrictamente jurídicos, la resolución se ajustaba a lo que dice la ley y revela uno de los problemas más graves que tienen los casos por violaciones a los derechos humanos: la demora del Ministerio Público tanto en sus investigaciones preliminares como en sus acusaciones fiscales. Este es un problema que ha sido alertado por entidades académicas, organizaciones de defensa de derechos humanos y por algunos medios de comunicación.

Pero no son los únicos problemas. Hace algunos meses, en una columna que escribí para el diario El Comercio, sinteticé otras dificultades encontradas en el procesamiento penal de violaciones de derechos humanos:

Durante los últimos años, la Sala Penal Nacional ha tenido más de una decena de sentencias absolutorias que, posteriormente, han tenido que ser corregidas por la Corte Suprema de Justicia por una sola razón: inadecuada valoración de las pruebas. La consecuencia: los juicios orales se han tenido que volver a repetir en la mayoría de estos procesos.

De hecho, esto es lo que podría ocurrir en el caso del alcalde de San Borja, Marco Álvarez, quien recientemente fue absuelto por falta de pruebas en un caso de desaparición forzada. Hace unas semanas, la politóloga Jo-Marie Burt, académica que estudia el desarrollo de este tipo de procesos, presentó en Noticias SER un completo informe que evidencia que, en el caso del burgomaestre sanborjino, las pruebas pudieron valorarse en otra manera y, probablemente, el distrito pudo tener otro alcalde desde hace algunas semanas.

El tema es que tampoco es seguro que se celebre otro juicio. La tristemente célebre sentencia Villa Stein, anulada luego de una resolución de cumplimiento de sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, evidenció que en la Corte Suprema también existen complicaciones:

Esta tendencia correctiva de la Corte Suprema, sin embargo, se ha perdido en los últimos meses. La absolución de cuatro oficiales del Ejército en el caso Pomatambo y Parcco Alto, en el que se demostró la ocurrencia de violaciones a los derechos humanos en dichas localidades en 1986, o la inexplicable exclusión de la Marina de Guerra como tercero civil responsable en la sentencia del caso Indalecio Pomatanta (un joven quemado vivo en 1995), a pesar que un oficial de la institución fue condenado por estos hechos, demuestran una peligrosa tendencia valoratoria en al menos una sala penal del máximo organismo de justicia. Adivinen quien presidía el colegiado que emitió ambas sentencias.

Ojo que el próximo año cambiará la conformación de las Salas de la Suprema, por lo que podrían haber novedades y una vuelta a la labor rectificatoria del máximo nivel de la justicia peruana.

El otro problema existente en estos casos es que, en algunos juicios, se logra determinar que existió una vulneración de los derechos humanos, pero que no se logra identificar a los autores o estos están prófugos. Es lo que ocurrió en el caso Chavín de Huántar, donde se demostró que hubo una ejecución extrajudicial luego del exitoso operativo militar, pero en el que el sindicado era precisamente quien está prófugo.

Las absoluciones se producen, en parte, por un trabajo incompleto del Ministerio Público, que reconstruye bien los hechos, pero aún no afina bien el tema de las responsabilidades y, en parte, por una falta de valoración de pruebas por parte del Poder Judicial que, en algunos casos, sí podría emitir más condenas de las que ha emitido en los últimos años.

A casi 10 años de la entrega del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, resulta indispensable hacer un balance de los procesos judiciales sobre derechos humanos, tomando en cuenta los elementos reseñados en los párrafos anteriores. Solo así podrán vencerse los obstáculos encontrados.

Publicado en Desde el Tercer Piso el 18 de diciembre de 2012

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Disponen excarcelación de dos integrantes del Grupo Colina

© Perú.com
  • Por demora en la Fiscalía Superior en la tramitación del caso Mariela Barreto.

Por exceso de carcelería, la Cuarta Sala Penal Liquidadora de Lima, dispuso la excarcelación de los integrantes del Grupo Colina Santiago Martín Rivas y José Alarcón Gonzáles por el caso de secuestro, tortura y muerte de la ex agente de inteligencia Mariela Barreto Riofano. Mediante resolución del 12 de diciembre del 2012, Sala también ordenó que se les imponga las medidas de Comparecencia e impedimento de salida del país.

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© Perú.com© Perú.comA pesar que los otros juicios pendientes que ambos procesados tienen, evitarían su pronta libertad, los abogados de la ex agente se mostraron sumamente preocupados por la excesiva demora por parte del Ministerio Público tras haber transcurrido casi dos años sin que ellos (el Ministerio Publico) se pronunciaran de acuerdo a sus atribuciones para emitir acusación o no.

La doctora Gloria Cano, Directora de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) y representante de la víctima, indicó que esta demora perjudica a los familiares de Mariela Barreto, quienes durante años han venido realizando acciones ante diversos órganos nacionales e internacionales en busca de justicia y verdad.

Asimismo, señaló que “esta demora por parte de las fiscalía, será informada a la Comisión interamericana de Derechos Humanos, organismo ante la cual el Estado Peruano suscribió un acuerdo de Solución Amistosa con la familia de la agraviada, situación que consideramos como un incumplimiento a dicho acuerdo”.

“No hay justificación para este retraso, esperamos que las autoridades del Ministerio Publico inicien una investigación administrativa sobre el por qué se viene dilatando en forma constante los procesos por violación a derechos humanos, lo cual genera responsabilidad internacional por parte del Estado peruano” resaltó la Dra. Cano.

Cabe recordar que entre otras, Alarcón Gonzáles tiene una sentencia condenatoria consentida por el caso La Cantuta, y ambos, han sido condenados por los casos de Pedro Yauri y El Santa, sentencia que está en apelación en la Corte Suprema.

Datos:

 

Como se recordará, a finales de marzo de 1997, Mariela Barreto Riofano, agente de inteligencia del Ejército, salió de su domicilio rumbo al Hospital Militar pero no regresar más. Luego de tres días de búsqueda por parte de sus familiares, su cuerpo fue encontrado en el kilómetro 25 de la carretera a Canta en el sector denominado Punchauca, a las afueras de Lima. El presunto móvil del secuestro y posterior muerte de Barreto Riofano, esgrimido por la fiscalía, es que se debió a la aplicación del Plan Tigre 96 destinado a detectar a miembros del ejército que filtraban información a la prensa sobre la ejecución de planes de inteligencia, siendo ella una de las agentes que realizaba dicha fuga de información.

Publicado en Aprodeh el 17 de diciembre de 2012