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Trial Reports

DDHH: Juicios en problemas

Por José Alejandro Godoy

Ayer una noticia sorprendió a todo el mundo: Santiago Martin Rivas y José Alarcón Gonzáles, miembros del destacamento Colina, eran los beneficiarios de una resolución judicial que ordenaba su libertad, debido a la demora del Ministerio Público en emitir una acusación en el caso del asesinato y descuartizamiento de la ex agente del SIE Mariella Barreto. Afortunadamente para el país, ambos personajes tienen vigente la condena por los casos Barrios Altos, El Santa y Pedro Yauri, por lo que permanecerán en prisión (ojo, este es el caso que casi se baja Villa Stein y compañía)

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© Diario 16© Diario 16En términos estrictamente jurídicos, la resolución se ajustaba a lo que dice la ley y revela uno de los problemas más graves que tienen los casos por violaciones a los derechos humanos: la demora del Ministerio Público tanto en sus investigaciones preliminares como en sus acusaciones fiscales. Este es un problema que ha sido alertado por entidades académicas, organizaciones de defensa de derechos humanos y por algunos medios de comunicación.

Pero no son los únicos problemas. Hace algunos meses, en una columna que escribí para el diario El Comercio, sinteticé otras dificultades encontradas en el procesamiento penal de violaciones de derechos humanos:

Durante los últimos años, la Sala Penal Nacional ha tenido más de una decena de sentencias absolutorias que, posteriormente, han tenido que ser corregidas por la Corte Suprema de Justicia por una sola razón: inadecuada valoración de las pruebas. La consecuencia: los juicios orales se han tenido que volver a repetir en la mayoría de estos procesos.

De hecho, esto es lo que podría ocurrir en el caso del alcalde de San Borja, Marco Álvarez, quien recientemente fue absuelto por falta de pruebas en un caso de desaparición forzada. Hace unas semanas, la politóloga Jo-Marie Burt, académica que estudia el desarrollo de este tipo de procesos, presentó en Noticias SER un completo informe que evidencia que, en el caso del burgomaestre sanborjino, las pruebas pudieron valorarse en otra manera y, probablemente, el distrito pudo tener otro alcalde desde hace algunas semanas.

El tema es que tampoco es seguro que se celebre otro juicio. La tristemente célebre sentencia Villa Stein, anulada luego de una resolución de cumplimiento de sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, evidenció que en la Corte Suprema también existen complicaciones:

Esta tendencia correctiva de la Corte Suprema, sin embargo, se ha perdido en los últimos meses. La absolución de cuatro oficiales del Ejército en el caso Pomatambo y Parcco Alto, en el que se demostró la ocurrencia de violaciones a los derechos humanos en dichas localidades en 1986, o la inexplicable exclusión de la Marina de Guerra como tercero civil responsable en la sentencia del caso Indalecio Pomatanta (un joven quemado vivo en 1995), a pesar que un oficial de la institución fue condenado por estos hechos, demuestran una peligrosa tendencia valoratoria en al menos una sala penal del máximo organismo de justicia. Adivinen quien presidía el colegiado que emitió ambas sentencias.

Ojo que el próximo año cambiará la conformación de las Salas de la Suprema, por lo que podrían haber novedades y una vuelta a la labor rectificatoria del máximo nivel de la justicia peruana.

El otro problema existente en estos casos es que, en algunos juicios, se logra determinar que existió una vulneración de los derechos humanos, pero que no se logra identificar a los autores o estos están prófugos. Es lo que ocurrió en el caso Chavín de Huántar, donde se demostró que hubo una ejecución extrajudicial luego del exitoso operativo militar, pero en el que el sindicado era precisamente quien está prófugo.

Las absoluciones se producen, en parte, por un trabajo incompleto del Ministerio Público, que reconstruye bien los hechos, pero aún no afina bien el tema de las responsabilidades y, en parte, por una falta de valoración de pruebas por parte del Poder Judicial que, en algunos casos, sí podría emitir más condenas de las que ha emitido en los últimos años.

A casi 10 años de la entrega del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, resulta indispensable hacer un balance de los procesos judiciales sobre derechos humanos, tomando en cuenta los elementos reseñados en los párrafos anteriores. Solo así podrán vencerse los obstáculos encontrados.

Publicado en Desde el Tercer Piso el 18 de diciembre de 2012

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News Reports on Transitional Justice in Peru

Disponen excarcelación de dos integrantes del Grupo Colina

  • Por demora en la Fiscalía Superior en la tramitación del caso Mariela Barreto.

Por exceso de carcelería, la Cuarta Sala Penal Liquidadora de Lima, dispuso la excarcelación de los integrantes del Grupo Colina Santiago Martín Rivas y José Alarcón Gonzáles por el caso de secuestro, tortura y muerte de la ex agente de inteligencia Mariela Barreto Riofano. Mediante resolución del 12 de diciembre del 2012, Sala también ordenó que se les imponga las medidas de Comparecencia e impedimento de salida del país.

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© Perú.com© Perú.comA pesar que los otros juicios pendientes que ambos procesados tienen, evitarían su pronta libertad, los abogados de la ex agente se mostraron sumamente preocupados por la excesiva demora por parte del Ministerio Público tras haber transcurrido casi dos años sin que ellos (el Ministerio Publico) se pronunciaran de acuerdo a sus atribuciones para emitir acusación o no.

La doctora Gloria Cano, Directora de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) y representante de la víctima, indicó que esta demora perjudica a los familiares de Mariela Barreto, quienes durante años han venido realizando acciones ante diversos órganos nacionales e internacionales en busca de justicia y verdad.

Asimismo, señaló que “esta demora por parte de las fiscalía, será informada a la Comisión interamericana de Derechos Humanos, organismo ante la cual el Estado Peruano suscribió un acuerdo de Solución Amistosa con la familia de la agraviada, situación que consideramos como un incumplimiento a dicho acuerdo”.

“No hay justificación para este retraso, esperamos que las autoridades del Ministerio Publico inicien una investigación administrativa sobre el por qué se viene dilatando en forma constante los procesos por violación a derechos humanos, lo cual genera responsabilidad internacional por parte del Estado peruano” resaltó la Dra. Cano.

Cabe recordar que entre otras, Alarcón Gonzáles tiene una sentencia condenatoria consentida por el caso La Cantuta, y ambos, han sido condenados por los casos de Pedro Yauri y El Santa, sentencia que está en apelación en la Corte Suprema.

Datos:

 

Como se recordará, a finales de marzo de 1997, Mariela Barreto Riofano, agente de inteligencia del Ejército, salió de su domicilio rumbo al Hospital Militar pero no regresar más. Luego de tres días de búsqueda por parte de sus familiares, su cuerpo fue encontrado en el kilómetro 25 de la carretera a Canta en el sector denominado Punchauca, a las afueras de Lima. El presunto móvil del secuestro y posterior muerte de Barreto Riofano, esgrimido por la fiscalía, es que se debió a la aplicación del Plan Tigre 96 destinado a detectar a miembros del ejército que filtraban información a la prensa sobre la ejecución de planes de inteligencia, siendo ella una de las agentes que realizaba dicha fuga de información.

Publicado en Aprodeh el 17 de diciembre de 2012

 

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News Reports on Transitional Justice in Peru

La voz de los familiares de las víctimas

“Ex dictador siempre fue indolente con el dolor ajeno”

Se pronunciaron así Gisela Ortiz, hermana de Luis Ortiz, víctima de La Cantuta; Raida Cóndor, madre de Armando Amaro Cóndor, otra de las víctimas de esta matanza, así como Rosa Rojas, madre del niño de 8 años asesinado junto a su padre Manuel Ríos, en Barrios Altos.

Los deudos de las víctimas de la matanza pidieron al presidente Ollanta Humala que recuerde que él también es padre y no otorgue dicha gracia presidencial al reo de la Diroes.

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NUNCA HA RECONOCIDO SUS ACTOS

© La Mula© La MulaEn diálogo con LA PRIMERA, Gisela Ortiz sostuvo que primero debe esperarse cuáles son los fundamentos que esgrimirán para tal petición.

Precisó que en el caso de Fujimori, se habla de un indulto humanitario y dijo que esta gracia exige que el reo afronte un estado de salud grave. En ese sentido, hizo hincapié que desde su sentencia en el 2007, ya se afirmaba que el exdictador estaba sumamente enfermo y, sin embargo, dijo, hasta ahora tiene una salud estable, como lo ha admitido en su comentada carta.

Manifestó que el gobierno debe tener mucho cuidado para evitar que el tema sea una nueva burla, como sucedió con el empresario José Enrique Crousillat y de otros exfuncionarios del Fujimorismo.

Sobre la foto propalada en algunos medios del dorso de Fujimori, comentó que es normal que los ciudadanos de avanzada edad pierdan masa muscular y que en todo caso su estado deberá será evaluado por un equipo médico

En tono pausado pero seguro, Ortiz recuerda que en todos estos años jamás Alberto Fujimori y el Fujimorismo han reconocido sus actos y la forma criminal con que actuaron, como en el caso del asesinato de nueve estudiantes y un profesor de la Universidad La Cantuta.

SERIA DOLOROSO Y PELIGROSO

Ortiz enfatizó que sería doloroso para los deudos, de las atrocidades de la dictadura, un eventual indulto a Fujimori y dijo que ello demostraría que el gobierno no actuó en función de las víctimas.

Sostuvo que el país quedaría aún más polarizado y enfrentado al agregar que quienes votaron por el mandatario, como ella, y serían defraudados y que primaría la impunidad.

Consideró peligroso un eventual indulto a Fujimori, sentenciado por violador de los derechos humanos y actos de corrupción, pues, dijo, que ello podría dar el mensaje al país de que uno puede matar y robar.

Preguntó: ¿qué otras cosas podría hacer el exdictador si ahora desde su “cárcel dorada” realiza vida política como quedó manifestado en la campaña electoral?

YO NO PUDE ENTERRAR A MI HIJO

“Aunque me digan mala, yo no estoy de acuerdo que indulten a ese asesino que no está arrepentido”, dijo Raida Cóndor, quien recuerda que hasta ahora no ha pedido sepultar a su hijo, cruelmente asesinado por el Grupo Colina.

Sostuvo que en ningún momento la excandidata presidencial Keiko Fujimori, a pesar de ser madre, ha manifestado alguna muestra de humanidad hacia ella y el resto de madres que perdieron a sus hijos a manos de estos asesinos.

Asimismo, increpó a la parlamentaria Fujimorista Luz Salgado por seguir llamando terroristas a su hijo y al resto de víctimas de la masacre de La Cantuta. “Quisiera tenerla frente para que me lo diga, acaso ella andaba con ellos para saber que lo eran. Cuando el más grande terrorista fue su presidente”, indicó.

La señora Cóndor invocó al Presidente que no le otorgue el indulte a Fujimori y dijo que caso contrario se sentiría decepcionada de él. “Yo sé que es su decisión, pero que piense en sus hijos y que no está obligado a dárselo”, enfatizó.

Fujimori NO TUVO HUMANIDAD

En este mismo tono se manifestó Rosa Rojas al recordar que en el año 95 vio a Fujimori cerca a su casa en Barrios Altos y le pidió justicia y humanidad para su caso, pero al año siguiente no tuvo reparos en amnistiar a los criminales del Grupo Colina con Santiago Martin Rivas a la cabeza.

“Estamos indignados”, afirmó Rojas al recalcar que Fujimori es un preso con muchos privilegios y que continúa con la misma soberbia de siempre.

Sostuvo que la posibilidad de que Fujimori sea indultado, abre más las heridas de los deudos que llevan largos años luchando por la justicia y la verdad

Instó al presidente Ollanta a no concederle la gracia presidencial apelando a su condición de padre. “Sé que eso no me devolverá a mi hijo y a mi esposo, a los que nunca he podido olvidar. No deseo a ninguna madre que pase por lo que yo pasé, pues hasta hoy veo a mi hijo como ese día”, agregó.

 

Publicado en Diario La Primera, 01 de octubre de 2012

 

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Deudo de Barrios Altos: “El presidente Humala no debe indultar a Fujimori”

Barrios Altos © La RepúblicaBarrios Altos © La RepúblicaVeintitrés años después de haber visto cómo el grupo Colina asesinó a balazos a su hermana Nelly Rubina Arquiñigo en una casa del jirón Huanta, en Barrios Altos, la señora Sonia siente que nuevamente se le abre esa herida, la misma que parece condenada a nunca cicatrizar.

El viernes escuchó que la familia Fujimori anunciaba el pedido de indulto humanitario para el hoy condenado ex presidente, y fue entonces que pensó en la hermana asesinada de tan solo 18 años de edad.

“Me indigné cuando escuché el pedido para Fujimori. Él no tiene cáncer ni sufre de alguna enfermedad terminal, solo tiene una herida y se atiende en buenas clínicas. Tiene todas esas facilidades mientras que otros presos están abandonados”, dijo la señora Arquiñigo.

Por esos motivos, la hermana de la asesinada Nelly Rubina pidió al presidente de la República, Ollanta Humala, que no le conceda la gracia del indulto a Alberto Fujimori.

“Después de todo el sufrimiento que hemos pasado nosotros, todos los deudos, ¡cómo va a ser justo que a ese señor le den indulto, no lo merece!”, expresó.

La señora Sonia señaló que el próximo mes de noviembre se cumplirán 21 años de la masacre de Barrios Altos, que acabó no solo con la vida de su hermana sino con las de otras 14 personas, entre ellas la de un menor de edad.

“Desde que sucedió la masacre, el gobierno de Fujimori nunca hizo algo por nosotros. Nunca se disculpó, decían que nuestros familiares fueron terroristas, pero eran gente inocente. Mataron a todos, hasta a un niño que estaba en el lugar”, recordó.

Para la señora Sonia, la real intención de la familia Fujimori sería que se conceda la gracia del indulto humanitario para que el ex presidente continúe con sus actividades políticas y, posiblemente, postule nuevamente a la presidencia en el año 2016.

 

Publicado en Diario La República, 30 de setiembre de 2012