- Pendiente. La Corte Suprema resolvió hace casi un año que el caso sea visto por la Sala Penal Nacional, pero aún no se traslada el expediente porque los jueces no han suscrito dicho fallo.
Por María Elena Castillo
Han pasado 17 años desde que la agente Mariela Barreto, quien integró uno de los equipos del destacamento militar Colina, fue asesinada por sus mismos compañeros como parte del operativo Tigre, destinado a frenar la infiltración de información a los medios de comunicación sobre los crímenes cometidos por este grupo. A pesar del tiempo transcurrido, no se ha hecho justicia.
Esta demora ha permitido que varios de los implicados hayan salido en libertad y sean procesados con comparecencia, al haberse vencido los plazos que establece la ley para permanecer detenidos sin sentencia. El caso más reciente es el del ex jefe del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE), Carlos Edmundo Sánchez Noriega.
La directora de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) –institución que tiene a su cargo el caso–, Gloria Cano, informó que el 6 de junio de este año la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema anuló la resolución que declaraba improcedente la solicitud de variación de mandato domiciliario que tenía el oficial militar.
“Esto ha sido posible por la lentitud que hay en el caso”, explicó la abogada.
Interminable proceso
Cano detalló que al haberse acabado las instancias internas, el caso fue llevado a la Comisión Interamericana de Derechos, y tras llegar a una solución amistosa con el Estado peruano, se reabrió la investigación.
“Desde el 2011 estaba pendiente la acusación. La Tercera Fiscalía Superior Anticorrupción la emitió recién el 1° de marzo del 2013. Nosotros nos enteramos por la prensa. No nos notificaron”, remarcó.
Agregó que, quince días después, la Cuarta Sala Penal Liquidadora, que debió ver el caso, declinó para que sea visto por la Sala Penal Nacional.
Un año sin firmas
En agosto del 2013, la Corte Suprema confirmó el traslado; sin embargo, a casi un año de ello, el juicio oral no ha empezado.
“Desde esa fecha no remiten el expediente. Y, cada vez que preguntamos, dicen que la Ejecutoria Suprema está pendiente de firma”, dice, indignada.
Mientras tanto, el tiempo sigue corriendo y los responsables siguen saliendo. Si el jefe del destacamento Colina y principal implicado, Santiago Martin Rivas, no se ha beneficiado con la demora judicial en este caso es porque está condenado a 25 años por la masacre en el solar de Barrios Altos, cometido en 1991. Barreto tenía una hija con Martin Rivas, pero se separó de él tras enterarse de los crímenes.
También han sido acusados por el asesinato de Barreto el ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos y el general Nicolás Hermoza Ríos, entre otros.
La abogada de Aprodeh cuestiona el retraso. “No entendemos por qué la demora. No vaya a ser que luego digan que no es delito de lesa humanidad y lo prescriban, como ocurrió en un caso reciente”, advirtió.
Un asesinato de espanto
El 24 de marzo de 1997, una niña encontró un saco cerca de su casa en Carabayllo, en el que se encontraba un cuerpo seccionado y sin cabeza. Poco después, Oscar Barreto lo identificó como el de su hija Mariela, por unas cicatrices que tenía. Días antes, ella le había dicho que temía ser asesinada.
En el 2010, La República tuvo acceso a un grupo de fotografías tomadas luego de la autopsia y que estaban guardadas en el archivo de la morgue. Las imágenes muestra que los cortes son precisos y parecen haber sido hechos con material quirúrgico.
Ese mismo año se exhumaron los restos para determinar la causa de muerte. Las investigaciones revelaron que habría sido torturada y descuartizada aún con vida.
Publicado en La República el 15 de junio de 2014