- Los problemas por el nombramiento de Daniel Urresti en el Ministerio del Interior recién comienzan. El ex jefe de Inteligencia del cuartel de Castropampa tiene todo el apoyo del gobierno. El Fiscal de la Nación Carlos Ramos en una situación ventajosa.
Por Ricardo Uceda
El 2 de octubre del 2007 una Sala Superior del Poder Judicial sentenció a dos militares por el asesinato del corresponsal de la revista Caretas en Huanta, Hugo Bustíos. Un mes después, uno de ellos llamó desde el penal de San Jorge a Abilio Arroyo, periodista del mismo semanario.
y el juez que dictó el auto apertorio de instrucción,
responsable indirecto o mediato
© La República—Si vienes a verme te revelaré el nombre de los otros militares que participaron en el crimen —le dijo.
Era Amador Vidal Sanbento, conocido como Ojos de Gato, quien había sido sentenciado a quince años de prisión como coautor del asesinato. Prestaba servicios en la base de Castropampa, cuyos efectivos lo cometieron. El otro sentenciado —a diecisiete años— era el jefe de la base, Víctor La Vera Hernández. Compartía prisión con Vidal en San Jorge. Pero cuando Arroyo fue a visitar a Vidal, La Vera no se hallaba con él.
Estaban peleados.
Según dijo Arroyo para esta nota, encontró a Vidal desencajado y profundamente disgustado con La Vera. Lo había convencido de que mantuviera en el juicio la versión de la inocencia de ambos, asegurándole que, al final, ambos serían absueltos por falta de pruebas. Pero el resultado fue desastroso. Y ahora Vidal quería que el semanario al que pertenecía la víctima supiera la verdad.
La Vera, en cambio, se mantenía fiel al libreto original. No habló con el periodista.
CITA EN SAN JORGE
Fue entonces cuando Arroyo escuchó por primera vez la incriminación que hizo Vidal de Daniel Urresti, el oficial a cargo de Inteligencia en la base de Castropampa. Dijo que Urresti había dirigido el operativo que produjo la muerte de Bustíos. El periodista, acompañado de su colega Eduardo Rojas, se dirigía en moto a recoger información sobre unas muertes, y en el camino fueron emboscados por los militares, quienes abrieron fuego sobre ellos. Rojas cayó al piso y pudo huir. Bustíos quedó malherido en el lugar. Uno de los asesinos hizo volar su cuerpo con un explosivo.
Con posterioridad a esta entrevista, Arroyo se entrevistó con un segundo militar que por entonces prestó servicios en Castropampa: Edgardo Montoya. Estaba a cargo de la logística de la base, y en lo sustantivo complementó la información que le había entregado Vidal. El día del asesinato Montoya, según dijo, vio partir a Urresti en un vehículo de la base, a la cabeza del equipo de inteligencia que dirigía. Montoya tenía, además, otras hipótesis sobre el móvil del asesinato, que por el momento el periodista mantiene en reserva. Arroyo nunca publicó sus diálogos, que le fueron dados en forma confidencial. No podía atribuir la incriminación a una fuente específica.
Pero después Vidal y Montoya le contaron su versión a un fiscal. El Ministerio Público había recibido de nuevo el expediente por mandato de la misma sentencia, con el encargo de continuar investigando hasta hallar al resto de responsables. Con estos testimonios el caso dio un vuelco. Sin embargo, la nueva información no llegó a convertirse en noticia hasta que Urresti fue nombrado ministro del Interior. Requerido por el fiscal, dijo básicamente lo mismo que aseguró en la prensa por estos días: que Vidal y Montoya eran oficiales a quienes descalificaba su mala conducta, y que le guardaban animadversión por haberlos puesto en evidencia.
MALAS RELACIONES
Ahora bien, Vidal y Montoya no solamente incriminaron a Urresti. También a Johnny Zapata Acuña, un sargento conocido como Centurión. Montoya dijo haberlo visto subir al vehículo que hizo el operativo. Centurión tiene otros antecedentes de violaciones de derechos humanos. Fue acusado de cometer la matanza de Chilcahuaico, en 1990, en la que hubo diecisiete víctimas. Sobre esta incriminación a Centurión, quien nunca fue habido, Urresti no ha dicho nada. Afirma que no lo conoce. ¿Los testigos también le tenían hostilidad?
Llegados a este punto, el Ministro del Interior tiene en favor suyo su propia versión y el aval del presidente Humala, quien antes de nombrarlo como ministro llegó a la convicción de que no es culpable. Es lo que ha declarado. Este es uno de los aspectos extremos de la situación, pues así como nadie puede decir que Urresti es asesino, pese a que dos testimonios directos lo incriminan, no hay cómo sacar la conclusión de que es inocente. La versión de Urresti es que él estaba a cargo de la inteligencia y contrainteligencia de su grupo, pero que no participó en el operativo dispuesto para matar al periodista. Y tampoco escuchó ni supo después nada sobre los sucesos. Esta posición la mantiene aún después de que la Corte Superior de Justicia haya sentenciado a La Vera, el jefe de la base, a diecisiete años de prisión.
De modo que Urresti, aparte de declararse inocente, como es su derecho, tampoco ha colaborado con la justicia.
NO SABE NADA
La noche del 3 de julio, en la reunión que tuvo Urresti con directivos del Consejo de la Prensa Peruana, el director de Caretas Marco Zileri le llamó la atención sobre este punto:
—Bien. Admitamos que usted no es culpable. Pero era el jefe de inteligencia. ¿Cómo ocurrió el asesinato?
Urresti dijo que no sabía y Zileri protestó, incrédulo. Es que con el asesinato de Bustíos ha ocurrido lo mismo que con tantos: un sistemático entorpecimiento de las investigaciones por parte de los militares. Luego del crimen, la policía y el Ministerio Público encontraron un escenario barrido. No hallaron pisadas ni cartuchos que hubiesen permitido la realización de pericias. El Ejército, a cargo de la seguridad, no dispuso una orden de búsqueda de los responsables del crimen, como era pertinente ante un hecho de esa naturaleza. Cuando aparecieron los nombres de Antonio Pacheco Aguado y Segundina Gálvez Porras como posibles testigos de cargo, quienes habían afirmado que los atacantes fueron militares, el Ejército los aprehendió. Fueron conducidos a viva fuerza al cuartel que se encontraba al mando del acusado La Vera. Allí se les conminó a variar su versión, y se les detuvo bajo la imputación de haber cometido terrorismo, como consta en la papeleta de libertad obrante en el Juzgado Penal de Huanta y en las manifestaciones rendidas por ambos.
Peor aún: en el juicio oral compareció el ex Juez Moisés Ochoa Girón, refiriendo que su domicilio fue objeto de allanamiento por miembros del Ejército, una vez que abrió proceso en el fuero común contra los acusados. En esta primera etapa las cosas estuvieron dirigidas a que el Fuero Militar asumiera el caso, lo que finalmente ocurrió. En 1991 declaró que no había pruebas para incriminar a ningún oficial de la base.
OLLA DE PRESIÓN
Diez años después, fue posible realizar un juicio en el fuero civil porque el gobierno peruano, durante la gestión de Valentín Paniagua, llegó a un acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para dar soluciones integrales a más de 156 casos de violaciones de derechos humanos cuyos expedientes estaban embalsados ante el organismo internacional. El de Bustíos era uno de ellos. Aunque el Ministerio de Defensa no proporcionó ninguna información útil al juzgado, el primer juicio pudo desarrollarse porque había testimonios que comprometían a La Vera y Vidal. Las nuevas evidencias resultantes de las declaraciones de Vidal y Montoya permitieron abrir un proceso ordinario cuya primera parte, la instrucción por parte de un juez penal y un fiscal provincial, ya se cumplió. El fiscal, de acuerdo con su investigación, lo considera autor directo del asesinato, y el juez que dictó el auto apertorio de instrucción, responsable indirecto o mediato. Un fiscal superior debe decidir si lo acusa o no. En caso afirmativo, Urresti deberá afrontar un juicio oral.
Pero ahora su nombramiento en el Ministerio del Interior lo distorsiona todo. Un ministro caro al presidente Humala, depende de una decisión de una Fiscalía de la Nación cuyo jefe, Carlos Ramos, necesita legitimarse por los cuestionamientos en su contra. El terreno para un entendimiento mayor entre ambos ya tiene una alfombra roja. Luis Landa Burgos, el magistrado que debe pronunciarse sobre la responsabilidad de Urresti, jugará su partido bajo una enorme presión. Humala también. El de Bustíos fue un caso llevado a la CIDH por importantes organizaciones mundiales, entre ellas el Comité de Protección de Periodistas (CPJ), que se encargarán de la campaña internacional que merece la condena a un nombramiento tan grotesco en el gabinete peruano.
Publicado en La República, el 8 de julio de 2014