Los juicios invisibles – Peru Human Rights Trials

Por Jo-Marie Burt

En Argentina, periodistas y estudiantes han venido siguiendo de cerca los juicios contra ex militares y policías acusados de haber cometido u ordenado graves violaciones de los derechos humanos durante la última dictadura argentina (1976-83). En un artículo periodístico, Página 12 reporta sobre los efectos de seguir de cerca los juicios: escuchar a diario los testimonios de horror de los sobrevivientes de los centros clandestinos de detención, donde se practicaba diversas formas de tortura de manera usual y siniestro, y que muchas veces terminaba con la desaparición forzada del detenido o la detenida, y de los mismos perpetradores acusados de ordenar o llevar acabo los crímenes. (1)

El periodista explica cómo quienes observan los juicios, así como quienes participan activamente en ellos como testigo/as, abogado/as, fiscales, etcétera, enfrentan a diario la necesidad de procesar el horror vivido por las víctimas y llevado a cabo por los perpetradores. No es menos difícil escuchar sobre la banalidad de los motivos de los perpetradores, por ejemplo cuando un perpetrador menciona casualmente que participó en las actividades de un escuadrón de muerte porque le prometían mayores beneficios económicos o laborales.

El punto mayor es que el proceso de judicialización en Argentina es registrado, investigado y seguido de cerca por la prensa, por el mundo académico, por grupos de la sociedad civil, por el público en general. En el Perú es todo lo contrario: los juicios contra quienes violaron los derechos humanos durante la época de la violencia política en el Perú reciben muy poca atención.

Claro, el juicio contra Alberto Fujimori por graves violaciones a los derechos humanos recibió amplia cobertura durante los 14 meses que la Sala Penal Especial estuvo en sesión hasta que finalmente lo halló culpable en abril de 2009 sentenciándolo a 25 años de prisión. Ello respondió al hecho concreto de que no es común que se juzgue a un ex-presidente.

Pero otros procesos judiciales de casos de violaciones a los derechos humanos cometidos por miembros de las fuerzas del orden han recibido una cobertura periodística mínima. Si no fuera por las rabietas del ministro Rey, el tema sería casi imperceptible en los medios de comunicación, con muy pocas excepciones.

Como parte de una investigación que estoy dirigiendo sobre el proceso de judicialización de casos de graves violaciones a los derechos humanos en el Perú, estamos intentando registrar el universo de casos actuales en el Perú. Según el Ministerio Público, hay 1,626 denuncias de graves de violaciones a los derechos humanos cometidos durante el período de violencia política en el Perú. De ellos, unos 900 casos habrían sido archivados presuntamente porque se carece de información sobre los perpetradores (información que debería tener el Ministerio de Defensa y que se rehúsa a entregar a las autoridades judiciales). Unos 20 casos han sido enjuiciados y tienen sentencia, la mayoría de ellas absolutorias, como el jefe del área legal del Instituto de Defensa Legal Carlos Rivera ha señalado recientemente (2). Existen varias decenas de casos en diferentes etapas del proceso legal, pero la gran mayoría están en la etapa preliminar de investigación, lo cual significa que siguen en el Ministerio Público sin formalizarse una acusación.

Llama la atención cuán poco sabemos sobre el estado real del proceso de judicialización en el Perú (3). Llama más la atención cuán poco interés despierta el tema. Es válido preguntarnos por qué es así, cuando en otras sociedades como la argentina los juicios contra los represores, como los llaman, son muy visibles; todos los días salen reportajes sobre sesiones específicas de los procesos judiciales en curso y las revelaciones que emergen dentro de ellas. La semana pasada, por ejemplo, se reportó sobre un ex militar que testimonió, por primera vez, sobre el entrenamiento que recibieron integrantes de las Fuerzas Armadas argentinas por parte de los Estados Unidos en métodos de tortura, y cómo los argentinos terminaron enseñando nuevos métodos a sus mentores (4).

¿Por qué en el Perú los procesos judiciales contra los subversivos reciben una cobertura amplia, a veces obsesiva, de parte de los medios de comunicación, mientras los procesos judiciales contra miembros de las fuerzas del orden que habrían cometido violaciones a los derechos humanos no son seguidos y analizados? El caso de la excarcelación de Lori Berenson ha llenado decenas de páginas de los periódicos en los últimos meses, pero se puede contar con los dedos de la mano los artículos publicados sobre los casos judiciales contra militares en curso (claro, excepto cuando Rey Rey o el vice presidente Luis Giampetri los denuncian) o sobre los casi mil casos que han sido archivados porque el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas rehúsan a dar información para poder identificar a los perpetradores. Por ejemplo, de las cien personas asesinadas por miembros de las Fuerzas Armadas en Putis el 24 de diciembre de 1984, o de las decenas de personas asesinadas en Putka, otra comunidad de las alturas de Huanta, Ayacucho, al día siguiente de Putis. (5)

Tampoco ha habido mucho interés académico a parte de los especialistas en derecho que han seguido el tema (6), otras disciplinas no parecen haber registrado el fenómeno y su importancia a nivel político, social y cultural. La mayor cantidad de información disponible sobre los casos proviene de los organismos de derechos humanos que representan a las víctimas y a sus familiares en los juicios. Cuánto nos ayudaría tener la mirada de un antropólogo o antropóloga para ayudarnos a entender las diferencias culturales y cómo se manifiestan al interior de un juicio. O para estudiar cómo la población entiende, más allá de nuestras suposiciones y estereotipos, el tema de la justicia y su relación con otros objetivos, como la verdad, la exhumación e identificación de los cuerpos de las víctimas, la paz, la reconciliación. Es un campo abierto para la investigación, tanto periodística y académica, que está pendiente.

Notas:

(1) Tina Gardella, “La subjetividad trastornada,” Página 12 (4 de agosto de 2010) [1]. (^^^)

(2) Carlos Rivera, “El estado del proceso de judicialización de graves violaciones a los derechos humanos en el Perú,” Justicia Viva (22 de julio de 2010) [2] (^^^)

(3) La Defensoría del Pueblo debería publicar un informe este mes sobre el estado del proceso de judicialización en el Perú. En el pasado, la Defensoría ha reportado sobre los juicios, pero sus informes se limitaron a los 47 casos de la CVR, 12 casos que la misma Defensoría recomendó procesar, y los casos CIDH. (^^^)

(4) En Estados Unidos existe un debate encendido sobre el uso de tortura en la llamada lucha contra el terrorismo luego del 11 de setiembre. La administración Bush argumentó que la tortura (que rebautizaron con el nombre “métodos intensificados de interrogación”) fue justificado para acabar con el “terrorismo.” Varios sectores han abogado por el procesamiento penal de quienes pusieron en práctica esos métodos (que tendría que incluir el propio Bush y su vice presidente Dick Cheney, quien hasta ahora sale en defensa de la utilización de estos métodos) pero hasta el momento sólo se ha procesado a los autores materiales en algunos casos (Abu Ghraib). Ver, por ejemplo, Seymour Hirsch, “Torture at Abu Ghraib,” The New Yorker (May 10, 2004) [3] y Gitanjali S. Gutierrez, “Preventing the New American ʻProfessionalismʼ: Accountability for Lawyers and Health Care Professionals Shaping Torture,” Global Studies Review (Fall/Winter 2009) [4]. Sobre el juicio al militar acusado de cometer abusos en Abu Ghraib, ver “Guard Convicted in the First Trial for Abu Ghraib,” Washington Post (15 de enero de 2005) [5] (^^^)

(5) Instituto de Defensa Legal, “Ayacucho: IML inicia exhumación de 40 cuerpos en la comunidad campesina de Putka” [6] (^^^)

(6) Véase el importante Judicialización de violaciones de derechos humanos. Aportes sustantivos y procesales (Lima: IDEHPUCP-AECID-PNUD, 2009). Víctor Quinteros Marquina, coordinador Se puede descargar el libro en formato PDF [7] (^^^)