- Tanto el IDL como Demus confían en que la Fiscalía termine por acusar a Alberto Fujimori y a sus exministros de Salud por crímenes de lesa humanidad
Por Carlos Hinostroza
Luego de meses de espera y de ardua lucha, las víctimas de las esterilizaciones forzadas ocurridas durante el segundo gobierno de Alberto Fujimori tienen motivos para volver a sonreír y confiar nuevamente en la justicia de nuestro país. El Ministerio Público –sin José Peláez Bardales ni Carlos Ramos Heredia en la cabeza– decidió reabrir este caso –que fue archivado en el año 2014 por el cuestionado fiscal Marco Guzmán Baca– y amplió por tres meses más las pesquisas. Es decir, tanto el expresidente Fujimori como sus exministros de Salud podrían ser acusados por crímenes de lesa humanidad y llevados a juicio.
“Resuelve: declarar fundada en parte la queja de derecho (…); debiéndose ampliar la investigación preliminar del caso por tres meses, a efectos de que se proceda a practicar las diligencias detalladas que permitan esclarecer el presente hecho y lo expuesto en los considerandos precedentes, recomendándose al fiscal supraprovincial practicar el mayor número de declaraciones en el tiempo señalado en las diversas zonas geográficas que ameriten el caso y que sirva de parámetros para el pronunciamiento respectivo; y consecuentemente emitir un nuevo pronunciamiento en virtud de la investigación complementaria a realizarse; devolviéndose los actuados a la Fiscalía de origen”, se lee en el documento.
NO HAY ARGUMENTACIÓN OBJETIVA
Como se recuerda, el fiscal Marco Guzmán Baca señaló en su resolución, que dispuso el archivamiento del caso de las esterilizaciones forzadas, que los hechos denunciados no constituían crímenes de lesa humanidad por el desconocimiento del ataque generalizado y sistemático por parte de Alberto Fujimori; y que los delitos enmarcados en el Código Penal nacional no se habrían configurado en el accionar de los exministros de Salud, asesores y directores que participaron de este cuestionado programa por falta de ‘dolo’.
Asimismo, tanto el IDL como el Demus coincidieron en señalar que el mencionado fiscal no debió archivar el expediente, “porque no revisó diligentemente todos los testimonios, sino que solo se enfocó en el caso de la señora Mamérita Mestanza Chávez, quien murió ocho días después de la operación quirúrgica de esterilización a la que fue sometida en 1998”.
Ambas instituciones consideraron que la resolución de la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial de Lima, que ‘limpió’ a Fujimori y sus exministros, posee argumentos jurídicos “inaceptables”.
Ante esto, el fiscal Luis Landa precisó en su dictamen que “resulta necesario que el representante del Ministerio Público realice una reformulación argumentativa conforme a lo expuesto en los considerandos precedentes, así como la realización de una prolija, exhaustiva y rigurosa investigación, considerándose la realización o no de aquellos actos que sean conducentes o idóneos para la formalización o no de una denuncia penal”.
Según la resolución de la Tercera Fiscalía Superior Penal Nacional, la argumentación jurídica de Marco Guzmán Baca “no reviste pormenorizadamente los presupuestos que hayan permitido que se descarte el ‘dolo’ en este caso”.
“(…) Debiendo, por lo tanto, el fiscal provincial realizar una argumentación objetiva conforme a los presupuestos e interrogantes que se detalla en el presente dictamen”.
Por último, se solicita con carácter de “muy urgente” a las regiones de salud y/o direcciones de salud de Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Tumbes, Piura, San Martín, Lambayeque, Lima y Loreto, información de quienes participaron en los procedimientos de Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria (AQV), a fin de que rindan su manifestación.
LO QUE DEBE SABER
Cabe indicar que durante el segundo gobierno de Alberto Fujimori se esterilizaron a miles de mujeres en el país, especialmente de zonas rurales, a quienes con engaños y chantajes se les privó de sus capacidades reproductivas, pues se las esterilizó sin garantizarles información clara sobre la intervención y sin que dieran su libre consentimiento. Por lo menos 18 murieron como resultado de estas prácticas.
El caso de las esterilizaciones forzadas llegó hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), instancia en la cual el Estado peruano y las víctimas llegaron a un acuerdo amistoso para investigar y sancionar a los responsables.
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“Lo que ha hecho el fiscal Luis Landa es un acto de justicia”
© Diario16Por Carlos Rivera Paz, abogado del IDL
El abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), Carlos Rivera Paz, saludó la decisión del fiscal Luis Landa Burgos de reabrir el caso de las esterilizaciones forzadas ocurridas durante el fujimorismo, luego de que fuera archivada arbitrariamente. En diálogo con diario16, el letrado enfatizó que confía en que la nueva fiscal del caso, Marcelita Huayta, actuará con responsabilidad.
“Lo que ha hecho el fiscal Luis Landa es un acto de justicia para las víctimas de las esterilizaciones forzadas ocurridas durante la época de los 90 y confiamos en que la nueva fiscal del caso actuará con responsabilidad y seriedad. El IDL siempre ha mantenido su posición de que tanto Alberto Fujimori como sus exministros tienen una responsabilidad directa por estas prácticas que afectaron a muchas mujeres. Esperemos que todo esto termine en una acusación penal contra ellos”, señaló.
Carlos Rivera reiteró una vez más que las esterilizaciones forzadas se ejecutaron en nuestro país no por una decisión individual, sino porque ellos (ministros, enfermeros, médicos, etc.) estaban cumpliendo con lo que el presidente de la República (Alberto Fujimori) había definido como una política de Estado.
“Adicionalmente habían puesto en marcha una serie de procedimientos a nivel de todo el sector salud para realizar estas esterilizaciones. Esto sin duda fue una política de Estado y por eso se debe formular una denuncia penal contra el expresidente Fujimori”, acotó.
También explicó que su institución decidió formular una queja contra la decisión del fiscal Guzmán Baca por las siguientes razones: indicó en su resolución que en el caso de las esterilizaciones forzadas no había crímenes de lesa humanidad, señaló que las personas investigadas no tenían responsabilidad, precisó que las mujeres esterilizadas no fueron agraviadas o afectadas a sus derechos y, finalmente, dijo que no había elementos jurídicos para considerar que este caso sea un crimen contra los derechos humanos.
Por último, el abogado del IDL advirtió que en caso de que el Poder Judicial aceptara la acusación penal del Ministerio Público y decidiera abrirle un nuevo proceso judicial a Alberto Fujimori, el Estado peruano necesariamente tendrá que presentar un pedido de ampliación del cuadernillo de extradición ante el Tribunal Supremo de Chile, a fin de que este autorice el juzgamiento contra el expresidente. Es decir, todo este proceso podría demorar más de un año.
Publicado en Diario16, el 10 de mayo de 2015