- Asesinato de más de 60 campesinos sigue impune después de 30 años
El Fiscal Superior Penal Luis Landa presentará hoy acusación contra los oficiales y subalternos del Ejército Peruano que el 14 de agosto de 1985 participaron en uno de los peores crímenes del conflicto armado interno hecho ocurrido en la localidad de Acomarca, en la provincia de Vilcashuamán, Ayacucho.
La mañana de aquel día jamás podrá ser olvidada por los pocos sobrevivientes de la matanza. Desde tempranas horas del día un numeroso grupo del soldados al mando de los Tenientes EP Telmo Hurtado Hurtado y Juan Rivera Rondón incursionaron en la quebrada de Huancayoc y después de reunir a toda la población los introdujeron en dos chozas y procedieron a dispararles de manera indiscriminada para luego lanzarles granadas de guerra para asegurar la muerte de todos. Entre las víctimas que suman casi 70, increíblemente había una aproximadamente 20 niños menores de 10 años y varios ancianos.
Ante el escándalo público el Ejército responsabilizó como único autor del crimen al Teniente EP Telmo Hurtado Hurtado.
Las investigaciones de la Fiscalía y del Poder Judicial determinaron al poco tiempo que el crimen había ordenado por el comando militar de la II División de Infantería del Ejército, cuyo Comandante General era el General Wilfredo Mori Orso. Lamentablemente las investigaciones del Poder Judicial se trucaron como consecuencia de que la Corte Suprema de Justicia dirimió una contienda de competencia a favor de la justicia militar.
Si bien la justicia militar condenó a Telmo Hurtado, esto recién ocurrió el año 1992, es decir, 7 años después del crimen, pero jamás lo condenó por los asesinatos., sino por el delito de desobediencia, por el hecho de que supuestamente no había informado a sus jefes militares sobre el crimen. A pesar de ello Hurtado hizo una carrera militar normal sin ninguna consecuencia a pesar de la codena impuesta.
Sería la Comisión de la Verdad y Reconciliación alentó la reapertura del caso, lo cual ocurrió el año 2005 cuando el Poder Judicial decidió reabrir el proceso judicial contra el General Mori Orso, el coronel Nelson Gonzales Feria (jefe de Estado Mayor de la II División de Infantería), Cesar Martinez Uribe Restrepo (G-2), Carlos Delgado Medina (G-3), José Williams Zapata (Jefe de la Compañía Lince), Helbert Gálvez Fernández Jefe de la Base Contraguerrillas de Vilcashuamàn, Ricardo Sotero Navarro (jefe político militar de Vilcashuamán), Telmo Hurtado Hurtado (Jefe de la patrulla Lince 7), Juan Rivera Rondón (Jefe de la Patrulla Lince 6) y los soldados integrantes de la patrulla de Telmo Hurtado. Todos ellos fueron denunciados como autores del delito de asesinato.
El proceso de investigación judicial demoró varios años y recién en el mes de noviembre de 2010 la Sala Penal Nacional dio inicio al juicio oral contra los procesados. Para tal efecto la fiscalía penal superior había presentado acusación escrita contra los altos oficiales (Mori Orso, Gonzales Feria, Martínez Uribe, Delgado Medina, Williams Zapata, Gálvez Fernández) como autores mediatos del crimen y también presentó acusación contra Hurtado Hurtado, Rivera Rondón y los soldados como autores materiales del crimen.
Durante el juicio oral se logró la extradición de Telmo Hurtado y con sus declaraciones se produjo un hecho realmente histórico en el juzgamiento de casos de violaciones a los derechos humanos. Hurtado no solo aceptó haber participado en el crimen, sino que además declaró que él había recibido órdenes superiores de los oficiales integrantes del Estado Mayor dirigido por el coronel Gonzales Feria. También señaló que ese tipo de hecho eran normales en la zona de Ayacucho porque de esa manera se combatía al terrorismo. En sus declaraciones Hurtado detalló las órdenes recibidas de parte de sus superiores para eliminar a todos porque eran considerados como terroristas comunistas.
Tales declaraciones originaron la realización de diligencias de confrontación de todos los oficiales con Telmo Hurtado, en las cuales este último se ratificó plenamente e inclusive el general Mori Orso le increpó directamente haber dado órdenes para que en setiembre de 1985 –un mes después del crimen- vaya a Ayacucho y colabore con las tares militares de limpieza de la zona, es decir, de eliminación de los testigos sobrevivientes de la matanza.
Luego de casi 5 años de juicio oral esta etapa procesal está llegando a su fin y por ello corresponde que el Fiscal Superior Penal a cargo del caso, el fiscal Luis Landa, cumpla con presentar acusación oral contra los procesados. La fiscalía no solo considera que los hechos y las responsabilidades criminales de los procesados están debidamente acreditas, que el caso constituye un crimen de lesa humanidad y consecuentemente solicitará se les imponga 25 años de pena privativa de libertad.
El tribunal de la Sala Penal Nacional, integrado por el magistrado Ricardo Brousett Salas (Presidente) y por las juezas superiores Mirtha Bendezù y María Vidal La Rosa es el ha encargado de juzgar y sentenciar el presente caso. Se ha convocado sesión de audiencia para escuchar la acusación del fiscal Landa para el día miércoles 7 de Julio a las 10:00 am en la sala de audiencias del penal “Miguel Castro Castro”.
Los abogados del Instituto de Defensa Legal, a cargo de la defensa de la parte civil, presentarán sus alegatos la próxima semana.
Instituto de Defensa Legal
Lima, Julio de 2015
Prensa y difusión IDL