Por Jacqueline Fowks
Los cuatro hijos del preso expresidente de Perú, Alberto Fujimori, entregaron este miércoles una petición de indulto humanitario en una ventanilla del ministerio de Justicia en Lima. Keiko Fujimori indicó que han incluido el historial médico de su padre y que esperan que la solicitud “se resuelva con criterio humano”. La ex candidata presidencial reconoció la semana pasada que el político no tiene “cáncer terminal”.
La solicitud será evaluada por la Comisión de Gracias Presidenciales, formada por cinco miembros, cuatro representantes del Ministerio de Justicia y uno del despacho presidencial. Antes de emitir una valoración, pueden hacer consultas con expertos o solicitar mayor documentación a los solicitantes y luego presentarán su informe a la ministra de Justicia, Eda Rivas. Ella lo firmará, haciéndose responsable política de dicho parecer, y lo trasladará luego al presidente Humala para que tome su decisión: él puede o no seguir la recomendación de la junta evaluadora.
De acuerdo al reglamento de la Comisión, corresponde un indulto y el derecho de gracia por razones humanitarias solo en los casos de enfermedades terminales, o cuando las enfermedades no terminales graves se encuentren en una etapa avanzada, progresiva, degenerativa e incurable, y además, cuando las condiciones carcelarias pongan en grave riesgo la vida, la salud, y la integridad de la persona.
La decisión última sobre la petición corresponde al presidente Humala
Fujimori gobernó Perú de 1990 a 2000 y abandonó ese año la presidencia enviando un fax desde la cumbre de Apec (Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, en sus siglas inglesas) que se celebraba en Brunei, pese a que había iniciado su tercer mandato tras ganar en un proceso electoral plagado de indicios de fraude. Desde septiembre de 2000 se hicieron públicos videos que evidenciaban la corrupción de su gestión, en co-gobierno con el entonces asesor de inteligencia Vladimiro Montesinos, hoy también preso.
En 2009, el ingeniero Fujimori fue condenado a 25 años de prisión por autoría mediata en crímenes de lesa humanidad, entre ellos homicidio calificado (por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta en 1992) y secuestro agravado de un empresario y un periodista, también en 1992.
Justamente, una norma aprobada durante el Gobierno de Alejandro Toledo, en 2006, con votos fujimoristas, prohíbe el indulto a reos que hayan cometido secuestro agravado.
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, una red que agrupa a decenas de organismos humanitarios en el país, se ha pronunciado en contra de la gracia presidencial, pues lo considera un premio a la impunidad. Ellos lideraron el viernes pasado una marcha en el centro de Lima y convocaron a cerca de mil personas, que recordaron la corrupción de dicho Gobierno y las víctimas del grupo paramilitar Colina; frente al Palacio de Justicia formaron la frase No al indulto, con pequeñas velas de color verde y rosa. Los familiares de los muertos y desaparecidos en La Cantuta y Barrios Altos también han rechazado la petición de los fujimoristas.
El exmandatario está en prisión desde que en 2007 fue extraditado de Chile y cumple su condena en una casa de 190 metros cuadrados, a los que se suman un área de jardín y huerto, todo ello en el denominado Fundo Barbadillo, un complejo de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía Nacional. No tiene restricciones en número ni en tiempo de visitas, tanto así que en la campaña electoral presidencial del año pasado, ese fue uno de los centros electorales de su hija Keiko.
El político ha padecido lesiones de tipo canceroso en la boca, y ha sido operado seis veces por ese motivo. Uno de los líderes de la bancada parlamentaria fujimorista, y exministro de Salud durante su Gobierno, Alberto Aguinaga, es su médico de cabecera. Fujimori, además, es atendido en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas y en una clínica privada de alto estándar en Lima cada vez que lo requiere.
La semana pasada, la encuestadora CPI indicó que un 70% de limeños estaría a favor de que Humala conceda el indulto humanitario al expresidente Fujimori. Sin embargo, el director de la encuestadora GFJ Conecta, Hernán Chaparro indicó a EL PAÍS que “la capital siempre ha sido fujimorista y no es una cifra representativa del resto del país, y éste es un tema de interés nacional”.
Publicado en El País, 11 de octubre de 2012