Por María Elena Castillo
Entre 1989 y 1993 más de 50 estudiantes de la Universidad del Centro fueron secuestrados y asesinados por efectivos del orden. Dos décadas después, ninguno de los responsables ha sido sancionado.
© La RepúblicaSamuel Fernández Gómez ha pasado los últimos 20 años buscando justicia para su hijo, Francisco Fernández, un estudiante de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional del Centro que el 5 de octubre de 1990 fue secuestrado y desaparecido por efectivos militares.
Esa mañana, el joven de 24 años salió temprano de su casa. Asistió a clases y luego acudió a una sesión del Consejo Universitario –al cual pertenecía–, pero esta fue suspendida. Luego, junto a su compañero de estudios y también dirigente estudiantil Alcides Ccopa visitó un estudio de abogados en el centro de Huancayo.
Al salir, cerca de las 12 y 30 de la tarde, y cuando caminaban por la tercera cuadra de la transitada avenida Real, ambos fueron interceptados e introducidos en una camioneta por efectivos militares armados.
Desde entonces su padre, don Samuel, no ha dejado de buscarlo. “Su desaparición cambió nuestras vidas. Todo lo que queremos es que se haga justicia, que se sancione a los responsables y que nos digan dónde está mi Francisco. Solo quiero enterrarlo y tener un lugar donde llorarlo”, dice.
Su caso es una de las más de 50 denuncias sobre desapariciones y ejecuciones extrajudiciales cometidas por efectivos militares contra estudiantes de la Universidad Nacional del Centro entre 1989 y 1993, que investigaba el Ministerio Público. Sin embargo, fue extraído y denunciado de forma aislada.
En el 2006 se abrió instrucción contra el jefe político militar del Frente Mantaro de 1990, Manuel Delgado Rojas, y su jefe de Estado Mayor, Elías Espinoza del Valle. Pese a las evidencias que demostraron que los secuestros fueron práctica violatoria de los derechos humanos aplicada a la lucha antisubversiva, la Sala Penal Nacional los absolvió el 2010. La Corte Suprema anuló esta sentencia y en abril del año pasado se inició un nuevo juicio oral.
Segundo proceso
Por otro lado, en abril del 2010, el Primer Juzgado Penal de Huancayo abrió proceso a Delgado Rojas y jefes militares de otros años, entre ellos el general Luis Pérez Documet (1991), por la desaparición de un grupo de estudiantes de la Universidad del Centro.
Desde fines del 2011 este caso se encuentra en la Fiscalía Superior Penal Nacional, en espera de que presenten la denuncia fiscal y así puedan proseguir las investigaciones.
Clave
El abogado de las víctimas, Carlos Rivera, del IDL, pidió celeridad en las investigaciones y que se valoren adecuadamente las pruebas. Por lo pronto, la sesión prevista para ayer en el caso de Fernández se suspendió hasta el 4 de marzo.
Publicado en La República el 15 de febrero de 2013