Washington, oct. 28 (ANDINA). El pedido de arresto domiciliario planteado por el expresidente Alberto Fujimori constituye un imposible jurídico que no debe proceder, y su eventual aceptación sería ilegal y despertaría el rechazo internacional, advirtió hoy la Oficina en Washington sobre Asuntos Latinoamericanos (WOLA).
Jo Marie Burt, asesora principal de WOLA“La detención domiciliaria es una medida preventiva preliminar cuando se abre un proceso judicial contra un acusado, pero no procede si existe una condena a prisión efectiva”, precisó Jo-Marie Burt, profesora de la Universidad de George Mason y asesora principal de WOLA.
Según recordó, el exmandatario fue condenado unánimemente por un tribunal de la Corte Suprema del país en un “proceso limpio, transparente e imparcial”.
“El mundo entero saludó a Perú por su capacidad de sentar en el banquillo de los acusados a un ex jefe de Estado y procesarlo por graves violaciones de los derechos humanos, así como varios actos de corrupción”, indicó a la Agencia Andina.
Refirió, además, que Fujimori fugó del país y llegó a ser procesado debido a su extradición, tras lo cual fue condenado por todos los cargos en su contra.
“También es importante recordar que la condena de 25 años por ser autor mediato de los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta fue ratificada por otro tribunal de la Corte Suprema, también unánimemente”, añadió.
Para Burt, las maniobras para liberar a Fujimori no solamente constituyen una afrenta a las víctimas, sino que también le hacen daño al sistema de justicia.
Sostuvo que insistir en buscar maneras de obviar una sentencia de la justicia demuestra una actitud antidemocrática y de falta de respeto a la ley.
Mañana martes a las 15:00 horas el juez supremo Segundo Morales Iparraguez resolverá el pedido de arresto domiciliario planteado por el exmandatario, tras la audiencia llevada a cabo el último viernes.
En la actualidad, Fujimori cumple una sentencia de 25 años de prisión efectiva por los delitos de homicidio calificado, lesiones graves y secuestro agravado por los casos Barrios Altos y La Cantuta, y los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y del empresario Samuel Dyer Ampudia, ocurridos durante su gobierno (1990-2000). También fue sentenciado por actos de corrupción.
Publicado en Andina el 28 de octubre de 2013