- Un testimonio revelador es el de David Ccayo, hoy burgomaestre de un pueblo que en 1988 vio morir a 39 comuneros, entre ellos varios miembros de su familia, a manos de militares. 27 años después sigue buscando justicia
Por Ivan Vicente
David Ccayo Ipurre tenía nueve años cuando el 14 de mayo de 1988 un grupo de militares fuertemente armados ingresó a caballo a Cayara, distrito de la provincia Víctor Fajardo (Ayacucho), y mató a los comuneros acusándolos de ser terroristas. Hoy, 27 años después de esta tragedia, y convertido en el alcalde de la Municipalidad Distrital de Cayara, busca justicia para él y para los más de 100 familiares de la Asociación de Víctimas de la Violencia Política.
Luego del proceso contra la jueza, en el que se pide su cambio, se procederá al juicio oral, donde se denuncia como responsable de estos actos violentos en Cayara al general José Rolando Valdivia Dueñas, que habría ordenado a un total de 200 soldados capturar a los delincuentes subversivos que participaron del ataque terrorista del 13 de mayo en el distrito de Erusco y que se toma como pretexto para un desplazamiento militar a Cayara.
“Yo soy parte de esta tragedia”, nos dice Ccayo. Ese día (14 de mayo de 1988), temporada de buena cosecha, llegó junto a su abuelo David a la chacra, en un lugar conocido como Acobamba, en la localidad de Qechua, en la zona de Qachuaypampa, donde ocurrieron los hechos.
Antes de iniciar la jornada de trabajo, su abuelo realizó la tradición inca de leer las hojas de coca: “Manan imapas pasacunqachu tranquilullaman kanqa” (no va a pasar nada, todo está tranquilo), dijo, augurando bienestar y buen día.
Luego, como al mediodía, regresaron a Cayara llevando cuatro sacos de maíz. Mientras el pequeño David descarga los sacos en su casa, un militar entra en su patio. No había nadie.
-¿Tu mamá?
-En la chacra.
-¿Tu papá?
-En el cielo (su papá falleció en el 86).
“Yo lo vi tranquilo, le di esas respuestas y se regresó, no dijo nada, tampoco me pareció extraño. Para mí fue normal porque siempre venían a inspeccionar de la base de Huaylla, que está a media hora de Cayara”, agrega el alcalde.
Un día antes de esta tragedia (13 de mayo) –recuerda Ccayo–, un destacamento de Sendero Luminoso emboscó a dos camiones portatropas en Erusco. El ataque dejó 15 heridos y murieron un capitán, un sargento y dos cabos.
Enterado de esto el jefe político militar de Ayacucho, el general José Valdivia, ordenó realizar el Plan Operativo Persecución a un fuerte contingente militar de diez patrullas, con 20 soldados cada una, para encontrar a los terroristas que mataron a sus compañeros y se apropiaron de su armamento.
Los militares llegaron a Cayara a las nueve de la mañana y mataron a una persona en la entrada del pueblo.
Eran las celebraciones por la Virgen de Fátima, los militares adujeron que los pobladores festejaban el ataque terrorista del día anterior. Detuvieron a cinco personas y las metieron dentro de la iglesia. Se escucharon disparos. Días después los cuerpos fueron encontrados en un lugar conocido como Quimsahuayco.
“Mi abuelo se adelantó por la huerta para llegar a Qechua. Bajamos por la ladera y llegamos a Qullpacha y de ahí miramos a la zona de Qechuapata, que está en una parte alta”, explica el alcalde, que de pronto, como una aparición, vio en ese momento llegar a un grupo de jinetes vestidos completamente de negro –los heraldos negros que nos mandan la muerte–, pero eran militares encapuchados y armados.
Los soldados se desplazaban por la pampa. El primer batallón que llegó, juntó a todos en Qachuaypampa. Separaron a las personas mayores, entre ellos a su abuelo David, y a los jóvenes; dejaron a las mujeres y niños juntos.
El que estaba al mando hablaba del ataque terrorista donde murieron soldados. “Y lo decía con furia, rabia y cólera. Decía que su familia había perdido la vida y nos decía que nosotros éramos los terrucos”, cuenta el burgomaestre.
El ruego de las mujeres arrodilladas que pedían que no les hagan nada no fue suficiente. Un segundo batallón que había estado bebiendo alcohol mientras saqueaban el poblado se ensañó con más violencia contra los detenidos, a quienes incluso les colocaron pencas de tuna en la espalda hasta hacerlos sangrar.
De pronto realizaron disparos al aire y botaron a todas las mujeres, niños y jóvenes. Todos empezaron a correr a su suerte, para todos lados, pero con dirección al pueblo. Estaba oscureciendo, eran las cinco o seis de la tarde. Los mataron uno por uno.
“Uno de mis primos estaba regresando con mi tía llevando los documentos de su papá. Toda la gente estaba llorando, gritando, pidiendo auxilio, pero nada”, narra el burgomaestre sobre la matanza que duró cerca de tres horas.
Al día siguiente, por la mañana, aparecieron militares. Los familiares de los asesinados quisieron llegar al lugar de la masacre, pero no los dejaron.
Recién dos días después, el 16 de mayo, pudieron recorrer la zona. El alcalde recuerda que en el camino encontró la correa de su abuelo, la reconoció porque la hebilla tenía la inicial de su apellido; más allá, junto a un molle, su chaleco. Buscaron su cuerpo y no lo encontraron. En una chacra encontraron tres o cuatro fosas, en otra chacra igual. Por la noche se hizo una pequeña misa, se prendieron velas y eso fue todo. Nadie se atrevió a desenterrar los cadáveres.
“Al día siguiente llegó un helicóptero y fuimos donde estaban las fosas y no había nada, ningún cadáver. Los habían desaparecido. Se encontraron las fosas abiertas y no encontramos nada”. Añade: “Días después llegó el presidente Alan García a Cayara. Me acuerdo de que estuvo en el municipio, no recuerdo qué habló”.
Después instalaron una base militar en la escuela de Cayara. Las personas que estuvieron presentes en la matanza, como Fernandina Palomino, Justiniano Tinco, Antonio García Tipe y Jovita García Suárez, fueron desapareciendo. Pasaban una lista y se los llevaban. Nunca más se supo de ellos.
LA DENUNCIA Y ALAN GARCÍA
Diez días después de la matanza, las víctimas interponen la denuncia en Ayacucho que pasa a Carlos Escobar, fiscal especial comisionado por el Ministerio Público para casos de Desaparición Forzada de Personas en Zonas de Emergencia, quien en el informe que presentó al fiscal supremo Pedro Méndez el 13 de octubre de 1988, remitida al fiscal de la Nación al día siguiente, consigna 29 muertos y 45 desaparecidos. Aunque se encontraron solo tres cadáveres, hay 40 testigos que afirman haber visto la muerte de esas personas y que las evidencias que estaban enterradas en las fosas fueron retiradas por el Ejército.
Escobar cuenta en una entrevista que tras reunirse con Alan García, este se comprometió a llevar médicos de Lima para realizar las exhumaciones y los peritajes, pero estos llegaron una semana después. Las fosas estaban vacías y las manchas de sangre de la iglesia fueron borradas.
Meses después el fiscal conversó con el coronel Rafael Córdova, segundo de José Valdivia, y le contó que luego de su entrevista con Alan, viajó junto al presidente a Cayara y él ordenó personalmente retirar los cadáveres y borrar los rastros de sangre.
La oficina de Córdova fue cerrada, luego destituido de su cargo y hasta amenazado. Terminó asilándose en Estados Unidos.
“Cuando Alan García asume su segundo gobierno, pensamos que el tema Cayara podría ser retomado, quizás para él hubiera sido uno de los puntos importantes en su agenda, pero lamentablemente no fue así”, expresa el alcalde Ccayo, que muestra una serie de invitaciones que realiza a congresistas, la primera dama y el presidente, a quienes solicita su presencia en la inauguración del Sitio de la Memoria este 14 de mayo.
Con la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), en el 2005, se inician las investigaciones en Cayara. Se recogen testimonios de las personas que estuvieron presentes. Pero, a pesar de las evidencias, el fiscal provincial Jesús Granda Olaechea, que fue designado para ampliar las investigaciones de Escobar, extrañamente determinó que la muerte de 18 personas se produjo por enfrentamiento de los subversivos con las fuerzas del orden.
“Tampoco se cometieron delitos por daños, robo, saqueo, contra la libertad individual, incendio, contra la libertad sexual y contra la administración de justicia. Por ello, ordenó archivar provisionalmente la investigación”, indica el informe de la CVR.
En ese mismo año, el 19 de mayo, la fiscal especializada en derechos humanos Cristina Olazábal denunció penalmente ante el Poder Judicial a Alan García por presunta responsabilidad en los delitos de omisión impropia –por no impedir ni denunciar el hecho en su calidad de presidente de la República– y encubrimiento personal, también fue denunciado Valdivia y 123 personas involucradas.
El 1 de julio la jueza Miluska Cano absuelve a García y a otros altos mandos políticos, ministros y efectivos militares implicados.
Sin embargo, ahora se espera el momento del juicio. 27 años después.
“Kuyasqanchikuna Yuyanapaq”
Este 14 de mayo Qachuaypampa será declarado Sitio de la Memoria “Kuyasqanchikuna Yuyanapaq” por la municipalidad distrital de Cayara debido a los hechos ocurridos en 1988. En ese lugar se levantará un mausoleo en memoria de los asesinados y por las muchas víctimas que allí dejó la violencia.
Además, se declarará esta fecha como Día de la Memoria para que sea celebrada cada año y contará con la participación de la comunidad ucayalina.
Previa a esta ceremonia principal, el 12 de mayo, en Lima, se llevará a cabo la misa por las víctimas del caso Cayara, que contará con la participación de la organización de residentes y autoridades. Ese mismo día se hará una caravana que partirá de Lima hacia Huamanga.
El día 13 de mayo, en la plaza de Huamanga, se realizará una vigilia y el mismo día 14 se continuará con la caravana de Huamanga hasta Cayara.
Finalmente, el evento concluirá con la colocación de la primera piedra de lo que será la construcción del mausoleo que tendrá una presentación teatral a cargo del colegio Ricardo Palma.
Ver también:
- Entrevista a David Ccayo, alcalde de Cayara, a 27 años de la masacre
- A 27 años de la masacre de Cayara, familiares de las víctimas exigen justicia
Publicado en Diario16 el 11 de mayo de 2015
