Ideeleradio.- La Fiscalía y el Instituto de Defensa Legal (IDL) apelaron la decisión del colegiado “A” de la Sala Penal Nacional, tribunal que absolvió a seis implicados en la desaparición forzada de dos pobladores en el cuartel militar Los Laureles, Tingo María, el 7 de mayo de 1990, informó Carlos Rivera, coordinador del Área Legal del IDL.
Fue al referirse a la absolución de Mario Brito Gomero, Jesús del Carpio Cornejo, Mario Salazar Cabrera, Miguel Rojas García, Robín Valdiviezo Ruiz y Máximo Camacllanqui Aburto, quienes eran acusados por la detención arbitraria y muerte de los ciudadanos Samuel Ramos Diego y Jesús Licetti Mego.
“Como corresponde el Ministerio Público apeló y nosotros lo haremos el día de hoy y suponemos y esperamos que a nivel de la Corte Suprema se ratifique la decisión que la suprema tomó hace dos años y que vayamos a otro juicio”, manifestó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.
Rivera Paz sostuvo que las absoluciones son una situación muy complicada que se viene presentado no solo en el caso Los Laureles, sino en otros expedientes de violaciones de derechos humanos. Indicó que la nueva necesidad de llevar el juicio genera una serie de complicaciones para la parte acusadora y específicamente para la familia.
“Lamentablemente, esta es una situación muy complicada que se viene presentado no solamente en el caso Los Laureles, en el caso de la Universidad del Centro, en el caso Pucará, en el caso de los desaparecidos de la localidad de Matero. Son nuevos juicios, que es cierto pareciera una nueva oportunidad de la justicia, pero termina siendo una suerte de postergación indefinida de las aspiraciones de justicia de los familiares, pero además plantea una serie de problemas”, detalló.
“En este juicio de Los Laureles, por ejemplo, uno de los principales testigos era la esposa del señor Ramos Diego, la señora Belinda Ruiz. La señora dio un testimonio valiosísimo en el primer juicio, pero en el segundo ya no pudo estar, porque falleció de cáncer, y por lo tanto, los nuevos juicios a pesar que permiten una nueva acción de la justicia, pero en realidad termina generando problemas para las partes acusadoras”, subrayó.
Dos procesados no fueron al juicio
Opinó, del mismo modo, que el tribunal que preside Victoria Sánchez Espinoza ha “premiado” con esta absolución a los implicadod. Mencionó que incluso le llamó la atención que dos de los implicados no hayan acudido a la lectura de sentencia.
“[¿El general Miguel Rojas y Máximo Camacllanqui no fueron a la lectura de sentencia?] Efectivamente, ese es un dato muy importante, porque ya en el primer juicio del año 2008 y 2009 se había puesto en evidencia la responsabilidad del ahora general Miguel Rojas García y del elemento de inteligencia que había detenido a Samuel Ramos y Jesús Licetti. En este juicio eso se había ratificado con una mayor solidez y coherencia y justamente un indicativo de eso es que el día de ayer es evidente que ambos tenían un temor absolutamente fundado que podían ser condenados y no asistieron a la lectura de sentencia”, declaró.
“Eso para cualquier conocedor del litigio penal significa que el propio procesado tiene absoluta convicción de su propia responsabilidad y por eso está evadiendo la acción de la justicia, pero creo que sus cálculos no tomaron en consideración esta particular ligereza y deficiente valoración de la prueba con que el tribunal iba a actuar y ayer han sido premiados con esta absolución que los excluye de toda responsabilidad”, agregó.
Absolución fue un hecho sorpresivo
El letrado opinó que la absolución de los procesados es un hecho sorpresivo porque el caso Los Laureles fue un tema investigado por la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) y presentado al Ministerio Público. Cuestionó que el Poder Judicial no haya condenado a los responsables, a pesar de que la Fiscalía y la parte civil tenían la absoluta convicción de que es un caso de una grave violación a los derechos humano.
“Desde la Fiscalía y la parte civil tenemos la absoluta convicción que estamos en un caso de una grave violación a los derechos humanos, que daba cuenta de una desaparición de dos personas por parte de elementos del Ejército. A pesar de ello, se ha emitido una sentencia en la que el tribunal ha absuelto a todos los elementos militares, tanto oficiales como subalternos”, refirió.
Jueces no dicen qué pasó con desaparecidos
Rivera Paz cuestionó, en ese sentido, que los jueces no hayan cumplido con su función de esclarecer los hechos, pues no solamente no tomaron en cuenta la evidencia ni dieron una explicación coherente y razonable sobre qué paso con estos ciudadanos. Recordó que el hecho ocurrió el 7 de mayo de 1990, día en que fueron detenidos por elementos militares los ciudadanos Samuel Ramos Diego y Jesús Licetti Mego, quienes transitaban por las calles de Tingo María en una moto.
“Inclusive, en la moto iba el hijo del señor Ramos, un niño de 10 años, que es testigo de la particular violencia, la brutalidad, con que su padre y su amigo eran detenidos. Él niño quedó ahí desamparado y siendo testigo de todo lo que estaba ocurriendo. […] El hecho concreto es que Samuel Ramos Diego y Jesús Licetti Mego, desde el 7 de mayo de 1990 están en condición de desaparecidos, no han aparecido jamás”, declaró.
“Por lo tanto, tenemos una sentencia bastante no solo insuficiente en términos de valoración de la prueba, sino absolutamente deficiente en términos de explicar qué ocurrió, porque si bien es cierto declara la absolución de los acusados, pero no dice que pasó con Samuel Ramos Diego y Jesús Licetti Mego, a partir del siete de mayo de 1990”, indicó.
Publicado en Ideele Radio el 5 de noviembre de 2013
