- Familiares de Víctor Araujo Garzón lo acusaron ante la Fiscalía Superior de Investigación de Desaparecidos de Ayacucho. El documento está en uno de los 67 expedientes que se abrieron en la Fiscalía Especial encargada de los Asuntos de la Defensoría del Pueblo y Derechos Humanos. La República encontró testigos de estas detenciones arbitrarias que también lo mencionan. Son casos para la Fiscalía.
Por María Elena Castillo H. y Elías Navarro, Huamanga
“Él es el capitán Arturo”, dice muy segura María Araujo Aroni, al ver la fotografía del exministro del Interior, Daniel Urresti. En ese momento su memoria retrocede casi 26 años, al 14 de diciembre de 1988, cuando su padre, Víctor Araujo Garzón, fue detenido por una patrulla militar.
Juana Araujo identificó al ex ministro Daniel Urresti como
el “capitán Arturo”. Recuerda que en 1988 su madre,
Melchora Aroni, le increpó: “Tú has venido y lo has traído
a mi esposo”. (Foto: FOTOS: ELÍAS NAVARRO)Esa mañana el campesino de 65 años trabajaba en su chacra de maíz, ubicada en el anexo de Huayhuas, en las afueras de Huanta. Cerca del mediodía una patrulla del Ejército llegó al lugar y se lo llevó en un vehículo militar rumbo al Cuartel de Castropampa.
“Mi mamá, Melchora Aroni Santa Cruz, llegó desesperada a Huanta y buscamos abogado pero no quiso asumir la defensa. Nos dijo: entren ustedes solas. Entonces fuimos llevando comida y cuando llegamos a la puerta del cuartel estaba este capitán Arturo”, relata a La República.
Cuenta que les gritó que no había ninguna persona detenida y las conminó a marcharse.
“Mi mamá le increpó diciéndole: ¡Tú le has traído!”, refiere María. Respondió amenazante: “¡retírense, carajo!”. El oficial tenía un fusil en el hombro y una pistola en la cintura.
Al día siguiente, doña Melchora –entonces de 70 años y hoy fallecida– acudió a la Fiscalía Provincial Mixta de Huanta y presentó la denuncia, tal como figura en el Expediente N° 624-88, que terminó remitiéndose a la Fiscalía Especial encargada de los asuntos de Defensoría del Pueblo y Derechos Humanos.
Cinco días después de la detención, el jefe político militar de Huanta, Víctor La Vera Hernández –utilizando el seudónimo “Javier Landa Dupont”–, negó que personal bajo su mando lo haya intervenido.
Sin embargo, don Víctor no aparecía. Por el contrario, el 29 de diciembre, otra patrulla militar ingresó a la casa de la familia Araujo Aroni y se llevó a Sofía, su hija de apenas 14 años. En ambas acciones se identificó la participación de un oficial apodado ‘Mataperro’.
ACUSACIÓN DIRECTA
María recuerda que mientras esperaban, salió de la base un hombre que disimuladamente les aseguró que había personas detenidas, “dentro de rejillas”.
“Mi mamá fue a Huanta a comprar para el almuerzo, diciendo quizás me hagan entrar con la comida. El capitán se molestó y nos apuntó con su arma diciendo que nos iba a disparar si no nos íbamos”, refiere.
El oficial siguió negando que hubiera detenidos en la instalación militar y que él haya ido con la patrulla a Huayhuas, pero doña Melchora lo había visto y pese al temor, le insistió: “¡Tú has venido y lo has traído a mi esposo!”, le enrostró.
Su acusación directa quedó registrada en la denuncia escrita por detención arbitraria que presentó su nuera, Aurelia Ricra Chocce, el 17 de marzo de 1989, a la Fiscalía Superior de Investigación de Desaparecidos, en Ayacucho, y que por primera vez sale a la luz.
“Interpongo denuncia por la detención arbitraria de mi suegro, Víctor Araujo Garzón, quien fue detenido el 14 de diciembre de 1988, en la localidad de Huayhuas, de comprensión de la provincia de Huanta, por los miembros del Ejército acantonados en la base militar de Castropampa capitaneado por el capitán apodado Arturo”, dice el documento que hasta ahora estaba olvidado en el expediente que se guarda en el Centro de Información para la Memoria Colectiva de la Defensoría del Pueblo.
Por la fecha en que fue presentado este recurso, no se puede argumentar que tuvo un trasfondo político, como afirmó el ex ministro Daniel Urresti cuando el mayor (r) Amador Vidal Sanbento, uno de los condenados por el crimen del periodista Hugo Bustíos (en noviembre de 1988), lo involucró en el asesinato.
DIFÍCIL INVESTIGAR
Por esos años, la máxima autoridad en la zona era el jefe del comando político militar y no era sencillo investigar las denuncias sobre desapariciones que llegaban a la fiscalía provincial, principalmente las que responsabilizaban a miembros de las fuerzas del orden.
El expediente por la desaparición de Víctor Araujo y su hija Sofía tiene apenas 31 folios: solo hay declaraciones de doña Melchora; la denuncia de Aurelia; un oficio del jefe militar de Castropampa y otro del Cuartel Los Cabitos, de Huamanga, negando las detenciones; varios pedidos de las fiscalías provincial de Huanta y superior de Ayacucho, así como dos partes de la entonces Policía de Investigaciones del Perú (PIP), dando cuenta de las diligencias que realizaron sobre estos casos.
El documento policial en torno a Víctor Araujo señala escuetamente que su nombre no estaba en el Libro de Detenidos de esa institución, ni en la Comisaría de la Guardia Civil y que no tiene antecedentes.
Como parte de su análisis, indica que no se ha podido probar que fuera intervenido por efectivos militares porque mediante un oficio “informó el jefe político militar que el personal a su mando no había intervenido a la persona en mención”. Sin embargo, no se hizo ninguna inspección en el lugar. Algo similar determinó para el caso de Sofía.
SON 67 CASOS
Casi la misma historia se repite en las 67 denuncias por desaparición forzada ocurridas durante 1988 en Huanta, que mostraría un patrón de operaciones ilegales como parte de la lucha contrasubversiva como ocurrió en 1983 en el Cuartel Los Cabitos, en Huamanga, y por los que se está procesando judicialmente a todo el Estado Mayor.
En 1988 el Estado Mayor del Cuartel de Castropampa, en Huanta, estaba formado por el jefe político militar, Víctor La Vera Hernández –condenado por el asesinato del periodista Bustíos–; el jefe de la Sección de Personal (S-1), Manuel Contreras Rodríguez; el ex ministro Daniel Urresti como jefe de Inteligencia (S-2); el jefe de Instrucción y Operaciones (S-3), José Salinas Zuzunaga; y el jefe de Asuntos Civiles, Amador Vidal Sanbento, más conocido como ‘Ojos de Gato’.
A todos ellos les toca responder por las desapariciones, entre ellas la de Julio Tinoco Sánchez, de 33 años, quien fue sacado la noche del 25 de mayo de 1988 de la casa de sus padres, en el anexo de Cangari, donde pernoctaba tras haberlos ayudado en las faenas agrícolas.
Al día siguiente su esposa, Remigia Muñoz Rimachi, denunció su secuestro ante el fiscal provincial de Huanta. Tanto allí como en Huamanga relató que se lo llevaron miembros de una patrulla militar.
Como en todos los casos, el jefe del Comando Político Militar de Huanta negó el operativo, lo que fue suficiente para que la PIP concluya que el Ejército no lo intervino.
Sin embargo, Tinoco era sospechoso de terrorismo, pues en enero de ese mismo año fue detenido y acusado de ser mando político de Sendero Luminoso. Estuvo detenido nueve días, saliendo con libertad incondicional mientras el proceso se veía en el Poder Judicial. Al ser consultado por la fiscalía que investigaba su desaparición, el Juzgado de Instrucción de Huanta respondió que en su informe final no se le encontraba responsable del delito que se le imputaba. La absolución llegó muy tarde.
Doña Remigia cuenta a La República que los militares ingresaron primero a su casa y al no encontrar nada fueron a la vivienda de sus suegros. Ella vio a los militares, y después se enteró de que a uno de ellos lo llamaban “capitán Arturo”.
“Al día siguiente, embarazada y con mis seis hijos, fui al cuartel a que me entreguen a mi esposo. Me dijeron burlándose que no lo habían traído y me amenazaron diciendo que si no me iba me matarían. Los militares disparaban al aire y nos regresamos asustados y llorando con mis hijos”, cuenta demandando justicia y que le entreguen el cuerpo de Julio.
MÁS DENUNCIAS
© La RepúblicaEn la mañana del 10 de setiembre de 1988 militares uniformados y otros vestidos de civil llegaron a Huayhuas y encontraron a Rufino Limaquispe Huamán, de 22 años, levantando muros en la casa de una vecina.
Su esposa, Rosa Pineda Ccasapuma, fue testigo de la detención.
“Haciendo disparos al aire uno de ellos dijo: ¡salgan afuera y échense, carajo! Y empezaron a golpear. A mi esposo lo amarraron las manos hacia atrás con soga y a mí me encerraron en un cuarto junto con mi concuñada y mis dos hijas”, refiere, y agregó que se lo llevaron con dirección a Huanta.
Cuando fue a buscar a su esposo al cuartel, encontró a varias personas que decían que el ‘capitán Arturo’ se había llevado a sus familiares.
Unas semanas antes, exactamente el 16 de agosto, fue detenida Felícita Sánchez Delgadillo, de 24 años, en el Pago de Pampachacra. Su hermana, Paulina, no ha podido olvidar ese día, aún llora porque no pudo hacer nada para evitarlo.
Como no aparecía, Paulina y su esposo, Feliciano Ccapcha Medina, buscaron al periodista Hugo Bustíos, que era muy amigo de Filomena, para que los ayude a encontrarla.
“Hizo un escrito para presentar en cuartel Castropampa. Bustíos me dijo: si lo han llevado al cuartel ya lo van a desaparecer. Pero de todas maneras hay que presentar”, comenta Feliciano.
Y efectivamente, como en todos los casos que hemos mencionado, la joven nunca más volvió a aparecer.
Congresista Gutiérrez: Denuncian a Urresti por entrar en la política
El vocero de la bancada de Gana Perú y dirigente del Partido Nacionalista, Josué Gutiérrez, sostuvo que el pecado del ex ministro del Interior Daniel Urresti ha sido incursionar en política, aclarando que en este momento no se está pensando en candidaturas presidenciales.
“Hay adversarios políticos que nos miran como enemigos y quieren desprestigiarlo”, manifestó, calificando ese hecho de “politiquero”.
Refirió que si fuera abogado seguramente buscarían si está ligado a la red mafiosa de Rodolfo Orellana, pero como es militar lo quieren responsabilizar de las violaciones de derechos humanos cometidas en los años 80 y 90. “Dicen: hay que ver cuántos muertos y desaparecidos hay para achacárselos. Estos temas deben aclararse y sin duda lo va a hacer “, expresó.
Gutiérrez, elegido por Huánuco, contó que tiene un tío desaparecido en los años de violencia y que lo importante debería ser ubicarlos y devolverlos a sus familiares.
La República se comunicó con el exministro Urresti, quien se excusó de declarar porque tiene un proceso judicial (por el asesinato del periodista Hugo Bustíos) y que lo hará su abogado, cuando contrate uno.
Publicado por La República, el 16 de marzo de 2015