- Ronald Gamarra denunció el caso que conllevó a una reciente exhumación en Ayacucho, donde está el 70% de sitios de entierro
Por RENÉ ZUBIETA PACCO – @renezp
Ronald Gamarra denunció el caso Putaccasa (Ayacucho),
que conllevó a exhumar una fosa encontrando restos de
al menos 17 comuneros que murieron en 1985. En esa línea,
sostuvo que muchos casos son iniciativas de la sociedad
civil y no del Estado, al que cuestionó por esperar denuncias
e investigaciones fiscales para recién actuar.
(Fotos: USI / Ministerio Público)Del 15 al 20 de junio, la Segunda Fiscalía Supraprovincial de Ayacucho encabezó la exhumación de restos óseos de al menos 17 campesinos de Vilcashuamán. Estaban en una fosa en el en el anexo de Putaccasa, distrito de Sacsamarca, en Huanca Sancos. Se trata de uno de tantos casos de desapariciones durante la época de violencia en el Perú (1980 – 2000). Fue denunciado en diciembre pasado tras un trabajo conjunto entre el Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF) y la Comisión Internacional de Juristas, cuyo abogado en nuestro país es Ronald Gamarra. El ex procurador en investigaciones sobre corrupción y violaciones a los derechos humanos resalta justamente la necesidad de que exista una política de búsqueda de personas desaparecidas.
— Son 15.731 las personas desaparecidas entre 1980 y el 2000, según cifras oficiales. ¿Pero cuál sería la cantidad real?
El Estado debe señalar una cifra objetiva y real. No la hay, solo existen datos diversos que no coinciden. Se requiere un listado completo, y después se pueden discutir responsabilidades. Lamentablemente, el número crecerá con el tiempo y los avances de las investigaciones. Ya pasaron 30 años.
— ¿Qué se necesita hacer para agilizar este proceso?
Lo que se requiere es una política pública de búsqueda de desaparecidos, aunque no haya denuncia, con una idea de encontrarlos y entregarlos. Es un tema más humanitario que estrictamente legal, encaminado a atribuir responsabilidades.
— ¿Cuáles son las principales dificultades para realizar las investigaciones?
Son hechos acontecidos hace mucho tiempo. Los testigos son los propios familiares, hay pocos testigos después de tres décadas. A quienes detuvieron, desaparecieron o mataron son personas de entre 15 y 40 años. Los denunciantes son o fueron los padres. Han fallecido, están ancianos o enfermos. Las fiscalías no cuentan con todos los recursos, habría necesidad de más fiscales y un subsistema al interior del Ministerio Público específicamente para la recuperación de restos. Y no lo hay.
— En algunos casos o procesos, las iniciativas no han sido del Estado…
Son de los familiares y de la sociedad civil. El Estado no está buscando a los desaparecidos. Es duro o fuerte decirlo, pero el Estado no los está buscando. Solo cuando hay una denuncia de parte –apoyada por la sociedad civil– se inicia una investigación fiscal. Y es allí en todo caso donde el Estado empieza a buscar. Pero por voluntad propia, no.
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Publicado por El Comercio, el 29 de junio de 2015