Por Nelson Manrique
La demanda de un indulto humanitario para Alberto Fujimori tiene el potencial de convertirse en un punto de quiebre para la precaria democracia peruana.
© El ComercioEl indulto es una facultad que la Constitución otorga al presidente bajo condiciones muy precisas, y estas excluyen a Alberto Fujimori de este beneficio: no existe indulto para los delitos de lesa humanidad ni para los casos de secuestro agravado, ni en la legislación peruana ni en la internacional. Ironías de la vida: fue Fujimori quien introdujo la Ley 26478 por la cual los responsables de secuestro agravado no pueden ser indultados. El indulto, por otra parte, supone un perdón que no borra ni el delito ni la culpa, pero Alberto Fujimori rechaza la sentencia, no se arrepiente ni pide perdón y se declara inocente, a pesar de haber aceptado su culpabilidad en los delitos de corrupción para no ir a juicio.
A pesar de que legalmente el indulto es inaceptable está en marcha una gran campaña mediática orquestada por la derecha y el fujimorismo –que cuenta con el apoyo de Cipriani y el Opus Dei– para demandarlo, alegando “razones humanitarias”, precisamente las mismas que Fujimori negó a sus víctimas. Hasta ahora el Ejecutivo se ha pronunciado a través de la ministra de la Mujer, Ana Jara, quien ha afirmado que el presidente tomará la decisión “sin presión alguna” y se guiará por consideraciones de tipo jurídico, emanadas del ministerio de Justicia. ¿Será una coincidencia que en este contexto Ana Jara haya invitado a la vicepresidenta Marisol Espinoza –quien ha mostrado su independencia de criterio– a “dar un paso al costado” si no se cuadra?
En este contexto, es llamativo que Carlos Tapia, otrora asesor presidencial, haya salido en Radio Panamericana a aconsejar a Ollanta Humala que indulte a Alberto Fujimori porque “le conviene políticamente”. Según ha explicado, la opinión pública no vería mal el indulto, pues la enfermedad de Fujimori ha generado una corriente de simpatía hacia el reo: “Mientras más demore el indulto… más debilitada estará la imagen de Ollanta Humala como presidente”, afirma. Aparentemente Tapia conoce algo sobre la opinión pública que los demás ignoramos. Volvió a ratificarse en el programa “No culpes a la noche” y sostuvo que a Humala le convendría otorgar el indulto ahora, para no darle una “resonante victoria” al fujimorismo (sic). A la pregunta de Milagros Leiva de si Gana Perú lograría con esto la “Ley Nadine”, un incómodo Tapia contestó que “seguramente habrá agradecimientos políticos” y que estos, en democracias débiles, “se arreglan por debajo de la mesa” (http://elcomercio.pe/actualidad/1475256/noticia-ollanta-humala-le-convie…). Aunque un día después Tapia afirmó que no cree en el indulto y que este “no es beneficioso para la democracia” lo dicho queda y el objetivo de banalizar una decisión que viola nuestro ordenamiento jurídico se ha logrado.
Tapia ha hecho una larga carrera como político izquierdista, ha sido miembro de la CVR y no es una persona que ignore las implicaciones de lo que declara. ¿Qué justifica su viraje a favor del indulto que demanda el fujimorismo? Creo que la clave la ha brindado Milagros Leiva al sugerir que lo que se está negociando es un indulto a Fujimori a cambio del apoyo de los fujimoristas para cambiar la Ley Orgánica de Elecciones y permitir que Nadine Heredia sea candidata el 2016; ya Keiko Fujimori insinuó en abril que podría prestar el apoyo de su bancada parlamentaria para hacerlo, oferta que fue saludada con alborozo por el entonces premier Daniel Abugattás (http://bit.ly/HwVD9Q). Justificar el indulto –como lo hace Carlos Tapia– podría leerse como una manera de ofrecerse como un operador político capaz de defender “desde la izquierda” una medida que va a movilizar grandes resistencias.
Naturalmente, Keiko solo convertiría a Nadine en su mayor competidora electoral a cambio de un bien mayor: la libertad de su papá; finalmente, la razón de ser del fujimorismo es su liberación. Aparentemente se vendrían desarrollando varias negociaciones paralelas para lograrlo, incluyendo el apoyo del nacionalismo a la incorporación de apristas y fujimoristas –se habla de Rolando Souza, el ex abogado defensor de Fujimori– al Tribunal Constitucional, preparando una eventual “interpretación auténtica”.
Tiene la palabra Ollanta Humala.
Publicado en La República, el 02 de octubre de 2012