Noviembre, durante una tibia tarde de primavera en Lima, varias personas realizan una vigilia en las afueras de la Corte Penal Nacional (1), horas antes de que se expida el veredicto en el caso Parcco-Pomatambo. En el centro de la vigilia se encontraba una antigua balanza adornada con rosas y velas. Muchas de las mujeres que estaban sentadas alrededor llevaban colgadas al cuello fotografías de sus familiares, víctimas del caso Parcco-Pomatambo.Una pequeña pancarta en el piso rezaba: “Los familiares del caso Parcco- Pomatambo estamos esperando una sentencia justa”.
Han estado esperando por 24 años
sentencia en el caso Parcco-Pomatambo, noviembre 2010.
Foto cortesía Kristel Best UrdayEn 1986, en un operativo contrasubversivo, una patrulla del ejército ejecutó a doce miembros de las comunidades vecinas de Parcco-Pomatambo, en las alturas de Ayacucho, epicentro del conflicto entre Sendero Luminoso y el Estado peruano. Según la Comisión de la Verdad y de la Reconciliación (CVR), después de la masacre, el comandante militar de la región llegó en helicóptero al lugar de los hechos y ordenó a los soldados que destruyeran toda evidencia. Los cuerpos fueron desmembrados, quemados y tirados a una quebrada. Los soldados no realizaron estos actos a escondidas, sino a ojos y vista de varios testigos. Después de una investigación hecha por el periodista Gustavo Gorriti y el fotógrafo Oscar Mendrano, el ejército admitió los asesinatos en un comunicado, pero arguyó que las víctimas eran miembros de Sendero Luminoso. Se contaba entre los muertos una pareja de ancianos de unos ochenta años y dos niños de seis y nueve años.
Alumbrando la justicia. Irene
Ramírez Buitrón (izquierda).
Foto de Kristel Best UrdayEntre los familiares de las víctimas presentes en la vigilia estaba Irene Ramírez Buitrón quien había perdido a sus padres, a un hermano y a dos sobrinos. La primera vez que la oí hablar en público sobre la masacre fue en agosto del año pasado, en un evento que la agrupación de familiares del caso Parcco-Pomatambo habían organizado en previsión de la sentencia que sería dictada prontamente en el caso judicial que se llevaba a caso en la Sala Penal Nacional. Habló con seguridad, pues gracias a su propia entereza, el miedo que había venido sintiendo durante años se fue transformando en fe de que por fin se alcanzaría justicia. Describió primero la masacre y sus secuelas; cómo el caso fue archivado por falta de pruebas durante, gracias a un sistema judicial que en esos años cobijaba la impunidad en casos de violaciones a los derechos humanos; y cómo ella y el resto de los familiares pasaron muchos años sintiéndose desesperanzados y aislados. La creación de la CVR en el 2001, dijo, hizo prender la esperanza que la verdad y la justicia podían prevalecer; y, en efecto, la CVR incluyó el caso Parcco-Pomatambo como uno de los 48 casos “emblemáticos” que investigó a fondo y recomendó para que sea procesado por las autoridades judiciales. Después de las demás presentaciones, miembros de la agrupación de familiares realizaron una danza tradicional y pusieron en escena una obra de teatro cuya mensaje fue un llamado a sus conciudadanos que empatizaran con su búsqueda de justicia. Al finalizar el evento, seis niños que vestían ponchos blancos desfilaron en el escenario llevando unos letreros que decían:
¡Nunca más
niños huérfanos
ni padres asesinados!
Se trataba de los nietos de las víctimas de la masacre de Parcco-Pomatambo
Los nietos y nietas de las víctimas de la masacre
Parcco-Pomatambo exigen el nunca más.
Foto de la autoraLa tranquilidad de la vigilia fue interrumpida cuando un grupo de veteranos del ejército, incluyendo a algunos en silla de ruedas, irrumpieron en el escenario. Tan solo unos metros más allá del lugar en que se llevaba a cabo la vigilia, habían desplegado un afiche con imágenes de diversos héroes nacionales precedidos por las palabras “Dios” y “Patria”. El afiche decía:
Dios y patria.
Héroes defensores de la patria. Asociación de Vivienda de Personal Descapacitados de las Fuerzas Armadas del Perú Gral. Juan Velazco Alvarado
Exijo: respeto por el personal descapacitados que lucharon por la paz, la democracia y los altos intereses del Perú.
Sr. Presidente: Alan García Pérez. El cuartél general de inválidos de las fuerzas armadas no se vende se defiende y si es necesario nuevamente derramaremos nuestra sangre por defender nuestros derechos, que por ley nos corresponde. ¡Lo responsabilizamos a Usted!
Kristel Best Urday, una estudiante peruana del máster de la Universidad de La Plata en Argentina que está escribiendo su tesis sobre el caso Parcco-Pomatambo, aseguró que los veteranos que habían llegado a la vigilia no habían asistido a ninguna de las audiencias de la Sala Penal, que se habían desarrollado durante todo el año anterior. “Los familiares se sintieron amenzados por su presencia”, afirmó Best Urday y añadió, “pero se mantuvieron tranquilos y no respondieron de manera alguna a las intimidaciones”. Una de mis colegas que estaba sacando fotografías en el evento, dijo que uno de los veteranos se le acercó y con desprecio le espetó : “así que estos son los familiares de los terrucos”.
La audiencia estaba programada a las 4:00 p.m. Todos se fueron acercando a la sala de espera para poder entrar. Había más de un centenar de personas, entre familiares de las víctimas, activistas de derechos humanos, parientes de los acusados, y los veteranos, todos ansiosos de ser admitidos a la sala donde se realizaría la lectura de sentencia. Los guardias de la Sala Penal advrtieron que solo habían 45 asientos disponibles y que no se autorizaría a nadie a permanecer de pie. Esto aumentó la ansiedad, ya enrarecida por la actitud de los veteranos, particularlmente luego que reclamaban que al ser minusválidos debía dejárseles ingresar primero, de otra manera, considerarían la situación como una discriminación hacia los discapacitados. El abogado de las víctimas intervino urgiendo al guardia de la Sala que dejara ingresar a los familiares de las víctimas, así como a los ancianos, en primer lugar. Al final, se autorizó a que permanecieran personas de pie y además fueron llevadas sillas suplementarias a la parte trasera de la sala, y los familiares y los ancianos fueron los primeros en entrar. Sin embargo, todavía se sentía tensión en el ambiente, aún más cuando los familiares de las víctimas se encontraron cara a cara con los familiares de los militares acusados por la muerte de sus seres queridos.
Me ha tocado ser testigo de situaciones similares en otros juicios en Perú. La semana anterior asistí a la primera audiencia del caso Accomarca, en el cual 29 miembros del ejército están siendo juzgados por la masacre de 69 campesinos, entre ellos varios mujeres y niños, en 1985. Estuvieron presentes para observar la audiencia varios militares en situación de retiro, vestidos de negro y con las gorras negras que los identifican como miembros de las fuerzas especiales. También estaban allí generales retirados, vestidos de saco y corbata, que hicieron presencia para demostrar su solidaridad con los otros generales acusados en este caso. De manera similar, varios generales en retiro aparecieron durante el juicio de la masacre de Barrios Altos – en el que 32 ex-oficiales y personal del ejército fueron procesados por su participación en el Grupo Colina, temible escuadrón de la muerte que operó durante el gobierno de Alberto Fujimori, ahora reo por este y otros casos más – pero solamente para las audiencias que concernían a otros generales; soldados de rango inferior no reciben en general este tipo de atención y solidaridad.
Desde que en el 2007, la Sala Penal Nacional dictó la primera sentencia en agravio de un miembro de las Fuerzas Armadas del Perú por violación de los derechos humanos, ha ido creciendo la inquietud al interior de las mismas. (2) Fiscales y jueces han denunciado “visitas” con el objetivo de transmitirles el parecer de los militares en lo que a los juicios respecta. (3) El Decreto Ley 1097, cuyo fin era dotarle a los militares involucrados en casos de derechos humanos una amnistía y protegerles de los procesos penals, fue promulgado en setiembre pero revocado recientemente gracias a una intensa presión local e internacional. Al mismo tiempo, se tienen las declaraciones de ministros de defensa, generales del ejército, del vice-presidente y hasta inclusive en alguna ocasión del mismo presidente Alan García que acusan y vilipendian a las organizaciones de derechos humanos que representan a las víctimas en los casos en que se persiguen a las Fuerzas Armadas (que, según el discurso de estas autoridades, “salvaron” al Perú del terrorismo). En diciembre del 2010, el vice-presidente (y almirante retirado de la Marina) Luis Giampietri, acusó de terrorismo a dos importantes grupos de derechos humanos. No es de extrañar que estos grupos representen a las víctimas de la masacre del Frontón; masacre por la que además, Giampietri podría ser potencialmente enjuiciado en un futuro no muy lejano. Algunos dicen que este también podría ser el destino de Alan García una vez que deje la presidencia el 28 de julio del 2011.
Los cuatro implicados y los familiares esperan la llegada de los jueces. Foto cortesía de Emilio Salcedo
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Los cuatro implicados y los
familiares esperan la llegada
de los jueces.
Foto cortesía de
Emilio SalcedoLos jueces de la Sala Penal Nacional ingresaron a la sala en la que la sentencia sería dictada alrededor de las 5:00 p.m. La sala estaba abarrotada, muchos de nosotros incomodamente ubicados de pie al fondo. El tenor de la sentencia era bastante confuso y difícil de entender, pero después de un rato todas las personas presentes comprendieron que la Sala había absuelto a los cuatro acusados. Los jueces exhortaron al Ministerio Público a redoblar sus esfuerzos para localizar a los dos acusados no habidos, incluyendo a Jesús Retamal Guerra, jefe de la patrulla que cometió la masacre quien estaría, aparentemente, viviendo en los Estados Unidos. Esto no aplacó la indignación que sintieron los familiares presentes en la sala. “Seguramente”, masculló un hombre entre dientes, “nos quieren hacer creer que se mataron sólos”.
Los jueces admitieron que se había logrado establecer que las doce víctimas del caso Parcco-Pomatambo no fueron asesinadas debido a una confrontación, como el ejército alegó en un comienzo. Pero, se apresuraron en añadir que los crímenes fueron producto de “un exceso” por parte de las fuerzas armadas. Eso, a pesar de que la CVR indica, especificamente, que las Fuerzas Armadas cometieron violaciones sistemáticas de los derechos humanos en ciertos lugares y en ciertos momentos. ¿Ayacucho en 1986? Sin duda eso fue uno de esos lugares, en uno de esos momentos.
La Sala Penal Nacional exigió al Ministerio Público que identificara a los miembros de la patrulla del ejército que fueron los autores materiales de la masacre. No mencionaron el hecho de que el Ministerio de Defensa ha negado sistemáticamente este tipo de información en otros procesos penales del mismo tipo. Tampoco parecen haber considerado como relevante el tema de la responsabilidad mediata del comando, que muchas cortes internacionales han empleado como para encontrar responsabilidad no sólo a los autores materiales y directos de crímenes de lesa humanidad, sino también aquellos que ordenaron los crímenes o no hicieron nada para prevenirlos o impedirlos(4). La sentencia en el caso Parcco-Pomatambo es, desafortunadamente, una de tantas que han sido cuestionadas por abogados y activistas de derechos humanos. Un análisis de los patrones en de sentencias de la Sala Penal Nacional en los últimos años revela una tendencia bastante clara a favor de la absolución de los acusados. (5)
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La CVR abrió un espacio político inimaginable en el Perú de hace una década. Las asociaciones de familiares de las víctimas se han vuelto particularmente activas, pidiendo justicia y reparaciones y organizando vigilias y otros eventos para evocar la memoria de sus seres queridos. Pero como lo demuestra el caso Parcco-Pomatambo, los objetivos centrales de verdad, justicia y reparaciones siguen siendo una promesa incumplida en el Perú post-CVR. Los familiares en el caso Parcco-Pomatambo dijeron que apelarán la sentencia. Su sed de justicia se mantiene fuerte pues aún no ha sido colmada.
Siguen aún esperando.
Notas
*Artículo publicado originalmente en inglés en la revista online e-misférica, publicado por The Hemispheric Institute of Performance and Politics de New York University . Traducción realizada por Jesús Martínez Mogrovejo. (^^^)
- La Sala Penal Nacional es un tribunal especializado establecido en el 2005 como recomendación de la Comisión de la Verdad y de la Reconciliación para procesar casos de violaciones de derechos humanos cometidos durante el conflicto armado interno. En los últimos años , su mandato se ha ido ampliando para incluir a otros tipos de crímenes como tráfico de drogas, crimen organizado, blanqueado de activos y secuestros, y de este modo se ha diluído el enfoque especializado de la Sala. (^^^)
- La primera sentencia emitida en el periodo que siguió al proceso de la CVR fue en el 2006, en el caso de la desaparición del estudiante universitario Ernesto Castillo Páez. Los cuatro condenados pertenecían a la Policía Nacional. (^^^)
- Entrevistas realizadas por la autora en Lima y Ayacucho. (^^^)
- Como lo menciona la CVR en su informe sobre Parcco-Pomatambo: “La Comisión de la Verdad y Reconciliación concluye que las violaciones de los derechos humanos antes reseñadas fueron llevados a cabo a través de un aparato organizado de poder estructurado sobre la organización militar del puesto de comando de Cangallo. Vale decir que se implementó una estrategia antisubversiva al márgen de la ley”. Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, Tomo VII, Capítulo 2.23, “Las ejecuciones extrajudiciales de Pomatambo y Parcco Alto (1986),” (2003), 254. (^^^)
- Desde el 2008, la Sala Penal Nacional ha dictaminado sentencia en doce casos de violacones de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno en el Perú. De esos doce casos, en ocho la Sala ha absuelto a todos los acusados, y en sólo cuatro casos ha encontrado por lo menos a uno de los acusados culpable. Entre 2008 y 2010, la Sala Penal Nacional ha condenado sólo a seis agentes del Estado por graves violaciones a los derechos humanos, mientras que 42 han sido exculpados. Véase: Jo-Marie Burt, “La justicia denegada, una vez más,” NoticiasSER, December 1 2010. (^^^)
Publicado en La Mula el 2 de abril de 2011