- Alerta. Defensoría y abogados de derechos humanos advierten que esta sentencia puede sentar precedente y afectar otros casos.
Por María Elena Castillo
Treinta años esperó la familia de Lester Verau Luján para alcanzar justicia. El año pasado la Sala Penal Nacional condenó a los policías que lo detuvieron, lo torturaron y luego lo ejecutaron en julio de 1983, junto a otras cinco personas, en las serranías liberteñas de Curgos. Sin embargo, hace dos semanas la Corte Suprema notificó una resolución anulando todo, con el argumento de la prescripción, pese a que este beneficio no procede para graves violaciones a los derechos humanos.
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© La RepúblicaLo más peligroso es que este fallo podría sentar precedente y poner en riesgo el proceso de judicialización de las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el país, advirtieron la Defensoría del Pueblo y abogados vinculados al tema.
Un caso con cola
La Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema –de la que forma parte el ex presidente del Poder Judicial Céasr San Martín– basa su decisión en que al haberse encontrado los restos de Verau en el 2004, la fiscalía cambió el tipo de delito, de desaparición forzada al de homicidio calificado, y por tanto prescribió a los 20 años de producido el crimen, por lo cual ordenó la libertad de los condenados.
En cambio el vocal Víctor Prado Saldarriaga, en un voto singular, sostuvo que se trató de un crimen de lesa humanidad, pues no hubo enfrentamiento como aseguraron los policías en su momento, sino que las víctimas fueron detenidos en forma arbitaria, torturados, ejecutados y luego enterrados en una fosa común. Y por lo tanto, no se puede aplicar la prescripción.
Precisamente, el informe del Equipo de Antropología Forense (EPAF), que tuvo a su cargo la exhumación de los cuerpos, da cuenta de que además de los orificios de bala, algunos de los cuerpos presentan lesiones por golpes y maltratos, entre ellos el de Verau.
Por su parte, la adjunta para Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, Gisela Vignolo, recordó que esta institución ha sostenido siempre que las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el periodo de violencia son imprescriptibles, conforme a los tratados y la jurisprudencia nacional e internacional.
Lamentó que la Suprema no haya tomado en consideración la naturaleza de los hechos, y declarado la prescripción, aplicando reglas que corresponden a delitos comunes, pese a que esto ya había sido resuelto por Sala Penal Nacional.
“Esta decisión es preocupante porque podría generar un precedente frente a otros casos que lleguen a esta instancia, además de impactar negativamente el proceso judicialización de estos crímenes”, dijo.
La directora de la Asociación Pro Derechos Humanos, Gloria Cano, y el abogado del Instituto de Defensa Legal, Carlos Rivera, alertaron que este fallo puede ser utilizado por los actuales procesados por violaciones a derechos humanos, como en el caso Los Cabitos o incluso por los ya condenados por la desaparición y ejecución del profesor y los estudiantes de la Universidad La Cantuta.
Hijo indignado
Joaquín Verau, hijo mayor de una de las víctimas de Curgos, señaló que se siente indignado con la decisión de la Corte Suprema, pues es una nueva violación, esta vez a su derecho a la justicia.
“Mi padre era un comerciante, no un terrorista. Quedó probado con el fallo del año pasado, pero ahora nos niegan la justicia”, manifestó.
La abogada del caso, Nilda Tincopa, informó que acudirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Publicado por La República, el 11 de Junio de 2014