- Por qué no debe sorprender a nadie que el ex ministro del Interior y posible candidato presidencial del Partido Nacionalista sea condenado por el asesinato del periodista de Caretas Hugo Bustíos en 1988.
Por Ricardo Uceda
El protagonismo del ex ministro del Interior Daniel Urresti ha desviado fuertemente la atención que merecían sus acusaciones. Su nombramiento mismo fue una grosería política del presidente Ollanta Humala y del primer ministro de entonces, René Cornejo: nombrar responsable gubernamental de la persecución del delito a un acusado de asesinato es, en sí mismo, un acto de desprecio a la función pública. En particular, de desprecio a los derechos humanos. Pues lo que se busca determinar en el juicio oral contra Urresti, iniciado el 17 de julio, no es un asesinato común: es su participación en un homicidio cometido con crueldad extrema.
Los carroñeros
© La RepúblicaLa misma falta de consideración por los valores que debe encarnar la política es el lanzamiento de su candidatura presidencial por parte del matrimonio Humala. Sobre todo ahora que ya existe una acusación en firme por parte de un fiscal superior, como acto previo al juicio oral. En esta coyuntura el ex ministro ha actuado con irrespeto evidente hacia la viuda, lanzando activistas del gobierno para hostilizarla. Estos se hicieron pasar por vociferantes miembros de las supuestas ONG que quieren ver preso a Urresti, montando un artificial enfrentamiento con su “víctima” en los exteriores de la Sala Penal Nacional. Por lo menos dos de ellos aplaudían al presidente en el Congreso, durante su discurso del 28 de julio.
Por todo esto conviene recordar que quien está acusando a Urresti es el Ministerio Público y no “ONG carroñeras”. La parte civil es la viuda, Margarita Patiño, representada por un abogado de la Comisión de Derechos Humanos, COMISEDH. En 1989, el caso fue llevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el Committee to Protect Journalists (CPJ), una organización mundial de defensa de periodistas conformada por los más prestigiosos editores de los Estados Unidos. Por último, debe remarcarse que la prensa peruana ha actuado con bastante consideración a la presunción de inocencia que merece el ex ministro, pese a que el asesinado pertenecía a uno de los medios más importantes del país.
Era el jefe
El principal argumento del fiscal Luis Landa para pedir que Urresti sea sentenciado es su condición de jefe directo del equipo militar que asesinó al periodista. El 24 de noviembre de 1988, Bustíos junto con el periodista Eduardo Rojas iban en moto a fotografiar los cadáveres de unos campesinos en la zona rural de Huanta, Ayacucho, cuando fueron abaleados por una patrulla militar. Rojas, herido, pudo correr y sobrevivió. Bustíos no. Uno de los militares, después identificado como el mayor del Ejército Amador Vidal, mató a Bustíos haciendo explotar una granada en su cuerpo. En 2007 la Sala Penal Nacional condenó a Vidal a 15 años de prisión, por ser el autor material del asesinato. En la misma sentencia recibió 17 años de cárcel el mayor EP Víctor La Vera, como autor intelectual. Ambas sentencias fueron confirmadas por instancia superior. Urresti entra en el cuento porque, según el fiscal, estaba en la cadena de mando.
La Vera le había dicho a Bustíos, según este le contó a Eduardo Rojas y a su esposa —ambos lo declararon— que un terrorista lo había sindicado como uno de los suyos. En Caretas, de la cual era corresponsal en Huanta, Bustíos informaba sobre violaciones de derechos humanos del personal militar. La Vera, al mando de la Base Militar de Castropampa, en Huanta, jamás aceptó haber tenido ese diálogo con Bustíos ni haber ordenado su asesinato. En el juicio donde fue condenado siempre dijo que al periodista lo mataron subversivos y no personal de su base. Sin embargo fue culpabilizado porque había varios testimonios indicativos de que mentía. La Vera es ahora el principal testigo a favor de Urresti. Dice que como S2, encargado de la sección de inteligencia y contrainteligencia de la base, se dedicaba a hacer análisis y no dirigía operativos. Es la misma versión del acusado.
Apoyado por testimonios y documentación, el fiscal sostiene que Urresti integraba el Estado Mayor de la base y que tenía mando directo sobre los hombres que perpetraron el asesinato. Precisamente el autor material, Amador Vidal, sostiene que el ex ministro ordenó el crimen.
Cuatro versiones
Antes del asesinato, dos testigos —la vida y un militar— vieron salir de la base a un camión militar con cinco efectivos. Bustíos había ido allí con su mujer a solicitar permiso para tomar fotografías a los muertos. Habló con La Vera, quien lo autorizó verbalmente y por lo tanto sabía que se dirigiría al lugar donde estaban los occisos. En el pago de Erapata, donde los periodistas fueron abaleados, dos campesinos testificaron que vieron a los militares perpetrar el ataque, e incluso reconocieron a uno de ellos, Johnny Zapata, alias Centurión, quien ya falleció. Los agresores bajaron de un camión militar correspondiente al descrito por los testigos de la base. Las cuatro versiones, en dos lugares distintos, describen la misma vestimenta.
Para La Vera ningún vehículo salió ese día de la base, nadie a sus órdenes estuvo en Erapata cuando mataron a Bustíos. Urresti sostiene que aquel 24 de noviembre en ningún momento salió de las instalaciones militares. No conocía a Bustíos, no había leído ninguno de sus reportajes periodísticos. Tampoco se enteró de su muerte por información de sus subordinados. Lo hizo recién cuando, el día siguiente, llegó un helicóptero con periodistas de Lima. Todo un jefe de inteligencia. El fiscal no le cree una palabra.
Los casquillos de bala desaparecieron de la zona del atentado. Los jefes militares de la base —entre ellos, el acusado—no dispusieron ninguna investigación, en contraste con su conducta en otros hechos similares. Urresti señala que los militares que brindaron testimonios que lo comprometen tienen motivos personales para incriminarlo. Es posible. Pero sus versiones son concordantes con otras declaraciones y con la información validada por la sentencia del 2007.
Sin sorpresas
Ahora bien, no existe un testigo presencial de que Urresti ordenó el asesinato, o contribuyó a su organización. El ex ministro es acusado de autor mediato: desempeñaba una posición en la que es responsable por acción u omisión. El texto de la acusación abunda en consideraciones sobre las funciones de un S2 en una base como la de Castropampa. El peso del juicio, por lo tanto, girará en torno de la confirmación de su principalidad en la estructura militar de la base, en la obediencia que le debían hombres que trabajaban con él y que participaron en el asesinato.
Por lo dicho, nadie debe sorprenderse si al cabo del juicio oral la Corte Suprema decide condenar al ex ministro. Hay pruebas consistentes en el expediente. Por otra parte, la refutación de Urresti no solo luce débil sino contradicha por declaraciones calificadas. Estas carencias pueden explicar el desmedido intento del acusado por politizar el juicio, convertirlo en un episodio más de persecución judicial a militares que combatieron a la subversión. Es cierto que abundan los alargados procesos en los que no existe prueba suficiente para definir si un miembro de las Fuerzas Armadas cometió o no un delito de lesa humanidad. Pero en este caso, pese a que los propios subordinados de Urresti borraron todas las huellas de su participación del paraje de Echarate donde Bustíos fue volado en pedazos, quedó suficiente evidencia como para llegar a una conclusión incriminatoria.
Fuente: La República. Edición Impresa del 04 de Agosto de 2015, Pag. 13
