Por Elízabeth Prado
Las esterilizaciones forzadas a las que fueron sometidas miles de mujeres durante el gobierno de Alberto Fujimori, y las violaciones sexuales por militares y miembros de Sendero Luminoso ocurridos en los años de violencia política, fueron considerados crímenes de lesa humanidad por un Tribunal de Conciencia impulsado por la sociedad civil.
de víctimas y resolvieron que el Estado no solo incumplió
con proteger sus derechos sino que los vulneróCecilia Medina, ex presidenta de la CIDH; Salomón Lerner, ex presidente de la CVR; y Jairo Rivas, ex secretario técnico del Consejo de Reparaciones, recibieron durante tres horas los testimonios de cuatro víctimas.
Una mujer ayacuchana y otra huancavelicana relataron el oprobio que les tocó vivir cuando fueron violentadas sexualmente por militares en su propio lugar de origen.
“Yo tenía 14 años. A mi hermano lo habían secuestrado los senderistas, entonces me llamaron de la Base Militar para que diga dónde estaba él. Me dieron a tomar un líquido blanco que me durmió. Cuando desperté me di cuenta de que me habían violado los soldados”, relató “Carmen”.
Esta mujer que hoy tiene 40 años fue atacada sexualmente en seis oportunidades y quedó embarazada dos veces.
“Doris”, de Ayacucho, dijo en quechua que fue violada cuando los militares llegaron para llevarse a su esposo que luego fue desaparecido.
Los casos de esterilización forzada se dieron a conocer por el hijo de Mamérita Mestanza y por el hermano de Celia Ramos, ambas fallecidas a causa de una operación realizada en pésimas condiciones.
Sobre los hechos de violencia sexual, los jueces señalaron que el Estado vulneró directamente los derechos de estas mujeres a través de sus soldados. Y respecto al programa de esterilización forzada, precisaron que se trató de una política que va contra la Convención Americana de Derechos Humanos. Lamentaron que solo haya asistido uno de los cuatro invitados del Estado.
“Si viéramos el derecho penal internacional, estos hechos ciertamente constituirían crímenes de lesa humanidad”, anotó Cecilia Medina, quien presidió el Tribunal.
Publicado en La República el 9 de noviembre de 2013