Por RightsPeru
En tiempo récord la Corte Suprema de Justicia anuló un fallo condenatorio contra el general en actividad Carlos Paz Figueroa por la desaparición forzada del profesor Rubén Villanueva Toro, ocurrida en 1990, cuando era jefe de la base contrasubversiva de Lircay, en Huancavelica. Su coacusado, el teniente coronel EP Yorvil Távara Olea, quien también fue condenado como el segundo al mando de la base militar, también se beneficia de la decisión de la CSJ.
Rights Peru reportó sobre el fallo condenatorio con un informe de análisis, que se puede apreciar aquí. La decisión de la Sala Penal Nacional condenando a Paz Figueroa y Távara Olea fue considerada como ejemplar, tanto por la solidez de su argumentación, así como por que marcó la primera vez que militares de alto rango recibieron condenados por graves violaciones a los derechos humanos más allá de los casos cometidos por el Grupo Colina. Los jueces que en mayoría determinaron la culpabilidad de los dos militares en actividad, Marco Cerna y Mary Vidal, señalaron que la desaparición forzada del profesor Villanueva Toro constituyía un crímen de lesa humanidad, que por tanto no prescribe.
El principal redactor de la decisión de la CSJ fue César San Martin, el juez que se hizo conocido mundialmente por su papel como director del debate durante el juicio al ex mandatario Alberto Fujimori. Según un informe de La República, “Los jueces [de la CSJ] prácticamente recogen la versión de la defensa de los militares”.
Para los familiares de la víctima en este caso, como otros de desaparición forzada y otras graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno, el anhelo de verdad y justicia está todavía fuera de su alcance.
Rights Peru hace notar a sus lectores que los jueces Cerna y Vidal —los autores del fallo condenatorio contra Paz Figueroa y su coacusado— fueron hace poco removidos como jueces de la Sala Penal Nacional, que es la instancia que casi exclusivamente procesa los casos de graves violaciones a los derechos humanos, aunque continúan como jueces de los casos de derechos humanos donde formaban parte del tribunal antes de la decision de removerles de la SPN.