En la última década la economía peruana se ha hecho visible debido a sus tasas de crecimiento -entre las más altas de la región- y la atracción de inversión extranjera, especialmente en sectores primarios y construcción de infraestructura. Ello, sumado a las economías informales (narcotráfico, minería ilegal, contrabando) configura la imagen de una economía robusta, en la que disminuye la población en pobreza. Pero, tres lastres se han robustecido también este mes: los crímenes contra civiles cometidos por militares, la impunidad en casos antiguos de violaciones a los derechos humanos, y el debilitamiento y retroceso de las normas del sector ambiental.
Por Jacqueline Fowks
y se está repitiendo esa práctica en PerúLa combinación de estos tres factores se consolida pese a las críticas y plantones de algunos líderes de opinión y organizaciones, no se genera un debate público ni contención: el Ejecutivo propone normas, el Congreso aprueba, el Ejecutivo promulga. Los militares matan y hieren a civiles durante acciones calificadas como lucha contra la subversión, pero se equivocan y asesinan a mujeres embarazadas, a niños u hombres no vinculados en absoluto al grupo terrorista Sendero Luminoso. También presentan como presuntos terroristas a jóvenes campesinos luego de que los han torturado: la Fiscalía refiere que no puede determinar responsabilidades, los familiares de los muertos y heridos permanecen con una nueva marca de vulnerabilidad y agresión por parte del Estado.
El sábado 12 de julio, el Gobierno promulgó un paquete de normas con el que pretende reactivar la economía -el crecimiento en abril y mayo ha sido el más bajo desde 2009 (2% y 1%, respectivamente)- y restablecer la confianza de los inversionistas y empresarios. Tres medidas disminuyen significativamente la autoridad ambiental. Perú creó en 2008 el ministerio de Ambiente, como una obligación derivada de las negociaciones para firmar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, y una de sus entidades, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) era el encargado de realizar inspecciones, por ejemplo, de infracciones cometidas por empresas mineras, como el vertimiento de aguas contaminadas a fuentes de agua limpia, y podía luego detener las operaciones como parte de las sanciones que imponía. La nueva regulación dispone que durante tres años la OEFA no imponga sanciones ni interrumpa operaciones, solo podrá desempeñar acciones educativas y de difusión de la normativa ambiental.
En segundo término, la creación de nuevas Áreas Naturales Protegidas, una responsabilidad que era exclusiva del ministerio del Ambiente, es ahora de la Presidencia del Consejo de Ministros (oficina del primer ministro), es decir, se tratará de una decisión política.
recibe en Berlín una carta con más de 130.000 firmas
contra la deforestación en PerúAdemás, en adelante el plazo para la aprobación de los estudios de impacto ambiental se reduce a 45 días, y si los funcionarios públicos se exceden del mismo, podrán ser sancionados con falta grave (y un posible despido).
El presidente Ollanta Humala, sus ministros y los representantes del prinicipal gremio empresarial crearon un par de palabras para los supuestos obstáculos a los empresarios y las inversiones, y con estas nuevas normas quieren terminar con la ‘permisología’ o la ‘tramitología’.
Impunidad en el pasado y el presente
El 2 de julio, se conoció que el recientemente nombrado ministro de Interior, Daniel Urresti, está enjuiciado en un proceso por el asesinato en 1988 del corresponsal en Ayacucho de la revista Caretas, Hugo Bustíos. Ayacucho es el departamento donde surgió Sendero Luminoso en 1980 y es también la región donde la violencia del terrorismo y de la contrasubversión dejó más víctimas y daños. Caretas fue el medio que mejor cubrió el conflicto interno en Perú en las décadas de los años 80 y 90. Urresti, un general del Ejército hoy en el retiro, se desempeñaba como oficial de inteligencia (S-2) de la base del Ejército en Castropampa, de donde una patrulla salió a emboscar a Bustíos cuando realizaba una cobertura periodística.
El presidente peruano sabía del proceso judicial en el que está involucrado Urresti antes de nombrarlo ministro, dijo que le pidió los papeles del caso, y los hizo revisar por abogados. “No vemos su culpabilidad”, declaró Humala a la prensa el 4 de julio. Un fiscal superior debe decidir si el juicio pasa a la fase oral, numerosas organizaciones civiles y líderes de opinión han pedido que el ministro renuncie y pueda responder como cualquier civil ante la justicia.
Ésta es la forma en que dos militares en retiro con poder -el jefe de Estado peruano es un capitán en retiro y también sirvió en bases contrasubversivas en los 80 y 90- abordan un caso de violación de derechos humanos que ha pasado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que llegue al fuero civil, dado que en el fuero militar los oficiales fueron absueltos.
Infelizmente las muertes absurdas de civiles en operaciones contrasubversivas no terminaron en el año 2000. En mayo, en la sierra central del país, una patrulla disparó contra una mujer embarazada que descansaba en su casa y la asesinó delante de su hijo. Fue una de las viviendas a las que los militares entraron gritando, insultando, pateando, disparando, buscando una laptop y a un líder de Sendero Luminoso. Hirieron a otra mujer más en esa acción y luego detuvieron a cinco jóvenes que bebían cerveza en una tienda y los presentaron como “presuntos subversivos”. Los militares, en dos comunicados del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, señalaban que ello ocurrió luego de un enfrentamiento con terroristas, pero las investigaciones indican que no hubo tal enfrentamiento y los jóvenes detenidos eran habitantes de Uchuy Sihuis que retornaban de trabajar la tierra. También refirieron que la mujer embarazada murió lejos del lugar del operativo militar. Un fiscal ha recabado las pruebas de lo contrario.
Conjunto de las Fuerzas Armadas sobre el operativo
contrasubversivo que causó la muerte de una
mujer embarazadaEn dos casos anteriores, de muertes de civiles en acciones contrasubversivas durante la administración Humala, la fiscalía ha archivado las investigaciones, alegando que no puede determinar responsabilidades. Las familias, los deudos y los heridos no obtienen reparación alguna ni justicia. El gobierno ha reaccionado cambiando de colocación a los oficiales responsables de las operaciones, pero la justicia no se ve.
La doctora Jo-Marie Burt, directora del proyecto Rights Perú, indica que de los procesos de justicia por crímenes de lesa humanidad -cometidos entre 1980-2000 en Perú- hay 167 personas absueltas y 77 condenados: de los 77 condenados 10 son exmiembros de comités de autodefensa (civiles) y otro es el expresidente Alberto Fujimori. El resto son militares. Varios de los condenados han salido en libertad antes de cumplir sus penas, como, por ejemplo, otros dos oficiales sentenciados por el asesinato de Hugo Bustíos. Burt es politóloga e investigadora de la Universidad George Mason.
Perú ha vivido la violencia contemporánea más terrible entre los años 1980 y 2000, y la crisis económica más grave entre 1983 y 1995. Hoy algunos sectores del país viven los beneficios de la mejora económica, sin embargo, en cuanto a los derechos, las libertades y la justicia, seguimos tan atrás que no sé a qué año retroceder en la historia. El ministro de Defensa, Pedro Cateriano, dijo el martes que la situación actual no se parece al pasado (desde el segundo 40 en el video) porque su sector da facilidades a jueces y fiscales para que estén presentes en operativos militares, pero en los casos de las muertes de civiles mencionadas en los tres últimos años no estuvieron jueces y fiscales en esos hechos, y los fiscales han archivado las investigaciones anteriores.
Publicado en Blog Cuadernos de doble raya, el 17 de julio de 2014