- Huesos y prendas de hombres, mujeres y niños asesinados entre 1984 y 1991 por terroristas e inescrupulosos militares y policías fueron recuperados de fosas clandestinas y entregados a sus familiares por el Ministerio Público.
Texto y fotos: Miguel Mejía Castro – Desde Huamanga
Restos óseos de 65 personas, la mayor parte campesinos victimados en la región de Ayacucho en los años 80 y 90, fueron entregados por funcionarios del Ministerio Público a los familiares de aquellos en la ciudad de Huamanga.
que 51 víctimas fueron asesinadas por Sendero Luminoso
y 29 por las fuerzas del orden.
(Miguel Mejía Castro)En los ataúdes, de un poco más de un metro de largo, fueron colocados los huesos, además de las prendas de vestir y los objetos que portaban los comuneros en el momento que fueron ejecutados.
La madera de los ataúdes pintada de blanco resplandecía con el fuerte sol de la mañana, como las lágrimas que dejaban caer los parientes que llegaron a la capital de la región desde 25 comunidades de las serranías de Ayacucho. La tristeza que embargaba a los presentes era tan intensa que parecía que las víctimas hubieran muerto ayer y no hace más de dos décadas.
Angélica Cusi Díaz, de 75 años, cuyo esposo, hija y nieta fueron asesinados por Sendero Luminoso en 1984, tiene grabado el momento que le quitaron a su familia.
“Mi hija Lucía Cuadros tenía 14 años cuando fue llevada a la fuerza por el senderista Mario Flores Zevallos y la hizo su pareja; en aquellos años mi esposo era teniente gobernador de Belén Chapi y los terroristas lo mataron, por ello mi Lucila intenta escapar de los terroristas pero fue capturada y asesinada por el mismo Mario Flores que aún sigue vivo”, lo dice entre lágrimas la señora Angélica.
Con Lucila también murió el bebé de meses que llevaba en el vientre. La anciana llegó a Huamanga el domingo pasado, tras dos días de viaje desde el distrito de Belén Chapi. Ese día, en el local del Instituto de Medicina Legal, fue testigo del traspaso de los restos de su hija y su nieta, guardados en cajas por los forenses, a un ataúd. Antes de que sellen el féretro, un llanto incontenible se apoderó de la mujer, quien se arrodilló y tocó los restos óseos de lo que había sido su hija en vida.
DESENTERRANDO
Los cuerpos entregados ayer fueron exhumados el 2011 y 2013 de fosas comunes clandestinas. Los titulares de la primera y segunda fiscalía de Ayacucho, a cargo de las investigaciones, han determinado, basados en testimonios de los sobrevivientes, que los asesinatos fueron cometidos por policías, militares y miembros de Sendero Luminoso.
El equipo Forense Especializado del Ministerio Público (EFE) estuvo dedicado a la labor de identificación de las víctimas estos años. “Los 65 restos humanos y elementos asociados fueron identificados por métodos forenses antropológicos, odontológicos y pruebas de ADN, luego de un proceso de investigación interdisciplinaria que duró 4 años (2011-2014)”, afirma Luis Rueda, jefe del EFE en Ayacucho.
Según Rueda, los casos vinculados a esta entrega de restos humanos están relacionados con 28 investigaciones de las Fiscalías Penales Supraprovinciales de Ayacucho y Huancavelica y guardan relación con la violación de los derechos humanos. “Entre las víctimas tenemos hombres, mujeres y niños y la causa de muerte de gran parte de ellos ha sido por traumatismo craneal múltiple severo, por proyectil de arma de fuego, traumatismo torácico ocasionado por un agente duro (piedra) o traumatismo torácico por arma blanca”, agrega el forense.
La ceremonia de entrega de cuerpos en el local del Ministerio Público de Ayacucho duró tres horas y culminó al mediodía. Aquí se congregaron alrededor de 200 familiares de las víctimas y contó con la presencia del fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia, el jefe nacional del Instituto de Medicina y los fiscales a cargo de las investigaciones de las matanzas en Ayacucho y Huancavelica.
“Tenemos una tarea bien dura que cumplir, sabemos que hay muchas fosas por descubrir y de manera efectiva se debe incrementar también los médicos forenses y fiscales especializados en derechos humanos para que intervengan en estos casos”, dijo el Fiscal de la Nación.
Luego del acto oficial los féretros fueron trasladados en vehículos hasta la plaza de armas de Huamanga, donde se realizó una procesión antes de ser trasladados al atrio del Templo de la Compañía de Jesús, en el que se celebró una misa al final de la cual algunos de los familiares emprendieron el camino de vuelta a sus poblados con los ataúdes.
LE QUITARON A SU FAMILIA
Otro campesino que llegó a Huamanga para recoger los restos de sus familiares fue Julio Quispe Moisés (48), quien perdió casi a todos. En 1985 efectivos de una patrulla militar ingresaron violentamente a Bellavista, un poblado del distrito de Vischongo; encerraron a los pobladores en una vivienda acusándolos de ser aliados de Sendero. Al día siguiente, los sacaron para ir matándolos en el trayecto a la comunidad de Umaru, relata el comunero.
“Antes de que rodeen el pueblo pude escapar con mi hermano y nos escondimos en una quebrada, ahí pasamos todo el día y cuando salimos por la noche vimos que los habían matado a todos, entre ellos estaban mi mamá, mi papá, mi hermana, mi esposa, mi hija, mi tía y mi prima, y a todas las enterramos en la oscuridad”, relata el hombre que solo se llevará los restos encontrados de las cuatro últimas.
En este caso, la información de la fiscalía sostiene que los militares asesinaron a 59 personas en los linderos de cuatro comunidades del distrito de Vischongo, provincia de Vilcashuamán, a fines de agosto de 1984: Umaru, Bella Vista, Machaypunco y Ccaccahuayqo.
1689 VÍCTIMAS YA IDENTIFICADAS
Las estadísticas del Equipo Forense indican que desde que empezó el programa de exhumaciones en el 2006, hasta julio del 2014, en todo el país se recuperaron 2925 cuerpos, se identificaron a 1689 y se han entregado a sus familiares 1485.
Estas cifras son pequeñas comparadas con las proporcionadas el 2003 en el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, que fija en 15 mil los desaparecidos por la guerra interna.
“Es una satisfacción darles cristiana sepultura a los seres queridos después de muchos años, otros tenemos aún el corazón adolorido por no encontrarlos y no lograr que los culpables sean castigados”, dice Adelina García, presidenta de la Asociación de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú. Ella aún busca a su esposo, desaparecido en el cuartel Los Cabitos en Ayacucho en 1983.
Publicado por La República, el 28 de octubre de 2014