Hilda Morales Figueredo tiene 74 años y es una de las víctimas de la violencia política vivida en nuestro país entre 1980 y 2000. Sin embargo, hace una semana presentó una demanda contra la Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN) y el Ministerio de Justicia (Minjus) pues se niegan a reconocer sus beneficios como víctima de múltiple afectación.
Esto quiere decir que pese a haber perdido a dos hijos durante el conflicto, el Ministerio de Justicia solo la ha indemnizado por la muerte de uno de ellos.
La tragedia para Hilda y su esposo Juvenal Mansilla empezó el 26 de junio de 1989 cuando, según relatan a la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), la policía se llevó a sus dos hijos mayores, José Carlos y Alexander, estudiantes de la Universidad San Cristóbal de Huamanga, en medio de golpes y amenazas. Ese fue el último día que los vieron.
Un informe de la Defensoría del Pueblo publicado en agosto del 2014 revela que existen más de cinco mil personas en la misma situación; es decir, que tienen más de un familiar asesinado o desaparecido y que, en algunos casos, además son víctimas directas.
En ese grupo está Carlos Ruiz Huayllaccahua, un rondero ayacuchano de 65 años que no solo quedó discapacitado sino que también perdió a su madre a manos de Sendero Luminoso. Él, al igual que Hilda, ha presentado una demanda con la esperanza de recibir una compensación por ambos acontecimientos.
“Solo quiero que haya justicia. Yo dediqué doce años de mi vida a luchar durante la guerra. Perdí a toda mi familia, mi casa y ahora estoy en Lima sin trabajo”, cuestiona Ruiz.
Publicado por La República, el 6 de abril de 2015