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Tras la detención del militar Jesús Zamudio Aliaga, Aprodeh exige que se lleve un debido proceso sin interferencia política

Ante la reciente entrega de Jesus Zamudio Aliaga, militar prófugo que enfrenta cargos por la ejecución extrajudicial de Eduardo Cruz Sanchez “Tito”, ocurrida una vez culminado el operativo de rescate Chavín de Huántar, así como por la ejecución de 25 campesinos en la localidad Pichari en el año 1983 cuando éste comandaba la temible patrulla Lince, Aprodeh ha publicado una nota de prensa exigiendo que sea procesado respetando el debido proceso y sin interferencia política. Nos sumamos a la exigencia de Aprodeh.

RightsPeru.net

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Ante la reciente entrega de Jesus Zamudio Aliaga, militar prófugo que enfrenta cargos por la ejecución extrajudicial de Eduardo Cruz Sanchez “Tito”, ocurrida una vez culminado el operativo de rescate Chavín de Huántar, así como por la ejecución de 25 campesinos en la localidad Pichari en el año 1983 cuando éste comandaba la temible patrulla Lince, Aprodeh ha publicado una nota de prensa exigiendo que sea procesado respetando el debido proceso y sin interferencia política. Nos sumamos a la exigencia de Aprodeh.

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Tras la detención del militar Jesús Zamudio Aliaga

Aprodeh exige que se lleve un debido proceso sin interferencia política

© Caretas© CaretasLa Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) espera que tras la detención de Jesús Zamudio Aliaga, miembro del Ejército Peruano quien estaba siendo buscado por la ejecución extrajudicial de Eduardo Cruz Sanchez “Tito”, ocurrida una vez culminado el operativo de rescate Chavín de Huántar, así como por la ejecución de 25 campesinos en la localidad Pichari en el año 1983 cuando éste comandaba la temible patrulla Lince, los procesos judiciales sean llevados con toda la garantía para el conocimiento de la verdad de los hechos.

También exhorta al Poder Judicial, Ministerio Publico y Ministerio del interior que se preste todas las garantías para que los testigos de ambos casos, en especial, el caso de la ejecución de Eduardo Cruz Sanchez, puedan declarar sin temor de las amenazas vertidas contra testigos claves por el Ministro de Justicia Gustavo Adrianzén.

Cabe recordar que el pasado 29 de junio la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) declaró al Estado peruano responsable por la ejecución extrajudicial de un miembro del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), tras el operativo militar Chavín de Huántar en 1997, así como por la falta de una investigación diligente de estos hechos.

La Corte IDH estableció la responsabilidad internacional de Perú por la muerte de Eduardo Nicolás Cruz Sánchez alias “Tito”, ocurrida luego de que éste quedó fuera de combate, lo que lo convertiría en persona protegida para el Derecho Internacional.

Como se recuerda el 22 de abril de 1997 se realizó la Operación Chavín de Huántar. De acuerdo a la declaraciones de los policías Raúl Robles Reynoso y Marcial Torres Arteaga, tras culminar este operativo, capturaron vivo al emerretista Eduardo Cruz Sánchez (a) “Tito” y lo entregaron a un comando enviado por el teniente coronel EP Jesús Zamudio Arteaga.

Caso Pichari

El 5 de noviembre de 1983, aproximadamente a las once y media de la mañana, un grupo de militares de la base de Pichari fueron emboscados por elementos de la organización terrorista “Sendero Luminoso”, resultando muertos el capitán Juan Enrique Davelouis Salazar y el cabo Manuel Torres Delgadillo, y con heridas de consideración el teniente José Antonio Antezana Soto y el soldado Jorge Brasil Cerrón. Como consecuencia de este ataque subversivo, aproximadamente a las dos de la tarde del mismo día, varios contingentes del Ejército Peruano fuertemente armados de la compañía de reserva y elite denominados “Linces” hicieron su arribo a la Base Militar de Pichari en dos helicópteros provenientes del Cuartel “Los Cabitos” de Ayacucho al mando del capitán “ZAJ” identificado como Jesús Salvador Zamudio Aliaga, quien ordenó realizar una redada en los distritos de Sivia y Hatunrumi, , logrando detener a 25 pobladores entre varones, mujeres y niños entre los que se encontraban Jesús Yauli Valladolid, Gilberto Wiliam Ruiz Gómez, Claudio Mayta Oré, quienes fueron trasladados al interior de la Base Militar de Pichari, donde fueron ultimados con armas de fuego.

Los restos de las víctimas fueron sepultadas en una fosa común que previamente fue excavada con un cargador frontal que se encontraba asignado a la Base Militar de Ingeniería Nº 512 del Ejército Peruano de Pichari. El caso se encuentra en el 3er juzgado supraprovincial de Lima.

Lima, 21 de agosto de 2015
APRODEH