El ‘Plan Cóndor’, hilvanado por el dictador chileno Augusto Pinochet para reprimir a la oposición política de los países latinoamericanos, sigue persiguiendo al expresidente de facto Francisco Morales Bermúdez. Y es que al proceso que ya se le sigue en Italia junto a una treintena de miembros de los gobiernos militares de las décadas del 70 y 80 por la muerte de veinte ciudadanos de dicho país, ahora se suma un nuevo juicio en nuestro país por el delito de secuestro.
Perú 21El Primer Juzgado Penal Nacional abrió proceso contra Morales Bermúdez, así como contra Jorge Tamayo de la Flor y Fernando Enrique Velit Sabatini, por ser los presuntos autores mediatos del delito contra la libertad individual -secuestro; así como contra Víctor Jaime Manrique Alcázar, como presunto autor inmediato por el mismo delito, en agravio de Ricardo Napurí Schapiro, Ricardo Letts Colmenares, Javier Diez Canseco, Genaro Ledesma, y otros.
También deberán responder por el mismo delito, calificado como de lesa humanisa, contra Hugo Blanco Galdos, Justiniano Apaza Ordoñez, Valentín Pacho Quispe, Ricardo Díaz Chávez, José Luis Alvarado Bravo, Alfonso Baella Tuesta, Guillermo Faura Gaig, José Arce Larco y Humberto Damonte Larraín.
Según se sostiene, estas personas fueron secuestradas la madrugada del 25 de mayo de 1978 -cuando Morales Bermudez se encontraba en el poder-, acusadas de realizar presuntas actividades subversivas, siendo retenidas sin orden judicial alguna en la entonces Policía de Investigaciones del Perú (PIP), para luego llevarlos al Grupo Aéreo N° 8 de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), desde donde fueron trasladadas a la Argentina para entregarlos a la junta militar comandada por Jorge Rafael Videla.
La Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) explica cuál fue la intención de enviarlos al país del sudeste sudamericano.
“Ya en la Argentina, los secuestrados fueron entregados a la Brigada Antisubversiva del Ejército Argentino e ingresados al Regimiento de Infantería de Montaña N° 20 (Jujuy), donde se les comunicó su condición de presos políticos y de guerra del gobierno argentino. La finalidad de tal operativo era desaparecerlos, plan previamente coordinado con el gobierno militar de Argentina, sumándose, de esta manera, el Perú, a los países donde se aplicaba el Plan Cóndor. Ante la intensa campaña de denuncia de organismos internacionales defensores de derechos humanos, y en el intento de lograr una “salida legal”, la dictadura argentina en combinación con la embajada peruana en Buenos Aires, resolvieron otorgar pasaportes de emergencia a las treces personas arriba mencionadas para su salida de este país”.
Sin embargo, el exmandatario ha negado siempre en todos los tonos que el Perú haya formado parte de dicha operación que contaba con el apoyo de Estados Unidos.
“Tenemos que basarnos en los hechos concretos. Estábamos en un proceso de transición a la democracia, muy difícil. Era un proceso llevado en forma muy firme. Había un grupo de izquierda radical que comenzó a manejar ciertas situaciones que dificultaban el proceso (…) Entonces, el Gobierno tomó la decisión de extrañarlos del país y esas fueron las circunstancias en que llegaron a Argentina. Esto no tiene nada que hacer con el Plan Cóndor”, señaló en 2012 a RPP.
Publicado originalmente en La Mula el 09 de setiembre de 2015.