Por Eduardo Dargent – Diario16
Esta semana pensaba escribir sobre el casi seguro retorno del PRI al poder en México. Ya con el artículo avanzado leí la crónica de Kristel Best y Jo Marie Burt sobre el proceso judicial por violaciones a los derechos humanos cometidas en el cuartel Los Cabitos de Ayacucho hace más de dos décadas. La Sala Penal Nacional se encuentra en estos días recogiendo testimonios de víctimas y familiares en dicha ciudad. Creo que el viejo saurio puede esperar una semana, más urgente es resaltar este caso que ha recibido poca atención de la prensa local.
No le cuento los detalles del proceso, puede leerlos en la impactante crónica de Best y Burt. Quiero discutir, más bien, el significado de las audiencias y el valor de trabajos como el realizado por estas autoras. No importa cuántos testimonios o trabajos académicos uno haya consultado sobre la violencia en el país. Hay algo en la lectura de estas narraciones que indigna y entristece, y creo que no pasa solamente por las tragedias que allí se cuentan. Considero que parte importante del impacto de estos testimonios radica en que al enfrentarnos a la voz de las víctimas tomamos conciencia, precisamente, de lo poco que hemos escuchado en el país a los directamente afectados por la violencia.
A diferencia de Argentina, Chile, Uruguay o Brasil, en el Perú las víctimas han tenido poca oportunidad de contar sus historias. Las hemos visto en algunas entrevistas y en las audiencias de la CVR, pero no son invitados habituales en los medios de comunicación. No tienen redes políticas que pongan sus demandas en la agenda, ni un partido fuerte que represente sus reclamos. Una segunda vejación a su dignidad ha sido el silencio o abierto desprecio con los que el Estado y gran parte de la sociedad los castigaron.
La razón es, en buena cuenta, su procedencia social. Muchos de los muertos y desaparecidos de otros países pertenecían a la clase media o a sectores pobres más organizados. Tenían contactos, redes dentro y fuera del país, pertenecían a partidos políticos. Les resultaba más fácil ejercer presión, escribir cartas, demandar entrevistas. Exigir empatía por su tragedia. Aquí las víctimas y sus familiares carecían, en la mayoría de los casos, de recursos para demandar justicia. Y aun así algunos, como varios de quienes testificaron esta semana, lucharon por lograr justicia.
Hace ya una década me tocó conocer en forma directa algunos casos de inocentes en prisión. Conocí a una persona condenada por repartir propaganda senderista. Alguien le dio unos volantes a cambio de una propina. Nadie, ni la policía, ni el fiscal, ni los jueces, se percataron de que esta persona tenía un evidente retardo mental, pasaron años antes de que recibiera un indulto. Conocí también a un agricultor que fue encarcelado por un caso de homonimia. Ni siquiera vivía en la misma región donde se cometió el delito por el que se le procesaba, ni había pruebas en su contra: su nombre bastó para tenerlo más de un año encerrado. Son esas historias las que no hemos escuchado y de las cuales nos serviría mucho conocer como sociedad para entender varios de nuestros desencuentros actuales.
Cuando leo estos testimonios se me hace más difícil entender la visión maniquea e insensible de quienes ven los derechos humanos como una agenda contraria a las Fuerzas Armadas, y que, por tanto, debe ser silenciada. Muchos líderes de opinión pasan por encima abusos, violaciones, maltratos y racismo con una rápida respuesta como “En toda guerra hay excesos” o criticando su “teatralización”. No, al escuchar estos casos vemos cómo unos seres humanos utilizaron sus poderes para ejercer crueldad contra semejantes en posiciones vulnerables. Y, espero, algo aprendemos. Entre tanto bloque de noticias estúpidas en los programas del domingo, entre tantas noticias frívolas sobre Al fondo hay sitio en medios que se autodenominan serios, ¿no hay espacio para una conversación respetuosa y abierta con las víctimas de Los Cabitos?
Publicado por primera vez en Diario16 el 24 de junio 2012