La Defensoría del Pueblo ha detectado un “lento, insuficiente e insatisfactorio” avance de los procesos de judicialización que actualmente llevan a cabo las víctimas de la violencia vivida en el país durante los años 1980-2000.
© La PrimeraEsto se basa en la supervisión realizada a 194 casos que actualmente se ventilan en el Poder Judicial y donde las víctimas denunciantes han tenido que afrontar “investigaciones penales considerablemente prolongadas”. De acuerdo al informe de la Defensoría, la causa de esto es la implementación de un subsistema de justicia que no está dotado con la capacidad y los recursos necesarios para investigar y procesar los crímenes.
En el mismo documento se señala que en los últimos años ha faltado un fortalecimiento integral de las instancias especializadas, así como la mayoría de casos de violaciones de derechos humanos se han concentrado en el Distrito Judicial de Lima, lo cual ha generado un trabajo ineficiente en estas instancias.
También colocan como una observación que no exista un sistema de registros únicos –base de datos– de los casos de violaciones de derechos humanos.
Por último, también se señala que se vienen incumpliendo las medidas de coerción personal ordenadas contra los procesados por violaciones de derechos humanos y que los sistemas de protección para las víctimas, testigos y abogados o defensores de derechos humanos son ineficientes.
Debe recordarse que esto ya había sido advertido días atrás por la abogada de Aprodeh Gloria Cano, quien señaló que se viene viviendo un retroceso en los procesos de judicialización en derechos humanos.
Publicado en La República el 26 de agosto de 2013