Rightsperu, 29 de agosto de 2013
Hace exactamente 9 meses, el 29 de noviembre de 2012, el colegiado de la Sala Penal Nacional presidido por la jueza Martha Bendezú absolvió al ex coronel del Ejército Marco Alvarez, actual alcalde del distrito de San Borja, por la desaparición forzada de Lucho Manrique, el 6 de noviembre de 1989 en Huancavelica.
Aquí brindamos una nota de Diario 16 publicada el 21 de agosto de 2013 con más detalles sobre la noticia:
El fiscal supremo penal, Pablo Sánchez Velarde, ha emitido un dictamen en el que concluye que la sentencia absolutoria dictada a favor del actual alcalde de San Borja, Marco Álvarez Vargas, debe ser anulada.
El burgomaestre fue acusado por el delito de la desaparición forzada de Lucho Manrique Escobar, detenido la madrugada del 6 de noviembre de 1989 en su domicilio, en la ciudad de Huancavelica, en pleno toque de queda. Desde aquel día sus familiares no tienen conocimiento de su paradero. Las investigaciones posteriores del Ministerio Público señalaron como presunto responsable al alcalde, quien en ese momento se desempeñaba como jefe político militar, el coronel EP Marco Antonio Álvarez Vargas.
El fiscal supremo cuestiona la actuación de la Sala Penal Nacional y declara que en el expediente hay pruebas que corroboran que el acusado Álvarez Vargas, en noviembre de 1989, mantuvo una vinculación funcional con la Jefatura Político Militar de Huancavelica. Para la Fiscalía, “hay evidencias que lo vinculan con el crimen” y, por ello, ha solicitado que se declare nula la absolución.
La Sala Penal Nacional aceptó la versión del coronel Álvarez Vargas cuando dijo que un soldado había falsificado el oficio en el que él aparece respondiendo al fiscal provincial de Huancavelica sobre la detención de la víctima.
El expediente ha sido entregado a la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia para que revise el caso. Los abogados del Instituto de Defensa Legal (IDL), quienes patrocinan legalmente a los familiares de la víctima, han pedido informar oralmente los argumentos de la parte civil y solicitarán que se anule la sentencia.