Víctimas. Los testimonios de las mujeres que fueron sometidas al programa de esterilizaciones del régimen de Alberto Fujimori no son prueba suficiente para la Fiscalía.
- Pese a testimonios que certifican un perverso programa de control de natalidad, magistrado no los considera como prueba de la actitud dolosa de Fujimori.
Por César Romero C.
Las esterilizaciones forzadas permanecerán bajo el manto de la impunidad, pues el dolor y las presiones reiteradas para que miles de mujeres se acojan al programa de control de natalidad no prueban que Alberto Fujimori dirigiera una política de esterilizaciones forzadas en el país.
Así concluyó el fiscal Marco Guzmán Baca, de la 2ª Fiscalía Penal Supraprovincial de Lima, para archivar la investigación de las esterilizaciones forzadas contra Alberto Fujimori y sus ministros de salud: Eduardo Yong Motta, Marino Costa Bauer y Alejandro Aguinaga Recuenco.
MÉDICOS RESPONSABLES
Guzmán solo encontró indicios del delito de lesa humanidad, pero cometido individual y aisladamente por cuatro especialistas de la salud de Cajamarca, en agravio de la señora Mamerita Mestanza Chávez.
Mestanza fue sometida a una operación quirúrgica de esterilización en 1998 y falleció ocho días después de la intervención, sin que hasta hoy alguien haya sido sancionado por este hecho.
En este sentido, el fiscal Guzmán procederá a denunciar a los médicos Segundo Libori Cerna Rodríguez y Carlos Alberto Rueda Fernández por delito de homicidio culposo y exposición al peligro de persona dependiente.
Además, por este mismo caso los médicos Enrique Octavio Marroquín Osorio y Enedina Zavaleta Díaz deberán responder por los delitos de exposición al peligro de persona dependiente.
En tanto que los médicos legistas Alindor Torres Moreno y Enrique Cabrera deberán ser juzgados por delitos contra la administración pública, en las modalidades de encubrimiento real e incumplimiento de funciones.
El fiscal también dispuso remitir copias del caso Mestanza a la Fiscalía Suprema de Control Interno para que se investigue a los magistrados Olga Castañeda Ayulo, Guillermo Rojas Alcalde, Luis Ruiz Vigo, Juan Albán Ruiz y Rafael Tejada Goincochea, por no investigar oportunamente el caso de Mamerita Mestanza.
El fiscal consideró que los ilícitos cometidos en agravio de Mamerita Mestanza constituyen graves violaciones a los derechos humanos, por lo que de acuerdo con la jurisprudencia internacional no se aplica la prescripción y dichas personas deben responder por sus actos.
ESTERILIZACIONES
En diálogo con La República, Guzmán Baca explicó que tras entrevistar a 600 mujeres, sobre todo de Cusco y Piura, no encontró pruebas o indicios que permitan establecer que el gobierno de Fujimori tuvo la intención dolosa de aplicar una política de esterilizaciones forzadas en el país.
Indicó que sí estableció que muchas de estas mujeres fueron presionadas para someterse al programa de control de natalidad promovido por el gobierno de Fujimori, pero que al final tomaron una decisión voluntaria.
Sin embargo, dejó abierta la posibilidad de que otras presuntas víctimas de esterilizaciones forzadas puedan acercarse a la fiscalía a denunciar la existencia de otros indicios reveladores sobre el caso.
CLAVES
“Esta es una resolución en primera instancia. Los abogados de defensa de las víctimas de esterilizaciones forzadas pueden plantear el recurso de queja de derecho y este expediente subir a la fiscalía superior, donde esperamos que, con mayor detenimiento, se pueda revisar la investigación”, anunció Sigfredo Florián, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL).
La secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), Rocío Silva Santisteban, consideró que la decisión de la Fiscalía es una vergüenza.
Publicado originalmente en La República el 25 de enero de 2014