- Ni olvido ni perdón. Activistas y organizaciones de derechos humanos señalan a Alberto Fujimori y a sus ex ministros de Salud como los responsables en la política de esterilizaciones forzadas que afectaron a miles de mujeres
Por Gabriel Mazzei M.
El inclemente sol del mediodía no impidió que un grupo de mujeres, vestidas íntegramente de intenso rojo, se apostara en el frontis del Ministerio Público en protesta del dictamen fiscal que exculpó al ex presidente Alberto Fujimori y sus ex ministros de Salud por el caso de esterilizaciones forzadas en la década de los noventa.
vejación que sufrieron las víctimas de esterilización
forzada. Reclamaron porque ese delito no fue
considerado como de lesa humanidad
© La RepúblicaLa coyuntura, absorbida exclusivamente al fallo que horas antes había emitido la Corte Internacional de Justicia de La Haya, tampoco fue pretexto para que las mujeres indignadas no reclamen lo que consideran una injusticia.
Allí estaban, echadas una tras otra sobre una alfombra también de color rojo que habían puesto encima de las escaleras de la Fiscalía de la avenida Abancay. Ellas vociferaban al unísono: “Justicia”.
A la protesta se hicieron presentes diversos colectivos de organizaciones feministas y de derechos humanos.
Tras la misma, anunciaron que hoy interpondrán el recurso de queja ante el Ministerio Público contra la resolución del fiscal Marco Guzmán Baca que exculpó a Fujimori y a los ex ministros Eduardo Yong Motta, Marino Costa Bauer y Alejandro Aguinaga.
Como se sabe, Guzmán Baca señaló que existe el presunto delito de exposición al peligro y homicidio culposo, pero solo contra el grupo de médicos que operaron a Mamérita Mestanza, campesina que fue sometida a una operación quirúrgica de esterilización en 1998 y falleció ocho días después de la intervención.
APELACIÓN
La representante legal de Demus, Rossy Salazar, señaló que el fiscal Marco Guzmán Baca se ha sobrepasado de sus competencias al haber determinado que Fujimori no es culpable en este caso, cuando es el juez –argumentó– quien debe pronunciarse sobre la responsabilidad de los procesados.
“Al fiscal no le toca probar nada. En la etapa procesal que estamos ahora, debemos saber si existe la presunta comisión del delito. Ya en la etapa del juicio oral, con pruebas se determinará la culpabilidad de los procesados”, indicó Salazar.
La abogada recordó que existen diversos testimonios de mujeres afectadas con la política de esterilizaciones forzadas y oficios de médicos y enfermeras que señalan cómo eran presionados para llevar a cabo ese tipo de directivas, que responsabilizan directamente al ex presidente.
“En este tipo de casos complejos no vas a encontrar pruebasdirectas sino indicios que luego, en la etapa de juicio, se dirá si es culpable o no”, dijo.
Contrario a lo que estableció el fiscal en cuanto a que las esterilizaciones no son delitos de lesa humanidad, Salazar sí cree que tipifican tal cual.
En esa línea, sustentó que el Programa Nacional de Salud Reproductiva y Salud Familiar, creado durante el fujimorismo, puede haber contado con la debida publicidad, a través de normas promulgadas, pero ello no significa que no haya habido alguna conducta ilegal.
“El fiscal no tiene que ver sobre la legalidad o no de la política, él tiene que ver si a través de este marco legal se cometió algún ilícito, y eso se demuestra con las declaraciones de las mujeres afectadas”, alegó la abogada de DEMUS.
De acogerse el recurso de queja, el expediente puede subir a una fiscalía superior que podría revisar la investigación.
Durante el régimen fujimorista se practicaron 272 mil operaciones para esterilizar a mujeres, muchas sin su consentimiento. 18 de ellas murieron luego de ser operadas.
DESCARGO
El pronunciamiento del fiscal Marcos Guzmán se refiere únicamente al caso Mamérita Mestanza, porque, apuntó, si abría proceso por los otros casos de esterilizaciones “el juzgado me iba a devolver la acusación, argumentando que el expediente sería muy confuso”.
Guzmán acusó que no recibió el apoyo debido para realizar las diligencias correspondientes en sus viajes a Piura o Cusco y entrevistar a las mujeres afectadas con la política de esterilizaciones forzadas.
El fiscal acogió la declaración de Fujimori, quien señaló desconocer el daño que generó el Programa Nacional de Salud Reproductiva y Salud Familiar.
“Él me dice que había que reducir las altas tasas de mortalidad infantil y materna”, justificó el fiscal, quien considera que este es solo un caso de negligencia posoperación a la señora Mamérita Mestanza.
“BATALLA CONTRA LA IMPUNIDAD”
Victoria Vigo, mujer piurana afectada con la política de esterilizaciones forzadas, calificó de “vergonzoso” el pronunciamiento del fiscal Marco Guzmán Baca.
Vigo presentó su demanda por su cuenta y ganó el juicio contra el médico que le realizó la operación de esterilización forzada, Nicolás Angulo.
Tras la operación quirúrgica a la que fue sometida, Vigo se enteró de que había perdido a su hijo.
“El caso de Mamérita Mestanza es simbólico. No puede quedar impune. Tenemos que batallar contra la injusticia”, señaló Vigo.
Añadió que sí existen pruebas que responsabilizan a Alberto Fujimori en este caso.
CLAVES
En octubre del 2011, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado Peruano la reapertura del caso de esterilizaciones forzadas.
La secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Rocío Silva Santisteban, indicó que el dictamen fiscal ha originado “la indignación de miles de mujeres que fueron afectadas” por esa política.
Publicado en La República el 28 de enero de 2014