Por Instituto de Defensa Legal
El colegiado “B” de la Sala Penal Nacional presidido por la vocal superior Rosa Bendezú Gómez y conformado por las magistradas Miluska Cano López y Emma Benavides Vargas, emitirá mañana viernes 21 de marzo a las 2.30 p.m., la sentencia del caso de la matanza de los campesinos de Lucmahuayco (ubicado en el Valle de la Convención del Cusco), ocurrido en el año 1984.
Un día en la MemoriaEl Fiscal Superior Luis Landa Burgos solicitó se les imponga 25 años de pena privativa de la libertad al General EP ® Juan Antonio Gil Jara, ex jefe del Comando Político Militar de Andahuaylas y a Leoncio Cáceres Ballón, ex jefe de la 34 Comandancia de la ex Guardia Civil de Quillabamba, acusados de ser los autores mediatos. De igual modo, al Coronel PNP ® Víctor Salas Lozano (jefe del operativo) y a otros 18 policías, 4 militares del ejército peruano, así como a 5 ronderos del valle de Incahuasi de la Convención, acusados de ser los autores directos del asesinato y de la desaparición Forzada de Alejandro Ccorahua Aspur y otros 27 pobladores de la zona.
Para el abogado de la parte civil, Juan José Quispe, la sentencia deber ser condenatoria pues durante todo el proceso -especialmente en el juicio oral- se han presentado diversos testimonios e instrumentos que comprueban los hechos.
El caso:
Los asesinatos y desapariciones en la localidad de Lucmahuayco -ocurridos a fines de septiembre y noviembre de 1984 por parte de militares, policías y ronderos- no fue un hecho aislado sino que se debió a un plan estructurado, diseñado y ejecutado desde las más altas esferas de las autoridades militares y policiales quienes coordinaron estrechamente para la ejecución de estos dos operativos con la finalidad de dar golpes importantes, inmediatos y urgentes para la lucha contra la subversión.
Para estos operativos se utilizó información de inteligencia así como la denuncia de los propios pobladores de Incahuasi la que fue suficiente y necesaria para la elaboración de los planes operativos que culminaron con las operaciones realizadas en primer lugar, la de fines de septiembre de 1984 en donde el Coronel Juan Antonio Gil Jara entonces Jefe del Comando Político Militar de Andahuaylas (Jefe del Área de Seguridad Nacional de Andahuaylas), ordenó al Comandante Roque Augusto Yupanqui Salaverry Pereyra para que conjuntamente con el Mayor Hugo Armando Figueroa Gonzales, el Teniente Jorge Eduardo Valdés Rodríguez y el capitán Edinson René Terrones Fernández conformaran una patrulla militar todos provenientes de la Base de Andahuaylas con la finalidad de presuntamente formar comités de autodefensa pero que en la práctica terminaron por arrasar con personas presuntamente vinculadas a la subversión ubicadas en las localidades de Vacrachacra, Milhar y Pintocc.
En un segundo momento, el 26 de noviembre de ese mismo año, la Jefatura de la 44 Comandancia de la Guardia Civil que en esa época estaba a cargo de Leoncio Fritz Cáceres Ballón diseñó y distribuyó los roles del plan operativo denominado “Patrulla Móvil” por lo que los miembros de la ex Guardia Civil del Perú jefaturados por el Capitán Víctor Salas Lozano y los tenientes Serafín Daniel Bendezú Pumasunco y Julio David Estrada Robles conjuntamente con 17 efectivos policiales más y aproximadamente 100 comuneros entre ronderos y pobladores de la comunidad de Incahuasi incursionaron en la localidad de Lucmahuayco y Cacaopampa con la finalidad de erradicar la subversión en dicha localidad, en este operativo se dio muerte y desapareció a Pablo Alarcón Vargas, Juan Ccorahua Aspur entre otros y se detuvo a 27 personas acusadas de pertenecer a la organización subversiva de Sendero Luminoso, las que luego de varios y dilatados juicios orales fueron absueltas del delito de terrorismo, confirmando la mala sindicación realizada por los policías toda vez que se demostró que éstas personas fueron secuestradas, obligadas y forzadas a colaborar con Sendero Luminoso.