Por Gloria Cano
Directora Ejecutiva de la Asociación Pro-Derechos Humanos (APRODEH)
Hace 23 años, la noche del 14 de marzo de 1991, una patrulla militar liderada por el oficial del ejército Collins Collantes proveniente de la base militar de Pampa Cangallo llegó a la localidad de Chuschi, Ayacucho. Se dirigieron al puesto policial cuya jefatura estaba encargada al oficial Mariano Juárez Aspiro, a fin de coordinar el apoyo de la policía en la misión encargada por su comando: detener a las autoridades y líderes del pueblo de Chuschi. Para ello entregó una lista de nombres entre las que se incluía al alcalde, el teniente gobernador, y el Juez de Paz, entre otros.
Por otro lado, el Comando Político Militar, liderado por el general Hugo Martínez Aloja, les exigía que conformaran con los pobladores comités de autodefensa a fin que recibieran armas y enfrentaran militarmente a Sendero Luminoso. Esto era rechazado por la población, ya que ellos habían elaborado un sistema de seguridad con sus vigías y temían que si conformaban un comité de autodefensa, podría haber un ensañamiento de Sendero hacia la población de Chuschi. Por esta situación había existido serios altercados entre las autoridades y líderes con el jefe del puesto policial, quien incluso llegó a lanzar amenazas contra ellos.
Los integrantes de la patrulla militar simularon un ataque al puesto policial tal como estaba coordinado a fin de hacer creer luego que los pobladores habían desaparecido por acción de Sendero Luminoso. Luego de esta simulación, en la madrugada, un contingente de policías y militares irrumpieron con violencia en los domicilios de Manuel Pacotaype, Martín Cayllahua, Marcelo Cabana, e Isaías Huaman (menor de edad). En algunos casos llegaron preguntando por algún pariente, y al no encontrarlo se llevaron a otro miembro de la familia.
La patrulla militar partió de Chuschi hacia la base de Pampa Cangallo. Las esposas y madres de los detenidos siguieron a la patrulla. Los militares trataban de evitarlas, e incluso las amenazaron para que no los siguieron, pero ellas continuaron a pie cortando camino entre los cerros y pudieron ver como la patrulla ingresaba a sus seres queridos a la base militar.
Desde ese momento no se sabe de su paradero. Las señoras insistieron ver a sus familiares en la base, pero les negaron la información, las insultaron, y las echaron. Lo mismo pasó al fiscal de la zona, que se acercó a fin de investigar la denuncia. Cuando la denuncia es conocida en Lima viajaron desde el parlamento para investigar pero nuevaemente los militares negaron la detención de las autoridades de Chuschi.
El juicio
En el proceso judicial se conoce que las órdenes para la operación de la detención partió del Comando Político Militar, puesto que la relación de personas a detener fue enviada por un radiograma. También se ha llegado a saber que luego del ingreso de las víctimas al cuartel de Pampa Cangallo fueron entregados al jefe del cuartel Mario Caldas Dueñas, y su estado mayor José Humberto Zavaleta Angulo “Trueno” y Néstor Oblitas Carrera “Espartaco”.
Dentro de la base fueron colocados dentro de unos baños, donde se les sometía a interrogatorios y tortura. Un soldado declaró durante la investigación que estaban por días sin comer ni beber, y que él por lástima les alcanzó un pan. El oficial a cargo de los interrogatorios era el jefe de de inteligencia el oficial EP Marco Antonio Aguilar Biaggui. Cuando las denuncias llegaron a los medios de comunicación de Lima y parlamento, se les dio la orden de negar todo. Tan es así que Martínez Aloja presenta a la comitiva parlamentaria al jefe de la base con otro nombre, y ordenan a Guares Aspiro negar todo. Por su parte el jefe departamental de la policía rechaza un informe presentado por Juárez Aspiro señalando que debía negar todos los hechos por escrito y así lo hizo.
Todos estos hechos han sido declarados en el juicio oral que viene llevando a cabo ante la Sala Penal Nacional. Sin embargo, los acusados siguen negando el tener conocimiento de los hechos, pretendiendo que todo el operativo, detención y desaparición de las autoridades y pobladores de Chuschi fue decisión única y exclusivamente de Mario Caldas Dueñas y Marco Aguilar Biagui.
Luego de la diligencia de inspección en la base militar de Pampa Cangallo donde las señoras tuvieron que explicar su trayecto y desde que lugar observaron que ingresaron a las víctimas a la base, quedó claro que sus familiares ingresaron con vida a dicho lugar y desde ahí no se sabe nada de ellos. Al termino de dicha diligencia el jefe de la patrulla el oficial Collantes pidió perdón a las familias por los hechos. Una de las señoras le dijo en Quechua: “Te pedimos, te rogamos, que nos los entregaras. Igual que a Cristo, los hiciste caminar en calzoncillos y sin zapatos. Queremos saber ¿donde están?”
Luego de 23 años las familias exigen justicia, pero no solo sanción penal, que debe llegar por las solidas pruebas actuadas durante el proceso, sin también exigen la entrega de los cuerpos de las víctimas. Un delito tan aberrante como es la desaparición forzada no puede tener si no una sanción ejemplar. Una condena penal que debe ser efectiva, sin posibilidades de beneficios hasta que no cese la negativa de dar el paradero de los desaparecidos.