Por Carlos Rivera Paz
Más allá de los resultados electorales la estrategia que pretende liberar a Alberto Fujimori persiste. Ciertamente, el hecho de haber accedido a la segunda vuelta electoral había empoderado al fujimorismo y ello –evidentemente– se había convertido en la mejor estrategia para liberar al jefe indiscutido de esa organización. Pero los resultados del 5 de junio no solo dan cuenta que el fujimorismo ha sido derrotado, sino que ya existe un nuevo escenario político en marcha.
Es a partir de este nuevo escenario que habrá que contemplar y analizar la estrategia que pretende ponerlo fuera de la DIROES.
Desde el minuto siguiente a la emisión de la sentencia condenatoria –impuesta el 7 de abril de 2009– se inició el despliegue de una estrategia de cuestionamiento tanto a los magistrados que la emitieron como al contenido de la sentencia. La sentencia fue confirmada por la Corte Suprema de Justicia, pero algún tiempo después se conoció de la presentación de casi una veintena de acciones de Habeas Corpus a través de los cuales se cuestionaba la condena. De uno se comenzó a tener noticias que había llegado al Tribunal Constitucional. A partir de ese momento hemos sido testigos de marchas y contra marchas que el TC ha dado para resolver un asunto sencillo en términos jurídicos y procesales. El dato concreto es que, primero, el TC escuchó los informes de la defensa y una semana antes de la primera vuelta anuló esa vista de la causa y, luego, citó a una nueva fecha para los informes y ese mismo día decidió suspenderla alegando la existencia de un proceso electoral presidencial.
Más allá de que la hija del condenado era una de las candidatas a la presidencia de la república lo cierto es que los jueces jamás explicaron –procesalmente, claro está– cuál era la influencia que el proceso electoral imponía al TC, más aun si suponemos que los magistrados constitucionales también deben ser independientes e imparciales. Hoy, después de las elecciones seguramente estarán más “aliviados” de la presión política y es muy probable que muy pronto volverán a citar a que la defensa de Fujimori presente su informe oral.
Pero, cuando aun no salían siquiera los resultados oficiales que daban cuenta de la victoria de Ollanta Humala, un congresista del Partido Aprista ha lanzado un reclamo inesperado: el presidente García debería indultar al ex presidente Alberto Fujimori, porque según el congresista se trata de “un anciano que está enfermo”. ¿Cuál es el objetivo de esta propuesta? Creo que por lo menos aparecen dos bastante claros: uno, es volver a colocar el caso Fujimori como un elemento político del nuevo escenario. Dos, servir de globo de ensayo y con ello medir la reacción de la sociedad, pero sobre todo del Presidente de la República ante la propuesta. Ese congresista debe tener muy presente que la actitud del Apra frente al caso Fujimori ha sido –por lo menos– complaciente desde el mismo momento que el Estado peruano tramitaba el proceso de extradición ante la justicia chilena.
Durante el último quinquenio el objetivo fundamental del fujimorismo ha sido la libertad de Fujimori y pasadas las elecciones me parece que hemos vuelto de lleno a esa agenda y para ninguna alternativa es descartada. Es cierto que el nuevo escenario político coloca la decisión del TC en otro contexto en el pareciera difícil –nunca imposible– de que este órgano constitucional incline la balanza a favor del reo de la DIROES.
En medio de este escenario aparecieron las declaraciones del vicepresidente electo, Omar Chehade, en las que proponía que Fujimori debería ser trasladado a un establecimiento penal común. Ciertamente en los últimos meses se han conocido diversos casos y se ha publicado diversas informaciones que dan cuenta de la utilización de las instalaciones del penal ubicado en la DIROES como si se tratara de un local partidario, pero la propuesta ha sido lanzada en el momento político más inoportuno ya que el resultado que se podría obtener es que termine “victimizando” al condenado Fujimori haciéndolo objeto de reacciones indebidas de parte de aquellos que han llegado al poder. Además, consideramos que el proceso de transición no debería ser enturbiado por un elemento tan perturbador como este.
¿Debe permanecer Fujimori en la sede de la DIROES? Creo que sí. Pero lo que sí se debe exigir es que simplemente se cumpla la ley, es decir, el Código y el Reglamento del Código de Ejecución Penal. Ya que en estas normas se contempla de manera muy clara y precisa el régimen de tratamiento penitenciario, el cual contiene los derechos del interno y las restricciones a las cuales está sometido. Probablemente el Director del Establecimiento Penal de Barbadillo (DIROES) no tenga conocimiento de ello y entonces una primera tarea de la nueva administración sea recordar que la ley está para cumplirse y no para hacerse de la vista gorda.
En todo caso estos elementos nos indican que el factor Fujimori seguirá estando muy presente en el escenario político, pero frente a ello lo que le corresponde hacer a las instituciones es garantizar la protección de una decisión judicial que tiene la condición de cosa juzgada y que es el resultado de un juicio en el que se respetó de manera irrestricta el debido proceso. En concreto se trata de que se garantice el Estado de derecho.
Publicado por primera vez en Notihome, Justicia Viva, 9 de junio 2011
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