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News Reports on Transitional Justice in Peru

Sala mixta absuelve a 5 policías acusados de asesinatos en 1990

Por José Víctor Salcedo. Cusco

El asesinato de Zacarías Pasca Huamaní y Marcelino Valencia Álvaro, a manos de policías (Chumbivilcas, 1990), podría quedar impune. La Sala Mixta de Canchis (Cusco) absolvió a los efectivos policiales implicados: Jorge Elías Maldonado Arrarte, Audaz Báez Maqquerhua, Moisés Sixto Sutha Vera, Guido Huallpa Roca y Braulio Martiarena Ríos. Los dos últimos incluso siguen en actividad.

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Familiares de las víctimas. Revista Willanakuy
Familiares de las víctimas. Revista Willanakuy
Familiares de las víctimas. Revista WillanakuyLos magistrados de la referida sala, Miriam Pinares Silva, Víctor Rómulo Velasco Chávez y Camilo Luna, reservaron la sanción del caso para el alférez Miguel Ángel Alva Quiroz, quien vive con asilo político en Argentina desde julio de 2012.

Él junto a los seis agentes absueltos fueron juzgados por secuestro agravado y homicidio calificado con gran crueldad (violación de derechos humanos). La Fiscalía Superior de Canchis, en su momento, había pedido 22 años de cárcel y una reparación civil de 35 mil soles por esos cargos.

Sin embargo, para los integrantes de la sala mixta no se probó la responsabilidad penal de los absueltos; por ende, se aplicó el principio de “inocencia e in dubio pro reo” (inocencia ante la duda). De igual forma refirieron que el caso no configura delito de lesa humanidad.

Sobre el particular, el organismo Derechos Humanos Sin Fronteras (integrante de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos) anunció que interpondrá un recurso de nulidad ante la Corte Suprema al considerar que la sentencia no tiene fundamento.

La medida recibió el respaldo de la Asociación Por la Vida y Dignidad Humana (Aporvidha). “Esperemos que se revoque esta sentencia”, refirió Iskra Chavez, representante.

UN CASO DE IMPUNIDAD

Para Maritza Quispe, integrante de Derechos Humanos Sin Fronteras, la sala hizo una inadecuada valoración de pruebas. “La sentencia es una expresión de impunidad y negación del derecho a la verdad que tienen las víctimas”, anotó.

Otro hecho cuestionado es que los magistrados señalaron como motivo del crimen la obtención de un beneficio económico (sustraer dinero), cuando en el proceso “se ha demostrado que el móvil fue que los policías consideraron a los agraviados como terroristas”.

CRUEL HISTORIA

El crimen de Marcelino y Zacarías es uno de los más crueles registrados por la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) en Cusco. Ocurrió el 24 de setiembre de 1990. Ese día, a media mañana, Pasca Huamaní fue detenido por el alférez y su subalterno Huallpa, ambos en aparente estado de ebriedad según las pericias. Zacarías era estudiante del Centro Educativo Ocupacional (CEO) “Amauta” en Santo Tomás (Chumbivilcas).

Enterado de la detención, Marcelino, quien era bachiller en Derecho, llegó a la comisaría de Santo Tomás para solicitar la liberación de su alumno del CEO. También se le detuvo.

Los efectivos los interrogaron sobre una presunta vinculación con el terrorismo. Los golpearon y bañaron con agua durante horas para que confesaran su “supuesta” militancia.

Cuando era casi medianoche, el alférez asesinó de un disparo en la boca a Zacarías y de otro en la cabeza a Marcelino. Ambos estaban arrodillados en el patio de la comisaría frente a dos fosas, donde los enterraron.

Publicado el 3 de octubre de 2013 en La República

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Jóvenes peruanos reflexionan sobre el legado de la CVR: Sally Ccotarma. El caso Marcelino Valencia y Zacarías Pasca

Cuando se cumplen 10 años de la publicación del informe final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación del Perú, el ICTJ quiere conocer cuál ha sido el legado de su trabajo y de las recomendaciones que hizo públicas hace una década. Para ello, hemos entrevistado a aquellos que tienen en sus manos el futuro del país: los jóvenes peruanos.

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Sally Ccotarme, abogada de Derechos Humanos Sin Fronteras
Sally Ccotarme, abogada de Derechos Humanos Sin Fronteras
Sally Ccotarme, abogada de Derechos
Humanos Sin Fronteras
A pesar de haber nacido en pleno conflicto y tener apenas algunos recuerdos de las audiencias públicas de la CVR, una generación de jóvenes peruanos ha crecido preguntándose por el porqué de la violencia y el abuso de derechos humanos que devastó a su país entre 1980 y 2000. Estos jóvenes entienden la necesidad de volver la vista atrás y rebuscar entre las páginas del informe de la CVR, que relata las atrocidades de las que fueron víctimas más de 69.000 personas y expone las causas estructurales del conflicto. A través de una serie de entrevistas en formato podcast, nos acercamos a la vida de estos jóvenes, quienes a través de su trabajo valorando el pasado y la conservación de la memoria buscan conseguir un auténtico cambio social en el Perú.

Sally Ccotarma es abogada y trabaja en Cusco, en la sierra de los Andes, donde combina casos de derechos humanos de distintas regiones. Actualmente, está llevando el caso de un asesinato a manos de las fuerzas del Estado que sucedió hace 22 años, los mismos que tiene ella. El proceso ha sido víctima de varios obstáculos legales, cosa que resulta muy frustrante para los familiares y para ella. “Pero la fuerza que nos ha motivado a continuar son los familiares. Es increíble cómo a pesar de que sus hijos fueron asesinados tengan que esperar 22 años para determinar cómo murieron y quiénes fueron los responsables”, cuenta Ccotarma.

Escuche aquí la entrevista a Sally Ccotarma. Duración: 21:18 min

Deudos de Marcelino Valencia y Zacarías Pasca, estudiantes asesinados por miembros de la Policía Nacional del Perú el 24 de setiembre de 1990 (Fotografía de http://willanakuycusco.blogspot.com).
Deudos de Marcelino Valencia y Zacarías Pasca, estudiantes asesinados por miembros de la Policía Nacional del Perú el 24 de setiembre de 1990 (Fotografía de http://willanakuycusco.blogspot.com).
Deudos de Marcelino Valencia y
Zacarías Pasca, estudiantes
asesinados por miembros de la Policía
Nacional del Perú el 24 de setiembre
de 1990
(foto http://willanakuycusco.blogspot.com)
El caso de asesinato tuvo lugar en Chumbivilcas, una de las provincias que sufrieron más la violencia del conflicto armado. Ccotarma critica que, a pesar de que tras la publicación del informe final de la CVR hubo avances en cuestiones de justicia, la capacitación de los magistrados y fiscales en las regiones sigue siendo muy necesaria: “Hay magistrados que no entienden las mecánicas penales o no tienen un conocimiento claro sobre derechos humanos, no reconocen la sistematicidad de los crímenes, y entonces existe el peligro de que lo consideren como un homicidio más”.

En su informe final, la CVR denunciaba el grave distanciamiento entre la vida de la capital, Lima, y la de las regiones. Ccotarma considera que esa situación no ha cambiado: “Tal vez hay más carreteras, pero las estructuras sociales y económicas son las mismas. Estos pueblos no sienten que el Estado los proteja”.

La sensación de vulnerabilidad se ha acentuado con conflictos recientes, como la expansión del negocio de la extracción minera, que ha obligado a miles de personas a desplazarse. “Ellos sienten que el Estado está a favor de las empresas”, dice Ccotarma.

El trabajo de la CVR es muy valorado por los pueblos indígenas, asegura la joven abogada: “Porque es darle voz, darle vida a todo lo que ellos han sufrido. Sintieron que el Estado estaba allí que reconocieron que habían cometido un error. Las víctimas de la violencia política sienten el informe final de la CVR como algo suyo”. Con las recomendaciones ya es otra cosa: “Creían que se iban a implantar, pero no se han cumplido. Sienten que se los está estafando”.

Publicado en ICTJ el 10 de setiembre de 2013