Cuando se cumplen 10 años de la publicación del informe final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación del Perú, el ICTJ quiere conocer cuál ha sido el legado de su trabajo y de las recomendaciones que hizo públicas hace una década. Para ello, hemos entrevistado a aquellos que tienen en sus manos el futuro del país: los jóvenes peruanos.
A pesar de haber nacido en pleno conflicto y tener apenas algunos recuerdos de las audiencias públicas de la CVR, una generación de jóvenes peruanos ha crecido preguntándose por el porqué de la violencia y el abuso de derechos humanos que devastó a su país entre 1980 y 2000. Estos jóvenes entienden la necesidad de volver la vista atrás y rebuscar entre las páginas del informe de la CVR, que relata las atrocidades de las que fueron víctimas más de 69.000 personas y expone las causas estructurales del conflicto. A través de una serie de entrevistas en formato podcast, nos acercamos a la vida de estos jóvenes, quienes a través de su trabajo valorando el pasado y la conservación de la memoria buscan conseguir un auténtico cambio social en el Perú.
Sally Ccotarma es abogada y trabaja en Cusco, en la sierra de los Andes, donde combina casos de derechos humanos de distintas regiones. Actualmente, está llevando el caso de un asesinato a manos de las fuerzas del Estado que sucedió hace 22 años, los mismos que tiene ella. El proceso ha sido víctima de varios obstáculos legales, cosa que resulta muy frustrante para los familiares y para ella. “Pero la fuerza que nos ha motivado a continuar son los familiares. Es increíble cómo a pesar de que sus hijos fueron asesinados tengan que esperar 22 años para determinar cómo murieron y quiénes fueron los responsables”, cuenta Ccotarma.
Escuche aquí la entrevista a Sally Ccotarma. Duración: 21:18 min
El caso de asesinato tuvo lugar en Chumbivilcas, una de las provincias que sufrieron más la violencia del conflicto armado. Ccotarma critica que, a pesar de que tras la publicación del informe final de la CVR hubo avances en cuestiones de justicia, la capacitación de los magistrados y fiscales en las regiones sigue siendo muy necesaria: “Hay magistrados que no entienden las mecánicas penales o no tienen un conocimiento claro sobre derechos humanos, no reconocen la sistematicidad de los crímenes, y entonces existe el peligro de que lo consideren como un homicidio más”.
En su informe final, la CVR denunciaba el grave distanciamiento entre la vida de la capital, Lima, y la de las regiones. Ccotarma considera que esa situación no ha cambiado: “Tal vez hay más carreteras, pero las estructuras sociales y económicas son las mismas. Estos pueblos no sienten que el Estado los proteja”.
La sensación de vulnerabilidad se ha acentuado con conflictos recientes, como la expansión del negocio de la extracción minera, que ha obligado a miles de personas a desplazarse. “Ellos sienten que el Estado está a favor de las empresas”, dice Ccotarma.
El trabajo de la CVR es muy valorado por los pueblos indígenas, asegura la joven abogada: “Porque es darle voz, darle vida a todo lo que ellos han sufrido. Sintieron que el Estado estaba allí que reconocieron que habían cometido un error. Las víctimas de la violencia política sienten el informe final de la CVR como algo suyo”. Con las recomendaciones ya es otra cosa: “Creían que se iban a implantar, pero no se han cumplido. Sienten que se los está estafando”.
Publicado en ICTJ el 10 de setiembre de 2013