- Sala Penal Nacional. Una serie de correos del 2007 y 2008 describe la presunta entrega de celulares, regalos y dinero para el tendido de una red de magistrados que permitiría la absolución del general Marino Ambía, acusado de la desaparición de cuatro pobladores de la comunidad de Matero, en Ayacucho.
La Sala Penal Nacional (SPN) está integrada, en teoría, por los mejores jueces del país. Tienen la misión de juzgar delitos graves de alcance nacional: violación de derechos humanos, narcotráfico, corrupción, lavado de activos y hasta ataques a la prensa.
Sin embargo, en abril último, de manera anónima, llegó a La República un USB cuyo contenido pone en tela de juicio esa teoría. El USB contiene información sobre el caso Matero por violación de derechos humanos: actas, videos, fotos, sentencias y correos que se intercambiaron entre un militar procesado, un intermediario y una “jueza”.
Los correos
Los correos datan de junio del 2007 a agosto 2008. En ellos se describen supuestos actos de corrupción: se solicita dinero y regalos, se oculta la aparición de un testigo clave, se asesora a los acusados y se anuncia una absolución, que efectivamente sucede.
La República ha podido verificar que los archivos grabados en el USB le pertenecen al general de brigada EP Marino Ambía Vivanco, jefe del Comando de Operaciones Terrestres e integrante de la promoción del presidente Ollanta Humala Tasso.
Los correos fueron guardados, unos en formato original, que permite confirmar su autenticidad. Otros fueron objeto de copy/paste y guardados en archivos de texto.
Este intercambio de correos se da, de ida y vuelta, entre tres cuentas: mirthabendezu040955@yahoo.es que firma “Mimi”; bendezu_fiscalia@hotmail que suscribe “Javier”; y marinoambia40@hotmail.com. Esta última cuenta es utilizada hasta hoy por el general Ambía, quien fue juzgado durante 11 años por el caso Matero.
Las dos primeras cuentas, todo indica, fueron creadas para la ocasión. Hasta donde se verificó, parte de la información personal que contienen los correos: domicilios, nombres de familiares, es falsa. Lo preocupante es que el fondo de los temas tratados y las recomendaciones que se hacen en el juicio Matero tienen efectos en la realidad: la sentencia absolutoria.
Usted es inocente
El caso Matero, contra tres policías y dos militares, tuvo tres juicios. Los tres concluyeron con sentencia absolutoria. La definitiva se dio en enero último, cuando la Sala Penal de la Corte Suprema, que preside el juez César San Martín, concluyó que el general Ambía era inocente. La fiscalía lo acusaba de la desaparición de cuatro pobladores de la localidad de Matero, en Ayacucho, en julio de 1986.
Pero en los correos del año 2007, respecto del primer juicio, ya se prevé ese resultado. En un correo, copiado en Word, del 27 de setiembre del 2007, que “Javier” le reenvía al “crnel Ambia”, casi 11 meses antes de dictarse la primer sentencia absolutoria, “Mimi” dice: “… el expediente lo hemos estudiado detenidamente, veo pocas evidencias de su responsabilidad en los hechos, pero como comprenderás a mí no me tiembla la mano al dictaminar una sentencia, yo no me dejo presionar por amenazas ni presiones de la prensa, la decisión la hago de acuerdo a mi conciencia y como veo existen muchas evidencias de su inocencia”.
En este correo también se indica que un testigo (Luis Tinco Cuya) llegó al tribunal con información y pruebas que acreditan la participación en los hechos del general Ambía y del coronel EP Carlos Bardales Angulo, pero que no se recibió oficialmente su testimonio y lo regresaron a Ayacucho.
Los correos siempre van de “Mimi” a “Javier” y este los reenvía inmediatamente o minutos después a Ambia, en algunos casos pasadas las 11 de la noche. En otro correo, 16 de octubre del 2007, se describe una serie de apreciaciones sobre el juicio: “La forma de neutralizar las acusaciones en su contra es mediante la duda”. Unos días después, el 25 de octubre, junto a nuevas opiniones del desarrollo del juicio, se adjuntan tres documentos oficiales recibidos por la SPN, del Ministerio de Justicia, la Defensoría del Pueblo y el Congreso de la República, solicitando información de los casos por violación de derechos humanos.
En otro, del 3 de noviembre, se solicitó dinero para la atención médica de Luis Tinco Cuya, para evitar que pueda llegar donde Aprodeh o con los periodistas. “Ya suman
$ 600.00 que vengo entregando a la familia y es necesario que me devuelvan este apoyo”, escribe “Mimi” y se dan números de cuentas bancarias para los depósitos.
Tinco también habría recibido un carrito sanguchero, donación de los militares a los que esta acusando, dice otro correo. Luego, al fallecer, supuestamente se da ayuda económica a su esposa.
Párrafos más adelante, “Mimi” afirma: “Este proceso es delicado, tenemos una acusación fiscal de 20 años, además de testigos que sindican directamente a los presuntos autores, pero cuando cada uno realice su descargo oral es cuando ellos van a determinar su inocencia, (…) yo como encargada de los debates lo ayudaré”.
En un correo original del 29 de diciembre del 2007, “Javier” le indica a Ambia que han estado trabajando, en tres etapas, se indica que se trabaja en el tendido de una red, en tres etapas, para lograr la absolución. Para esto se pide dinero con el fin de entregar regalos a diversos magistrados, que aparecen mencionados en otros e-mails. También se regalan dos celulares.
Las conversaciones continúan durante todo el juicio. El 21 de julio del 2008, se reporta una supuesta reunión en la casa de una magistrada, donde se evaluó el alegato escrito por la defensa de Ambía, que se presentó dos días después, el 23 de julio.
Según el correo, las juezas evaluaron el documento y le dan recomendaciones. De acuerdo con las actas del proceso, estas recomendaciones fueron aplicadas por el abogado de Ambía, Rafael Eduardo Franco de la Cuba: el uso de lentes en el tiempo y fotos que enfatizan que dicho procesado no estuvo en Cangallo cuando sucedieron los hechos.
La primer sentencia
El primer juicio del caso Matero estuvo a cargo del colegiado “D” de la SPN, integrado en esa época por las juezas Mirta Bendezú Gómez, María Vidal La Rosa Sánchez y Rosa Amaya Saldarriaga. Se desarrolló desde el 16 de marzo del 2007 hasta el 8 de agosto, lo que coincide con la fecha de los correos.
Bendezú integra la SPN desde agosto del 2003 hasta ahora y se ha caracterizado por emitir sentencias absolutorias en la mayoría de juicios, en los que ha intervenido.
Vidal la Rosa integró la SPN de marzo del 2011 hasta marzo del 2014. Actualmente, esta al frente de la Oficina de Quejas Verbales de la Corte Superior de Lima, pero aún interviene en el caso Acomarca, que se inició cuando ella estaba en el sistema. Vidal también participó en el juicio del caso Rodrigo Franco y motivo su quiebra. Ahora, el nuevo procesos al comando paramilitar aprista será dirigido por Bendezú.
Rosa Amaya es juez superior provisional e integró la SPN de enero del 2003 a abril del 2013. Hoy forma parte de la Segunda Sala Penal Para Reos en Cárcel de Lima.
El 8 de agosto del 2008, estas tres magistradas dictaron sentencia. En el veredicto se hace hincapié en que los testigos tenían desde seis hasta diez años cuando ocurrieron los hechos y que su testimonio genera dudas, porque son familiares de las víctimas.
Al contrario, se da plena certeza a lo que dicen los acusados. Según el veredicto, los procesados no tendrían motivos para mentir y se les absuelve, tal como advierten los correos, porque dicen que no estuvieron en el lugar de los hechos. En julio del 2009, la Corte Suprema revocó este fallo y dispuso un nuevo juicio.
Juez Bendezú: Que fiscal y OCMA investigue
El general Marino Ambía se abstuvo de declarar, por su condición de militar en actividad. A través de un allegado señaló que recibió y contestó los correos, pero que nunca pagó nada, a ningún magistrado.
“Esto es falso. Lo juro. Es una infamia. Nunca he usado ese correo. Mi nombre es sin h. En el Banco de Crédito nunca he tenido cuentas. No tengo un hermano llamado “Javicho”. A mí no me tiembla la mano para resolver en un sentido, para resolver en otro sentido, de acuerdo a mi conciencia. Voy a pedir que la fiscalía, la OCMA investiguen”, declaró la juez Mirta Bendezú.
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Publicado por La República, el 11 de julio de 2015