Rightsperu, 19 de marzo de 2013
La semana pasada comenzó en Guatemala el juicio contra José Efraín Ríos Montt, sindicado como autor mediato de la muerte de 1771 indígenas perpetradas en 16 matanzas entre marzo de 1982 y agosto de 1983. Es la primera vez en la historia guatemalteca que un ex jefe de Estado es procesado judicialmente por los miles de asesinatos en contra de civiles ocurridos durante la guerra civil que vivió este país entre 1960 y 1996.
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Aquí compartimos el análisis realizada por nuestra colega, la abogada internacional Almudena Bernabeu, quien jugó un papel fundamental en el proceso desde su inicio, hace más de una década:
El día en que se va a juzgar a Efraín Ríos Montt
Por Almudena Bernabeu
Ríos Montt en el mes de febrero en las primeras audiencias de prueba © Marlon GarcíaHoy, quizá, por fin, sea el día en que se juzga en Guatemala por genocidio al ex general, ex dictador y ex presidente de Guatemala, Efraín Ríos Montt. Hoy, después de algo más de 13 años confluyen en un tribunal colegiado de la capital todos los esfuerzos de investigación y legales que, liderados por las víctimas, se han llevado adelante por abogados en Guatemala, en España, y de nuevo en Guatemala, demandando, esta vez sin fisuras ni medias tintas, la verdad y un juicio justo.
Se estima que más de 200.000 personas fueron asesinadas o desaparecidas a manos de las fuerzas armadas guatemaltecas entre 1960 y 1996. Lanzo este número consciente de no haber incluido, por ejemplo, a las víctimas de tortura. Con ellas el numero es interminable. A pesar de eso, el conflicto concluyó a ojos de la comunidad internacional, como debía concluir, con la firma de los Acuerdos de Paz en Oslo en 1996 que a su vez dieron lugar, sentido y mandato a una comisión de investigación, conocida como la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH) encargada de investigar los numeroso abusos.
La CEH nació tuerta económica y políticamente –como como admitiría más tarde ante el Juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, su presidente, el jurista alemán Christian Tomuschat–, sin dinero, mermada en facultades, y sin apoyo de gobiernos, en aquel momento tan importantes, como Inglaterra y España. El informe final fue honesto, claro, pero a todas luces insuficiente para todos y sobre todo, para las víctimas, quienes apenas veinte días después de su publicación se reunían con sus representantes en las diferentes organizaciones en Guatemala para decidir los siguientes pasos. La CEH nunca señaló responsables, era parte de su mandato, y la mayoría de los responsables de aquellos terribles crímenes, siguen viviendo en las mismas comunidades que contribuyeron a destruir y sometieron, lo que no ha hecho más que perpetuar el miedo y la impaciencia.
Aunque varios procesos menores contra mandos bajos y medios de la policía y el ejercito han salido adelante, en Guatemala no se ha establecido hasta hoy la responsabilidad penal individual de ninguno de los altos mandos. Hasta hace poco, todos los intentos de justicia en Guatemala eran frustrados a golpe de corrupción, actividades ilegales, indiferencia y miedo. En ese sentido, no hay duda que la impunidad por los crímenes del pasado y la impunidad presente están íntimamente relacionadas. La impunidad en Guatemala ha llegado a ser de tal envergadura que en 2007 Naciones Unidas y el gobierno guatemalteco crearon la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
El actual caso del genocidio guatemalteco lleva más de una década en proceso. En 1999, la Fundación Rigoberta Menchú Tum (FRMT) presentó una querella criminal ante la Audiencia Nacional española contra el ex-presidente Efraín Ríos Montt y otros altos oficiales guatemaltecos acusándoles de terrorismo, genocidio y torturas. A pesar del recelo de los más expertos, el caso fue presentado siguiendo el modelo de las causas abiertas contra la Junta Argentina y contra Augusto Pinochet, y fue presentado en España gracias a nuestro principio, hoy mermado, de justicia universal. La querella se interpuso con la esperanza de que las victimas obtuvieran algo de la justicia que en opinión de muchos, el informe de la CEH emprendía pero no aseguraba. Sin embargo, no todas las víctimas ni todos sus representantes apoyaron la iniciativa de la señora Menchu. De hecho hubo quien en Guatemala, como ha venido ocurriendo en muchos países en la región, creía que era necesario probar primero la validez, la legitimidad de los tribunales, de los jueces y fiscales en Guatemala. Sacar el caso de Guatemala era, equivocado o no, rendirse (y eso si lo sé con precisión y por experiencia, los guatemaltecos, no se rinden). En 2000, el Centro de Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH) emulaba el paso de Rigoberta, pero esta vez en Guatemala, interponiendo ante la fiscalía la primera denuncia por genocidio en el país en nombre de un grupo de supervivientes del genocidio agrupado en la ya legendaria Asociación de Justicia y Reconciliación o AJR.
La Fundación Rigoberta Menchú Tum me invitó como abogada internacional a sumarme a la causa en 2004. Ese primer paso se lo debo a Gustavo Meoño, en aquel momento director de la Fundación y quien con visión y conocedor del entorno, había seguido cuidadosamente mi trabajo en investigaciones y casos en tribunales estadounidense por crímenes cometidos en El Salvador. Inicialmente, mi trabajo en el caso se limitó casi exclusivamente a investigar el paradero de uno de los querellados, ex ministro del interior, Donaldo Álvarez Ruiz. Junto con la Fundación, dimos con Álvarez Ruiz en Miami y de nuevo en México aunque lamentablemente las autoridades mexicanas, a pesar de la orden de arresto y todos nuestros esfuerzos, le dejó escapar.
Entre enero de 2000 y septiembre de 2005, los abogados de Rigoberta Menchu, con el inestimable y generoso apoyo de entrañables compañeros como Manuel Olle Sese, Carlos Slepoy y otros, enfrentaron una batalla liderada por la fiscalía, brutal en mi opinión, que solo en cuestiones de competencia agotaría la vía jurisdiccional precipitando un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por denegación de justicia. En este devenir se cuenta la desconcertante decisión del Tribunal Supremo de 25 de febrero de 2003, reconociendo la competencia de los tribunales españoles al amparo del articulo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial por genocidio y otros crímenes internacionales, cuando los crímenes y sus consecuencias tuvieran vínculos cercanos con España, o por ejemplo, víctimas españolas. Como consecuencia, y aunque la querella prosperaba parcialmente por los hechos cometidos contra españoles, el delito de genocidio y con ello los anhelos de justicia de la población maya guatemalteca, principales víctimas del conflicto, se desvanecían.
Tras muchas discusiones en Madrid y en Guatemala, se tomó la decisión de presentar un recurso de amparo por violación de la tutela judicial efectiva en la persona de Rigoberta Menchu, y el 26 de septiembre de 2005, en una decisión sin precedentes (con ciertos visos de extralimitación pero excelente,) el Tribunal Constitucional aceptó el amparo y con ello revocó la decisión del Tribunal Supremo. La sentencia dejó clara la vocación universal del art. 23.4 LOPJ y los fundamentos de éste, en el sentido de que lo universal no puede ser constreñido a una nacionalidad, a una decisión legislativa, a un vinculo histórico y mucho menos, a una oportunidad política.
Consecuentemente, la decisión del Tribunal Constitucional supuso la apertura formal de la instrucción y, con ello, la formalización de una estrategia legal para investigar el delito de genocidio cometido contra cientos de miles de indígenas mayas guatemaltecos.
El Juez de Instrucción Santiago Pedraz, titular y recién llegado al Juzgado Central de Instrucción No. 1 de la Audiencia Nacional, decidió formalizar una comisión rogatoria a Guatemala, señalada para junio de 2006, con el fin de tomar declaración a los querellados. Aparentemente, una comisión similar desde Bélgica había transcurrido sin altercados.
Al llegar el Juez Pedraz a Guatemala se encontró con un recurso de amparo interpuesto por los imputados, que le impedía tomarles declaración. El viaje no fue en vano, porque el juez logró reunirse informalmente con el grupo de sobrevivientes que habían tratado de entablar una investigación local, y oír algunas de sus historias. A su regreso a España, el 7 de julio de 2006, emitió órdenes de arresto internacionales contra los siete imputados por genocidio, terrorismo, tortura y otros delitos. A los pocos meses emitió además solicitudes formales de extradición basadas en el Tratado de Extradición de 1895 entre ambos países.
Las órdenes de arresto sólo se harían efectivas, estando los imputados en Guatemala, si un tribunal guatemalteco las ejecutaba. Dada la debilidad de los tribunales guatemaltecos, esto se presentaba como algo poco probable. Sin embargo, a principios de noviembre de 2006, el Tribunal Quinto Penal, de Narcotráfico y Delitos contra el Medio Ambiente de Guatemala (tribunal de primera instancia) emitió órdenes de arresto para cuatro de los siete imputados.
Equipo legal ante la Audiencia Nacional. (De izda a dcha) Naomi Roht Arriaza, Kate Doyle, Pamela Yates, Almudena Bernabeu y Susan Kemp. (Cortesía de Granito, How to Nail a Dictator)El proceso en ese momento tomó dos rumbos deseados en cierto modo, interrelacionados pero distintos. Por un lado, había que diseñar una estrategia legal para probar la existencia de un genocidio, lo que se haría a través del testimonio de las víctimas, documentos, y peritajes. Por otro lado, había que intentar lograr poner presión y lograr la extradición de los imputados de Guatemala a España. A pesar de la aparente dificultad respecto de Guatemala, aun cuando no se consiguiese la extradición, debía intentarse con el objeto de impulsar la obligación internacional de juzgar a los acusados en los tribunales guatemaltecos. Ahí empezó, la que ya es sin duda, la otra parte de la historia.
Así formalizamos la creación de un equipo legal internacional especializado y capaz de asumir los retos para la nueva fase. Además de la que suscribe el equipo estuvo integrado por Manuel Ollé, abogado español experto en casos de jurisdicción universal, la profesora y abogada Naomi Roht-Arriaza, abogados en La Haya con experiencia en Guatemala y en derecho penal internacional, abogados e investigadores de CALDH y hasta de la Fundación Menchú en Guatemala. Este equipo se propuso dos tareas inmediatas: por un lado diseñar una estrategia para presentar y probar el caso de genocidio ante la Audiencia Nacional y por otro hacer todo lo posible para asistir y luchar legalmente en los tribunales guatemaltecos por la extradición de los acusados a España y con ello, construir una posible vía de justicia en Guatemala.
La preparación y presentación del caso de genocidio y las diferentes diligencias de prueba propuestas por el equipo legal generaron para nuestra sorpresa efectos inmediatos dentro de Guatemala. Parte de la estrategia fue la presentación de testigos provenientes de las múltiples zonas más afectadas por las campañas militares, sobre todo las señaladas por la Comisión de Esclarecimiento Histórico. Esto requirió de la estrecha colaboración entre varias organizaciones de víctimas del país. Estas organizaciones jugaron un papel importante en escoger a los testigos, trabajar con ellos y acompañarlos a prestar su testimonio en España.
Simultáneamente se prepararon mas de nueve peritajes por parte de expertos en todo el mundo diseñados para probar todos los elementos del delito de genocidio. Pasaron por Madrid testigos como el presidente de la CEH Christian Tomuschat, Fredy Peccerelli, antropólogo forense y el presidente de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala, quien testificaba por primera vez en su vida como perito acerca de la exhumación de más de 400 fosas comunes realizadas por su equipo durante los últimos 15 años. Se presentaron, además, importantes documentos militares como el Plan Sofía, plan militar elaborado en 1982 que implica ampliamente al ejército y al Alto Mando guatemalteco en los asesinatos masivos de civiles.
El trabajo en la Audiencia Nacional (y que éste se diera a conocer en Guatemala) provocó que, en febrero de 2008, el Presidente guatemalteco Álvaro Colom anunciara que ordenaría al ejército abrir sus archivos relativos al período de guerra civil, y que los enviaría al Procurador de Derechos Humanos de Guatemala (Defensor del Pueblo). Además, en un gesto sorprendente, un juez guatemalteco del caso, decidió que atendería las continuas peticiones del juez Pedraz relativas a una segunda la Comisión Rogatoria, para tomar declaración a testigos.
Primeros testigos de Ixil y Rabinal que testificaron en Madrid España en nuestro esfuerzo de iniciar justicia en octubre de 2008 © Almudena BernabeuEn mayo de 2010, de la mano de Women’s Link Worldwide, se amplió la querella para incluir por primera vez en un caso de justicia universal en curso la violencia de género en el marco del Derecho Penal Internacional y garantizar el derecho a la verdad en lo relativo al papel que la violencia de género jugó en el genocidio guatemalteco.
Así mismo, la directora de cine Pamela Yates viajó a Madrid en 2009 para testificar y aportar como prueba una entrevista al General Ríos Montt filmada en 1981, en pleno conflicto en Guatemala. En la entrevista Ríos Montt admite haber dirigido y controlado a las tropas que cometieron abusos contra la población civil. Esta experiencia se convirtió en la base del documental que inauguró el Festival de Sundance en 2011, la película Granito, que relata las circunstancias del genocidio y el trabajo del equipo internacional en toda la preparación de su denuncia.
En 2010 Claudia Paz y Paz fue elegida Fiscal General de Guatemala. Desde ese momento fue preciso centrar nuestra atención y esfuerzos de nuevo a Guatemala. Paz y Paz tenía entre sus prioridades procesar a los responsables del genocidio, y para ello, sin duda, todo lo actuado en España, desde y con Guatemala, iba a ser crucial. El 26 de enero de 2012, Paz y Paz acusó al ex dictador y General Efraín Ríos Montt por genocidio y su papel en la campaña de “tierra arrasada” durante la guerra civil.
Tras las pertinentes audiencias probatorias y agotados todos los recursos por parte de la defensa, hoy, 19 de marzo, día del Santo del Silencio, San José a quien solo se conoce por sus obras, no por sus palabras, se sienta en el banquillo para ser juzgado por genocidio el dictador Efraín Ríos Montt. A partir de hoy y durante semanas estará obligado a escuchar el testimonio de cientos de personas supervinientes de los crímenes más horrendos. No hacen falta palabras, ninguna en mi opinión, para entender lo extraordinario de esta acción que hoy, con toda dignidad, llevan adelante los guatemaltecos.
A los abogados del equipo legal internacional, aun cuando éramos conscientes de las dificultades, siempre nos movió la necesidad de incidir en la situación nacional en Guatemala y el hecho de que, para muchos en la sociedad civil guatemalteca, este proceso y otros como éste, eran la única esperanza de cambio y de justicia para las víctimas. Es un honor haber podido contribuir a todo ello.
Publicado en el Blog Al Revés y al Derecho el 19 de marzo de 2013
Ten days later, on 20 May 2013, the Constitutional Court arbitrarily ordered that the trial should start over as of 19 April, cancelling part of the debate and annulling the conviction. In addition, a first instance Court recently made a decision that could potentially return the proceedings to November 2011, when Ríos Montt had not been indicted yet, with the risk that the trial will not restart.
