Los padres del desaparecido estudiante Ernesto Castillo Páez exigen al Poder Judicial que el asesino confeso de su hijo, el coronel de la Policía Nacional Juan Carlos Mejía León, vuelva a prisión y quede sin efecto su liberación ordenada por el juez del Segundo Juzgado Penal Supranacional de Lima Ángel Mendivil.
Hoy, desde las 8.30 de la mañana se realizará la audiencia en la Sala Penal Nacional para revisar el caso y el padre de la víctima, Cronwell Castillo, así como su abogado Carlos Rivera, del Instituto de Defensa Legal, confían en que Mejía sea regresado al penal y cumpla la pena de 16 años que le impuso el Poder Judicial por el crimen del joven.
La desaparición del estudiante de la Universidad Católica se produjo el 21 de octubre de 1990 en Villa El Salvador, tras su detención policial, y las investigaciones judiciales, iniciadas en 1997. Después que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenara al Estado peruano como responsable del hecho, determinaron que la desaparición había sido perpetrada por elementos de la Policía bajo el comando del entonces Comandante PNP Juan Carlos Mejía León.
JUICIO Y CONDENA
La desaparición del joven estudiante se produjo el 21 de octubre de 1990 en el distrito de Villa El Salvador y las investigaciones judiciales, iniciadas señalaron como responsable del crimen al coronel Mejía. Ello determinó que la desaparición había sido perpetrada por elementos de la Policía Nacional bajo el comando del asesino confeso Comandante PNP Mejía León.
El exoficial y otros tres efectivos policiales fueron juzgados y condenados el 20 de marzo de 2006 a una pena de 16 años de cárcel, lo que fue considerado poco para un delito de lesa humanidad.
INSÓLITA LIBERTAD
Sin embargo, explicó Rivera, al cumplir la mitad de la condena y en forma totalmente irregular, se les concedió beneficios penitenciarios y dos de ellos fueron puestos en libertad. Mejía salió libre el pasado noviembre.
“No puede ser que hasta la fecha no hayan brindado información sobre el paradero de los restos de mi hijo pese a declarar que estaban arrepentidos de haber cometido el crimen” dijo Cronwell Castillo.
El abogado expresó que la irregular liberación se produjo pese a que el año 2014 la propia Sala Penal Nacional denegó a Mejía León el pedido de beneficios penitenciarios bajo el fundamento que en el caso existen obligaciones internacionales del Estado peruano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos relacionadas a la necesidad de brindar información sobre el paradero de los restos de la víctima.
ADEMÁS
El coronel Mejía ha sido acusado asimismo, de haber preparado y enviado el “sobrebomba” que dejó sin un brazo al fallecido abogado Augusto Zúñiga, defensor de derechos humanos, y otro artefacto explosivo similar, al entonces diputado izquierdista Ricardo Letts Colmenares, aunque en este caso la policía lo desactivó en la azotea del Congreso.
Publicado por: Diario Uno