Por Jo-Marie Burt & María Rodríguez
Gracias a la Asociación Paz y Esperanza, les hacemos llegar el link del video “Putis, una historia de dolor y esperanza”.
Paz y Esperanza viene acompañando a los deudos de la masacre de Putis, cuyo caso actualmente está denunciado y a la espera de que se abra el proceso judicial. Entre los acusados en el caso está el General (r) del Ejército peruano Wilfredo Mori Orzo, también sindicado en el caso de la masacre de Accomarca, así como los militares Juan Briones Dávila, Carlos Celso Soto Mesinas y Luis Oscar Grados Bailetti, por homicidio agravado.
Les ofrecemos el artículo sobre la judicialización del caso Putis publicado en Noticias SER en agosto de este año:
Después de 27 años se judicializa caso Putis
Por Paz y Esperanza
La matanza de más de cien personas ocurrida en diciembre de 1984 en la comunidad de Putis, Ayacucho, por fin será investigada judicialmente, al haber admitido el Tercer Juzgado Penal Supraprovincial de Lima la denuncia formulada por la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial de Ayacucho contra Wilfredo Morí Orzo, Juan Briones Dávila, Carlos Celso Soto Mesinas y Luis Oscar Grados Bailetti, por homicidio agravado, en uno de los crímenes más bárbaros registrados durante el conflicto armado interno en nuestro país.
Para el Juez Penal, existen ” … muy graves y fundados elementos de convicción que sustentan con alto grado de verosimilitud la comisión de delito contra la vida, el cuerpo y la salud”, lo cual se concluye luego de evaluar toda la evidencia que obra en la investigación fiscal como testimonios de los familiares de las víctimas, de los propios militares, de los comuneros que participaron como guías militares, de las autoridades comunales de esa fecha, los informes periciales de la exhumación de los restos de las víctimas, entre otras.
Señala, igualmente, el magistrado, que “… existen fuertes elementos de convicción que vinculan a los imputados con los cargos jerárquicos militares en la zona y tiempo de la masacre de Putis…”, esto debido a que el Gral. Morí Orzo en su condición de Jefe Político Militar de la jurisdicción militar de Ayacucho era quien formulaba los planes y operaciones teniendo como base la información brindada por el Oficial de Inteligencia G-2, en este caso Carlos Celso Soto Mesinas; en tanto Juan Briones Dávila como Jefe del Estado Mayor Administrativo-JEMA era quien supervisaba la situación administrativa de las operaciones y el entrenamiento de las unidades contrasubversivas y tenía bajo su mando al oficial de Logística G-$ quien equipaba a las patrullas; por otro lado, Luis Oscar Grados Bailetti como jefe de operaciones G-3 comandaba la compañía “Los Linces”, que era un equipo especializado para apoyo a operativos militares; todos ellos al mando de Mori Orzo.
Antecedentes
El 13 de diciembre de 1984, hace más de 27 años, integrantes del Ejército Peruano pertenecientes a Bases Militares de la Segunda División de Infantería de Ayacucho comandada por el Gral. (R) Wilfredo Morí Orzo, dando cumplimiento a un operativo militar en la zona rural de la provincia de Huanta – Ayacucho, con apoyo de la compañía “Los Linces”, ejecutaron a un centenar de personas entre ellas mujeres que fueron violadas salvajemente también se encontraban muchos niños y niñas cuyos restos fueron enterrados indiscriminadamente en esa comunidad.
Jurisprudencia Internacional
Tomando en cuenta la jurisprudencia que se ha venido desarrollando en la Corte Interamericana de Derechos Humanos: casos Barrios Altos y Cantuta, el Estatuto de Roma, La Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y los crímenes de Lesa Humanidad, y el Tribunal Constitucional, el Juez Penal expresa que: “… por su especial naturaleza deben ser considerados como delito de lesa humanidad y por lo tanto imprescriptibles.
Para el Dr. Milton Campos, abogado de Paz y Esperanza, institución que patrocina a los familiares de las víctimas, “la judicialización del caso Putis aviva la confianza en los familiares de las más de cien víctimas de esta masacre, quienes esperan que las autoridades judiciales reconozcan su derecho a la justicia y a la verdad, investigando minuciosamente este acto de barbarie, y sancionando ejemplarmente a los responsables.
Con la apertura del proceso penal a los denunciados, el órgano jurisdiccional les ha impuesto restricciones tales como su concurrencia al Juzgado cada 30 días, impedimento de variar su domicilio sin autorización del juzgado, e impedimento de salir del país. Asimismo, ha dispuesto la realización de las declaraciones de todos los involucrados, testigos, peritos y otras diligencias durante el mes de septiembre.
Publicado originalmente en Noticias SER el 27 de agosto de 2012