El Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) presentó al país una verdadera tragedia ocurrida en el Perú durante las dos décadas que duró el conflicto armado interno y en el que la comisión de delitos graves como el asesinato, la tortura y la desaparición forzada fueron eventos perpetrados de manera constante y que afectaron, principalmente, a la población campesina. Pero este Informe nos develó también la presencia de un crimen tan horrendo como los ya mencionados: la violación sexual de mujeres.
En ese sentido el Informe de la CVR no solo constituyó un punto de inflexión sino que, además, permitió tener la capacidad de conocer la envergadura de la comisión de este crimen, al punto de dar cuenta que no se trató de eventos criminales aislados, sino de crímenes generalizados y, en algunos casos, sistemáticos, circunstancias que determinan que las violaciones sexuales perpetradas en aquellos años tienen la condición de crímenes contra la humanidad.
De los casos investigados por la Comisión de la Verdad, el caso de las mujeres abusadas sexualmente en las bases militares de Manta y Vilca (Huancavelica), sin duda es el caso más complejo y el que mejor muestra la generalidad de la práctica de la violación sexual por parte de elementos militares. Los hechos que registró la CVR comprenden casi una década, que va desde mediados de los años 80 hasta mediados de los años 90. La CVR postula que durante un lapso de tiempo considerable los elementos militares de las mencionadas bases militares –oficiales y subalternos- utilizaron la violación sexual como un método de tortura y como castigo contra las mujeres de las comunidades de Manta y Vilca.
Es importante destacar que si bien durante los años ochenta y noventa el Ministerio Público y los familiares de las víctimas presentaron denuncias por crímenes de asesinato o desaparición forzada, ciertamente con las conocidas dificultades, el hecho concreto es que durante las dos décadas de la violencia solo existió un caso de violación sexual que fue denunciado ante el Ministerio Público, pero que rápidamente resultó archivado. Por lo tanto, también nos encontramos con un tipo de crimen y un tipo de víctimas frente a los cuales el sistema de justicia literalmente no hizo nada.
El caso Manta y Vilca
Por ello la denuncia del caso Manta y Vilca ante el Ministerio Público de Huancavelica significó el inicio de un proceso de investigación complejo y difícil para la fiscalía ya que hasta ese momento no existía ningún de experiencia de investigación en este tipo de delitos. Decimos esto porque no cabe duda que si bien las investigaciones de los crímenes contra los derechos humanos son siempre complejas, el hecho es que las investigaciones por casos de violación sexual del pasado son doblemente complejas.
Así, el año 2003, la Fiscalía Provincial Penal de Huancavelica dio inicio de las investigaciones y desde el Instituto de Defensa Legal pronto nos dimos cuenta que en el curso de la investigación eran más dificultades que la fiscalía tenía por delante. Desde la falta de confianza de las mujeres agraviadas hasta la sistemática falta de información del Ministerio de Defensa han sido algunos de los principales problemas que se debió afrontar.
Aun bajo esas condiciones se logró avances notables en los resultados de la investigación, sobre todo por el impulso que desde el IDL se dio al caso, y ello permitió que hacia finales del año 2008 el Fiscal Juan Borja presente denuncia penal contra un grupo de elementos militares por la comisión del delito de violación sexual de un conjunto de mujeres de las comunidades de Manta y Vilca.
Esa denuncia determinó que el Juzgado Penal Supranacional de Lima, en abril de 2009, emitiera una resolución abriendo proceso penal contra los elementos militares denunciados por la comisión del delito de violación sexual. Esta resolución ha significado todo un verdadero precedente judicial no solo en el Perú, sino en la región, al no existir antes de este un caso de violación sexual en conflicto armado interno que haya sido judicializado hasta ese momento.
La acusación fiscal
Durante varios años las investigaciones judiciales se han venido desarrollando ante el juzgado penal supranacional de Lima instancia en la cual las pruebas de cargo se han ratificado y se han incrementado sustancialmente. Por ello, luego de culminada la etapa de la instrucción el año 2014 el caso fue remitido a la Tercera Fiscalía Superior Penal Nacional, a cargo del fiscal Luis Landa Burgos, quien el 24 de febrero pasado ha presentado acusación contra 14 elementos militares como autores del delito de violación sexual de varias mujeres naturales de las comunidades de Mantra y Vilca. La acusación ya se encuentra en la Sala Penal Nacional, instancia judicial encargada de desarrollar el juicio oral.
Una primera consideración que expone la acusación es que considera a la violación sexual como un crimen de lesa humanidad sobre la base de las consideraciones y normatividad del derecho penal internacional. Para la Fiscalía Superior las características del caso determinan la existencia de eventos criminales sistemáticos y generalizados.
Una segunda consideración que introduce la fiscalía es la relacionada al bien jurídico protegido. Ciertamente si hablamos de un delito de violación sexual nos estamos refiriendo a la libertad sexual como bien jurídico tutelado, pero a ello la fiscalía incorpora como bien jurídico tutelado la dignidad humana, justamente por su condición de crimen de lesa humanidad.
Una tercera consideración relevante es que por la fecha de la comisión de los delitos la Fiscalía establece que resultan aplicables las disposiciones normativas del Código Penal de 1924 y del Código Penal de 1991. Ambos códigos tipifican y sancionan el delito de violación sexual, ciertamente con una marcada diferencia en los márgenes de la sanción penal aplicable al autor.
Los crímenes sexuales acarrean una particular dificultad probatoria justamente por constituir un crimen que suele cometerse en espacios cerrados que permiten al autor desarrollar estrategias de negación y ocultamiento de los hechos, por lo que la sólida presentación de los cargos hecha por la Fiscalía contra cada uno de los perpetradores es un aspecto que se debe destacar. Esto será determinante al momento de la realización del juicio oral.
Teniendo en consideración la gravedad de los hechos la Fiscalía ha considerado que los autores del crimen deben ser sancionados de manera proporcional al daño cometido. Por ello, solicita se imponga a los acusados penas que van desde los 8 años hasta los 20 años de prisión.
Luego de haberse presentado esta acusación corresponde a la Sala Penal Nacional emitir el auto de enjuiciamiento y señalar fecha de inicio del juicio oral.
Una mujer adorna con flores la tumba de un familiar rodrigo abd (AP)Cada vez que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordena al Estado peruano indemnizar a familiares o a miembros de los dos grupos terroristas que desataron la violencia en el país entre 1980 y 2000, Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), se reavivan los pedidos de políticos y militares en retiro para que Perú se aparte de esa jurisdicción supranacional. Esta vez ha vuelto a ocurrir tras conocerse la sentencia de la CIDH a favor de Gladys Espinoza Gonzales, condenada en 2004 a 25 años de prisión por terrorismo, pero torturada y violada en 1993 en una dependencia policial después de ser capturada en Lima.
La sentencia obliga a Perú a pagar a la mujer, en el plazo máximo de un año, 60.000 dólares; 40.000 a la madre de Espinoza, y 5.000 al hermano; habiendo fallecido la madre, el dinero será entregado a sus descendientes, indica la Corte. Sin embargo, Gladys Espinoza debe al Estado una reparación civil de unos 11.200 dólares por los daños que causaron sus acciones en el MRTA, dedicado en los años 90 a la extorsión y secuestro de empresarios, y la procura de armas para una insurrección.
La agrupación subversiva se formó en 1982, liderada por Víctor Polay Campos, y hacia finales de esa década se expandió desde Lima hacia la selva central.
Espinoza y su pareja, también emerretista, fueron detenidos por la policía en 1993, durante el Gobierno de Alberto Fujimori, como supuestos responsables del secuestro de un empresario del ramo de la vidriería, Antonio Furukawa. Ella fue trasladada a la División de Secuestros de la policía, donde la golpearon y violaron.
El ministro de Justicia, Fredy Otárola, ha indicado que la cantidad que adeuda Espinoza al Estado “debe actualizarse e incluir el concepto de intereses a la fecha”.
Sin embargo, Gloria Cano, la abogada de la mujer, indicó a este periódico que su defendida está de acuerdo en que le descuenten —de la reparación que espera—, el monto que ella adeuda al Estado. Pero no se le debe aplicar intereses, si pretenden hacerlo podríamos presentar un recurso ya que desde que fue detenida ha sido sometida a un tratamiento de alta seguridad con prohibición de trabajo”, anotó.
El catedrático y abogado especializado en derechos humanos Carlos Rivera destacó que “desde 1995, ha habido 30 sentencias de la Corte Interamericana en las cuales el Estado peruano ha perdido, y la suma de las reparaciones asciende a aproximadamente18 millones de dólares. Habría que preguntarnos por qué ha perdido tanto”.
“Perú fue buen pagador de las reparaciones ordenadas por la Corte hasta el gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006), pero después de la sentencia por el caso Castro Castro (de miembros de Sendero Luminoso asesinados en una prisión) se produce un quiebre y es difícil conocer en qué casos Perú ha cumplido con sus obligaciones (deudas)”, dijo Rivera a EL PAÍS.
Durante el Gobierno del presidente Alan García, el ministro de Justicia indicó en 2010 que no se destinó “ningún pago de reparaciones en los casos derivados de terrorismo. Debemos señalar que como política del Ministerio, ocupan el último lugar entre estas prioridades”. En esa línea, uno de los portavoces del Partido Aprista, el congresista Mauricio Mulder, criticó la semana pasada la sentencia a favor de Espinoza. “Creo que debe haber una protesta por parte del Gobierno de Perú y tiene que haber un proceso por el cual se revise este tipo de sentencias en el ámbito de la misma corte”, sugirió.
Además, un polémico magistrado, el presidente de la Sala Permanente de la Corte Suprema, Javier Villa Stein, sugirió que se someta a referéndum la permanencia de Perú en el ámbito de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y calificó la sentencia de inaceptable, aberrante y antijurídica. En contraste, el ministro de Interior, José Luis Pérez Guadalupe, lamentó la sentencia, pero también lamentó el hecho que la originó.
El Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) presentó al país una verdadera tragedia ocurrida en el Perú durante las dos décadas que duró el conflicto armado interno y en el que la comisión de delitos graves como el asesinato, la tortura y la desaparición forzada fueron eventos perpetrados de manera constante y que afectaron, principalmente, a la población campesina. Pero este Informe nos develó también la presencia de un crimen tan horrendo como los ya mencionados: la violación sexual de mujeres.
La CVR da cuenta de una práctica generalizada en la ejecución de este delito y expone la existencia de cientos de testimonios que señalan, de manera muy concreta, los lugares en los que se perpetró. La CVR identificó 538 casos de violación sexual perpetrados durante el conflicto armado interno y de hecho, entre los 47 casos que la CVR denunció al final de su mandato, incluyó dos casos emblemáticos de violación sexual de mujeres.
En ese sentido el Informe de la CVR no solo constituyó un punto de inflexión sino que, además, permitió tener la capacidad de conocer la envergadura de la comisión de este crimen, al punto de dar cuenta que no se trató de eventos criminales aislados, sino de crímenes generalizados y, en algunos casos, sistemáticos, circunstancias que determinan que las violaciones sexuales perpetradas en aquellos años tienen la condición de crímenes contra la humanidad.
De los casos investigados por la Comisión de la Verdad, el caso de las mujeres abusadas sexualmente en las bases militares de Manta y Vilca (Huancavelica), sin duda es el caso más complejo y el que mejor muestra la generalidad de la práctica de la violación sexual por parte de elementos militares. Los hechos que registró la CVR comprenden casi una década, que va desde mediados de los años 80 hasta mediados de los años 90. La CVR postula que durante un lapso de tiempo considerable los elementos militares de las mencionadas bases militares –oficiales y subalternos- utilizaron la violación sexual como un método de tortura y como castigo contra las mujeres de las comunidades de Manta y Vilca.
Es importante destacar que si bien durante los años ochenta y noventa el Ministerio Público y los familiares de las víctimas presentaron denuncias por crímenes de asesinato o desaparición forzada, ciertamente con las conocidas dificultades, el hecho concreto es que durante las dos décadas de la violencia solo existió un caso de violación sexual que fue denunciado ante el Ministerio Público, pero que rápidamente resultó archivado. Por lo tanto, también nos encontramos con un tipo de crimen y un tipo de víctimas frente a los cuales el sistema de justicia literalmente no hizo nada.
El caso Manta y Vilca
Por ello la denuncia del caso Manta y Vilca ante el Ministerio Público de Huancavelica significó el inicio de un proceso de investigación complejo y difícil para la fiscalía ya que hasta ese momento no existía ningún de experiencia de investigación en este tipo de delitos. Decimos esto porque no cabe duda que si bien las investigaciones de los crímenes contra los derechos humanos son siempre complejas, el hecho es que las investigaciones por casos de violación sexual del pasado son doblemente complejas.
Así, el año 2003, la Fiscalía Provincial Penal de Huancavelica dio inicio de las investigaciones y desde el Instituto de Defensa Legal pronto nos dimos cuenta que en el curso de la investigación eran más dificultades que la fiscalía tenía por delante. Desde la falta de confianza de las mujeres agraviadas hasta la sistemática falta de información del Ministerio de Defensa han sido algunos de los principales problemas que se debió afrontar.
Aun bajo esas condiciones se logró avances notables en los resultados de la investigación, sobre todo por el impulso que desde el IDL se dio al caso, y ello permitió que hacia finales del año 2008 el Fiscal Juan Borja presente denuncia penal contra un grupo de elementos militares por la comisión del delito de violación sexual de un conjunto de mujeres de las comunidades de Manta y Vilca.
Esa denuncia determinó que el Juzgado Penal Supranacional de Lima, en abril de 2009, emitiera una resolución abriendo proceso penal contra los elementos militares denunciados por la comisión del delito de violación sexual. Esta resolución ha significado todo un verdadero precedente judicial no solo en el Perú, sino en la región, al no existir antes de este un caso de violación sexual en conflicto armado interno que haya sido judicializado hasta ese momento.
La acusación fiscal
Durante varios años las investigaciones judiciales se han venido desarrollando ante el juzgado penal supranacional de Lima instancia en la cual las pruebas de cargo se han ratificado y se han incrementado sustancialmente. Por ello, luego de culminada la etapa de la instrucción el año 2014 el caso fue remitido a la Tercera Fiscalía Superior Penal Nacional, a cargo del fiscal Luis Landa Burgos, quien el 24 de febrero pasado ha presentado acusación contra 14 elementos militares como autores del delito de violación sexual de varias mujeres naturales de las comunidades de Mantra y Vilca. La acusación ya se encuentra en la Sala Penal Nacional, instancia judicial encargada de desarrollar el juicio oral.
Una primera consideración que expone la acusación es que considera a la violación sexual como un crimen de lesa humanidad sobre la base de las consideraciones y normatividad del derecho penal internacional. Para la Fiscalía Superior las características del caso determinan la existencia de eventos criminales sistemáticos y generalizados.
Una segunda consideración que introduce la fiscalía es la relacionada al bien jurídico protegido. Ciertamente si hablamos de un delito de violación sexual nos estamos refiriendo a la libertad sexual como bien jurídico tutelado, pero a ello la fiscalía incorpora como bien jurídico tutelado la dignidad humana, justamente por su condición de crimen de lesa humanidad.
Una tercera consideración relevante es que por la fecha de la comisión de los delitos la Fiscalía establece que resultan aplicables las disposiciones normativas del Código Penal de 1924 y del Código Penal de 1991. Ambos códigos tipifican y sancionan el delito de violación sexual, ciertamente con una marcada diferencia en los márgenes de la sanción penal aplicable al autor.
Los crímenes sexuales acarrean una particular dificultad probatoria justamente por constituir un crimen que suele cometerse en espacios cerrados que permiten al autor desarrollar estrategias de negación y ocultamiento de los hechos, por lo que la sólida presentación de los cargos hecha por la Fiscalía contra cada uno de los perpetradores es un aspecto que se debe destacar. Esto será determinante al momento de la realización del juicio oral.
Teniendo en consideración la gravedad de los hechos la Fiscalía ha considerado que los autores del crimen deben ser sancionados de manera proporcional al daño cometido. Por ello, solicita se imponga a los acusados penas que van desde los 8 años hasta los 20 años de prisión.
Luego de haberse presentado esta acusación corresponde a la Sala Penal Nacional emitir el auto de enjuiciamiento y señalar fecha de inicio del juicio oral.
Dentro de una casa modesta y a medio construir en el distrito de San Juan de Lurigancho, Georgina Gamboa me recibe y me da un fuerte abrazo. Es la segunda vez que nos vemos, sin embargo, meses antes, cuando la entrevisté parecimos tener un acercamiento más íntimo. Ella me contó su historia y yo la escribí. Cuando lo hice intenté evitar descripciones exactas de su respiración cuando ésta aceleraba para no pronunciar algunas cosas. Yo le comenté antes de hacerle cualquier pregunta que hacía mucho tiempo había visto su fotografía junto a la de otras mujeres y no solo sabía de su caso sino que quería saber más, investigar, lograr algo. Ella bajó la mirada y después levantó la cabeza para decirme con un solo movimiento que todos lo saben, que cada persona que conoce ya está enterada de lo que le pasó.
Su vida gira alrededor de la noche en que fue violada por siete policías en una comisaría de Vilcashuaman, en Ayacucho. La acusaban de ser cómplice en el asesinato de un hacendado, de ser una terrorista, de esconder armas y encubrir a su padre. Era solo una chiquilla campesina de 15 años, aturdida entre tantas preguntas y tantos gritos. Treinta y tres años después vive muy lejos de su pueblo entre la abrumadora bulla de una ciudad gigante como Lima. Migró como muchos que escapaban tanto de la violencia terrorista como la del ejército y sigue dándole paredes y techo a lo que era un terreno en medio de un pampón que creció hasta convertirse en uno de los distritos más grandes y populosos de nuestra ciudad. Estar en su casa es ver un retrato de la fuerza con la que se levantó sabiendo que su vida y su risa habían cambiado para siempre. La casa es oscura y muy modesta, está llena de niños: sobrinos, sus nietos. En el primer piso hay un pequeño restaurante de menús. Ese es su trabajo ahora. Cocina para sus vecinos, para los trabajadores, para cualquiera que pase frente a su casa y decida entrar. Así mantiene a su familia. “¡Rebeca! Ya te ha venido a buscar la señorita”, grita llamando a su hija.
Amarraron sus manos contra la espalda, pusieron un trapo sucio dentro de su boca, rompieron su fustán, su ropa interior, su pollera. La desvirgó el primero de ellos y después abusaron de Georgina toda la noche. La muchacha contó alrededor de siete hombres de uniforme, encapuchados pero a los que pudo reconocer porque al día siguiente le preguntaban en tono de burla si estaba bien. Cuando amaneció alguien más entro y le pidió que se limpiara. Tenía sangre entre las piernas por la penetración anal y vaginal, también en los labios y bajo la nariz. La sangre seca había puesto duras las prendas con las que apenas se cubría. Uno de esos hombres además la había embarazado.
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Sé que no es la primera vez que una persona extraña te pide que hables sobre tu madre, pero ahora que el caso podría ser admitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, creo que podría ser importante, le comento.
Rebeca me mira, se toca el cuello y siento su fastidio. Le hablo de una posibilidad que quizá no se dé. Podrían pasar hasta dos años antes de que la Corte resuelva algo y emita un fallo a favor de Georgina y que las beneficie a ambas.
“Desde chiquita me he sentido fastidiada. Siempre han venido a entrevistar a mi mamá. Vienen pero no ayudan a que tu caso avance, no saben lo que pasa. Llevamos tantos años en lo misma. Cuando era niña no sabía nada. Venían a entrevistarla de otros países, le tomaban fotos… yo tenía seis años, después siete y así. Hasta iban a mi colegio”.
Cuando Rebeca tenía diez años empezó a hacer preguntas, a exigir, a dudar, entonces se lo dijeron. Su madre vivía con un hombre al que llamaba papá y al que adoraba como tal. Ambos la sentaron en el sofá de la casa, -la misma en la que me recibe- y le dijeron la verdad. “¿Qué recuerdo de eso? Hablaban primero como entre ellos y después ya a mí… dijeron que mi papá no era mi papá, que tenían que decirme la verdad porque me iba a enterar igual. Y venía tanta gente… decían que podía ser peligroso que no supiera, que eso me iba a hacer las cosas más difíciles ya cuando fuera señorita”. Entonces Georgina narró sin mucho detalle la violación, la detención. Le dijo a su hija que era producto de ese ataque.
Rebeca pone una cara de desconcierto y me dice que no entiende por qué, pero en ese momento no sintió absolutamente nada. “Ya, les dije y seguí llamando papá a mi papá, ¿que más iba a hacer? Yo a mi papá lo quería más que a todo. En él confiaba”.
El niño nació cuando Rebeca tenía doce años y a esa edad ya podía contrastar lo que iba imaginando sobre el embarazo de su madre en una cárcel de Ayacucho, con el embarazo calmo y feliz de un hijo deseado. (Georgina permaneció en la cárcel hasta los cuatro meses de embarazo. Al salir viaja a Lima a hacer la denuncia al Ministerio Público).
Hoy la relación entre hermanos es complicada, confiesa Rebeca. Viven en la misma casa pero no tienen mayor comunicación. “Mi papá murió hace quince años. Hacía taxi y no comía bien. Cáncer al páncreas… mi hermano era pequeño y casi ni notó su muerte. A mí en cambio eso me chocó muchísimo”.
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El 8 de abril del 2002 Georgina Gamboa dio su testimonio a la Comisión de la Verdad en la ciudad de Ayacucho.
“…esos militares, las Senchis, quentraron, durante toda la noche golpiarme, maltratarme, tú tine que hablar, tú las has visto, tú eres es terroco, tú tine que hablar. Golpiaron, me golpiaron después comenzao a abusarme, violarme, a mí me violaron, (…) siete eran, siete, siete militares o sea los siete Sinchis entraron violarme (….) Abogado se pidió para que me llevara médico, examen de médico, bueno examen médico, me dijo que estás abusada, estás embarazada (…) Después me, cuando salí me fui pa Lima quería matarme, quería tomarme algo, (…) yo pensaba que entre mí, ese producto, es cuántos, como un mostros será, cuántas tantas personas que me han abusado, yo pensaba que tenía mostro, depente qué clase, cómo estarán creciendo en mi adentro. Yo no quería vivir. (…) Entonces médico hasta hospital li hemos llegado, para que me pueda sacar, y no, no quiso. Ya la bebe está grande, normal, no tiene nada, me dice, ya pue, que está creciendo que ya está grande. No puedes hacer nada”.
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“Mientras mi madre daba su testimonio para la comisión yo la escuchaba. Estaba ahí, a su lado. Solo en ese momento me dolió de una manera que no puedo explicar. Lo sentí por primera vez. Mi mama fue a Ayacucho a que le hagan la entrevista allá y yo quise acompañarla. Escuche todo con más detalles, fue más preciso… y yo… ¡estaba al lado! Me chocó bastante. Es lo mismo que me había dicho cuando tenía diez años pero…”
Rebeca hace una pausa, se toca la frente, toma aire, “ultrajada así” continúa, pero de pronto se calla. Su hija viene a sentarse sobre sus piernas, a tocarle el cabello, a mostrarle un juguete y decirle algo al oído. Tiene cinco años y quizá algún día también su madre le narre la historia de su abuela. Cuando la niña se va, Rebeca se queda mirando como camina por el corredor y continúa “fue ultrajada y así le paso. Le pasó lo peor y recién entendía. Por primera vez se lo dije. Le dije que entendía. Estuvimos con una psicóloga que me preguntaba cómo estaba. Yo quería llorar, pero con rabia. Necesitaba desahogarme. Hasta sentía vergüenza. ¿Qué van a decir en el cole? Ese era mi temor. ¿Miedo? A que me señalen. Entonces me puse Rebeca Gamboa Gamboa, en vez de solo Rebeca Gamboa. Mi padre quería darme su apellido, pero no quise. Usé los dos apellidos de mi mamá y después usé su segundo apellido: García. Mi nombre es Rebeca Ruth Gamboa García”.
Son catorce los hombres que fueron denunciados no solo por la violación sexual a Georgina Gamboa sino también por secuestro y abuso de autoridad ya que ella es detenida no solo siendo menor de edad, sino sin documentos que prueben su identidad y fecha de nacimiento. Los dieciséis los cumplió en la cárcel, me comentó cuando la entreviste.
Pero volviendo a Rebeca, sí, hay un registro de los agresores en las oficinas de la Comisión de Derechos Humanos, sin embargo las fotos no existen y Rebeca no lo sabe. Ella cree que la posible imagen de su padre está al alcance de su rechazo. Esos hombres fueron enjuiciados y liberados por un tribunal Ayacuchano en 1992 sin que se ordenara nunca una prueba de ADN.
“Si en algún momento me dijeran éste señor es tu papá… yo no quisiera. Prefiero ver una foto. A mi mama le he dicho que no quiero estar frente a frente con ese hombre nunca. A veces peleamos y nos decimos cosas feas que tienen que ver con él y sin que sepamos siquiera quién es. ¿Cuáles? Tengo un temperamento muy fuerte y cuando mi madre me lo reclama, le digo, si pues, por algo seré hija de militar como dices ¿no?”
Rebeca imagina fotos en blanco y negro que no existen y me dice que su abuela también estuvo presa. El archivo del caso sin embargo narra la fatal historia de esta familia con hechos que ella misma ignora. Su abuela estuvo presa durante dos años después de su detención junto a su bebe de dos años de edad. Estaba embarazada también y no se sabe mucho sobre eso. Su abuelo fue asesinado a golpes durante la tortura. “Una vez fui al pueblo de mi mamá. Parcco en Vilcashuamán, antes de que diera su testimonio. Me enseñó la casa destruida donde vivía. Ya no quedaba nada”. La familia fue migrando a Lima poco a poco, esperando a que sus integrantes salieran de la cárcel o aparecieran. “El hijo de mi abuelita está desaparecido hasta el día de hoy, por ejemplo. Creemos que está muerto. Clider, se llama. Lo conocemos por fotos nada más, así le queremos”.
Georgina conservó a su hija y ahora ambas esperan que la Corte Interamericana de Derechos Humanos pueda darles un fallo a favor ya que la propia justicia peruana no ha sido capaz de hacerlo además de encubrir a los asesinos y violadores a los que vistieron de uniforme dándoles el poder sobre campesinos inocentes.
“Pienso que es una historia mía, pero también es de mis hijos, por eso te la cuento. Quiero que lo sepan alguna vez para que aprendan y vean la lucha de su abuela… mira cuantos años. No, ella no se cansa y pasan los años y sigue, trabaja, construye aquí, allá y por nosotros. ¿A veces le pregunto ya para que tanto luchas? Pero cuando le digo eso me acuerdo… cuando era chica dormíamos todos en la misma cama, no había paredes, solo esteras. Todos juntos en un cuarto. Me duele. Mi mamá trabajaba limpiando en casas, después cocinando. Ella lucha y a veces parece que no sirve para nada, pero… seguimos juntos y avanzando”.
Cuando Rebeca recuerda su infancia me dice que tuvo muchas privaciones y las lágrimas caen poco a poco. Su hija ha vuelto al sofá y la observa llorar. La niña me mira con cierta desconfianza hasta que su madre le sonríe y le pide que se vaya a jugar con la abuelita al restaurante del primer piso. Al salir pasando entre las mesas Georgina Gamboa se despide de mí y me presenta a su madre quien también me da un fuerte abrazo y me pide que vuelva pronto, que hay mucho de qué conversar.
Foto: Nelly Plaza / Archivo / Juan Osorio
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