Por RightsPeru – 24 de febrero de 2014
Frente a la pretensión del abogado de Alberto Fujimori, William Castillo, de que se anule la sentencia condenatoria a su patrocinado como autor mediato de los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta, el tema del juicio y condena a Fujimori vuelven a los titulares en el Perú. A continuación reproducimos tres artículos publicados al respecto, incluso una entrevista con el juez que condenó a Fujimori y el ex presidente de la Comisión de la Verdad y Reconciliación.
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Entrevista con César San Martin, el juez que presidió la Sala Penal Especial, que condenó Fujimori a 25 años de prisión por homicidio agravado, asalto agravado, y secuestro agravado.
Se necesita mucha prueba nueva para anular condena a Fujimori
- César San Martín. Ex presidente del Poder Judicial y director de debates de la sala que condenó a Alberto Fujimori por delito de lesa humanidad.
César Romero
El doctor César San Martín
advierte que está tranquilo
porque la denuncia está
caducada
© La República“No estoy solo, ni soy manco y no les tengo miedo”, responde a los fujimoristas el juez supremo César San Martín. Sobre la campaña mediática en su contra, reconoce que hizo consultas técnicas a dos discípulos suyos –que estudiaban en España– sobre la acusación fiscal, no sobre la culpabilidad del acusado. Afirma además que en caso de una revisión se requerirá abundante prueba nueva para descartar las muchas pruebas que permitieron condenarlo por los casos La Cantuta y Barrios Altos.
Se ha desatado una nueva campaña en su contra. Pareciera que el juicio a Fujimori por violación de derechos humanos no termina. ¿Cuál es su visión de este tema?
Pretenden crear esa impresión a partir de un concepto, que en sociología se llama el negacionismo. Desde esa línea tratan de hacer ver que fue un juicio inexistente desde el momento en que, según ellos, no se actuó frente a un tribunal imparcial. Por consiguiente, la decisión que emergió debe ser anulada. Entonces, el núcleo de este psicosocial, ya conocido por nosotros desde los años ’90, es el desprestigio de los jueces, en especial de quien fue director de debates.
Se plantea una revisión de la condena, ¿eso es posible?
La cosa juzgada tiene una sola excepción, la revisión penal. Son dos los únicos motivos generales para conceder una revisión y anular una condena firme. Primero, cuando se incorpora pruebas que no estuvieron presentes en el momento en que los jueces deliberaron y votaron la causa. En segundo, lugar cuando se produce una condena amparada en una prueba falsa, ya sea porque los testigos eran perjuros o mentirosos, así declarados por sentencia firme, o porque algún documento resultó siendo falso o cuando los testigos han sido objeto de presiones o delitos en su contra para que digan una versión que no se corresponde con la verdad.
¿Entonces, no se requiere cualquier prueba nueva?
Lo fundamental es que sea de tal nivel, de tal fuerza, que analizada en contraste con la prueba ya incorporada permita concluir por la inocencia. Además, debe ser una prueba lícitamente obtenida, una prueba legal desde el punto de vista formal y, desde luego, constitucional.
En un juicio, como el de Fujimori, ¿qué prueba podía haberse quedado oculta por allí hasta hoy?
La vida es muy rica en sucesos que pueden presentarse de un modo tan extraordinario, que sería muy peligroso analizar un caso concreto. Tendría que ser no una, sino un conjunto de pruebas nuevas, que los documentos resulten ser falsos, que el grupo Colina nunca existió, que los muertos están viviendo.
¿La conducta de los jueces entra en las causales para una revisión?
No. Las causales que señala nuestro Código no van por ese lado.
¿Qué se busca entonces con esta campaña contra usted?
Quieren lograr, mediante mecanismos de presión pública, no solo desprestigiar al juez, sino además introducir en la conciencia colectiva que el fallo fue injusto, al considerar que puede ser prueba nueva la conducta judicial de los jueces antes o durante el juicio.
El nuevo abogado de Fujimori fue magistrado. Debería saber todo esto muy bien
Este abogado es muy confuso y de limitados recursos. Por un lado, dice esta sentencia se redactó antes del juicio, con apoyo de jueces o juristas españoles y, en segundo lugar, que se vulneró el principio de especialidad extradicional porque se condenó por un delito que no autorizó la Corte Suprema de Chile. Son hasta ahora los dos únicos argumentos que han introducido y que los tres jueces hemos puntualmente esclarecido y rechazado.
¿En qué circunstancias usted realizó las consultas con juristas españoles?
En abril y mayo del 2008, tuve intercambio epistolar electrónico, no con juristas españoles, sino con peruanos discípulos míos que estaban estudiando doctorado en la universidad de Alicante. Les pedí dos cosas: que analicen la acusación fiscal, desde el punto de vista del título de imputación, no si era responsable, y en segundo lugar que procuren que el departamento de derecho penal de esa universidad realice un seminario interno, a la vista de la acusación y la sentencia de la Corte de Chile, que hablan de la autoría mediata.
¿Pero, eso no generaría un adelanto de opinión?
No, era absolutamente dogmático. No pido responsabilidades. Se produjo un seminario, se debatió y los chicos me mandaron sus impresiones, no tuve yo diálogo directo con ninguno de los profesores. Eso fue antes de que comenzara el juicio. Un juez está autorizado a solicitar un debate sobre un posible cambio del título de imputación y eso fue lo que sucedió.
¿Para que el acusado también pueda defenderse?
Claro, eso está perfectamente previsto en el código, eso no es ningún problema. Fue una incorporación de datos y he pedido muchos y a muchos una serie de informaciones técnico jurídicas. Pero, ojo, aquí viene la primera desgracia de los acusadores. Esa parte de la sentencia y otras no fueron redactadas por mí, sino por Víctor Prado Saldarriaga y Hugo Príncipe Trujillo. Cuando fuimos objeto de ratificación por el Consejo Nacional de la Magistratura, en audiencia pública, debidamente grabada, los tres dijimos lo mismo. La sentencia fue dividida en títulos y capítulos y encargamos, cada parte y cada título, a cada vocal.
¿Entonces, la comunicación por correo electrónico con España se dio?
Reconozco que tuve correspondencia epistolar, pero rechazo la integridad de lo que se ha publicado; además, no es un correo electrónico, es un impreso. Cuando pretendieron frustrar mi camino a la presidencia del Poder Judicial yo dije no estoy en condiciones de afirmar o negar. Ahora que se da esta segunda ola, presenté una denuncia, porque primero se había ingresado a mi cuenta personal desde el servidor de la Pontificia Universidad Católica del Perú. En segundo lugar, noté que muchos párrafos estaban alterados.
¿Dice que hubo una adulteración de los correos?
Tenemos el acta de visualización de los correos donde se establece que es una empresa radicada en Estados Unidos la que está metida en este asunto. Han fotocopiado o escaneado el impreso que tenían antes y lo han colgado en la página “ana_freitas_777”. Se establece que son documentos obtenidos vía fotocopia y que existen suficientes motivos para sostener que ha habido una adulteración de esos documentos. El parte policial determina que ese documento no es prueba válida.
Pero ¿sí sirve para una denuncia?
Como quiera que la interceptación de las comunicaciones es un delito, ese documento ilegalmente obtenido se convierte en el cuerpo de un delito. Y cuando la víctima lo pide y denuncia el hecho, actuarse diligencias, para determinar quién es el autor y sancionarlo como corresponde.
¿Quién hizo estos peritajes?
Los han hecho dentro de una denuncia, con participación de la fiscalía y en el órgano competente que es la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología de la DININCRI. Lo he hecho porque ya superaron los límites, al punto que en el Congreso formularon una denuncia falsa en mi contra. Felizmente, ya demostré que el domicilio era falso y que el supuesto denunciante vivía en las serranías de Arequipa y que los hechos no tenían ninguna razón, que se ha archivado.
El caso Almenara ya se había visto antes…
Son refritos que le quieren dar otra vueltita. Los correos ya se conocían, pero el abogado, que se cree un genio, quiere darle un sentido nuevo. Luego, pomposamente se va a Chile y le dan una patada, al darle las copias de las dos sentencias. Hasta ahora no han presentado una denuncia por los correos ante el Congreso, pero lo podrían hacer. Si quieren pelea, no me arredro, como buen chalaco, no me asusto tampoco. El caso Almenara incluyó una consulta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y fue resuelto por la Sala Plena de la Corte Suprema, donde como presidente no voté.
¿Y cómo se encuentra el caso ante el Consejo Nacional de la Magistratura?
Tras la inhibición del consejero Pablo Talavera por una cuestión de decoro, no porque tenga que ver conmigo, sino porque su señora esposa, que es fiscal, participa en el juicio a Fujimori por los diarios chicha, se ha nombrado al reemplazante, que es el ingeniero Gonzalo García, que está en la Comisión, junto a Gastón Soto Vallenas y Luz Marina Guzmán. Allí está, listo para el dictamen, pero estoy tranquilo. Además, hay otra cosa que es muy importante, que no la voy a invocar por razones morales: la denuncia está caducada. La Ley dice que la denuncia debe ser presentada a los seis meses de ocurridos los hechos y, cuando es de oficio, cuatro años, que han pasado. Pero con estas pericias y este parte policial claramente determinó que aquí hay delito.
¿Dice que va a haber una tercera ola de ataques contra usted?
Nada puede mantenerse en secreto, como dice el dicho popular, secreto de más de dos no es secreto. Estos aún se creen que están en los años ’90 y son los capos de los sicosociales, pero las cosas han cambiado y no se han dado cuenta de que no están luchando contra mí, sino contra todo un movimiento. Hay un libro que se publicó en enero del 2008, antes de los correos, sobre “Prueba Ilícita y Lucha contra la corrupción, el caso del allanamiento y secuestro de los vladivideos”, cuyo director es el doctor Ascencio Mellado, jefe del departamento de derecho procesal de la universidad de Alicante, y el coordinador fue José Ugaz Sánchez Moreno, a partir de lo cual quieren hacer ver que los pedidos que hice yo no eran una pura búsqueda de información, sino una búsqueda de argumentos para condenar. Están tratando de unir agua con aceite, para, como alquimistas que son, tratar de decir que esta es otra prueba de que busqué elementos fuera para que me redacten la sentencia.
Pero el tribunal fue de tres magistrados, ¿en qué condición quedan los otros dos jueces?
Este fue un caso muy especial, el caso republicano más importante y el modelo de la justicia transicional en América Latina, hecho en democracia, no en la época nazi o en dictadura. Fue un juicio tan complejo, que requirió el apoyo de todos nosotros. Era una discusión diaria, teníamos papeles de trabajo, fotocopias, que llenaban un cuarto e intercambiábamos documentos, si hubieran hackeado eso, sería una cosa terrible.
¿Cómo se llega a establecer la calificación de lesa humanidad a los delitos cometidos por Fujimori?
La consideración de crímenes de lesa humanidad no fue una creación nuestra, ya estaba dicho por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia del caso Barrios Altos, que permitió anular la amnistía. También por el TC en numerosas sentencias del grupo Colina. El 2012 cuando se produjo una polémica, luego que un sector de la Corte Suprema calificó que no era de lesa humanidad, el 7 de setiembre del 2012, la Corte IDH dictó una resolución donde ratifica que es una violación de derechos humanos y que al no hacerse así se vulneró el orden internacional. Que no digan que esto no es delito de lesa humanidad y que eso fue un agregado nuestro. La jurisprudencia en derecho internacional es muy clara e impone a los jueces, esté o no descrito en la jurisprudencia interna, a analizarlos y hacer un pronunciamiento, eso es lo que hicimos. El título de la condena no varió, a Fujimori se le condenó por tres delitos.
¿Pudieron recurrir a Chile cuando se discutió el recurso de nulidad de la condena?
La única autoridad o sujeto jurídico que puede reclamar que no hay congruencia entre lo sostenido en la sentencia de entrega y la sentencia que emitió la jurisdicción que requirió, es el que entrega: Chile, que no ha dicho nada.
¿Presentarán el recurso de revisión?
Hace meses lo han anunciado. Ahora dice que cuando culminen las vacaciones, veremos pues. Lo que pasa es que no tienen argumentos.
¿Quién verá la revisión?
Aún no está decidido qué Sala Suprema Penal verá este tema. Hay un error cuando se dice que como quiera que la Sala Penal Especial que dictó la sentencia emergió de la Sala Penal Permanente esta debe ser la que resuelve. Pero, olvidan que esa no es la sentencia que vale. Vale la ejecutoria suprema que la dictó la Sala Penal Transitoria y, entonces, se podría decir que ésta es la que tendría que pronunciarse sobre la revisión. Pero no es así. La revisión es un proceso autónomo, el sistema que siempre se ha seguido es el aleatorio, el pedido de revisión entrará a mesa de partes y allí con los procedimientos computarizados, y con veeduría de la OCMA, va a establecerse a cuál Sala Penal Suprema le corresponde resolver el pedido, si se presenta.
Si llega a la Sala Penal Transitoria que integran usted y los otros dos jueces que condenaron a Fujimori, ¿qué pasará?
Se iniciaría una recusación, lo mismo si va a la Sala Penal Permanente, recusarán al que tanto ha hablado del tema. También puede haber una inhibición, pero cada cosa en su día, no la van a tener fácil.
Trabajé con Vega Santa Gadea, no tengo de qué avergonzarme
¿Estas denuncias perturban su labor jurisdiccional?
Desde luego, porque tienes que dedicar tiempo y esfuerzos en defenderte. Pero esto ha reavivado mi lógica abogadil. Yo ejercí la defensa durante 12 años. He hecho calle en los tribunales. Soy abogado y estaré permanente en mi caso. Manco no soy, cobarde menos, solo no estoy. Así que estamos en equilibrio, yo diría que estamos más fuertes que ellos. Firmes contra esta campaña miserable de quienes no tienen argumentos jurídicos y lo único que hacen es sicosociales para manchar honras, destruir a las personas. Por eso, les dijo, no les tenemos ningún miedo.
Usted estuvo fuera de la magistratura, ¿se arrepiente de haber regresado a trabajar como juez?
Regresé por concurso, no por acciones de amparo, por concurso. La vocación es la vocación, quien se metió a bombero, que las llamas lo busquen. Todo este asunto me fastidia por supuesto, pero estoy en lo mío. No me arrepiento de ser juez. El paréntesis fue como abogado y me demostré a mí mismo que en el ejercicio profesional puedo estar muy bien, fui un abogado de éxito, no soy juez por temor a desempeñarme como abogado. Pero ganó mi vocación. Claro, tampoco pensé que tendría a cargo este juicio a Fujimori y lo mucho que me iban a querer estos señores, pero así es la vida y hay que continuar.
Cuando sale de la magistratura el año ’92, usted trabajó con el ministro fujimorista Fernando Vega Santa Gadea. ¿Es un fujimorista encubierto?
Las cosas son claras, creo que muchos pensaron: como ha trabajado allí, este es un fujimorista y nos va a dar la razón y por eso no me recusaron. Una estupidez. Yo trabajé una línea profesional, en la Gerencia Técnica de Naciones Unidas, para trabajar temas que tenían que ver con perfilar un sistema penal más acorde con el sistema de derechos humanos. Siempre mantuve mi independencia, siempre decía lo que tenía que decir y hacía lo que debía hacer y acabé abruptamente al cabo de 9 meses, por un conflicto de discrepancias y actuaciones. ¿Me equivoqué o no al estar allí? No sé, pero gané mucha experiencia y nunca lo he ocultado, no tengo de qué avergonzarme.
Pubicado en La República el 24 de febrero de 2014
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Entrevista con Salomón Lerner Febres, ex presidente de la Comisión de la Verdad y Reconciliación y presidente del Instituto de la Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (IDEHPUCP).
Seria barbaridad verguenza nacional si anula condena Fujimori
Las clases de Filosofía que él imparte recién empiezan en marzo, por lo que, digamos, tenía tiempo libre para conversar. ¿El tema? La evidente campaña política y legal del fujimorismo para traerse abajo la sentencia de 25 años de prisión que le impuso la Sala Penal Especial que presidió el juez César San Martín.
En algún momento del diálogo Lerner Febres recordó una de las contradicciones del fujimorismo: “Si se pide el indulto (a favor de Fujimori) es porque se está aceptando la culpa, ¿no es cierto?”. Respondí con una pregunta: ¿no hay otra posible interpretación? “No”, sentenció. Ni siquiera la filosofía, que él quiere tanto, podría cuestionar ese hecho concreto.
Con un tono de voz calmado –como siempre–, Lerner Febres sostiene que “más prejuicios tiene Javier Villa Stein que César San Martín. (Villa Stein) no ha demostrado prudencia”. Él, además de ser doctor en Filosofía, se graduó en Derecho. A continuación sus apreciaciones sobre el caso Fujimori.
Diego Hernández
-En las últimas semanas, el fujimorismo, desde todos sus frentes, ha vuelto a cuestionar al juez César San Martín y la sentencia que emitió en contra de Alberto Fujimori…
Es evidente que hay una campaña (en contra de San Martín) que desgraciadamente mezcla lo político con lo judicial, que son ámbitos bien diferentes. Esta especie de intromisión no es aceptable porque se mezclan los criterios y, además, a partir de una cierta postura política, se cuestiona lo que es la recta administración de justicia, lo que es, a mi juicio, lo que ocurrió en el caso Fujimori.
-En términos jurídicos, ¿se puede cuestionar el fallo que condenó al expresidente a 25 años de prisión?
Desde un punto de vista legal, nosotros estamos hablando de cosa juzgada, ratificada en las más altas instancias, y la sentencia ha sido reconocida internacionalmente por su fundamentación. Además, resulta paradigmático tratándose de un enjuiciamiento a un jefe de Estado. Todos los principios fueron respetados en el juicio, que además fue público. La sentencia fue absolutamente razonada y se estableció que no hay impunidad y eso honra a la justicia peruana.
-Pero la defensa legal de Fujimori tiene el derecho de solicitar un pedido de revisión de la sentencia.
El derecho a solicitar una revisión lo tienen, pero creo que la justicia tiene que pronunciarse no en función del derecho que uno pueda tener, sino analizando con objetividad el estado de la cuestión y ver si ese derecho efectivamente puede ser atendido o no.
-Si no existe un motivo legal para que se revise la sentencia…
-Comprendo que existe una cuestión política que, además, es respaldada por un sector de la población. Pero también tenemos al juez Javier Villa Stein, quien constantemente critica el fallo y a San Martín.
Pero es un juez muy especial, ¿no? La rebaja de la pena a los miembros del grupo Colina, tratándose de crímenes realmente terribles y en donde la justicia internacional les negaría esa especie de beneficio; eso de algún modo no habla muy bien de su conducta. Y yo lo escuché el otro día en radio adelantando opinión sobre ciertas cosas y utilizando algunos adjetivos que una persona que administra justicia pues debería tener mucho cuidado en usarlos. Hablaba de los caviares y esas cosas. Eso indica una serie de prejuicios en alguien que tiene que hacer juicios.
-Incluso existe la posibilidad de que se llegue a anular la condena a Fujimori…
Yo no soy un perito en materia judicial, pero en nuestro país son posibles muchas cosas que parecieran imposibles en otro lado. Pero creo que en el fondo, si sé que actúa con un mínimo de objetividad, eso no podría pasar. Cometerían una barbaridad y sería una vergüenza nacional si se anulara la sentencia.
-El abogado de Fujimori, William Castillo Dávila, critica el fallo por una serie de correos y consultas que hizo San Martín a juristas españoles.
Los mails por los cuales se cuestiona a San Martín han sido adulterados. Y el hecho de que se consulte para de esa manera tener mayor ilustración, llegado el momento de dar una sentencia, es una práctica común. Eso indica, más bien, la conciencia que tienen los jueces de estar mucho más empapados en materia jurídica y no es la autosuficiencia de aquel que dice yo lo sé todo.
-Entonces, ¿por qué cuestionan la sentencia utilizando esos argumentos?
El juicio y la sentencia obedecen a lo que llaman los juristas el principio de legalidad. Él ha sido condenado por homicidio, por torturas. ¡Por Dios! No pueden llegar a decir que porque se ha usado el término “lesa humanidad” en algún momento (del fallo), eso invalida el pronunciamiento judicial.
-Fujimori ha dicho que como él no fue extraditado de Chile por “lesa humanidad” no debió de ser juzgado por eso. Su abogado ha sostenido lo mismo. Pero ha quedado demostrado que “lesa humanidad” no es un delito que está tipificado como tal en nuestro país. ¿Es un argumento válido o cree que somos tontos y quiere tomarnos el pelo?
No es un argumento, esa es una excusa y se están buscando excusas desde hace tiempo. Si este fuera un real argumento, el señor (César) Nakazaki, que creo que como abogado tiene bastante más pericia, calidad y sagacidad que el actual abogado del señor Fujimori, ya lo hubiera sacado mucho antes. Se está buscando anular el juicio porque Fujimori desea, a pesar de que es un reo que tiene una situación privilegiada en la cárcel, salir libre y me imagino que para seguir haciendo política.
-¿Qué consecuencias podría generar la revisión de la sentencia y una posible anulación de la misma?
¡Uy! Yo creo que ese día el prestigio del Poder Judicial, por causa de unos pocos magistrados, va a caer por los suelos. Quizás en el Perú los fujimoristas se alegren, pero no se trata del número de personas, sino de aquello que se va a pensar en el extranjero sobre el Estado de derecho, que implica la independencia de poderes, y si algún poder tiene que ser el primero en lo que toca a independencia ese es el Poder Judicial.
-Si el pedido de revisión del fallo llega a la sala que preside Javier Villa Stein, ¿es posible que anule la condena de Fujimori?
De acuerdo a la conducta que él ha tenido hasta ahora, eso sí es posible, porque creo que es un poco exaltado el señor.
-¿Eso se puede evitar? Porque él también tiene el derecho, al ser un juez supremo, de tomar esa decisión y para ello debería tener argumentos…
¿Pero qué argumentos? Dígame…
-Bueno, ya lo hizo reduciendo la pena al grupo Colina y donde le quitó el calificativo de “lesa humanidad” a sus crímenes.
Pero esos no son argumentos, pues, esas son triquiñuelas y leguleyadas.
-Pero a lo que voy es a que eso ya ocurrió…
Ocurrió. Y podría ocurrir, con lo cual se pondría en cuestión no un fallo que ha sido alabado y juzgado de manera muy positiva por la comunidad internacional, sino que se caería también la opinión que se tiene sobre la justicia en el país por culpa de un señor que tiene cercanía política con el fujimorismo, porque eso es claro, ¿no? Hay que ver sus declaraciones.
-Él (Villa Stein) puede tener una inclinación política.
En absoluto. Él tiene derecho a la opción política que buenamente elija. A lo que no tiene derecho es a mezclar su militancia política y sus simpatías por determinadas personas con su labor jurisdiccional.
LO DIJO
“En el gobierno de Fujimori hubo mucha corrupción, violaciones a los derechos humanos, un golpe a la Constitución, y esas cosas no están bien”.
(Salomón Lerner Febres)
Foto: Jorge Cerdán
Publicado en Diario 16 el 23 de febrero de 2014
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- Documentos de la Corte Suprema de Justicia de Chile contradicen afirmaciones del abogado de Fujimori
Justicia chilena solo le envío Fujimori copia de sentencia extradición
- Documento ‘secreto’ procedente de Chile desmiente a abogado de Fujimori sobre delito por el que fue extraditado
Daniel Yovera / Foto: Jennifer Torrealva
La justicia suprema chilena, en efecto, respondió un oficio que el mes pasado le había hecho llegar el abogado Castillo para que le “aclaren” si en la sentencia con la que ese país resolvió la extradición de Fujimori estaba considerado el delito de “lesa humanidad” o “crimen contra la humanidad”. La respuesta llegó desde Santiago el 11 de febrero y Fujimori y su predecible abogado la presentaron cual eureka, afirmando: el exjefe de Estado no había sido extraditado por lo que sus sentenciadores habían dictado. Y fue así como Castillo anunció que pediría la nulidad de la condena de cinco lustros.
¿En verdad respondió eso la Corte de Justicia chilena? No pudo haberlo hecho ni lo hizo. Documentos que empiezan a llegar desde el vecino país del sur desmienten categóricamente al letrado y a su patrocinado, y como en este asunto hay un cúmulo de medias verdades y versiones interesadas, a continuación diario16 pone en conocimiento de la ciudadanía un documento catalogado de “secreto”, para que advierta qué es lo que ha dicho exactamente Chile respecto de Fujimori y contraste esta información con lo que ha venido sosteniendo la defensa legal del expresidente en las últimas semanas.
“VINO UN ABOGADO”
El 11 de febrero pasado, un comunicado firmado por Fujimori y por William Castillo llegó a los medios de comunicación. Decía: “Hemos recibido respuesta oficial (de la Corte de Chile) a los términos de nuestra solicitud, con la remisión de las copias de la sentencia”. La solicitud era: señores, ¿aprobaron o no la extradición de Alberto Fujimori para ser juzgado en el Perú por crímenes de lesa humanidad?
El comunicado seguía diciendo: “Luego de su revisión, se concluye que la denominada sentencia de extradición no autoriza en modo alguno el juzgamiento por el Poder Judicial del Perú del ciudadano Alberto Fujimori por ningún delito contra la humanidad ni de lesa humanidad”.
Eso, que en principio fue una fundada sospecha de algunas autoridades y abogados de derechos humanos vinculados a los procesos contra Fujimori, ahora está confirmado.
Un documento catalogado de “secreto”, de Relaciones Exteriores, fechado el 18 de febrero de 2014 y dirigido a autoridades del Estado peruano desde Chile, así lo señala.
Se trata de un oficio que recoge información directa que fuentes de la Corte Suprema chilena ofrecieron a funcionarios de la Embajada del Perú en Santiago sobre el asunto Fujimori. Está suscrito por el jefe de la Oficina de Cooperación Judicial del Ministerio de Relaciones Exteriores, Elmer López Chirinos, y contiene dos párrafos con información proveniente de nuestra embajada en dicho país.
Punto seguido, hay más: “Al respecto, los citados funcionarios (chilenos) señalaron que el señor presidente de la Corte Suprema (de Chile) se ha limitado a remitirle copia de las sentencias de primera y segunda instancia dictadas en el mencionado proceso de extradición”.
Las dos frases finales no dejan lugar a la especulación, salvo la interesada: “Por lo tanto, no existe un pronunciamiento pendiente. La respuesta se concretó en el envío de las copias de dichos fallos judiciales”.
Es decir, en lenguaje amigable, los jueces chilenos le dijeron a William Castillo: “Ahí tienes, lee, no hay más”.
PARA CASTILLO FUE “CONSPIRACIÓN”
A pesar de la cortante respuesta de los jueces sureños, el defensor y su patrocinado presentaron el hecho como el gran hallazgo jamás advertido, y William Castillo se refirió al fallo del tribunal que presidió el juez San Martín como “político, producto de una conspiración”.
Incluso, en virtud a la respuesta que le dio Chile, el letrado anunció que interpondría acciones constitucionales para conseguir la nulidad de la condena de 25 años y lograr una absolución.
Desde la semana pasada las autoridades peruanas tienen en sus manos el documento que estamos presentando. Según fuentes de este diario, habría otros así de reveladores. O sea que el doctor William Castillo deberá afinar su estrategia y pensar en algo mejor, porque esto que intentó, al parecer, no tendría en qué sostenerse.
Publicado en Diario 16 el 23 de febrero de 2014