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Daniel Urresti: “Soy inocente, yo soy una víctima, se están violando mis derechos humanos”

Por Jorge Paucar Albino

  • El exministro del Interior y actual militante del Partido Nacionalista brindó una entrevista a Ideeleradio.

Se hace la víctima. Daniel Urresti, exministro del Interior y actual militante del Partido Nacionalista Peruano, brindó una entrevista al programa No Hay Derecho de Ideeleradio en la que dijo ser inocente y acusó una persecución en su contra. Con su tono de voz conocido, interrumpía cuando le querían hacer preguntas y se dedicó a acusar a las organizaciones defensoras de los derechos humanos, pero sin ninguna prueba ni sustento.

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© La Mula© La MulaCuando se le pidió que explique a que se deben tales acusaciones, Urresti no supo explicarlo, solo elaboró una especie de teoría de la conspiración:

“Yo voy a decir lo que pienso de las ONGs de derechos humanos, como IDL, Aprodeh, las que están detrás de la persecución a los comandos de Chavín de Huantar. Es evidente que hay intereses detrás. Estos organismos son importantes en los países en vías de desarrollo. Pero esto no implica que estos organismos deben ser santificados por el solo hecho de defender derechos humanos. Aquí en el Perú estos han generado un gobierno paralelo donde logran mover sus influencias. Constituyen un poder paralelo. Soy un ferviente creyente de que las ONGs buscan solo condenas, no la justicia. No les interesa si las personas son culpables o no. Poco o nada les interesa saber la verdad. ¿De qué viven las ONGs, cuánto ganan?”

El periodista Glatzer Tuesta, conductor del programa radial, le pidió a Urresti que fundamente tales acusaciones, pero el exministro siguió con su teoría. Y cuando se le consultó por el caso Hugo Bustíos, dijo lo siguiente:

“Lo que dice el fiscal o el juez no hace la verdad. Yo a Bustíos no lo conocía. Jamás me lo presentaron. Jamás he tenido que ver con el caso. En el 2008, uno de los condenados, no sé si La Vera es culpable o no, esa es la verdad del Poder Judicial. Hasta Dios se equivoca. No creamos en la “absolutez” de las cosas. “Ojos de Gato” agarra y dice: “voy a decir la verdad. Yo no fui, yo soy inocente. Él asesino es el S2, Daniel Urresti”. La Fiscalía solo le ha creído la segunda mitad. Yo se que ustedes tienen todos los documentos, lo revisan todos los días, están desesperados por mi caso. Es un secreto a voces que ustedes tienen poder de influencia en el Poder Judicial”.

Ante la pregunta de ¿qué hacía un S2 en la zona de Castropampa? Urresti hizo una interpretación particular de la acusación fiscal en su contra y en un “lenguaje popular”, como dijo, afirmó lo siguiente:

“El fiscal en el 2008 desde que se me acusa, todo lo que obra en los expedientes está orientado a demostrar que yo estuve en el sitio y disparé. Llega el fiscal Landa, que al parecer es amigo de ustedes, y dice en su acusación que todos los que intervinieron en la primera parte son unos ineptos, porque han querido acusar de autor inmediato, de haber disparado, son tan tarados que yo como fiscal voy a hacer un cambio en la acusación. Decide acusarme de autor mediato. Ya están condenadas dos personas, ¿cómo puedo ser el autor mediato? Lo que hace o hacía el S2 en Castropampa, ya lo demostraré en su momento”.

Glatzer Tuesta le siguió haciendo preguntas y Urresti no las respondía, sino que se dedicaba a acusar sin pruebas y elaborando teorías de conspiración en su contra. Cuando le preguntó si patrullaba como S2 en la época del conflicto armado interno, el exministro respondió así:

“Soy inocente, no he participado ni de manera mediata ni inmediata. Ese pensamiento de que los militares fueron a matar a las zonas de conflicto es inverosímil. Yo tengo la hipótesis que las ONGs han participado de la redacción de la acusación fiscal en mi contra. Ustedes son tan complicados, tienen toda una maraña. Si ustedes no tuvieran un poder de influencia, no lo pueden negar, tienen presencia en muchísimos sitios, son como el cáncer que se expande […] Retiro mi palabra. Pero ustedes han ido infiltrando organizaciones”.

Se le preguntó también a Urresti sobre un caso de tortura en el cuartel Los Cabitos, en el que él declarará como testigo, y esto fue lo que respondió:

“En ese cuartel, nunca se ha torturado a nadie. Mientras yo trabaje en el Cuartel Los Cabitos, nunca se torturó ni detuvo a nadie”.

El periodista Tuesta intentó hacerle más preguntas, pero Urresti seguía respondiendo con ironía:

“¿Para qué me preguntan? ¿Ustedes no saben? ¿Acaso no están llevando mi caso? ¿Qué no? Sí sí, como no, claro, claro. Han atentado contra mis derechos humanos. Yo soy una víctima. Es una persecución, ustedes me han dado duro durante quince días. Las ONGs son necesarias, son como un árbitro externo, pero el problema es cuando ese árbitro es corrupto, vendido, cuando ya no le interesa defender la justicia, solo recibir más dinero”.

Luego de acusar una persecución en su contra, sin fundamentos ni pruebas, Urresti quiso terminar la entrevista de manera amable y le dijo al periodista:

“Yo he ido a varios programas televisivos y radiales. Debo reconocer que hemos podido debatir, intercambiar pareceres. Vendré cuando me lo soliciten”.

Datos:

En febrero pasado, el fiscal Luis Landa pidió 25 años de prisión y una reparación civil de 500 mil nuevos soles para Daniel Urresti por el delito de lesa humanidad del asesinato, en modalidad de autoría mediata, del periodista Hugo Bustíos.

Bustíos fue un periodista de Caretas que trabajaba en Ayacucho y fue asesinado, en 1988, por militares en Castropampa. Daniel Urresti era oficial y era conocido como “Capitán Arturo” en la base militar de la zona.

Según la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), “miembros del Ejército acantonados en el Cuartel Nº 51, denominado como Los Cabitos, y efectivos de la Unidad de inteligencia conocida como “La Casa Rosada”(ambos establecidos en Huamanga) ordenaron, permitieron o cometieron violaciones de los derechos humanos de la población local, entre los años 1983 y 1984. Efectuaron detenciones arbitrarias, torturaron, concedieron libertad selectivas, desaparecieron y ejecutaron extrajudicialmente, por lo menos, a 136 ciudadanos”.

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Publicado en La Mula el 17 de abril de 2015

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Identificado – “Capitán Arturo” fue denunciado hace 26 años por desaparición

  • Familiares de Víctor Araujo Garzón lo acusaron ante la Fiscalía Superior de Investigación de Desaparecidos de Ayacucho. El documento está en uno de los 67 expedientes que se abrieron en la Fiscalía Especial encargada de los Asuntos de la Defensoría del Pueblo y Derechos Humanos. La República encontró testigos de estas detenciones arbitrarias que también lo mencionan. Son casos para la Fiscalía.

Por María Elena Castillo H. y Elías Navarro, Huamanga

“Él es el capitán Arturo”, dice muy segura María Araujo Aroni, al ver la fotografía del exministro del Interior, Daniel Urresti. En ese momento su memoria retrocede casi 26 años, al 14 de diciembre de 1988, cuando su padre, Víctor Araujo Garzón, fue detenido por una patrulla militar.

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Juana Araujo identificó al ex ministro Daniel Urresti como el "capitán Arturo". Recuerda que en 1988 su madre, Melchora Aroni, le increpó: "Tú has venido y lo has traído a mi esposo". (Foto: FOTOS: ELÍAS NAVARRO)Juana Araujo identificó al ex ministro Daniel Urresti como
el “capitán Arturo”. Recuerda que en 1988 su madre,
Melchora Aroni, le increpó: “Tú has venido y lo has traído
a mi esposo”. (Foto: FOTOS: ELÍAS NAVARRO)
Esa mañana el campesino de 65 años trabajaba en su chacra de maíz, ubicada en el anexo de Huayhuas, en las afueras de Huanta. Cerca del mediodía una patrulla del Ejército llegó al lugar y se lo llevó en un vehículo militar rumbo al Cuartel de Castropampa.

“Mi mamá, Melchora Aroni Santa Cruz, llegó desesperada a Huanta y buscamos abogado pero no quiso asumir la defensa. Nos dijo: entren ustedes solas. Entonces fuimos llevando comida y cuando llegamos a la puerta del cuartel estaba este capitán Arturo”, relata a La República.

Cuenta que les gritó que no había ninguna persona detenida y las conminó a marcharse.

“Mi mamá le increpó diciéndole: ¡Tú le has traído!”, refiere María. Respondió amenazante: “¡retírense, carajo!”. El oficial tenía un fusil en el hombro y una pistola en la cintura.

Al día siguiente, doña Melchora –entonces de 70 años y hoy fallecida– acudió a la Fiscalía Provincial Mixta de Huanta y presentó la denuncia, tal como figura en el Expediente N° 624-88, que terminó remitiéndose a la Fiscalía Especial encargada de los asuntos de Defensoría del Pueblo y Derechos Humanos.

Cinco días después de la detención, el jefe político militar de Huanta, Víctor La Vera Hernández –utilizando el seudónimo “Javier Landa Dupont”–, negó que personal bajo su mando lo haya intervenido.

Sin embargo, don Víctor no aparecía. Por el contrario, el 29 de diciembre, otra patrulla militar ingresó a la casa de la familia Araujo Aroni y se llevó a Sofía, su hija de apenas 14 años. En ambas acciones se identificó la participación de un oficial apodado ‘Mataperro’.

ACUSACIÓN DIRECTA

María recuerda que mientras esperaban, salió de la base un hombre que disimuladamente les aseguró que había personas detenidas, “dentro de rejillas”.

“Mi mamá fue a Huanta a comprar para el almuerzo, diciendo quizás me hagan entrar con la comida. El capitán se molestó y nos apuntó con su arma diciendo que nos iba a disparar si no nos íbamos”, refiere.

El oficial siguió negando que hubiera detenidos en la instalación militar y que él haya ido con la patrulla a Huayhuas, pero doña Melchora lo había visto y pese al temor, le insistió: “¡Tú has venido y lo has traído a mi esposo!”, le enrostró.

Su acusación directa quedó registrada en la denuncia escrita por detención arbitraria que presentó su nuera, Aurelia Ricra Chocce, el 17 de marzo de 1989, a la Fiscalía Superior de Investigación de Desaparecidos, en Ayacucho, y que por primera vez sale a la luz.

“Interpongo denuncia por la detención arbitraria de mi suegro, Víctor Araujo Garzón, quien fue detenido el 14 de diciembre de 1988, en la localidad de Huayhuas, de comprensión de la provincia de Huanta, por los miembros del Ejército acantonados en la base militar de Castropampa capitaneado por el capitán apodado Arturo”, dice el documento que hasta ahora estaba olvidado en el expediente que se guarda en el Centro de Información para la Memoria Colectiva de la Defensoría del Pueblo.

Por la fecha en que fue presentado este recurso, no se puede argumentar que tuvo un trasfondo político, como afirmó el ex ministro Daniel Urresti cuando el mayor (r) Amador Vidal Sanbento, uno de los condenados por el crimen del periodista Hugo Bustíos (en noviembre de 1988), lo involucró en el asesinato.

DIFÍCIL INVESTIGAR

Por esos años, la máxima autoridad en la zona era el jefe del comando político militar y no era sencillo investigar las denuncias sobre desapariciones que llegaban a la fiscalía provincial, principalmente las que responsabilizaban a miembros de las fuerzas del orden.

El expediente por la desaparición de Víctor Araujo y su hija Sofía tiene apenas 31 folios: solo hay declaraciones de doña Melchora; la denuncia de Aurelia; un oficio del jefe militar de Castropampa y otro del Cuartel Los Cabitos, de Huamanga, negando las detenciones; varios pedidos de las fiscalías provincial de Huanta y superior de Ayacucho, así como dos partes de la entonces Policía de Investigaciones del Perú (PIP), dando cuenta de las diligencias que realizaron sobre estos casos.

El documento policial en torno a Víctor Araujo señala escuetamente que su nombre no estaba en el Libro de Detenidos de esa institución, ni en la Comisaría de la Guardia Civil y que no tiene antecedentes.

Como parte de su análisis, indica que no se ha podido probar que fuera intervenido por efectivos militares porque mediante un oficio “informó el jefe político militar que el personal a su mando no había intervenido a la persona en mención”. Sin embargo, no se hizo ninguna inspección en el lugar. Algo similar determinó para el caso de Sofía.

SON 67 CASOS

Casi la misma historia se repite en las 67 denuncias por desaparición forzada ocurridas durante 1988 en Huanta, que mostraría un patrón de operaciones ilegales como parte de la lucha contrasubversiva como ocurrió en 1983 en el Cuartel Los Cabitos, en Huamanga, y por los que se está procesando judicialmente a todo el Estado Mayor.

En 1988 el Estado Mayor del Cuartel de Castropampa, en Huanta, estaba formado por el jefe político militar, Víctor La Vera Hernández –condenado por el asesinato del periodista Bustíos–; el jefe de la Sección de Personal (S-1), Manuel Contreras Rodríguez; el ex ministro Daniel Urresti como jefe de Inteligencia (S-2); el jefe de Instrucción y Operaciones (S-3), José Salinas Zuzunaga; y el jefe de Asuntos Civiles, Amador Vidal Sanbento, más conocido como ‘Ojos de Gato’.

A todos ellos les toca responder por las desapariciones, entre ellas la de Julio Tinoco Sánchez, de 33 años, quien fue sacado la noche del 25 de mayo de 1988 de la casa de sus padres, en el anexo de Cangari, donde pernoctaba tras haberlos ayudado en las faenas agrícolas.

Al día siguiente su esposa, Remigia Muñoz Rimachi, denunció su secuestro ante el fiscal provincial de Huanta. Tanto allí como en Huamanga relató que se lo llevaron miembros de una patrulla militar.

Como en todos los casos, el jefe del Comando Político Militar de Huanta negó el operativo, lo que fue suficiente para que la PIP concluya que el Ejército no lo intervino.

Sin embargo, Tinoco era sospechoso de terrorismo, pues en enero de ese mismo año fue detenido y acusado de ser mando político de Sendero Luminoso. Estuvo detenido nueve días, saliendo con libertad incondicional mientras el proceso se veía en el Poder Judicial. Al ser consultado por la fiscalía que investigaba su desaparición, el Juzgado de Instrucción de Huanta respondió que en su informe final no se le encontraba responsable del delito que se le imputaba. La absolución llegó muy tarde.

Doña Remigia cuenta a La República que los militares ingresaron primero a su casa y al no encontrar nada fueron a la vivienda de sus suegros. Ella vio a los militares, y después se enteró de que a uno de ellos lo llamaban “capitán Arturo”.

“Al día siguiente, embarazada y con mis seis hijos, fui al cuartel a que me entreguen a mi esposo. Me dijeron burlándose que no lo habían traído y me amenazaron diciendo que si no me iba me matarían. Los militares disparaban al aire y nos regresamos asustados y llorando con mis hijos”, cuenta demandando justicia y que le entreguen el cuerpo de Julio.

MÁS DENUNCIAS

© La República© La RepúblicaEn la mañana del 10 de setiembre de 1988 militares uniformados y otros vestidos de civil llegaron a Huayhuas y encontraron a Rufino Limaquispe Huamán, de 22 años, levantando muros en la casa de una vecina.

Su esposa, Rosa Pineda Ccasapuma, fue testigo de la detención.

“Haciendo disparos al aire uno de ellos dijo: ¡salgan afuera y échense, carajo! Y empezaron a golpear. A mi esposo lo amarraron las manos hacia atrás con soga y a mí me encerraron en un cuarto junto con mi concuñada y mis dos hijas”, refiere, y agregó que se lo llevaron con dirección a Huanta.

Cuando fue a buscar a su esposo al cuartel, encontró a varias personas que decían que el ‘capitán Arturo’ se había llevado a sus familiares.

Unas semanas antes, exactamente el 16 de agosto, fue detenida Felícita Sánchez Delgadillo, de 24 años, en el Pago de Pampachacra. Su hermana, Paulina, no ha podido olvidar ese día, aún llora porque no pudo hacer nada para evitarlo.

Como no aparecía, Paulina y su esposo, Feliciano Ccapcha Medina, buscaron al periodista Hugo Bustíos, que era muy amigo de Filomena, para que los ayude a encontrarla.

“Hizo un escrito para presentar en cuartel Castropampa. Bustíos me dijo: si lo han llevado al cuartel ya lo van a desaparecer. Pero de todas maneras hay que presentar”, comenta Feliciano.

Y efectivamente, como en todos los casos que hemos mencionado, la joven nunca más volvió a aparecer.

Congresista Gutiérrez: Denuncian a Urresti por entrar en la política

El vocero de la bancada de Gana Perú y dirigente del Partido Nacionalista, Josué Gutiérrez, sostuvo que el pecado del ex ministro del Interior Daniel Urresti ha sido incursionar en política, aclarando que en este momento no se está pensando en candidaturas presidenciales.

“Hay adversarios políticos que nos miran como enemigos y quieren desprestigiarlo”, manifestó, calificando ese hecho de “politiquero”.

Refirió que si fuera abogado seguramente buscarían si está ligado a la red mafiosa de Rodolfo Orellana, pero como es militar lo quieren responsabilizar de las violaciones de derechos humanos cometidas en los años 80 y 90. “Dicen: hay que ver cuántos muertos y desaparecidos hay para achacárselos. Estos temas deben aclararse y sin duda lo va a hacer “, expresó.

Gutiérrez, elegido por Huánuco, contó que tiene un tío desaparecido en los años de violencia y que lo importante debería ser ubicarlos y devolverlos a sus familiares.

La República se comunicó con el exministro Urresti, quien se excusó de declarar porque tiene un proceso judicial (por el asesinato del periodista Hugo Bustíos) y que lo hará su abogado, cuando contrate uno.

Publicado por La República, el 16 de marzo de 2015

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El crimen por el que se acusa a Urresti

  • Ministro niega participación en asesinato de periodista, pero fiscal pide 25 años de prisión para él. Todos los detalles del caso.

La situación judicial del exministro del Interior Daniel Urresti se ha complicado, más allá de eventuales movidas tras bambalinas, por testimonios que lo implican en el asesinato del corresponsal de Caretas en Huanta, Hugo Bustíos, el 24 de noviembre de 1988.

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© Diario Uno© Diario UnoPara la fiscalía de Ayacucho el actual ministro fue autor material del asesinato; mientras que para el juez que abrió instrucción, Urresti fue autor mediato pues cree que dirigió el operativo y estuvo presente en el crimen.

En la Base de Castropampa, en Ayacucho, Daniel Urresti era S2, jefe de inteligencia y contrainteligencia. Carlos Tapia, exmiembro de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), explica que la misión de un S2 en la lucha contraterrorista era “la de detectar, planificar, capturar y eliminar a los sospechosos de ser miembros de Sendero Luminoso”.

EL CRIMEN

De acuerdo a la acusación fiscal, tras el asesinato de los comuneros Primitiva Jorge de Sulca y su hijo Guillermo Sulca en Ayacucho el 1988, aparentemente a manos de Sendero Luminoso, Hugo Bustíos, corresponsal de Caretas, decide hacer la investigación periodística y, acompañado de su esposa, Margarita Patiño, y el periodista de la zona Eduardo Rojas Arce, se dirige a la Base de Castropampa para solicitar al jefe de ese destacamento, comandante Víctor La Vera Hernández, que le permita el ingreso a Erapata, donde había sucedido el asesinato.

En ese momento La Vera lleva a un lado a Bustíos y le dice que el capturado senderista “Sabino” lo había sindicado como colaborador de Sendero Luminoso y le indica que vaya a Erapata, que él iba a autorizar su ingreso vía radio.

Momentos antes, la esposa de Bustíos ve que de la base sale un vehículo con cuatro militares vestidos de civil con polo blanco.

Cuando Bustíos y Rojas llegan a Erapata son acribillados por los militares que salieron de la base. Rojas logró escapar, pero Bustíos fue alcanzado por los proyectiles y en estado agonizante le colocaron una granada en el pecho que destrozó su cuerpo. La idea era culpar del asesinato a Sendero Luminoso.

En el proceso judicial Urresti ha negado su participación en este operativo, sin embargo tres militares afirman que sí estuvo, y uno de ellos asegura que participó directamente en la ejecución de Bustíos. Carlos Tapia asegura que es prácticamente imposible que siendo el jefe de Inteligencia, Urresti no haya estado al tanto del operativo.

¿POR QUÉ SE ACUSA A URRESTI?

La denuncia contra Daniel Urresti se basa en cinco declaraciones testimoniales que aparecen en el expediente 01145-2013-00501-JR-PE-02. Una de ellas es la del sentenciado capitán Amador Vidal Sanbento, quien asegura que Víctor La Vera dio la orden para atacar a los periodistas y tanto Urresti “Capitán Arturo” como Zapata “Centurión” dispararon a Bustíos. La acusación es directa, pero Urresti y sus defensores señalan que Zapata hizo la declaración no en el juicio original sino años después y que en el asunto hay animadversión a Urresti.

Los militares Pedro Mujica León y Edgardo Montoya Contreras, confirmaron que Urresti salió al mando de la comitiva que ejecutó a Bustíos. La cuarta manifestación es de Abilio Arroyo Espinoza, periodista de la revista Caretas, dijo haber recibido información de oficiales del cuartel de Castropampa en el sentido que Urresti y Zapata participaron en el ataque.

También se tomó en cuenta la manifestación de la esposa de Bustíos, Margarita Patiño, quien vio salir la patrulla militar que luego acabaría con la vida de su esposo. Según la Sala Penal Nacional, inteligencia victimó a Bustíos pues lo consideraba como un colaborador de Sendero Luminoso en base a la declaración de “Sabino”.

EL PROCESO

El caso ha merecido dos procesos, uno que terminó el 2007 con la sentencia emitida por la Sala Penal Nacional que condenó al coronel EP Víctor La Vera Hernández y el teniente coronel EP Amador Vidal Sanbento a 17 y 15 años de cárcel, aunque ahora están en libertad tras acogerse a los beneficios penitenciarios.

Ambos apelaron la sentencia pero la Corte Suprema ratificó la condena el 2008 y consideró que hay más involucrados, por lo que ordenó que el expediente regrese a la Fiscalía de Ayacucho para que se determine quiénes son los otros responsables.

El 2009 el Ministerio Público de Ayacucho recibe los testimonios de La Vera Hernández y de Vidal Sanbento (conocido como ‘Ojos de Gato’) y determinó que quien dirigió el operativo que terminó con el asesinato de Bustíos fue Daniel Urresti, junto a Johnny Zapata (ya fallecido) conocido como “Centurión”.

Ante ello el Ministerio Público formuló una denuncia fiscal señalando que “en la presente investigación se ha llegado a establecer que los directos o inmediatos de los ilícitos penales denunciados son el capitán Daniel Urresti y el sargento Johnny Zapata”.

En junio del 2013 el juez de Ayacucho Bladimiro Chuquimbalqui Maslucán dispuso la apertura de instrucción (expediente 01145-2013-00501-JR-PE-02) contra Urresti como autor mediato en la comisión del delito de asesinato y crimen de lesa de humanidad en agravio de Hugo Bustíos (es aquí donde se inicia el segundo proceso).

ADEMÁS

Dada la importancia del caso, se remitió los actuados a la Sala Penal Nacional y esta a su vez los derivó al Ministerio Público. El caso está en manos del titular de la Tercera Fiscalía Penal Nacional, Luis Landa Burgos, quien ha pedido 25 años de prisión para Daniel Urresti.

Publicado en Diario Uno, el 1º de marzo de 2015

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Caso Hugo Bustíos: Fiscal pide 25 años de prisión para Daniel Urresti

  • El fiscal Luis Landa acusó al exministro del delito de lesa humanidad de autoría mediata por la muerte del periodista en 1988.

Por Jorge Paucar Albino

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© La Mula© La MulaEs el candidato del Partido Nacionalista y dejó el Ministerio del Interior con un alto nivel de aprobación. Pero tiene muchas cosas que aclarar. Uno de los casos más graves es la muerte del periodista Hugo Bustíos en 1988, cuando Daniel Urresti era “Capitán Arturo” en Ayacucho.

En el programa “No Hay Derecho” de Ideeleradio, Glatzer Tuesta informó que el fiscal Luis Landa ha acusado a Daniel Urresti del delito de lesa humanidad de autoría mediata por la muerte de Hugo Bustíos y de tentativa de asesinato del periodista Eduardo Rojas Arce. El Ministerio Público pide 25 años de prisión para Urresti y el pago de una reparación civil de 500 mil nuevos soles.

 

 

 

 

 

 

Publicado en La Mula, el 27 de febrero de 2015

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Demandan que se formalice acusación en caso Bustíos

La Comisión de Derechos Humanos (COMISEDH) y la familia del periodista Hugo Bustíos, asesinado en Huanta en 1988, exhortan al fiscal Luis Landa a que formalice acusación contra el ex ministro del Interior Daniel Urresti antes de fin de mes, como declaró a inicios de año.

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“Hay suficientes elementos de prueba para que se pase a juicio oral por este execrable crimen y se pueda avanzar en restablecer el derecho a la justicia de la familia”, precisó Miguel Huerta, el director general de COMISEDH, institución a cargo de la defensa de los deudos del periodista.

Por su parte, Margarita Patiño viuda de Bustíos respecto al anuncio de Urresti de participar en la política, consideró que el ex ministro con este lanzamiento busca impunidad.

“Dependerá de los ciudadanos de ver las cosas y decidir sobre ello. Yo pienso que él está buscando impunidad”, advirtió.

Publicado en La República, el 24 de Febrero de 2015

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Humala separa a cuatro ministros cuestionados por la oposición

  • Daniel Figallo, Daniel Urresti, Carmen Omonte y Eleodoro Mayorga dejaron las carteras de Justicia, Interior, Mujer y Energía y Minas, respectivamente. En tanto, Fredy Otárola renunció a ministerio de Trabajo para asumir cartera de Justicia. Gabinete de Ana Jara da bienvenida a nuevos ministros.

Por Patricia Hoyos S. y Liliana Rojas

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Los nuevos. (De izquieda a derecha) Rosa Ortiz, José Pérez Guadalupe, Fredy Otárola, Marcela Huaita y Daniel Maurate asumen nuevas carteras.
Los nuevos. (De izquieda a derecha) Rosa Ortiz, José Pérez Guadalupe, Fredy Otárola, Marcela Huaita y Daniel Maurate asumen nuevas carteras.
Los nuevos. (De izquieda a derecha) Rosa Ortiz, José
Pérez Guadalupe, Fredy Otárola, Marcela Huaita y
Daniel Maurate asumen nuevas carteras.
© La República
En el marco de un escenario que avizoraba una posible censura al gabinete ministerial que preside Ana Jara, el presidente de la República, Ollanta Humala, decidió remover ayer a cuatro ministros con serios cuestionamientos por presuntas inconductas funcionales.

Las salidas involucran a los titulares de Justicia, y de la Mujer, Daniel Figallo y Carmen Omonte, respectivamente. Además, al ministro de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga, y del Interior, Daniel Urresti.

Desde la mañana se venían rumoreando los cambios, sin embargo, a las 4 de la tarde, con la llegada de Ollanta Humala a Palacio de Gobierno, se confirmaron las renuncias, las que fueron oficializadas horas después en una ceremonia en el Salón Dorado.

Uno a uno iban llegando los salientes ministros y sus sucesores a la Casa de Pizarro. A las 7 de la noche, la juramentación empezó con José Luis Pérez Guadalupe, quien dejó la jefatura del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) para asumir el cargo de ministro del Interior, en reemplazo de Daniel Urresti.

El uso de armas de fuego por la policía en la protesta en la ciudad de Pichanaki puso la soga sobre el cuello de Urresti, y en los últimos días la oposición exigió su renuncia inmediata. El saliente ministro del Interior admitió su responsabilidad política en el enfrentamiento que dejó un muerto y varios heridos.

Curiosamente, la renuncia de Urresti también coincide con el próximo fallo del Ministerio Público sobre su presunta participación en el asesinato del periodista Hugo Bustíos, ocurrido el 24 de noviembre de 1988, en Ayacucho.

“Yo no tengo nada que ver en ese caso, así que esperaré la decisión que determinen las autoridades”, refirió Urresti con respecto al caso Bustíos al término de la ceremonia.

El segundo en jurar fue el nacionalista FredyOtárola, quien asumió la cartera de Justicia, en reemplazo de Daniel Figallo, para lo cual renunció a su cargo de ministro de Trabajo.

Figallo deja el gabinete ministerial en medio de cuestionamientos sobre su presunta intervención a favor del prófugo empresario Martín Belaunde Lossio en el caso “La Centralita”. Este hecho le generó, en su momento, un pedido de censura que se esperaba debatir en las primeras semanas de marzo en el Congreso.

Maurate criticado

Ante la salida de Otárola del Ministerio de Trabajo, el viceministro Daniel Maurate asumió la cartera en su reemplazo.

No obstante, las críticas contra Maurate no demoraron en surgir al recordarse que fue denunciado por falsificar datos en su Hoja de Vida ante el Jurado Nacional de Elecciones sobre sus méritos académicos. Este hecho ocasionó su despido de la jefatura de la Dirección General de Control de Servicios de Seguridad, Control de Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Dicscamec).

En declaraciones a la prensa, Maurate manifestó que su primera gestión al frente de la cartera de Trabajo será convocar a los jóvenes para tratar en conjunto una nueva ley laboral que no afecte sus derechos.

“Mañana convocaremos a todos los jóvenes para conversar y armar una propuesta conjunta. Los jóvenes tienen mucha capacidad e ideas interesantes”, refirió.

Otro de los cambios se dio en el Ministerio de Energía y Minas. La tan ansiada salida de Eleodoro Mayorga ha sido saludada por varios líderes de la oposición. Desde sus cuestionamientos por presuntos conflictos de intereses en el caso Interoil hasta su mal manejo en las protestas en la ciudad de Pichanaki, provincia de Chanchamayo, región Junín, generaron el rechazo de las fuerzas políticas que pidieron en varias ocasiones su renuncia.

Mayorga asistió hasta en tres oportunidades al Congreso de la República, en donde intentó explicar su decisión de extenderle por 12 meses el plazo de explotación de los lotes petroleros III y IV a la firma noruega Interoil, de la cual había sido asesor, pero no logró convencer a los parlamentarios.

En su reemplazo se designó a la abogada Rosa María Ortiz Ríos, quien hasta la fecha se desempeñaba como jefa del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace).

Se espera que Ortiz Ríos viaje el día de hoy a Pichanaki con el propósito de integrarse a la Comisión de Alto Nivel del Ejecutivo que se encuentra en el lugar a fin de dialogar con los pobladores que rechazan las actividades que realiza en la zona la empresa Pluspetrol.

De antemano, la nueva ministra de Energía y Minas invocó a los pobladores de esta ciudad apostar por el diálogo y no por la violencia.

“Estos conflictos sociales se generan por la falta de prácticas de comunicación. Hemos tenido malas experiencias, pero hoy hay un respeto por el medio ambiente y los derechos humanos”, sostuvo.

Ortiz Ríos consideró que este tipo de enfrentamientos traban las inversiones en el país, por lo que aseguró se sumará al diálogo con el propósito de prevenir futuros conflictos. “El Perú sigue siendo un país interesante para las inversiones extranjeras”, declaró.

¿Se rompe alianza?

Finalmente, el alejamiento de Carmen Omonte del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables respondería a una posible fractura en la alianza entre Perú Posible y el nacionalismo.

Si bien Omonte afronta una denuncia por no haber pagado beneficios laborales a su empleada del hogar María Vásquez Rafael, este no habría sido el detonante de su renuncia.

Trascendió que Perú Posible, partido en el que la ex ministra se desempeña como secretaria nacional, se encuentra elaborando su plan de campaña con miras a las elecciones presidenciales del 2016, lo que descarta una posible alianza con el Partido de Gobierno.

En reemplazo de Omonte se designó a Marcela Huaita Alegre, quien se desempeñara como secretaria general de la Presidencia del Consejo de Ministros.

Debe precisarse que varios de los cambios suscitados ayer fueron solicitados al jefe del Estado por los líderes de diversas fuerzas políticas durante el denominado Diálogo Nacional. Desde entonces, Humala anunció una evaluación de la performance de algunos ministros. Al final removió a cuatro.

Urresti: Me van a extrañar

Al culminar la juramentación, y haciendo gala de su sarcasmo e ironía, el saliente ministro del Interior, Daniel Urresti, gritó hasta tres veces: ¡me van a extrañar!

“¡Soy libre al fin!”, anadió, advirtiendo que comenzará a “refrescar la memoria” a través de sus tuits.

Agregó que con su salida del gabinete, los apristas y fujimoristas “ya tienen mi cabeza”, por lo que ya no hay excusas para que no asistan al diálogo convocando por el Gobierno.

A su salida de Palacio de Gobierno, y ante la pregunta de los periodistas, reveló que ha recibido invitaciones para ser candidato a la presidencia en el 2016, y que en dos semanas anunciará si se lanza a la carrera presidencial.

LOS NUEVOS MINISTROS

JOSÉ PÉREZ GUADALUPE

Experto en tratamiento penitenciario, ocupó por más de tres años (desde agosto del 2011) la jefatura del Instituto Nacional Penitenciario (INPE). Es licenciado en Educación, doctor en sociología y máster en Teología.

El doctorado lo obtuvo con una tesis sobre las cárceles en América Latina, lo que le llevó a investigar sobre las condiciones en que viven los reos, a quienes asistió con su labor pastoral por 25 años.

Siempre ha abogado por la prevención delictiva y porque se aumente la capacidad de albergue en los penales.

MARCELA HUAITA

Se desempeñaba como secretaria general de la Presidencia del Consejo de Ministros, desde agosto del 2014, luego de ejercer por casi dos años como viceministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables durante la gestión de Ana Jara.

Es abogada experta en temas de género, derechos humanos y políticas públicas. Ha sido jefe de asesores de la PCM en el 2003 y ejercido diversos cargos públicos. También se desempeñó como investigadora, docente y consultora de organismos internacionales sobre derechos políticos de la mujer.

ROSA ORTIZ RÍOS

Hasta ayer fue jefa del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenible, organismo adscrito al Ministerio del Ambiente.

Es una abogada especialista en derecho civil, administrativo, societario, marítimo e hidrocarburos. En los dos últimos años ha sido miembro de Proinversión y del gabinete de asesores de la presidencia de la República. Presidió el directorio de Perúpetro. Ha sido también asesora del despacho ministerial en Transportes durante la gestión de Juan Castilla, en el gobierno fujimorista.

DANIEL MAURATE

Abogado y máster en administración pública que en agosto pasado fue nombrado viceministro de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral por Fredy Otárola. También fue vocal de la Corte Superior de Huaura.

Tres años antes Maurate debió dejar la dirección de la Dicscamec. El nuevo ministro de Trabajo es docente universitario y asume varios retos y tareas. Entre ellos el de lograr que se promulgue la Ley General de Trabajo y concretar el aumento del salario mínimo anunciado por Humala.

ENFOQUE

Luis Benavente
Director de Vox Pópuli

Ahora jara podrá seguir con el diálogo

Con estos cambios ministeriales el gobierno está cediendo a las presiones de la oposición. Se van dos de los tres ministros más populares, pero le da la oportunidad a la presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara, de no “cargar” con los ministros que eran cuestionados y ahora podrá llevar por buen cauce el diálogo que ha iniciado con los sectores políticos.

Las salidas de Daniel Figallo y Daniel Urresti debieron darse hace varios meses. Sobre todo Figallo que no quiso entender el mensaje político de la oposición que exigía su cabeza por su cuestionada intervención en el caso “La Centralita” como denunció la ex procuradora Yeni Vilcatoma. Y Urresti por su constante enfrentamiento con la oposición sin demostrar efectividad en su función, principalmente en materia de seguridad ciudadana.

Publicado en La República, el 18 de Febrero de 2015

Leer Más –>CEJIL, DPLF y WOLA expresan su preocupación por el nombramiento del General (r) Daniel Urresti como Ministro del Interior en Perú

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Fiscal Luis Landa Burgos: “Caso Daniel Urresti será resuelto en febrero”

  • Ministro del Interior, Daniel Urresti, está implicado en el asesinato del periodista Hugo Bustíos en Ayacucho.

El Ministerio Público resolverá a más tardar en febrero la situación del ministro del Interior, Daniel Urresti, quien es procesado por el delito de homicidio calificado, como presunto autor mediato del asesinato del periodista Hugo Bustíos, ocurrido el 24 de noviembre de 1988, en Ayacucho.

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Textos: Karem Barboza Quiroz web@grupoepensa.pe | Fotos: Karina Mendoza
Textos: Karem Barboza Quiroz web@grupoepensa.pe | Fotos: Karina Mendoza
Textos: Karem Barboza Quiroz web@grupoepensa.peFotos: Karina MendozaAsí lo afirmó el titular de la Tercera Fiscalía Penal Nacional, Luis Landa Burgos, quien manifestó a Correo que el caso ya se encuentra en “estudio”.

“Estamos trabajando, estamos a la mitad de la argumentación técnica. En febrero ya tendremos una decisión”, manifestó Landa Burgos.

Siete meses. Como se recuerda, la Sala Penal Nacional derivó hace siete meses a la Tercera Fiscalía Penal Nacional el caso de Urresti, para que actúe de acuerdo a sus atribuciones y decida si acusa, amplía o archiva la denuncia contra el ministro del Interior.

“Estamos avanzando, hemos tenido bastante carga procesal. Hace ya dos semanas que el caso ha entrado a estudio en mi despacho. Hay pasos previos al análisis que se tienen que dar”, explicó Landa.

“ARTURO”. El ministro del Interior fue imputado desde junio del 2013 como uno de los integrantes de la patrulla que emboscó a Bustíos y al periodista Eduardo Rojas Arce.

En ese entonces, el actual ministro, quien según las investigaciones era conocido con el apelativo de “capitán Arturo”, se desempeñaba como jefe de la sección de Inteligencia S-2 del Ejército en la base contrasubversiva de Castropampa, en la provincia ayacuchana de Huanta.

Bustíos y Arce habrían acudido hasta la base contrasubversiva a fin de pedir autorización para poder acceder al lugar donde habían sido asesinados los comuneros Primitiva Jorge Sulca y su hijo Gregorio, por elementos de Sendero Luminoso.

Fueron recibidos por el jefe político militar de la Base, el coronel EP Víctor La Vera Hernández, quien los envió a la zona de Quinrapa (lugar del atentado). Nunca llegaron, en el camino fueron emboscados y Bustíos asesinado.

Según notas de Inteligencia del S-2, Bustíos colaboraba con Sendero Luminoso, motivo por el cual habría sido asesinado.

Por este caso ya fueron condenados el coronel EP Víctor La Vera Hernández y el teniente coronel EP Amador Armando Vidal. Cada uno fue sentenciado con penas de 17 y 15 años de cárcel, respectivamente.

DATO

Posibilidad. El fiscal superior nacional, Luis Landa Burgos, podría confirmar que el asesinato del periodista Hugo Bustíos es de lesa humanidad.

Publicado en Correo, el 21 de enero de 2015

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2015: Un año decisivo en el sistema de justicia

Por Carlos Rivera Abogado, Coordinador del Área de Defensa Legal del IDL

El proceso de justicia y verdad sigue siendo una pieza fundamental de cualquier balance en el tema de derechos humanos en el Perú. La justicia es un bien sumamente esquivo para aquellos que han sido víctimas de graves violaciones contra los derechos humanos y los logros que se han conseguido en la última década. La presentación del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación en agosto de 2003 ha significado el resultado de un consistente esfuerzo que ha tenido a los familiares de las víctimas como el factor de empuje para la acción de la justicia.

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© La República© La RepúblicaUn primer dato que resulta necesario considerar para analizar el proceso de justicia en el Perú es que este ha cumplido una década. En su momento la presentación del Informe Final de la CVR significó un impulso fundamental para alentar el inicio de un proceso de judicialización de crímenes graves contra los derechos humanos. Ese aliento, ciertamente con menor fortaleza que hace diez años, aún continúa y ha tenido la virtud de encontrar posibilidades para renovarse y persistir. Esto no es poca cosa en el Perú.

Las sentencias de la Sala Penal Nacional

Desde la entrada en funcionamiento del sub sistema penal de derechos humanos en el 2004, la Sala Penal Nacional ha emitido 53 sentencias en casos de graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. De todos esos años, este año ha sido el primero en el que se han dictado más sentencias condenatorias que sentencias absolutorias. Han sido cinco sentencias condenatorias y cuatro sentencias absolutorias. Anteriormente, durante todos los años siempre en cada uno de estos se habían dictado más sentencias absolutorias que condenatorias. Ciertamente es solo un dato estadístico, pero el hecho es que resulta muy importante precisarlo. Significa que ¿se ha producido al interior de la Sala Penal Nacional algún cambio sustancial en cuanto a la valoración de este tipo de casos? Sinceramente es difícil de responder una interrogante de esta naturaleza, pero si llama la atención el cambio de las estadísticas a favor de quienes han persistido en la acción de la justicia.

Si resulta de suma importancia destacar el contenido de tres sentencias dictadas en el presente año en los casos de a) los estudiantes desaparecidos de la Universidad Nacional del Centro; b) la matanza de Pucará; y c) la desaparición de Javier Tineo de la Cruz. En esas sentencias se incorpora al análisis y valoración probatoria un elemento que ciertamente a pesar del persiste pedido del Ministerio Público y las ONGs no había incorporado en anteriores decisiones judiciales. Nos referimos al complejo asunto del rol de la organización militar como elemento determinante y protagónico para la realización de los crímenes sistemáticos contra los derechos humanos.

Fue la sentencia dictada a fines de abril de este año en el caso de los estudiantes desaparecidos de la Universidad Nacional del Centro en 1990 la que incorpora este elemento de análisis y valoración y lo hace estableciendo que para la comisión de eventos criminales de carácter sistemático, como la desaparición forzada de varias decenas de dirigentes universitarios de esa casa de estudios, la existencia de una organización militar que responde a las decisiones y órdenes superiores cumple un papel fundamental para garantizar el resultado criminal de esas decisiones. De esta manera por primera vez la Sala Penal Nacional abordar un tema clave para el entendimiento y valoración en su real dimensión de crímenes que tienen la condición de crímenes sistemáticos que se ejecutaron a partir de la existencia de políticas de Estado o políticas institucionales para combatir la subversión.

Junto al rol de la organización militar, la misma sentencia destaca el rol de los aparatos de inteligencia militar en la estrategia militar contra el terrorismo y en la comisión de eventos criminales bajo la lógica del desarrollo de una estrategia de eliminación selectiva de personas, como la perpetrada desde inicios de los años noventa en el departamento de Junín. Estos dos elementos le permiten a la Sala Penal Nacional afirmar con consistencia que ambos determinan un rol protagónico de los jefes militares en la comisión de este tipo de eventos delictivos, ya que interpretan que la organización militar y los aparatos de inteligencia funcionan a partir de disposiciones y órdenes superiores emitidas por aquellos oficiales que mantienen una posición de comando.

Una reflexión de similar nivel la Sala Penal Nacional ha desarrollado en la sentencia emitida en el caso de la matanza de Pucará perpetrada en noviembre de 1991 en la localidad del mismo nombre en el departamento de Junín y en la sentencia emitida en octubre de este año en el caso de la desaparición forzada del profesor Javier Tineo de la Cruz, desaparecido en mayo de 1987 en el Cuartel Militar del Batallón de Pampa Cangallo (Ayacucho) y en la fue condenado el Comandante EP ® Abdón Eguía Dávalos.

Si bien en los últimos días la misma Sala Penal Nacional acaba de emitir una sentencia, en el caso de los desaparecidos en Chuschi en 1991, en la cual se sostiene una tesis que contradice esta reciente jurisprudencia, lo cierto que aquella significa un avance sustancial en la interpretación de los crímenes contra los derechos humanos.

Este año ha sido el primero en el que se han dictado más sentencias condenatorias que sentencias absolutorias

El ministro y el periodista: el caso Urresti

Pero si bien la justicia pareciera haber enviado este año un mensaje relativamente alentador lo cierto es que el Poder Ejecutivo hacia mediados de año envió el mensaje más lamentable, pero a la vez peligroso, respecto del tema de derechos humanos. Frente a la revelación periodística de IdeeleRadio de que el entonces recientemente designado Ministro del Interior Daniel Urresti estaba procesado nada menos que por su participación en el asesinato del periodista Hugo Bustíos en 1988, ocurrido en una localidad cercana a la ciudad de Huanta, el presidente de la república decidió cerrar filas a favor del ministro y afirmar que lo mantendría en el cargo, bajo el argumento de que si bien estaba procesado por semejante crimen, él –Urresti- gozaba de la presunción de inocencia.

No cabe ninguna duda que el mensaje político han sido simplemente desastroso no solo para las víctimas y sus familiares, sino lesivo y grave frente a las instituciones del sistema de justicia. Si el Presidente de la República apoya o respalda políticamente y al más alto nivel a alguien acusado del asesinato de un periodista es en la práctica un “blindaje” político para que ese personaje no sea tocado o cuestionado judicialmente. Adicionalmente, ese tipo de mensajes denigra la acción de la justicia, porque en los hechos la termina subordinando a decisiones políticas en las que se posterga de manera más arbitraria y abusiva los legítimos intereses de las víctimas.

El caso Rodrigo Franco debe comenzar de nuevo

El caso de los crímenes del Comando Paramilitar “Rodrigo Franco” perpetrados durante el primer gobierno del Presidente Alan García es, qué duda cabe, uno de los procesos judiciales emblemáticos de las graves violaciones a los derechos producidas en el Perú de los años ochenta. Por ello el hecho de haber logrado no solo judicializarlo y tener como principal acusado a Agustín Mantilla, quien se desempeñó como Ministro y Vice Ministro del Interior durante los cinco años de gobierno era un logro de la acción de la justicia que estaba en un franco avance hacia una condena contra los responsables de los crímenes. De hecho el juicio oral hacia octubre de este año tenía ya año y medio de desarrollo y el avance en cuanto a la determinación de las responsabilidades criminales de los imputados que se había conseguido era más que significativo.

Por ello, la noticia que dio cuenta que el juicio oral se había quebrado como consecuencia de la no asistencia a una sesión de audiencia de la magistrada María Vidal La Rosa -directora de debates de dicho proceso- como consecuencia de una enfermedad es un hecho particularmente grave y hasta peligroso para la acción de la justicia. El llamado quiebre de un juicio oral tiene como consecuencia la automática anulación de todo lo actuado y dicho hasta ese momento y por mandato legal el juicio debe ser realizado nuevamente desde el inicio. Eso es lo que tiene que ocurrir con el caso de los crímenes del Comando Paramilitar Rodrigo Franco. Sin duda se trata de un golpe muy severo a la acción de la justicia.

Las razones de la inasistencia de la mencionada magistrada no han quedado del todo claras y esa es, seguramente, la razón por la cual la propia presidenta de la Sala Penal Nacional ha decidido remitir un Informe para hacer de conocimiento estos hechos del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, instancia que ha remitido la información al Órgano de Control de la Magistratura para los fines pertinentes.

Las derrotas de Fujimori

El condenado Alberto Fujimori inauguró el año 2014 con nuevo abogado y con nueva estrategia de defensa. La pieza clave de esa nueva estrategia era, sin duda, la acción de revisión que según el nuevo representante legal demostraría la supuesta arbitrariedad de la condena impuesta en abril de 2009 contra el ex presidente de la república en el caso de violaciones a los derechos humanos. Junto a ello apareció la disparatada demanda de arresto domiciliario que reclamaba la defensa.

El hecho es que después de una corta pero intensa discusión en el tribunal de la Corte Suprema de Justicia sobre idoneidad del magistrado Javier Villa Stein para integrar el tribunal encargado de resolver la demanda de revisión durante el mes de noviembre ambas acciones legales encontraron el único desenlace que debían tener: la declaración de improcedencia. En ambos casos porque los argumentos no encontraban amparo en la normatividad procesal y penitenciaria vigentes. En concreto, porque las acciones eran abiertamente ilegales.

La pauta de la estrategia que la defensa de Fujimori ha desarrollado es eminentemente política. Y en ese sentido utiliza la acción legal y el propio sistema de justicia como un mero instrumento para alcanzar objetivos políticos personales de Alberto Fujimori. El ex presidente necesita mecanismos para mantener una presencia mediática y para mostrarse como una víctima de la supuesta acción abusiva del sistema de justicia. Para ello se ha conseguido un abogado que no tiene temor al ridículo y que está dispuesto a presentar las más descabelladas demandas al sistema de justicia. Lo más probable que este tipo de estrategia persista.

Bajo este panorama el año 2015 se muestra como un año en el que sin duda el proceso de justicia jugará un papel fundamental. El solo hecho de que será el año en que se dicten sentencias en los casos de la matanza de Accomarca y los desaparecidos en el Cuartel Los Cabitos en 1983 nos da cuenta de la envergadura de los casos que se resolverán. Pero adicionalmente, el próximo año se debe iniciar el juicio oral en los casos de la matanza de El Frontón (1986) y Cayara (1988), así como se debe reiniciar el juzgamiento del caso de los crímenes del comando paramilitar “Rodrigo Franco”. Todo en un año pre electoral. El asunto será complejo. Ojalá que el sistema de justicia y sobre todo el nuevo presidente del Poder Judicial, Víctor Ticona, quien varios días después de su elección no ha dicho una sola palabra sobre este tipo de asuntos, responda satisfactoriamente a los intereses de la víctimas y de la justicia.

Publicado en Ideele, el 11 de enero de 2015

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Investigación por el crimen del periodista Bustíos está paralizada

  • A 26 años. Familiares piden a fiscal que emita dictamen sobre la presunta participación del ministro Daniel Urresti.

Por María Elena Castillo

Han pasado cinco meses desde que el expediente sobre el asesinato del corresponsal en Huanta de la revista Caretas, Hugo Bustíos, llegó a la Tercera Fiscalía Superior Nacional, sin que hasta ahora su titular, Luis Landa, se pronuncie sobre el auto de apertura de instrucción que acusa al ministro del Interior, Daniel Urresti.

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Unidas. Margarita Patiño y su hija Sharmely Bustíos no cesarán hasta encontrar justicia. (Foto: Rocío Orellana)
Unidas. Margarita Patiño y su hija Sharmely Bustíos no cesarán hasta encontrar justicia. (Foto: Rocío Orellana)
Unidas. Margarita Patiño y su hija Sharmely Bustíos no
cesarán hasta encontrar justicia.
(Foto: Rocío Orellana)
“¿Cuánto más vamos a esperar? Han pasado 26 años desde el asesinato de Hugo, y desde entonces lo único que hemos pedido es justicia”, señala Margarita Patiño, viuda del periodista.

El 24 de noviembre de 1988 Bustíos fue asesinado cuando se dirigía a Quinrapata, a cubrir el crimen de dos pobladores a manos de Sendero Luminoso.

“Todo lo que queremos es justicia, que se investigue, que la muerte de mi esposo no quede en la impunidad, que no influya el hecho de que el acusado es una autoridad. Por eso le pedimos al fiscal que se pronuncie de una vez”, demanda.

A su lado está Sharmeli, la hija mayor del periodista asesinado, quien tenía 14 años cuando ocurrieron los hechos.

Explica que solicitaron que el actual ministro del Interior se aparte del cargo, que “baje al llano” para evitar cualquier tipo de ventaja en las investigaciones judiciales.

“Es indignante que el fiscal se demore tanto en tomar una decisión. Hay evidencias muy claras y nosotros hemos esperado demasiado tiempo”, expresa la joven.

CASOS COMPLEJOS

El abogado de la Comisión de Derechos Humanos (Comisedh), Hernán Barrenechea, que representa a los familiares del periodista, refiere que, aunque no existe un plazo legal para que el fiscal se pronuncie, se ha tomado un tiempo que va más allá del razonable.

“Entendemos que el fiscal tiene varios casos complejos, pero 60 días sería un plazo razonable y ya van 150”, dijo.

En una reciente reunión que sostuvo Comisedh con el representante del Ministerio Público les indicó que está estudiando el caso y que se va a pronunciar cuando tenga claros los hechos, y después de los otros expedientes que tiene.

Landa también ve el caso de las esterilizaciones forzadas durante el gobierno de Alberto Fujimori, el asesinato del dirigente sindical Pedro Huilca, así como la acusación contra Vladimiro Montesinos y el general Luis Pérez Documet en el crimen de Barrios Altos y La Cantuta, cometido por el destacamento militar Colina.

Lo curioso es que el fiscal le ha dicho lo mismo a los abogados de las víctimas de las esterilizaciones forzadas.

Hoy, a las 7 y 30 de la noche se realiza una misa en recuerdo de Bustíos en la Parroquia Nuestra Señora de Fátima,en Miraflores.

Urresti pide archivar el caso

Hace un mes la defensa del ministro Daniel Urresti presentó un escrito a la fiscalía que ve el caso, solicitando que se archive la investigación que se le sigue por el crimen de Hugo Bustíos, informa el abogado de Comisedh, Hernán Barrenechea.

Señala que el principal argumento que se indica en el documento es que no existen pruebas que lo vinculen con el crimen.

“Por esto no es así. Hay suficientes elementos para iniciar un juicio oral en la Sala Penal Nacional”, expone.

La decisión está en manos del fiscal Luis Landa.

Publicado en La República el 24 de noviebre de 2014

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Ayacucho: Piden que Urresti declare en juicio por caso de violación a DD.HH

  • Aprodeh solicitó que el ministro del Interior brinde su testimonio en el proceso contra Víctor La Vera Hernández por presuntamente torturar a una mujer.

La Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) pedirá a la Sala Penal Nacional que el ministro del Interior, Daniel Urresti, declare como testigo en el juicio oral por violación a los derechos humanos que se iniciaría contra Víctor La Vera Hernández, excomandante jefe del Batallón Contrasubversivo Nº 51, en Castropampa, Ayacucho.

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Aprodeh pidió que el ministro del Interior, Daniel Urresti, brinde su testimonio en el proceso contra Víctor La Vera Hernández © Perú21
Aprodeh pidió que el ministro del Interior, Daniel Urresti, brinde su testimonio en el proceso contra Víctor La Vera Hernández © Perú21
Aprodeh pidió que el ministro del Interior, Daniel Urresti,
brinde su testimonio en el proceso contra Víctor
La Vera Hernández
© Perú21
La Tercera Fiscalía Superior pidió 25 años de prisión contra La Vera por detener ilegalmente y torturar a Sonia Muñoz, empleada de la Oficina de Correos de Churcampa, durante una intervención antiterrorista el 13 de mayo de 1988 en la provincia de Huanta.

En Ideeleradio, Jorge Abregú, abogado de Aprodeh, señaló que es importante el testimonio de Urresti, conocido como ‘capitán Arturo’, porque, durante esa época, fue oficial de inteligencia precisamente en la base de Castropampa.

EL EXPEDIENTE

Según el dictamen fiscal, ocho militares de la Base de Castropampa, vestidos con mantas y sombreros, aparentando ser campesinos, ingresaron violentamente a la vivienda de Sonia Muñoz. Los agentes golpearon a la mujer, la ataron, la amordazaron y se la llevaron por supuestamente haber entregado correspondencia a los terroristas. Después la trasladaron a la mencionada instalación militar.

Abregú explicó que, en su declaración instructiva por el asesinato del periodista Hugo Bustíos, el ahora ministro del Interior detalló los nombres del Estado Mayor de dicha base, datos que – dijo – no se conocían en el expediente de La Vera.

“Las operaciones contrasubversivas, y es importante ver los manuales, no se realizaban a ciegas. Es parte de un gran rompecabezas y para realizar este operativo no es que haya un solo militar que es una suerte de Supermán”, puntualizó el abogado.

La Vera fue sentenciado por la muerte del corresponsal de la revista Caretas, en 1988. En este asesinato también ha sido involucrado el ministro del Interior y general del Ejército en retiro.

SABÍA QUE

Ni bien asumió el cargo, en julio pasado, se conoció que Urresti era procesado por el asesinato del periodista Hugo Bustíos.

Diversas organizaciones civiles y de derechos humanos exigieron su renuncia. La viuda de Bustíos, Margarita Patiño, pidió que dé un paso al costado.

Publicado en Perú21, el 20 de agosto de 2014