Categories
News Reports on Transitional Justice in Peru

Melissa Alfaro: a 22 años de su asesinato, la justicia no llega

  • En 1991, la entonces estudiante de Periodismo abrió un sobre-bomba dirigido al director del semanario en donde trabajaba. Pasó el tiempo, pero no la lucha de su familia para conseguir justicia. Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos están denunciados por este crimen.

Rider Bendezú

“Su sonrisa nunca dejará de brillar y nuestra lucha por alcanzar justicia jamás cesará”, son las palabras de Norma Méndez, la madre que batalló (y aún batalla) la tarde del 10 de octubre de 1991 por ver el cadáver de su hija, la joven que dejó de lado cosas propias de su edad por encaminarse en esa lucha por desarrollarse profesionalmente.

.

Melissa Alfaro
Melissa Alfaro
Ruth Melissa Alfaro Méndez tenía 23 años cuando combinaba sus días y noches entre la redacción de un semanario y las frías aulas de la entonces Escuela de Periodismo Jaime Bausate y Meza.

Un pizarrón con anuncios de prácticas preprofesionales fue la conexión para vivir en carne propia el periodismo que desde el tercer año de secundaria, como bien recuerda su madre, quería experimentar.

El semanario Cambio fue un reto para ella, era el primer medio que le ofrecía pasajes y almuerzos, era subir un peldaño en esta difícil carrera, aunque también significó dejar su querida vivienda de Ventanilla por la casa de su tía en Jesús María, para estar cerca de Bausate y de su trabajo a la vez.

Su madre la recuerda como una mujer apasionada, solidaria, amistosa, generosa y agradecida por todo lo que Dios le dio, pese a las adversidades que afrontó en el camino, entre ellas la separación de sus padres.

Rápidamente, Melissa llegó a convertirse en jefa de informaciones de Cambio, un medio que resultó incómodo para el gobierno de Alberto Fujimori por sus publicaciones y cuestionamientos a la gestión.

La mañana del jueves 10 de octubre de 1991, la estudiante de Periodismo llegó a la redacción del semanario, recogió unas libretas y se dirigió al Congreso de la República para conseguir mayores apuntes sobre una acusación constitucional contra el expresidente Alan García.

En tanto, el recepcionista del edificio recibió sobres para el director del medio, Carlos Arroyo Reyes. Alfaro terminó la jornada en el Parlamento y se aprestaba para ir al semanario, cuando fue invitada por los colegas para compartir un almuerzo. “Yo me voy a Cambio a comer mis frijoles”, fue la respuesta de la joven.

Al llegar al semanario, en el segundo piso de un edificio de la cuadra 23 de Petit Thouars, recogió la correspondencia, entre los sobres, uno tenía 200 gramos de anfo gelatina. La joven, como jefa de informaciones, abrió las cartas.

Alrededor de las 2.30 p.m., el aparato explosivo detonó, Melissa había abierto el sobre-bomba que tenía como destino a su jefe, perdió la vida instantáneamente. A los minutos, Norma Méndez se enteró de lo sucedido y no pudo creer que su hija murió.

Cuando llegó al lugar, los policías, con un tono déspota, no le permitieron ingresar al lugar, luego de minutos de gritos y reclamos, la madre pudo entrar a la redacción y reconoció el cadáver, la pequeña de sus ojos se le había adelantando.

Desde ese momento, desde ese trato hostil de los agentes policiales, comenzó su lucha por obtener justicia, justicia para su hija, para aquella ‘Calichina’, apodo que se ganó entre los colegas de ese entonces.

Una semana después, Fernando Alfaro Venturo, padre de la periodista, presentó una denuncia ante el Ministerio Público, que fue trasladada a la 17° Fiscalía Provincial Penal de Lima. El autogolpe de Estado del 5 de abril de 1992 borró cualquier indicio del caso.

El 24 de setiembre de 2004, Norma Méndez interpuso una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Delitos contra los Derechos Humanos, las investigaciones siguen, pese a que en el 2010, el agente del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE), capitán EP (r) Víctor Penas Sandoval, admitió ser el operador directo de los “sobres-bomba” que llegaron también a distintos enemigos políticos y sospechosos de terrorismo.

Asimismo, el 15 de octubre de 2009, la Fiscalía de Derechos Humanos dispuso formalizar denuncia penal contra el expresidente Alberto Fujimori, el exasesor Vladimiro Montesinos, Julio Rolando Salazar Monroe y Pedro Edilberto Villanueva Valdivia, como autores mediatos; y contra Penas Sandoval, como autor directo de la comisión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud –homicidio calificado.

El 26 de febrero de 2010 se dio inicio a la etapa de instrucción en el Primer Juzgado Penal Especial, etapa que a la fecha sigue vigente.

PERIODISMO Y DERECHOS HUMANOS

A 22 años del asesinato de Melissa Alfaro, la Facultad de Letras de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos desarrollará un conversatorio, este jueves a las 3.30 p.m., en el aula 2ª de la mencionada facultad, en la Ciudad Universitaria. El ingreso es libre.

El evento, nombrado ‘Periodismo y derechos humanos en tiempos de la dictadura de Fujimori’, tendrá como expositores a Ángel Páez, periodista de investigación de La República; Iris Alfaro, hermana de Melissa; Dante Castro, periodista y amigo de Alfaro; y Eleming Valle, representante de la Coordinadora Contra la Impunidad.

Publicado en La República el 10 de octubre de 2013

Categories
News Reports on Transitional Justice in Peru

CASO CHUSCHI: Ex militar pide perdón a familiares de desaparecidos

Por Elías Navarro

  • El teniente (r) EP Collins Collantes Guerra rogó a los familiares que le perdonen por la detención y desaparición de campesinos en la base militar de Pampa Cangallo, en la provincia ayacuchana de Cangallo.

Ayacucho

“Les pido perdón por la desaparición de sus familiares. Me ordenaron detener y traer a la base militar y por este hecho fui sentenciado a 14 años y estuve 8 años en la cárcel. Ya estoy pagando mi culpa”, expresó el ex teniente EP Collins Collantes Guerra a los parientes de personas desaparecidas hace más de 20 años en Ayacucho.

.

El teniente (r) EP Collins Collantes Guerra rogó a los familiares que le perdonen por la detención y desaparición de campesinos en la base militar de Pampa Cangallo, en la provincia ayacuchana de CangalloEl teniente (r) EP Collins Collantes Guerra rogó a los familiares que le perdonen por la detención y desaparición de campesinos en la base militar de Pampa Cangallo, en la provincia ayacuchana de CangalloEl entonces jefe de la patrulla militar, conocido como teniente “Peco”, se reencontró con los familiares de Manuel Pacotaype Chaupín (alcalde de Chuschi), Marcelo Cabana Tucno (teniente gobernador), Martín Cayllahua Galindo y el menor Isaías Huamán Vilca, detenidos arbitrariamente en Chuschi y luego desaparecidos en la base militar de Pampa Cangallo (Ayacucho) en marzo de 1991.

El encuentro se produjo en el mismo destacamento militar, hasta donde llegaron los jueces de la Sala Penal Nacional para inspeccionar el lugar que funcionó como un centro de detención clandestina y tortura de personas, bajo la acusación de pertenecer a Sendero Luminoso.

Francisca Tucno Chipana, esposa del alcalde desaparecido; Teofila Rocha Pacotaype, esposa del teniente gobernador; María Magdalena Vilca de Huamán e Irene Huamaní de Cayllahua le suplicaron, llorando, a Collins Collantes que señale dónde están enterrados los cuerpos de sus familiares.

“Por favor, dinos dónde están enterrados. Queremos ver su cuerpo, aunque sea sus huesos, para poder rezar una oración, llorar y darle una cristiana sepultura. Eso nos podrá aliviar de tanto dolor y sufrimiento que padecemos”, le dijo Francisca Tucno.

El ex oficial del Ejército derramó algunas lágrimas y aseguró que si supiera señalaría el lugar, pero se ratificó en que solo trajo a los detenidos y entregó al jefe de la base militar y tres días después fue cambiado a otro destacamento.

“Yo entregué a los detenidos y se los llevaron al baño (calabozo). El jefe de la base y los otros ex oficiales sí saben dónde están los cuerpos. Ellos deben decir la verdad. Quiero decirles que a mí también me duele el sufrimiento de ustedes”, señaló Collante.

El militar recordó el llanto de los familiares pidiendo que liberen a los detenidos, pero que no podía compadecerse porque cumplía órdenes.

Luego de este contacto Collins Collantes les tomó de la mano a los familiares y derramó lágrimas pidiendo nuevamente perdón por lo sucedido.

“Desde que me abrieron proceso en varias ocasiones intenté acercarme a ustedes. Mi conciencia me remordía todo este tiempo, pero ahora siento una tranquilidad en mi corazón”, les dijo el ex oficial.

LOS HECHOS

En contacto con La República, Collins Collantes narró que le dieron una lista de diez personas, entre ellos de dos autoridades para ingresar a Chuschi, detenerlos y conducir a la base militar de Pampa Cangallo.

“El jefe de la base militar de Pampa Cangallo, comandante EP Mario Alberto Caldas Dueñas, me dio esa orden y por eso fui a pie, con mi patrulla de 25 soldados, a verificar una incursión senderista producida el día anterior”, señaló.

Al día siguiente (15 de marzo), “Peco” llevó a los cuatro detenidos con un vehículo hasta el paraje de Huaccanccasa donde descansaron un rato en las faldas del cerro, a unos 5 km del pueblo de Pampa Cangallo.

“Los familiares se habían adelantado y nos estaban esperando. Luego llevamos a los detenidos a la base. Las cuatro mujeres (familiares) nos seguían suplicándonos que los libere. Faltando un kilómetro para llegar, impedimos que nos sigan. Ellas nos vieron ingresar al destacamento militar”, dijo.

Collantes indicó que su tarea terminó cuando entregó a los detenidos en la base militar y fueron confinados en un baño que funcionaba como calabozo.

“ESPARTACO” Y “TRUENO” DEBEN DECIR LA VERDAD

Collins Collantes se ratificó señalando que los agentes de inteligencia elaboraban la lista para realizar las intervenciones y detenciones de personas que tenían algún vínculo con los senderistas.

“La lista venía del cuartel Los Cabitos. Ese día me ordenaron ir a Chuschi y detener y traer a las cuatro personas”, recordó Collantes, quien afirmó que entregó a los detenidos a los oficiales de Estado Mayor de Pampa Cangallo.

“El jefe de inteligencia Néstor Raúl Oblitas Carrera, conocido como el famoso ‘Espartaco’, y el oficial de operaciones José Humberto Zavaleta Angulo, conocido como ‘Trueno’, deben decir la verdad y no tapar el sol con un dedo. Ellos sacaban del baño a los detenidos para interrogarlos. Ellos deben decir dónde están enterrados sus cadáveres”,afirmó el ex teniente “Peco”.

Publicado en La República el 21 de abril de 2013

Categories
News Reports on Transitional Justice in Peru

CASO CHUSCHI: Ex teniente reconstruye detención y desaparición de cuatro personas

  • En marzo del 91, el alcalde y teniente gobernador y otras dos personas en el distrito de Chuschi fueron conducidos a base militar de Pampa Cangallo. Se culpa a siete oficiales.

Por Elías Navarro

Los jueces Marco Cerna Bazán, Armando Salvador Neyra y Miluzca Cano López inspeccionaron la base militar de Pampa Cangallo, donde el 14 de marzo de 1991 estaban detenidos el alcalde de Chuschi Manuel Pacotaype Chaupín, el teniente gobernador Marcelo Cabana Tucno, el comunero Martín Cayllahua Galindo y el menor Isaías Huamán Vilca, y desde esa fecha no se supo más de ellos.

.

ChuschiChuschiEl jefe de la patrulla militar que arrestó a las víctimas, Collins Collantes Guerra, testigo de este hecho, señaló el calabozo –que funcionó en el baño–, donde precisamente se retenía a las cuatro personas, sometidas a brutales interrogatorios.

Collantes fue sentenciado a 14 años y luego de purgar 7 años y medio salió con beneficio de libertad condicional y ahora colabora con la justicia como testigo. Él también reconstruyó con detalles la forma y circunstancias como se detuvo y se llevó a las víctimas a la base militar de Pampa Cangallo. Dijo que con una lista de diez personas llegó a Chuschi y con apoyo de efectivos de la comisaría detuvo a las cuatro personas. Luego los llevó con vehículo hasta el paraje de Huaccanccasa, y desde esa zona caminaron a pie unos cinco kilómetros hasta llegar al destacamento militar de Pampa Cangallo.

Los detenidos caminaban con las manos atadas hacia atrás por la pendiente y sorteando arbustos. Los familiares los seguían en su recorrido suplicándole a Collantes que los libere. Faltando un kilómetro para llegar, haciendo disparos impidieron que los sigan.

Por otra ruta, los familiares llegaron a la puerta de la base militar y preguntaron durante días por ellos. Los soldados les dijeron que se vayan y los familiares denunciaron en la Fiscalía Mixta de Cangallo.

“Era una orden legal para detener a los sospechosos. Cumplí con mi tarea de traer a los detenidos el 15 de marzo y los entregué al jefe de la base. Tres días después fui cambiado a la base Militar de Cangallo. Los oficiales del estado mayor de Pampa Cangallo son responsables de la desaparición de estas personas. Ellos deben decir dónde están enterrados los cuerpos”, dijo Collantes.

Los magistrados de la Sala Penal Nacional recogieron además las versiones de seis testigos en Ayacucho. El ex fiscal de la provincia de Cangallo Guillermo García Zamora dijo que el 15 de marzo de 1991 recibió una denuncia de dos personas que señalaban que sus familiares habían sido secuestrados de sus domicilios en Chuschi, llevados primero a la Comisaría de Chuschi y luego a la base militar de Pampa Cangallo. El ex fiscal testificó que a partir de ese entonces no había condiciones para seguir investigando, pues se sentía presionado por los militares y no recibía apoyo del Ministerio Público. Pidió que lo roten a otro distrito judicial, y como no recibió respuesta, tres meses después, en junio de 1991, renunció al cargo.

Francisca Tucno Chipana, esposa del desaparecido alcalde Manuel Pacotaype Chaupín, contó que a la medianoche del 14 de marzo de 1991, un grupo de militares y policías ingresaron a su casa y sacaron a su esposo para llevarlo a la Comisaría de Chuschi. “Cuando dormíamos, dos policías ingresaron a mi casa, mientras que en el patio había militares. A mi esposo lo sacaron a golpes y se lo llevaron a la comisaría; yo los seguí hasta la esquina, pero me atajaron haciendo disparos al aire”, relató al Tribunal.

Igualmente, la campesina Teófila Rocha Pacotaype dijo que su esposo, Marcelo Cabana Tucno, era teniente gobernador de Chuschi. “A las 11 y 30 llegaron dos policías a mi casa. Un policía preguntó diciendo quién es Marcelino Rocha, quien es mi padre, y mi esposo le respondió yo soy Marcelo Cabana. Cojudo, tú eres terruco, diciendo lo cogió de la nuca y lo sacó de mi casa”.

FISCAL PIDE 25 AÑOS DE CÁRCEL

En su acusación, la fiscalía pidió 25 años de cárcel para el general EP (r) Hugo Martínez Aloja y el coronel EP (r) Bernhard Christian Eduard Braun Luy, los ex oficiales del Ejército Sigefredo Celso Miranda Vásquez y Carlos Alberto Del Busto Hervias. Pidió igual pena contra los oficiales del Estado Mayor de Pampa Cangallo José Humberto Zavaleta Angulo “Trueno”, Néstor Raúl Oblitas Carrera “Espartaco”.

El jefe de la base militar de Pampa Cangallo, comandante EP Mario Alberto Caldas Dueñas, y el jefe de inteligencia EP Marco Antonio Aguilar Biaggui están prófugos de la justicia. Ya fueron condenados, además de Collins Collantes, los policías Luis Mariano Juárez Aspiro (7 años) y Domingo Morales Ampudia (5 años).

Publicado en La República el 21 de abril de 2013

Categories
News Reports on Transitional Justice in Peru

“No nos ha pedido perdón y quieren indultar a Fujimori”

A 21 años de la muerte de la periodista Melissa Alfaro por el estallido de un “sobre-bomba” en las oficinas del semanario Cambio, sus hermanos Iris y Alain se pronunciaron contra el indulto al exdictador Alberto Fujimori.

.

Melissa AlfaroMelissa Alfaro“Las portadas que salen sobre el indulto nos recuerdan la basura que fue el periodismo durante la dictadura de Fujimori. No puede haber reconciliación si no han pedido perdón”, indicó Iris.

Un día como hoy, el 10 de octubre de 1991, a Ruth Melissa Alfaro Méndez de 23 años le estalló en el rostro un explosivo escondido en un sobre. Aquel jueves de octubre la joven reportera había estado cubriendo información en el Congreso y sus colegas la invitaron a almorzar, pero ella respondió: “Yo me voy a comer mis frejolitos a Cambio”.

La bomba estaba compuesta de 200 gramos de anfo-gelatina, material de uso exclusivamente militar. El paquete estaba destinado al director del periódico, Ricardo Letts, pero Melissa como jefa de Informaciones tomó la correspondencia.

“Mi madre fue la única persona que vio a mi hermana en el escenario de su muerte. Melissa estaba destrozada de la cintura para arriba. Esa bomba no solo le estalló a ella, nos despedazó a todos”, declaró Alain.

Agregó que las investigaciones sindican al agente del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE), el capitán EP (r) Víctor Penas Sandoval, como el autor directo del envío de cinco “sobres-bomba” en 1991.

Publicado en Diario La Primera, el 10 de octubre de 2012