El martes 1 de diciembre, el ex asesor presidencial de Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos, el ex-general del ejército Luis Hermosa Ríos, y el general de división EP Jorge Nadal Paiva tenían programada una audiencia con los familiares de los estudiantes Kenneth Anzualdo y Martín Roca, desaparecidos ambos por el Servicio de Inteligencia del Ejército durante la dictadura de Alberto Fujimori. Tras una larga espera, los abogados de Montesinos y Hermoza Ríos se hicieron presentes para declarar que sus representados no asistirían a la audiencia por encontrarse mal de salud.
Base Naval del Callao – Mal de Ojo“Vladimiro Montesinos no nos engaña, no es una estrategia nueva, es algo que lo hace en todos los casos. Justamente estamos a fin de año y vemos que esto es parte de toda una estrategia de impunidad que se esta dando en todo el poder judicial, desde el Consejo Nacional de la Magistratura están acomodando jueces pro-impunidad, lo estamos viendo y eso es lo que nos preocupa; pero, de cansarnos, no nos vamos a cansar porque si a algo estamos apuntando es a conseguir la justicia; y si esta justicia no sirve así como está, a ver que se cambie; porque esta justicia no llega a ser justicia, esta justicia simplemente es parte de este juego que la impunidad nos pone para salirse con la suya.” Denuncia Marly Anzualdo, hermana de Kenneth, quien lleva ya 25 años buscándolo.
El 5 de octubre de 1993 fue la última vez que se supo de Martín Roca, estudiante de Economía de la Universidad Nacional del Callao. Él fue aparentemente detenido por el Servicio de Inteligencia Naval, pero una investigación periodística años después revelaría que tanto la desaparición de Martín como la de Kenneth se gestaron en el SIE. Kenneth era un íntimo amigo de Martín, y fue desaparecido el 16 de diciembre del mismo año, pocos días antes de brindar su testimonio en la fiscalía sobre la desaparición de su amigo.
Estas desapariciones forzadas, masacres arbitrarias, y torturas y abusos de poder hacia ciudadanos y ciudadanos fueron práctica común del gobierno de Fujimori que, bajo el pretexto de “erradicar” el terrorismo, “flexibilizó” las leyes para permitir el ejercicio impune de poder de parte de las fuerzas armadas y policiales, y el recorte de los derechos básicos de los ciudadanos y ciiudadanas. Hoy en día, pocos purgan condena por estos hechos y el estado, en todos estos años, ha fallado en implementar un plan de reparaciones para los familiares de las víctimas del terrorismo de estado de esa época.
Existe un Plan Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas que fue presentado al Ministerio de Justicia en 2014, pero que hasta ahora no ha sido aprobado. Ante tal inacción, los familiares han decidido crear la Campaña #Reúne para continuar con su búsqueda de justicia. Una justicia que les es cada vez más esquiva:
La nueva audiencia con Montesinos y Hermoza Ríos ha sido programada para el viernes 4 de diciembre a las 8 de la mañana.
Nota originalmente publicada el 2 de diciembre en Radio Bomba, ver aquí.
La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia confirmó ayer las condenas a Vladimiro Montesinos, Nicolás Hermoza Ríos, Julio Salazar Monroe y miembros del destacamento Colina, que varían entre 15 a 25 años de prisión, por los casos Barrios Altos, El Santa y Pedro Yauri.
Vladimiro MontesinosTodos ellos fueron sentenciados por la comisión de los delitos de homicidio calificado y asociación ilícita para delinquir. La Corte Suprema declaró infundadas e improcedentes las excepciones planteadas por varios de los acusados.
La sentencia declaró que ninguna de las víctimas en este caso formó parte de grupos terroristas. De igual manera, la Corte Suprema concluye que los hechos materia del proceso constituyen crímenes de lesa humanidad.
Sin embargo, el colegiado decidió absolver a Alberto Pinto Cárdenas, exjefe del Servicio de Inteligencia del Ejército, en los casos El Santa y Pedro Yauri.
Cabe señalar que en julio de 2012 la Corte Suprema de Justicia emitió una sentencia en este caso, en el que rebajaba las penas a varios de los procesados. Dicho fallo fue anulado a pedido de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Hoy día Marco Sifuentes de INFOS publicó una nota en La República sobre unos audios recientemente revelados que confirmarían que el entonces titular del Poder Judicial, César San Martin, el entonces Ministro de Justicia y ahora Primer Ministro Juan Jiménez, el entonces Procurador del Estado ante el Sistema Internacional de Derechos Humanos, y ahora Ministro de Defensa Pedro Cateriano, y la ahora destituida Jueza Carmen Rojjasi, confabularon para arreglar la sentencia en el caso Chavín de Huántar, emitido en septiembre de 2012, en la cual quedan absueltos Vladimiro Montesinos, Nicolás Hermoza Ríos, y Roberto Huamán Azcurra, de las ejecuciones extrajudiciales cometidos luego del operativo que liberaron a los rehenes que estuvieron 176 días en la Residencia del Embajador de Japón, en 1997. El reporte de Marco Sifuentes lo reproducimos abajo, y publicaremos más información y análisis en los siguientes días.
Reunión ocurrió cuando Jiménez era aún ministro de Justicia, y Cateriano, procurador del Estado Peruano ante la Corte InteramericanaReunión ocurrió cuando Jiménez era aún ministro de Justicia, y Cateriano, procurador del Estado Peruano ante la Corte InteramericanaEncuentro. Un prolongado almuerzo en mayo del 2012 entre Juan Jiménez, Pedro Cateriano, César San Martín y la jueza que decidió el caso Chavín de Huántar es revelado por unos audios. A continuación: de qué y de quiénes discutieron los comensales.
Marco Sifuentes INFOS
Siete videos de YouTube, de unos quince minutos de duración cada uno, albergan el audio de la grabación de un almuerzo inusual. Los audios fueron subidos hace pocos días, el 1° de agosto, por el usuario anónimo “Turbo Pascal” bajo el título de “Otro audio de Pedro Cateriano“. Pero el actual ministro de Defensa no es el único grabado subrepticiamente allí.
La reunión registrada en los audios ocurrió el 31 de mayo de 2012. En su momento, INFOS dio cuenta de aquel encuentro (“Jueza no ratificada decidió el juicio Chavín de Huántar”, artículo de Ricardo Uceda en este diario, 28 de octubre de 2012) e incluso se preguntó si la jueza Carmen Rojjasi habría grabado la conversación, como temía alguno de sus contertulios.
Los audios que ahora se revelan confirman que en el almuerzo, del más alto nivel, los representantes del Ejecutivo le plantearon sus deseos sobre el caso a la jueza. En ese momento, una sala penal de la Corte Superior estaba por sentenciar a Vladimiro Montesinos, Roberto Huamán y Nicolás Hermoza por supuestas ejecuciones extrajudiciales en el rescate de rehenes de la embajada de Japón, en 1997.
Al mismo tiempo, el Estado Peruano había sido denunciado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por no haber hecho justicia durante nueve años de proceso judicial. Este fuero podría involucrar a alguno de los comandos de la operación Chavín de Huántar, excluidos hasta ahora de responsabilidad por el sistema judicial peruano. El gobierno temía que este proceso fuera afectado por la sentencia de la sala de Rojjasi. En ese contexto, se produjo el almuerzo.
El anfitrión fue el doctor César San Martín, presidente del Poder Judicial. Sus invitados: Juan Jiménez Mayor, entonces ministro de Justicia; Pedro Cateriano, entonces agente ante la CIDH por el caso Chavín de Huántar; y la ya mencionada jueza Rojjasi, entonces presidenta de la Tercera Sala Penal Liquidadora que veía el caso.
“UNIFICAR CRITERIOS”
A los pocos minutos de pasar a un ambiente privado, César San Martín toma la palabra:
– SAN MARTÍN: Esta reunión tiene como objeto… Es que ha habido mucho teléfono malogrado en esto. Dicen que dijeron que me dijo que no dijo. Entonces yo creo que lo más sano era tú ministro, tú Pedrito, conozcan directamente cuál es la impresión, que ella va a ser todo lo sincera posible; y todo claro, para que ustedes vean cuál es la dimensión de cómo se observa el caso. Cómo lo observa la jueza que está dirimiendo el caso, y poder tener información cierta, unificar criterios, y ver qué se puede hacer en términos de que el Estado mejore su estrategia o la reordene, si fuera necesario. No sé si tú [a Rojjasi] puedes dar una primera visión general…
En ese momento se inicia una exposición del caso a cargo de la jueza, con interrupciones de los asistentes.
San Martín guía a la jueza, como veremos más adelante, por los recovecos legales. Cateriano se muestra muy interesado en las pruebas, indicios y detalles de cómo ocurrieron los hechos durante el rescate de la residencia del embajador japonés. El que interviene menos es Jiménez, muy enfocado por el ámbito de la Corte Interamericana y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En varios momentos, los contertulios coinciden en que la defensa del Estado peruano, en este caso, ha sido pésima.
– SAN MARTÍN: Creo que se abre una línea… La doctora ha sido muy comprensiva y creo que siempre ha sido abierta con nosotros y con el Estado, eso es lealtad al Estado, lo que no quiere decir que sea parcial, o violando derechos de terceros, pero siempre está llana al diálogo. Un diálogo amplio y de cualquier lógica que ustedes planteen. Ahora, nos parece, porque de hecho la he visto, que la defensa del Estado en el juicio ha sido muy, muy mala y eso también trae problemas. Uno llega hasta el hartazgo, acá dice cosas que parece que no han leído el expediente (ininteligible), el Estado hace tal cosa (ininteligible) aparentemente ayuda (ininteligible) por qué… qué quiere decir: le pone un argumento de presión al tribunal y si el tribunal condena entonces, la corte, la defensa va a sacar (ininteligible).
– CATERIANO: Como ha dicho él eso, ahí está, pues: ¡el Estado es culpable! ¡Lo está reconociendo el propio procurador!
“A VER, CARMENCITA”
Reiteradamente, San Martín le plantea escenarios legales a la jueza.
– SAN MARTÍN: Ella [refiriéndose a Rojjasi] tiene que dar dos respuestas: ¿Se ejecutó extrajudicialmente a Tito? Sí. ¿Ese hecho fue producto de una orden superior? Sí o no. Ahí nomás se queda.
– ROJJASI: Supongo que también se puede decir (inintelegible).
– SAN MARTÍN: Ya. Más eso. Tercero. Pero la base es decir hubo o no extrajudicial. Ése es el antecedente fáctico del otro. Lo demás es imputación normativa.
– ROJJASI: Perfecto, pero aparte de eso le digo una cosa. Nos guste o no nos guste, si Vladimiro, Huamán, Zamudio y Hermoza Ríos son juzgados significa que hubo línea paralela de comando y por tanto (inintelegible) con mayor razón de esto y la Corte…
– SAN MARTÍN: Pueden haber muchas cosas.
– ROJJASI: No, pero con mayor razón. Estamos hablando, vas a lograr una sentencia…
– SAN MARTÍN: A ver, a ver, Carmencita. Una cosa: si tú dices, primero, hubo ejecución extrajudicial ya de hecho el Estado es responsable tercero. Segundo, tú tienes… Ante la sede nacional, la pregunta es: Esa ejecución extrajudicial ¿se hizo por orden de los acusados presentes en juicio? ¿Sí o no? Hay dos preguntas. La pregunta previa es: ¿Hubo o no extrajudicial? Y para decir que fue extrajudicial, tú tienes que decir si en efecto al muerto se le mató estando rendido o fuera de combate, violando o no el derecho humanitario.
Por cierto, César San Martín fue uno de los vocales supremos de la Sala Penal Transitoria que, hace un par de semanas, el 25 de julio de este año, ratificó la absolución de Vladimiro Montesinos, Nicolás Hermoza Ríos y Roberto Huamán Ascurra por el caso Chavín de Huántar.
Es decir, San Martín ratificó la sentencia de la que estuvo conversando con Rojjasi en mayo del año pasado.
“NO HAY MUERTO EXTRAJUDICIAL”
Casi al final de la conversación, San Martín reitera su análisis de escenarios. Jiménez deja en claro su preocupación y el presidente de la Corte Suprema explica lo que quiere el Estado.
– SAN MARTÍN: Ahora, fíjate. ¿Qué corresponde al Poder Judicial como tal en este caso, no es cierto? Decidir si hubo una ejecución extrajudicial y decidir si en esta ejecución… si este hecho extrajudicial fue dispuesto por una de las personas que son objeto de imputación o fluye que fueron terceros no identificados. Uno puede decir: hay extrajudicial pero no está probado si fue por orden. Dos, no hay extrajudicial y en consecuencia nadie tiene nada. O tres, hay extrajudicial y en efecto uno de ellos lo ordenó. Hay varias salidas que uno tiene. Desde luego, en clave internacional basta que se diga que hubo crimen internacional, que hubo ejecución para que el Estado se hunda. Eso lo tenemos claro…
– JIMÉNEZ: Y la crisis política…
– SAN MARTÍN: La crisis política…
– JIMÉNEZ: … Se arma la pampa.
– SAN MARTÍN: Claro, el escenario ideal para nosotros es… yo puedo… “¡Plazos razonables!”, ya. Bueno, nos demoramos, pe ya. Pero eso es pecata minuta frente (ininteligible).
– JIMÉNEZ: La democracia administrativa…
– SAN MARTÍN: Vamos a decir… diez años, pues, no te los aguanta nadie, ¿no?
– CATERIANO: ¡Pero la justicia demoró nueve!
– SAN MARTÍN: Correcto, interesante. Ya. A mí lo que me interesa, como Estado, es que, porque así hayan matado Juan o Pedro, alguien lo haya matado, alguien lo mató y el Estado es responsable porque no cuidó la vida, no siguió los patrones jurídicos que corresponden en una intervención. Que al intervenido no se le debe de matar y eso (ininteligible). Obviamente el peor escenario es que se diga que todo fue planificado y que hubo una orden, en consecuencia se mancha Chavín de Huántar…
– ROJJASI: Se mancha…
– SAN MARTÍN: Es evidente que lo que uno quiere, como Estado, con la independencia del caso, es que se diga “no hay muerto extrajudicial, murieron en combate”.
“POR DÓNDE VAN LAS BALAS”
El año pasado, cuando INFOS reveló que esta conversación había tenido lugar, la justificación que se dio entonces es que un decreto establece que los procuradores que defienden al Estado en sede jurídica internacional deben coordinar con los titulares de cada entidad. El caso Chavín de Huántar estaba bajo la competencia de la CIDH.
Sin embargo, el problema está en que esta conversación se dio con la jueza que veía el caso nacionalmente. En este proceso, el Estado podía ser declarado tercero civil responsable.
– SAN MARTÍN: En el tema judicial nosotros tenemos que dar una muestra de independencia, de trabajo serio, coherente, que sea y que parezca ser, las dos cosas, que es un juicio que se ha dado con plenas garantías y que la conclusión a que se llegue es la conclusión de un tribunal independiente. Y que desde luego, siempre he exhortado a Carmen a que sea de tal forma, una sentencia que sea muy, muy bien hecha. Yo me he permitido traerla con ustedes para evitar teléfono malogrado, para que por versión de ella, sepan más o menos por dónde van las balas y ustedes tengan una línea de conversación con sus procuradores y con el Presidente para que le expliquen cómo es el tema, dónde están los problemas procesales del caso interno y que pueden merecer con una valoración adicional.
Poco después, el actual ministro de Defensa se dirige a la jueza:
– CATERIANO: Doctora, su… la resolución de la sala que usted preside se va a ventilar, internacionalmente, o sea, le guste o no. Es decir, lamentablemente estamos viendo en el compás, en el ritmo nacional e internacional, más o menos así, en comparación al momento que le toca resolver este tema. Entonces, su… la resolución de la sala que usted preside de todas maneras causa un impacto…
Meses después del almuerzo, el 15 de octubre de 2012, la Sala que presidía Rojjasi exculpó a Montesinos, Huamán y Hermoza. La sentencia negó que haya habido una cadena de mando paralela a la de los comandos. Sin embargo, en la cuestión principal, resolvió en contra de lo que el gobierno quería. Dijo que el emerretista Eduardo Cruz Sánchez, más conocido como Tito, había sido ejecutado extrajudicialmente.
Tres días antes de que se emitiera la sentencia, el Consejo Nacional de la Magistratura decidió no ratificar a la jueza Carmen Rojjasi. En la práctica, fue una destitución.
En los últimos segundos de los audios, se escucha la voz de quien luego sería el Presidente del Consejo de Ministros:
La Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema confirmó la absolución del exasesor presidencial Vladimiro Montesinos, Nicolás Hermoza Ríos y Roberto Huamán Azcurra del delito de homicidio calificado por el proceso de las ejecuciones extrajudiciales en la operación ‘Chavín de Huantar’.
Vladimiro MontesinosVladimiro MontesinosLa sentencia ratificada establece que no se pudo acreditar la existencia de una cadena de mando entre Montesinos, Hermoza Ríos y Huamán Azcurra y los comandos que ejecutaron extrajudicialmente a los terroristas emerretistas en esta operación.
Por tal motivo se declaró improcedente el pedido de nulidad presentado por la fiscalía y la ONG Aprodeh para que se anule la absolución de los acusados por presuntamente haber ordenado la ejecución de terroristas.
Cabe recordar que esta sala liquidadora absolvió el 15 de octubre del año pasado a Montesinos, Hermoza Ríos y Huamán Azcurra del delito de homicidio calificado contra los emerretistas en la operación de rescate Chavín de Huántar. Sin embargo, el tribunal llegó a la conclusión de que el terrorista Eduardo Cruz Sánchez ‘Tito’ fue ejecutado.
Eran los últimos meses de 1990 y los primeros de 1991. Diplomáticos y agentes de inteligencia, sobre todo estadounidenses, trataban de descifrar el cuadro aún nebuloso del entonces nuevo gobierno de Alberto Fujimori.
Generales Luis F. Cisneros Vizquerra, Sinesio Jarama Dávila y Edgardo Mercado Jarrín (Fotos: La República)En la embajada de Estados Unidos, había algunos que tenían ya una idea aproximada de la aún fluida correlación de fuerzas dentro del Gobierno. Para todos los enterados, la figura de Vladimiro Montesinos emergía como el factor central de poder. Unos pocos, sobre todo el entonces jefe de Estación de la CIA, Joe Marques, se inclinaban por profundizar la relación con Montesinos. Otros, especialmente agentes de la DEA, funcionarios de la entonces NAU (Narcotics Assistance Unit) del Departamento de Estado, que conocían las vinculaciones de Montesinos con el narcotráfico, se oponían vivamente a ella.
Dentro de las Fuerzas Armadas peruanas, el conocimiento sobre los cambios profundos e inesperados dentro de los organismos de inteligencia y de las propias Fuerzas Armadas, era mucho más imperfecto.
En ese contexto de confusión y una cierta incertidumbre, muchos militares buscaron a sus contactos en la agregaduría militar de la embajada de Estados Unidos –como lo habían hecho desde hace varios años– para conversar, informar, cambiar opiniones y tratar de formarse una idea de la posición del gobierno de Estados Unidos.
Lo que dijeron fue prontamente transcrito y analizado en cables enviados a la Defense Intelligence Agency, o DIA, la agencia militar de inteligencia gringa. Cerca de diez años después, la persistencia del notable fotoperiodista estadounidense Jeremy Bigwood, a través de pedidos reiterados y constantes en uso de la ley de acceso libre a la información (FOIA, por sus siglas en inglés), logró la desclasificación parcial de documentos que hoy suenan extraña y hasta conmovedoramente reveladores.
Como se verá en la reproducción de los cables, el plumón negro de los censores tachó mucho: identidades, contenidos, fechas, informaciones. Lo que dejaron, sin embargo, es suficiente como para componer o completar el cuadro de entonces.
Aprensiones y exilios
(Ver documento completo)Un primer cable de la DIA, escrito y enviado, de acuerdo con lo que el contexto permite ver, en la primera parte de 1991, busca responderse a la pregunta: “¿Controla el asesor informal de Fujimori a la comunidad nacional de inteligencia en el Perú?”
“De acuerdo al presidente peruano Alberto Fujimori” empieza el cable, “Vladimiro Montesinos Torres, el ex capitán de artillería del Ejército y ahora un abogado, solo actúa como un asesor legal personal del Presidente. … [pero] líderes militares peruanos y los medios– han especulado que Montesinos juega un papel mucho más influyente en asuntos de Estado de lo que Fujimori ha estado dispuesto a admitir”.
Al examinar algunas de las hipótesis sobre la influencia temprana de Montesinos sobre Fujimori, el cable menciona que Montesinos ha influenciado nombramientos de funcionarios de alto nivel tanto en el sector civil como en el militar. “Como resultado” dice el cable, “[Montesinos] disfruta ahora de un control directo e indirecto sobre nodos importantes [major nodes] dentro de los servicios de inteligencia y seguridad”.
Se menciona la predominancia de oficiales de artillería (lo que se llamó luego ‘la marea roja’) en los “tres puestos principales en el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN)”, en la jefatura del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE). “Adicionalmente” dice el cable, “los ministros de Defensa y del Interior son encabezados por un oficial retirado de artillería y otro en servicio activo de de la misma arma”. No solo eso, continúa el cable, “aunque no ha sido nombrado oficialmente, [Montesinos] tiene una oficina en el SIN y tiene un auto oficial, junto con una escolta de protección, a su servicio”.
Desde 1990, la influencia temprana de Montesinos sobre Fujimori (Fotos: La República)
El anónimo redactor del cable hace poco esfuerzo por ocultar su ironía cuando, a continuación, menciona la visita de un general del Ejército a la casa del agregado de Defensa de la Embajada, el 20 de junio de 1991. El “general Luis Palomino Rodríguez, ex inspector general del Ejército emergió como un líder más bien improbable de un eventual movimiento anti-Montesinos. Enfundado en un chaleco antibalas y con pistola en funda, [Palomino] advirtió al agregado militar sobre la intención de Montesinos de frustrar los esfuerzos conjuntos antidrogas de Perú y Estados Unidos. La visita del general Palomino tuvo lugar un día después de recibir la orden a través del Palacio presidencial de retornar al Medio Oriente, misión que debe concluir en octubre de 1991”.
(Ver documento completo)En efecto, el general Palomino, que a comienzos de 1991 era el Inspector general del EP, y había decidido llevar a cabo una auditoría del Cologe, el comando de Logística del Ejército, fue bruscamente nombrado por Fujimori, luego de la decisión de Montesinos, como “observador” en la guerra del Golfo. “Palomino fue nombrado primero como observador de una guerra que ya había terminado y luego de otra que no había comenzado”. Así, en forma por momentos entre cómica y grotesca, el general Palomino fue sacado de escena primero y pasado al retiro después.
¿Quién controla a quién?
Pero la parte más interesante de ese grupo de cables es uno escrito en fecha significativamente anterior al cable sobre Palomino, hacia fines de 1990.
El cable reseña una conversación con tres generales del Ejército que llevaban entonces ya varios años en el retiro, pero que habían tenido –con marcadas diferencias entre sí– gran influencia y predicamento en el Ejército.
Se trataba de los generales retirados Edgardo Mercado Jarrín, Luis F. Cisneros Vizquerra y Sinesio Jarama Dávila. Dos de ellos, Mercado Jarrín y Cisneros Vizquerra, habían liderado el Ejército en momentos marcadamente diferentes; y el tercero, Jarama, había sido un jefe militar con fuerte liderazgo, cuyo último puesto importante, el de jefe de la entonces II Región Militar (Lima) había sido cortado por el caso de Accomarca.
Edgardo Mercado (Foto: La República)Lo más importante es que tanto Mercado Jarrín como Jarama Dávila habían sido jefes directos de Montesinos durante el gobierno de Velasco, y conocían de primera mano las razones por las cuales este había sido entonces acusado de espionaje.
De acuerdo con los tres generales “Fujimori está en el bolsillo trasero del Servicio de Inteligencia Nacional y está particularmente influenciado por Vladimiro Montesinos Torres, actualmente el número dos en el SIN. El general retirado Edwin Díaz es el jefe del SIN, pero solo de nombre”.
Edwin Díaz renunció a la jefatura del SIN a fines de 1990 y su renuncia fue aceptada en febrero de 1991, de manera que el cable es de fecha anterior a la renuncia.
Según dijeron entonces los tres generales, “coincidieron que la relación entre Fujimori y el SIN, con la inteligencia del Ejército en la periferia era extraordinaria – una situación en la cual el aparato de inteligencia gobernaba y dirigía efectivamente al Estado”.
Los generales coincidieron en otro sorprendente diagnóstico: “De acuerdo con los tres, el SIN está obsesionado con la noción de que el partido político Alianza Popular Revolucionaria Americana, el APRA, actúa en concierto (o connivencia) con el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, MRTA. Los generales tenían también la opinión de que Montesinos convenció a Fujimori a destituir una larga lista de altos oficiales del Ejército y la Policía por conexión con el APRA, corrupción y narcotráfico”.
¿Cómo iba a terminar el proceso de purgas y de conquista del Estado a manos de Montesinos? De acuerdo con el cable, “uno de los generales opinó que ‘la CIA peruana no puede dominar el Estado peruano’ y que las Fuerzas Armadas intervendrían para ‘decapitar’ la estructura de inteligencia. Los otros dos estuvieron de acuerdo e indicaron que, en cuanto se conozca más sobre Montesinos, el gobierno de Fujimori enfrentará más críticas y que el Presidente tendrá entonces que decidir el curso de acción a tomar”.
Pero, aparte de que la clarividencia no fuera el punto fuerte en la visión de los generales, su diagnóstico sobre el poder real de Montesinos a los cuatro o cinco meses del ascenso de Fujimori a la presidencia, fue tanto preciso como acertado.
No eran los únicos en saberlo. Todo aquel con algún conocimiento de las dinámicas internas del poder en esos meses, sabía qué estaba pasando, aunque muy pocos se atrevieran a decirlo en público.
Este periodista, entonces corresponsal de El País, de España, interrogaba invariablemente a Fujimori sobre su relación con Montesinos en cada conferencia de prensa con la prensa extranjera, y Fujimori invariablemente mentía al responder.
Ese día, sin embargo, los tres generales describieron con precisión el presente aunque fallaron en predecir el futuro, con lo cual no solo dieron un testimonio de gran importancia sobre la realidad peruana a fines de 1990, sino dejaron ver involuntariamente las razones por las que Montesinos, paria reciente en ese tiempo, ganó a sus enemigos militares cada maniobra y sentó las bases para su hegemonía cleptocrática durante todo el decenio que recién empezaba entonces y que ya era tan difícil de evitar.
Diez años de dictadura se acabaron en 67 días que duró el tercer gobierno de Alberto Fujimori el año 2000. Un video fue el inicio del final de aquella etapa mórbida de la historia del Perú.
El jueves 14 de setiembre del año 2000, Luis Iberico y Fernando Olivera presentaron ante la prensa, la poca que aún mantenía independencia, un video que registraba el preciso instante en que el brazo derecho de Fujimori y asesor del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), Vladimiro Montesinos, pagaba 15 mil dólares al entonces congresista Alberto Kouri para pasarse a la bancada del fujimorismo.
Hasta ese día muchos seguían moviendo el cuerpo al ritmo del “baile del Chino”. Hasta ese día se sabía poco del misterioso asesor presidencial. Hasta ese día no se conocía lo que ocurría en la salita del SIN y en sus muebles de cuero. Aquel día conocimos a lo que se dedicaba Montesinos: corromper congresistas, y una palabra nueva se incluyó en el vocabulario político: tránsfuga.
Fujimori no apareció en los tres días siguientes. El sábado 16 de setiembre, en un mensaje a la nación, convocó a nuevas elecciones. “Y en esas elecciones no participará quien habla”, dijo. La gente salió a festejar a las calles.
El 23 de setiembre, Montesinos fugó a Panamá en una avioneta alquilada al empresario Dionisio Romero. Un mes después, 23 de octubre, regresó. Durante dos días Fujimori rastreó a Montesinos en Chaclacayo, quizás desesperado por el botín más preciado: los “Vladivideos”.
El 29 de octubre, mientras Montesinos se volvía a fugar del país a bordo del velero Carisma, dos desconocidos, los hermanos Ollanta y Antauro Humala se levantan en armas desde el Fuerte Arica en Locumba – Tacna.
El 13 de noviembre Fujimori apareció en las pantallas de televisión durante su participación en el foro APEC en Brunei. Se había ido del país la noche anterior sin que nadie lo sepa. El 19 de noviembre, en Japón renunciaba a la presidencia enviando un fax.
Base Naval del Callao – Mal de Ojo“Vladimiro Montesinos no nos engaña, no es una estrategia nueva, es algo que lo hace en todos los casos. Justamente estamos a fin de año y vemos que esto es parte de toda una estrategia de impunidad que se esta dando en todo el poder judicial, desde el Consejo Nacional de la Magistratura están acomodando jueces pro-impunidad, lo estamos viendo y eso es lo que nos preocupa; pero, de cansarnos, no nos vamos a cansar porque si a algo estamos apuntando es a conseguir la justicia; y si esta justicia no sirve así como está, a ver que se cambie; porque esta justicia no llega a ser justicia, esta justicia simplemente es parte de este juego que la impunidad nos pone para salirse con la suya.” Denuncia Marly Anzualdo, hermana de Kenneth, quien lleva ya 25 años buscándolo.
