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News Reports on Transitional Justice in Peru

“Es duro, pero el Estado no busca a las personas desaparecidas”

  • Ronald Gamarra denunció el caso que conllevó a una reciente exhumación en Ayacucho, donde está el 70% de sitios de entierro

Por RENÉ ZUBIETA PACCO – @renezp

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Ronald Gamarra denunció el caso Putaccasa (Ayacucho), que conllevó a exhumar una fosa encontrando restos de al menos 17 comuneros que murieron en 1985. En esa línea, sostuvo que muchos casos son iniciativas de la sociedad civil y no del Estado, al que cuestionó por esperar denuncias e investigaciones fiscales para recién actuar. (Fotos: USI / Ministerio Público)Ronald Gamarra denunció el caso Putaccasa (Ayacucho),
que conllevó a exhumar una fosa encontrando restos de
al menos 17 comuneros que murieron en 1985. En esa línea,
sostuvo que muchos casos son iniciativas de la sociedad
civil y no del Estado, al que cuestionó por esperar denuncias
e investigaciones fiscales para recién actuar.
(Fotos: USI / Ministerio Público)
Del 15 al 20 de junio, la Segunda Fiscalía Supraprovincial de Ayacucho encabezó la exhumación de restos óseos de al menos 17 campesinos de Vilcashuamán. Estaban en una fosa en el en el anexo de Putaccasa, distrito de Sacsamarca, en Huanca Sancos. Se trata de uno de tantos casos de desapariciones durante la época de violencia en el Perú (1980 – 2000). Fue denunciado en diciembre pasado tras un trabajo conjunto entre el Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF) y la Comisión Internacional de Juristas, cuyo abogado en nuestro país es Ronald Gamarra. El ex procurador en investigaciones sobre corrupción y violaciones a los derechos humanos resalta justamente la necesidad de que exista una política de búsqueda de personas desaparecidas.

— Son 15.731 las personas desaparecidas entre 1980 y el 2000, según cifras oficiales. ¿Pero cuál sería la cantidad real?

El Estado debe señalar una cifra objetiva y real. No la hay, solo existen datos diversos que no coinciden. Se requiere un listado completo, y después se pueden discutir responsabilidades. Lamentablemente, el número crecerá con el tiempo y los avances de las investigaciones. Ya pasaron 30 años.

— ¿Qué se necesita hacer para agilizar este proceso?

Lo que se requiere es una política pública de búsqueda de desaparecidos, aunque no haya denuncia, con una idea de encontrarlos y entregarlos. Es un tema más humanitario que estrictamente legal, encaminado a atribuir responsabilidades.

— ¿Cuáles son las principales dificultades para realizar las investigaciones?

Son hechos acontecidos hace mucho tiempo. Los testigos son los propios familiares, hay pocos testigos después de tres décadas. A quienes detuvieron, desaparecieron o mataron son personas de entre 15 y 40 años. Los denunciantes son o fueron los padres. Han fallecido, están ancianos o enfermos. Las fiscalías no cuentan con todos los recursos, habría necesidad de más fiscales y un subsistema al interior del Ministerio Público específicamente para la recuperación de restos. Y no lo hay.

— En algunos casos o procesos, las iniciativas no han sido del Estado…

Son de los familiares y de la sociedad civil. El Estado no está buscando a los desaparecidos. Es duro o fuerte decirlo, pero el Estado no los está buscando. Solo cuando hay una denuncia de parte –apoyada por la sociedad civil– se inicia una investigación fiscal. Y es allí en todo caso donde el Estado empieza a buscar. Pero por voluntad propia, no.

  • Lee la entrevista completa y conoce más detalles en nuestra edición impresa.

Publicado por El Comercio, el 29 de junio de 2015

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Los huérfanos del fujimorato

Por Ernesto Chávez Alvarez

Por qué ocultan su cadáver? reclaman hijas del periodista Pedro Yauri al ex dictador mientras Ricarda Ventocilla exige esclarecer la verdad.

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© ANP© ANPHan pasado más de diecisiete años buscando la tumba de su padre, el periodista huachano Pedro Yauri, pero los verdugos del ex dictador, Alberto Fujimori, y Vladimiro Montesinos, guardan silencio sin conmoverse ante la angustia de las hijas que desean dar cristiana sepultura a los restos del ser que les dio la vida.

Es el otro drama que atraviesan también los hijos de los miembros de la familia Ventocilla que fueron torturados y asesinados a escasas horas del asesinato de Yauri, en una de los capítulos más horrorosos protagonizados por el grupo Colina y el ex presidente , quien ahora debe responder por sus crímenes ante la justicia.

El domingo 24 de junio de 1992, Pedro Yauri pasó la tarde con sus hijas, viendo televisión y comiendo frutas. En la noche se despidió de ellas con un “nos vemos luego”. Iba al pequeño local que había alquilado en la calle Sáenz Peña, al costado del Casino de Huacho y donde guardaba el equipo radial que utilizaba en sus emisiones diarias. Allí lo esperaba su padre, don Anastasio, que lo ayudaba con la vigilancia.

Los huérfanos del fujimoratoA las 2 de la madrugada las hijas se despertaron por los golpes a la puerta de don Anastasio que tenía las manos amarradas y la desesperación en el rostro. Con voz quebrada les dijo que siete sujetos vestidos como comandos ingresaron al local “armados y alterados”. Luego de golpearlo y atarlo le cubrieron la cabeza con una frazada. Después se llevaron al periodista.

A la mañana siguiente, los cadáveres de seis miembros de la familia Ventocilla fueron encontrados en el caserío de Balconcillo, a 8 kilómetros de la carretera Huaura-Sayán. Pero el cadáver de Yauri nunca apareció.

¿Dónde está mi padre?

Después de diecisiete largos años , Jacqueline y Jessica Yauri siguen acudiendo a la playa Hornillos, donde el Grupo Colina asesinó a su padre, para rezar por su alma y sin perder la esperanza de hallar los restos mortales darles sepultura.

“Siento que mi padre no está tranquilo, quiere que lo encontremos y demos cristiana sepultura”, declara Jessica en una entrevista a la revista Caretas.

Cuando se perpetró el salvaje asesinato ella y su hermana Jacqueline tenían 12 y 9 años, respectivamente y recién se enteraron de lo que ocurrió con el inicio del megajuicio oral al Grupo Colina y luego de oír los testimonios que brindaron ex agentes y colaboradores eficaces de ese mismo destacamento en el proceso a Fujimori.

-Nunca me voy a sentir satisfecha así los condenen de por vida (a Martin Rivas y a Colina) porque nadie me va a devolver a mi padre.Sólo queremos que nos digan dónde está su cuerpo- le dijo Jessica a la periodista Patricia Caycho.

Lo buscamos pero nada

“Hemos buscado en Andahuasi, Atahuampa, Ingenio; así como en Pacchotingo, Humaya, y el Malecón de Huacho… pero nada. Los Colina saben dónde lo han enterrado, pero hasta ahora no dicen dónde. Por lo menos deben darme ese anhelo que tenemos de encontrarlo”, sostuvo su progenitor, Anastasio Yauri Leandro, entre sollozos.

Los huérfanos del fujimoratoDesde entonces han transcurrido muchos años pero la búsqueda no cesa para los deudos que, en su dolor irreparable, ansían encontrar el cadáver del periodista asesinado para darle cristiana sepultura.

Después de tantos silencios y maniobras dilatorias, los deudos no pierden la esperanza de ubicar los restos de Pedro Yauri.

Esperan que en el proceso al ex dictador, Alberto Fujimori, y su perverso asesor, Vladimiro Montesinos, encuentren indicios sobre la tumba del periodista.

En su Informe N° 56/99, del 13 de abril de 1999, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos mencionó entre otros casos, la desaparición de Pedro Yauri recomendando al Estado peruano iniciar una investigación seria, imparcial y efectiva, con el objeto de establecer su paradero, así como dejar sin efecto toda medida interna, legislativa o de cualquier otra naturaleza que tienda a impedir la investigación, procesamiento y sanción de los responsables de su detención y desaparición.

Recomendó también otorgar una indemnización a los familiares de la víctima, incluyendo una reparación compensatoria por el sufrimiento derivado de no haberse conocido su destino.

Fujimori, el que se alucina héroe de su “pacificación nacional” guardó silencio. Los asesinos siguieron su ejemplo, con la esperanza imposible de volver a ser amnistiados..

Que se sepa la verdad

Ante la Comisión de la Verdad y Reconciliación, Ricarda Ventocilla prestó un dramático testimonio que revela el otro drama de los deudos. A continuación reproducimos textualmente algunos párrafos de su extensa declaración:

Mi padre se llamó Rafael Ventocilla Rojas, mi hermano mayor Alejandro Ventocilla Castillo, mi otro hermano Simón Ventocilla Castillo, mi otro hermano Paulino Ventocilla Castillo, mi tío Mario Ventocilla Rojas, mi sobrino menor de edad de diecisiete años, estudiante del Colegio Técnico Agropecuario # 15, también fue sacados de mi casa, asesinados.

Los huérfanos del fujimoratoMis dos hermanos profesores, que eran miembros del sindicato del Sutep.

Yo, la verdad pido que se esclarezca y que los culpables tengan una sanción, porque yo sé que la vida de ellos no los voy a, a retomar nuevamente o me lo van a entregar vivos, porque ellos están muertos, señores. La verdad que yo pido es eso, justicia más que nada.

La verdad, ¿cómo hemos quedado nosotros?, ¿cuántos huérfanos?, más que nada, sin estudios, sin educación para sacarlos adelante. Mi madre enferma.

Lo que yo pido señores es que me hagan justicia más que nada y que paguen los culpables o que tengan una sanción para ellos.

Y yo quisiera saber ¿por qué les mataron?, ¿qué culpa tenían ellos para quedar cuántos huérfanos que hemos quedado?, no sólo yo, mis sobrinos, señor.

Lo que pido es justicia. Lo que yo pido es que se exija más que nada ¿no?, que se sepa la verdad señores, ¿por qué?, ahora yo sé por el caso de mi familia, agradezco a la Comisión Interamericana, gracias a ellos se está reabriendo este caso de la familia Ventocilla. Porque fuimos a denunciar nosotros, nuevamente que se sepa la verdad, yo pido eso, justicia señores.

Publicado por ANP, el 26 de junio de 2015

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Inaudito: ex general del Ejército en libertad pese a tener sentencia de 20 años

Por Juan José Quispe Capacyachi

En el marco del juicio seguido por el colegiado “B” de la Sala Penal Nacional, presidida por Mirtha Bendezú Gómez y conformada por Miluska Cano López y Marco Cerna Bazán por la matanza de 16 miembros de una familia ocurrido el 27 de marzo de 1990 en el distrito de Pangoa, Provincia de Satipo, departamento de Junín en donde el ex general del Ejército, Manuel Jesús Delgado Rojas es testigo, es que tomamos conocimiento de manera circunstancial que éste, sentenciado por graves violaciones de derechos humanos y otrora hombre poderoso del ejército, actualmente se encuentra libre y lo más seguro es que muy pero muy lejos del Perú. Ante esta lamentable situación cabe preguntarse razonablemente, ¿fue un error administrativo de la Sala Penal Nacional o alguien le dio una manito salvadora? Hay alguna sanción a los responsables? Veamos.

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© LA REPÚBLICAEl 30 de abril del año pasado, Manuel Delgado Rojas y Elías Espinoza del Valle, fueron condenados a 15 años de prisión por la comisión del delito de desaparición forzada de dos estudiantes de la Universidad Nacional del Centro ubicada en Huancayo, Junín. La Sala Penal Nacional encontró responsabilidad en estas dos personas, por su condición de ex jefe del Comando Político Militar del Frente Mantaro y ex Jefe del Estado Mayor respectivamente. A este caso se le conoce como “Desaparecidos de la U. del Centro 1”.

También en el 2014, el 06 de octubre, la Sala Penal Nacional condenó por segunda vez a Manuel Jesús Delgado a 20 años de prisión respectivamente por la “matanza de Pucará”: el asesinato de 7 pobladores de la localidad de Pucará, Huancayo, Junín. Delgado fue sentenciado con otros integrantes del Ejército.

Sin embargo, por el primer caso de “los desparecidos de la U. del Centro”, el 17 de Diciembre del año pasado, la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de la República, presidida por César San Martín Castro en una cuestionada resolución, declaró nula la sentencia y absolvió a Manuel Jesús Delgado Rojas, disponiendo su inmediata libertad siempre que “no tenga otro mandato de detención, prisión preventiva o captura”.

Aquí viene el problema.

Recibida la orden de libertad, el Director del establecimiento penal para militares “Virgen de la Merced” oficia al INPE a efectos que le indique si Manuel Delgado tiene otro mandato de detención vigente. Dos días después el INPE envía el Oficio Nro. 4139-2014-INPE-ORL-SRP-AE mediante el cual informa que este no existe otro mandato judicial contra Manuel Delgado. ¿Qué pasó?

El tema es muy sencillo, el 06 de Octubre del año pasado, la Sala Penal Nacional al condenar por segunda vez a Manuel Delgado Rojas (20 años) debió oficiar al INPE su nueva situación jurídica, extrañamente envió los oficios de los otros condenados, menos el de Delgado.

A todo esto se suman otros hechos más extraños aún. En el expediente del caso “Pucará”, que actualmente se encuentra en la Corte Suprema con opinión del Fiscal Supremo porque se confirme la sentencia condenatoria impuesta a Manuel Delgado y otros, no existe ni un solo cargo remitido por la Sala Penal Nacional disponiendo el internamiento de los nueve condenados.

Además, ni Delgado ni su defensa se han apersonado ante la Sala Penal Suprema a pesar de que interpusieron recurso de nulidad contra la sentencia condenatoria (es un requisito que las partes se apersonen a la instancia, señalen su domicilio procesal y pidan hacer uso de la palabra antes que se resuelva el caso).

De todo lo dicho, queda claro que hay cosas muy turbias que se concatenan unas con otras. ¿Acaso Manuel Delgado sabía que la Sala Penal Transitoria de la Suprema, en diciembre, lo iba a absolver y por eso consiguió que la Sala Penal Nacional “omitiera” inscribir su segunda condena?

Resulta perfectamente válido colegir que Manuel Delgado espera nuevamente salir airoso en la Corte Suprema para quedar libre de polvo y paja del proceso seguido en su contra por violaciones a los derechos humanos. Mucho ojo con esto, porque hay otro dato importante, según informa el INPE, en el mes de abril del presente año Manuel Delgado Rojas fue rehabilitado; es decir, logró rápidamente que se borren sus antecedentes judiciales

¿Qué acciones ha tomado la Sala Penal Nacional?

Por Resolución de fecha 26 de mayo del presente año (notificada en nuestra sede institucional el lunes 26 de junio) se ha dispuesto la recaptura de Manuel Delgado Rojas y ordenado su impedimento de salida del país, lo cierto es que en las cuatro páginas de la Resolución no se señala que se ha dispuesto una exhaustiva investigación administrativa para ubicar y, de ser el caso, sancionar al o los responsables de este extraño hecho. Queda pues en manos de la jueza, Inés Villa Bonilla, dar a conocer públicamente que es lo que realmente sucedió y si encontró responsabilidades administrativas y/o penales.

Resulta pertinente informar que el colegiado de derechos humanos de la Sala Penal Nacional ha esperado casi tres meses, después de conocida la Información, que Manuel Delgado Rojas no se encontraba recluido en ningún establecimiento penal del país para disponer su recaptura, así se advierte del Oficio Nro. 2875-2015-INPE/13-UK de fecha 26 de Marzo del 2015 recepcionado por Secretaría de Actas del tribunal. ¿ Hubo negligencia?

Así mismo, es por demás inexplicable que la Sala Penal haya reaccionado tarde en un segundo momento puesto que ya el 10 de junio del presente año el director del establecimiento penal “Virgen de las Merced” remitió el Oficio Nro. 079-2015-INPE-246/18-E.P.V.M-D informándole que Manuel Delgado Rojas era un ex presidiario y que había sido excarcelado el 19 de diciembre del año pasado

¿Cuál es el escenario en la Corte Suprema?

Creemos que existe una incertidumbre total por el antecedente de esta misma Sala (la Transitoria) de haberlo absuelto en el caso “Desaparecidos de la U. del centro”, a pesar de existir suficiente acervo probatorio que lo vinculan con los hechos materia de proceso.

No sería nada raro que, nuevamente, el tribunal presidido por César San Martín, apartándose de los sólidos argumentos vertidos por la Fiscalía Suprema en lo Penal que opina por que se confirme la sentencia condenatoria, resuelva por mayoría absolver a Delgado Rojas y los otros ocho militares condenados.

Si esto pasa, tendremos otro caso más de graves violaciones a los derechos humanos que quedará en la oscura y pantanosa impunidad, en donde el derecho a la verdad de las víctimas se fue al tacho simple y llanamente porque así, arbitrariamente, lo dispone la justicia nacional.

Publicado por Justicia Viva, el 25 de junio de 2015

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Rechazan recusación de jueza que verá el juicio al comando “Rodrigo Franco”

La jueza superior Mirta Bendezú Gómez se mantendrá al frente del juicio al comando paramilitar “Rodrigo Franco”. Sus colegas Marco Cerna Bazan y Alfonso Payano Barona declararon infundado el pedido (recusación) que hizo Aprodeh para que ella se aparte de este juicio por sus vínculos familiares con el aprismo.

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© La República© La RepúblicaEl fiscal superior Luis Landa Burgos también se había mostrado a favor de que Bendezú Gómez se aparte del caso “Rodrigo Franco” para no enturbiar el proceso y asegurar una justicia imparcial e independiente.

La magistrada Mirta Bendezú está casada con el abogado Ricardo Chumbez Paz, miembro del estudio de abogados de Edmundo Peláez Bardales, ex abogado ad honorem del ex presidente Alan García Pérez.

Los hechos por los que se juzgará a los presuntos integrantes del comando “Rodrigo Franco” sucedieron durante el primer gobierno aprista. El juicio tiene como principal acusado al ex ministro Agustín Mantilla Campos.

Al denegar la recusación, los jueces Cerna y Payano indican que la relación laboral de Ricardo Chumbez con Peláez Bardales y de éste con García no afectarán la independencia de la jueza, porque estos personajes no son parte de este juicio.

Publicado por La República, el 18 de junio de 2015

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Sala Penal dispuso abrir juicio a Urresti por crimen de Bustíos

  • En el banquillo. Jueces aceptaron la subsanación de la acusación original que interpuso el fiscal superior Luis Landa Burgos contra el ex ministro Daniel Urresti Elera como autor mediato del asesinato del periodista Hugo Bustíos y fijó el inicio de procesamiento para el viernes 17 de julio. Fiscal le atribuye presunto delito de lesa humanidad y reclama una pena de al menos 25 años de prisión.

Por Ángel Paéz y Doris Aguirre

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© La República© La RepúblicaLa Sala Penal Nacional acogió el pedido del fiscal superior Luis Landa Burgos para enjuiciar al general en retiro Daniel Urresti Elera y señaló fecha y hora para el inicio del proceso en su contra como presunto autor mediato del homicidio del reportero Hugo Bustíos Saavedra.

Urresti, ex ministro del Interior del gobierno de Ollanta Humala, y aspirante a la candidatura presidencial por el Partido Nacionalista, deberá presentarse ante el tribunal el viernes 17 de julio a las 9.30 de la mañana para responder a las imputaciones del Ministerio Público.

Daniel Urresti expresó su sorpresa por la decisión del Colegiado “B” de la Sala Penal Nacional, pues dijo que no había sido notificado y alegó que la imputación “no tiene ni pies ni cabeza porque primero me acusaron como autor material y ahora como autor mediato”.

El 27 de febrero de este año el fiscal superior Luis Landa acusó a Urresti de haber tenido participación en el atentado contra el periodista Hugo Bustíos y su colega Eduardo Rojas Arce, el 24 de noviembre de 1988. En esa fecha Daniel Urresti ejercía funciones como jefe de la Sección de Inteligencia (S-2) del cuartel contrasubversivo de Castropampa, Ayacucho.

Sin embargo, en la primera semana de mayo, el Colegiado “B” de la Sala Penal Nacional, presidido por Mirtha Bendezú Gómez, y conformado por Miluska Cano López y Marco Cerna Bazán, desestimó la acusación del fiscal Landa al considerar que faltaba sustentar con solidez las imputaciones.

Los magistrados devolvieron el expediente al fiscal Luis Landa para que precisara los fundamentos de la acusación.

El 11 de junio, Landa reiteró la acusación contra Daniel Urresti ante la Sala Penal Nacional y esta vez aportó mayor argumentación. El martes 16 de junio, los magistrados Bendezú, Ceno y Cerna aceptaron por unanimidad el requerimiento de Landa y resolvieron abrir juicio contra Urresti.

El enjuiciamiento público por el asesinato de Hugo Bustíos, corresponsal de la revista Caretas, y por las heridas causadas a Eduardo Rojas cuando estaban cumpliendo una misión periodística, es un balde de agua fría para la eventual candidatura presidencial de Daniel Urresti.

Landa ha pedido 25 años de cárcel para el ex ministro del Interior.

LA SANTA BIBLIA

“Que el fiscal Landa haya subsanado la primera acusación y ahora ha presentado una nueva no quiere decir que lo que él dice es la Santa Biblia. Tiene que probar lo que afirma”, explicó Urresti.

El principal fundamento de la acusación del fiscal superior Luis Landa es que quienes atacaron a Hugo Bustíos y Eduardo Rojas eran efectivos de la Sección de Inteligencia (S-2) de la Base Contrasubversiva de Castropampa, los que dependían funcionalmente de su jefe inmediato, el entonces capitán EP Daniel Urresti Elera.

Landa argumenta que si bien la orden del crimen partió del jefe de Castropampa, el comandante Víctor La Vera Hernández, la comunicación de la ejecución atravesó la jerarquía militar, en la que se encontraba Urresti, por lo que tuvo conocimiento de la operación para liquidar a los periodistas.

“La orden (de Víctor La Vera) debió transmitirse por toda la estructura del aparato de poder, pasando necesariamente por miembros del Estado Mayor de la Base Militar, hasta llegar a los soldados que finalmente ejecutaron la emboscada (autores directos) (…)”, arguyó el fiscal Landa ante la Sala Penal Nacional.

“En ese sentido, el procesado Daniel Urresti Elera, en su condición de jefe del Departamento de Inteligencia y Contrainteligencia de la Base Contrasubversiva de Castropampa, no solo necesariamente tuvo conocimiento de la orden de emboscar y dar muerte a los periodistas sino que además intervino en la transmisión de dicha orden a los ejecutores finales, lo cual se evidencia tanto al no denunciar la ilegalidad del atentado –lo cual era su deber–, así como al permitir que en su ejecución participaran efectivos militares del Departamento de Inteligencia (a cargo de Urresti)”, precisó, según el documento al que tuvo acceso La República.

Daniel Urresti manifestó su contrariedad porque el caso se originó en la judicatura de Ayacucho señalándolo como autor inmediato de los hechos. El fiscal superior Landa considera que más bien es autor mediato.

“PAPAS Y CAMOTES”

“Esto no tiene ningún asidero. Durante ocho años me han investigado por ‘papas’ y ahora me quieren llevar a juicio oral por ‘camotes’. Durante ocho años me han investigado supuestamente por haber robado una moto y hoy me quieren llevar a juicio oral por asalto a un banco. Durante ocho años me han investigado tratando de demostrar que yo he sido el autor inmediato. O sea, que yo fui el que disparó y puso el explosivo. Como no lo pudieron demostrar, ahora usan esta cosa del autor mediato. ¡No puede ser! ¡En dónde estamos!”, declaró Urresti.

“Jamás me he defendido por la imputación de autoría mediata. Toda mi defensa ha sido para demostrar que yo no he sido el autor material sino otra persona. Yo no estuve en el lugar de los hechos y eso lo he demostrado. Como he demostrado mi inocencia ahora sacan del sombrero de mago otra acusación de la cual yo jamás me he podido defender”, subrayó Urresti.

El fiscal superior Luis Landa se apoya en las declaraciones de Margarita Patiño Rey Sánchez, viuda de Hugo Bustíos, para apoyar la acusación de que los militares ejecutores del homicidio eran subordinados de Urresti.

“En el juicio anterior (en el que se condenó al jefe de la base militar, comandante Víctor La Vera, y a uno de los autores materiales, el capitán Amador Vidal Sanbento), Margarita Patiño dijo: ‘Un camión del Ejército sale del cuartel (Castropampa) con personal vestido de civil, los mismos que por versión de mi esposo pertenecían al Servicio de Inteligencia”.

También señala el fiscal que uno de los efectivos identificado como autor material del crimen, el suboficial Johnny Zapata Acuña, “Centurión”, también pertenecía a Inteligencia de la base de Castropampa.

“‘Centurión’ realizaba labores de inteligencia para el Ejército”, declaró Margarita Patiño. Y la testigo del asesinato, Hilda Aguilar Gálvez, señaló “tener referencias sobre la persona con el apelativo de ‘Arturo’, ya que el efectivo militar Johnny Zapata Acuña se refería a ‘Arturo’ como su jefe”. El fiscal Landa señala claramente que “Arturo” era el apelativo del jefe de la Sección de Inteligencia de Castropampa en 1988, el entonces capitán Daniel Urresti Elera.

Urresti desestimó la argumentación del fiscal Landa. Dijo que nunca estuvo en el lugar de homicidio.

“A mí me han investigado por un delito y no me pueden llevar a juicio oral por otro delito. A mí me han investigado durante ocho años tratando de demostrar que yo soy el autor material. Sin embargo, yo he demostratdo que eso es imposible porque yo no he estado en el sitio. Entonces alegremente no me pueden acusar que yo soy el autor mediato”, dijo Urresti.

Empero, de acuerdo con la acusación del fiscal el autor mediato no necesariamente tiene que estar en el lugar de los hechos ni tampoco estar ubicado en la cúspide de la organización de la que emana la orden de ejecución del crimen.

Valiéndose de un fallo por el caso de la masacre de Barrios Altos, Landa señala recordó que la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema señaló que #el autor mediato no es solo el jefe máximo de una organización criminal sino todo aquel que en el ámbito de la jerarquía transmite la instrucción delictiva con poder de mando autónomo”. Es decir, según él, Daniel Urresti Elera.

DELITOS DE LESA HUMANIDAD

La defensa de Daniel Urresti rechazó que se le atribuya al ex ministro los delitos de lesa humanidad porque cuando ocurrieron los hechos no existía dicha calificación. En consecuencia, no correspondía pedir 25 años de cárcel para Urresti.

Sin embargo, el fiscal Luis Landa se ratificó en que los hechos atribuidos a Urresti sí corresponden a la figura de delitos de lesa humanidad, y, por lo tanto, estaba justificado el pedido de 25 años de cárcel.

La defensa de Urresti había argumentado que no se podía pedir 25 años de cárcel cuando a los autores materiales se les condenó a 17 y 15 años de cárcel. Landa señaló que ahora existen elementos de mayor convicción.

Publicado en La República, el 18 de Junio de 2015

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Aprodeh: De acuerdo a las cifras del Ministerio Público hay 18 mil desaparecidos en el Perú

  • Directora de Aprodeh indicó, en otro momento, que la falta de presupuesto del Ministerio Público hace imposible que se avance en las identificaciones

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Cifras van subiendo

Ideeleradio.-© IdeeleRadio© IdeeleRadio Según la información oficial que tiene el Ministerio Público, hay 18 mil desaparecidos en el Perú, sostuvo la directora de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), Gloria Cano, tras considerar que es necesario que el Estado peruano investigue estos hechos y dé respuesta a los familiares de los mismos.

“Actualmente la cifra que se tiene es que hay 18 mil desaparecidos, van subiendo y se van encontrando los nombres hay muchas personas que en su momento no presentaron la denuncia o que las denuncias fueron perdidas en los estamentos fiscales y policiales, y recientemente las personas se están acercando, denunciando y señalando el lugar donde están las fosas. Entonces, el número va creciendo”, declaró en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“Hasta el momento hay cifras oficiales más o menos que fueron dadas por el Ministerio Público ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que vamos a unos 18 mil desaparecidos, y ahora la problemática es que no hay una política del Estado para poder dar una respuesta a los familiares para eso. Ello en dos ámbitos, en los ámbitos de la búsqueda de los cuerpos de los desaparecidos, así como los ámbitos de la investigación penal sobre la responsabilidad de las personas que hicieron estos actos de desaparición forzada”, expresó.

No hay presupuesto para identificaciones

La directora de Aprodeh indicó, en otro momento, que la falta de presupuesto del Ministerio Público hace imposible que se avance en las identificaciones. Reveló que hay un gran número de restos óseos que están acumulados en el Ministerio Público de Ayacucho que aún no se han podido identificar.

“En los ámbitos de la búsqueda, lamentablemente no se está haciendo nada, hay un esfuerzo desde el Ministerio Público desde el equipo de antropología forense, pero no tienen los equipos necesarios. Incluso hay mucho de las personas que han logrado ser expertas en este tema de la búsqueda de los desaparecidos que tienen que salir del equipo del Ministerio Público porque no hay presupuesto para ellos, no hay presupuesto tampoco para hacer las identificaciones”, manifestó.

“Hay cúmulos y cúmulos de cajas de huesos que se están acumulando en el Ministerio Público de Ayacucho o acá en Lima, porque no hay avances en cuento a la posibilidad de identificar”, subrayó.

Caso Cabitos: Solo se ha identificado cuatro cuerpos

Finalmente, reveló que de los 109 cuerpos recuperados en el cuartel Los Cabitos (Ayacucho) solo se han podido identificar hasta el momento a cuatro cuerpos.

“De los cuerpos hallados en el campo de Tiro del cuartel Los Cabitos se recuperaron 109 cuerpos. De esos 109 cuerpos solo se han identificado hasta el momento cuatro. No se tiene una base de datos genética para poder identificar se ha logrado obtener de esos 109 cuerpos 50 perfiles de ADN, pero no hay una base de datos de familiares que se pueda confrontar para identificarlos y entregarlos”, concluyó.

Publicado por Ideeleradio el 11 de junio de 2015

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Ten preliminary conclusions from the UN about forced disappearances in Peru

  • Upon completion of its visit to Peru, the group of experts from the United Nations gave a press conference and revealed its findings

>> En español

After 30 years, they returned to Peru; they encountered a different State and society, but they are also concerned about the slow progress on Human Rights, especially on the issue of forced disappearances.

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hrpThe United Nations Working Group on Enforced and Involuntary Disappearances visited the country June 1-10, 2015. Upon the conclusion of its visit, the group gave a press conference in which it announced its initial observations. The Argentinean Ariel Dulitzky, who heads the Group, pointed out that the current situation in Peru is different: we are now in a democratic context and the systematic policy of violation of human rights has been abandoned. However, he expressed concerns: “It is urgent that the Peruvian government set as an immediate priority the search for the truth about the fate and whereabouts of forcibly disappeared persons.”.

Houria Es-Slami, the group’s expert, stated that 30 years after their last visit to Peru, this delegation found a transformed country: “Since the year 2000, important steps have been made to ensure that the truth, justice, reparation and memory about enforced disappearances that occurred during the political violence between 1980 and 2000 have taken place.”

Both recognized the work of the Comisión de la Verdad y Reconciliación (Truth and Reconciliation Commission), the creation of the Vice Ministry of Human Rights and the Office of the Ombudsman. But they also expressed concern on the slow progress in the search for the disappeared. The Group urged the Peruvian government to meet the challenge of having a precise number of disappeared persons, to implement a national search plan to identify the missing, a map of mass graves and of genetic data bank. “In the current situation, the relatives will have to wait decades to know the location of the victims”, Dulitzky said.

Here, we share the ten conclusions of the UN Working Group on Forced Disappearances in Peru:

1. The Group appreciates the substantive information that several authorities, the Ombudsman, civil society organizations, as well as victims and their family members provided it with the goal of having a better understanding of the phenomena of forced disappearances in Peru.

2. Thirty years after its first visit, the Group has found a completely transformed country and society. In particular, the state policy of systematic violation of the human rights, including forced disappearances, has stopped. Also, the country has, with great effort, prevailed over subversive violence, although at a high human cost. However, deep scars and wounds remain open.

3. Since the year 2000, there have been important steps to ensure truth, justice, reparation and memory about forced disappearances committed during the political violence between 1980 and 2000. The Truth and Reconciliation Commission, the hundreds of exhumations, identification and return of remains, the monetary, education and health reparations for victims, the creation of the Vice Ministry of Human Rights and Access to Justice, the role of the Ombudsman, a specialized justice system that has imposed significant but few convictions, as well as the construction of memorials, represent concrete and valuable progress.

4. These advances have been achieved due to initiatives promoted or carried out by families of the victims or by the civil society and some sectors within the state. In accordance with its obligations under the [Universal] Declaration [of Human Rights] and international law, the state must assume those responsibilities and a leadership role to ensure that these initiatives are part of a comprehensive, coherent and continuous state policy on behalf of the victims and their families. Such obligations clearly reinforce the repudiation of [the practice of] enforced disappearance. In particular, the armed forces must make a clear commitment to cooperate in the search for truth and justice. This would strengthen the foundations of a state that will not permit that such serious violations be committed in its name. Given the deep impact that disappearances had on Peruvian women, all activity related to forced disappearances should take into consideration a gender perspective. The international community should support Peru in these initiatives through the provision of funds, training and technical assistance.

hrp5. Thirty years after these forced disappearances, it is concerning that, despite some progress, the efforts to clarify what happened to the disappeared have been very slow and limited, leading.to the clarification of just a few cases of enforced disappearance. This situation has left the families of the victims in a state of permanent uncertainty and prevented them from healing their wounds, as was widely observed during the visit. Investigating these cases should be a priority for the state and part of any process of truth, reparation, justice, memory and reconciliation.

6. Other important challenges remain. In particular, the Working Group observes with concern that, despite the progress accomplished in the fight against poverty, the deep socio-economic inequalities, which were both the cause and the consequence of the political violence, persist today, preventing the success of many of the adopted measures. Furthermore, there are other specific challenges, such as the lack of an exact number of forcibly disappeared persons, the small number of judicial processes that have come to fruition, the slow progress of legal procedures, the lack of a national plan to search for the disappeared and a national map of graves, the limited number of exhumations and identification of missing persons, lack of comprehensive psychological care received by the victims, and the absence of a public policy on memory issues, among others. The adoption of a general law for searching the missing persons and assignment of an adequate budget for its implementation could help to overcome many of these challenges.

7. In every place it visited the Working Group has met with dozens of relatives of the victims. Virtually all of them have expressed deep frustration over the obstacles and difficulties in accessing the information needed to clarify the fate and location of their loved ones. In particular they indicated that their status as speakers of Quechua and other native languages, as well as their socioeconomic status, make them face discrimination and contempt by the authorities. Given the time that has passed since the majority of forced disappearances occurred and the advanced age of many witnesses, perpetrators and family members, it is urgent that the state adopt the search for the truth and fate of the disappeared as an immediate priority. While in some cases it is difficult to establish the fate of the disappeared person, there is an absolute obligation to take all the reasonable and efficient measures to find the person or clarify their whereabouts. With the same sense of urgency, the state must proceed with the process of justice and integral reparations for the victims.

8. The Working Group reiterates its solidarity with the victims of enforced disappearance and their families. Their constant suffering is the tangible proof that forced disappearances constitute a permanent offense and an ongoing violation of human rights until the fate and the location of the victims has been clarified.

9. The Working Group also recognizes the work of the many human rights defenders, NGOs, lawyers and others who work tirelessly, often in adverse conditions, to bring the perpetrators to court and to repair and preserve the memory of the victims of this terrible practice. Because of that, the Group makes a call to the State and to the international community to provide continuous support to the work of these stakeholders. With this spirit, the Working Group encourages all actors in this area —state, civil society and relatives of the victims— to strengthen their collaboration to bring together all the resources and synergies in a cooperative, concerted and coordinated manner.

10. The Working Group expresses its readiness to continue the constructive dialogue with the Peruvian state and offers its assistance in the full implementation of the [Universal] Declaration [of Human Rights].

Translated from the original Spanish by Eliana Carlin Ronquillo with Karina Arango/ Rights Peru Project (www.rightsperu.net)

Originally published in La Mula June 10, 2015

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News Reports on Transitional Justice in Peru

10 conclusiones preliminares de la ONU sobre las desapariciones forzadas en el Perú

  • Luego de culminar su visita a nuestro país, el grupo de expertos de las Naciones Unidas brindó una conferencia de prensa y dio a conocer sus conclusiones.

Por Jorge Paucar Albino

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Volvieron al Perú luego de 30 años, encontraron una sociedad y Estado diferentes, pero están preocupados por el lento avance en materia de derechos humanos, específicamente en el tema de desapariciones forzadas.

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Ariel Dulitzky (d) y Houria Es-Slami (i), delegados del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, ofrecen una rueda de prensa, el miércoles 10 de junio de 2015, en Lima (Perú). EFE/Paolo AguilarAriel Dulitzky (d) y Houria Es-Slami (i), delegados del
Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre las
Desapariciones Forzadas o Involuntarias, ofrecen una rueda
de prensa, el miércoles 10 de junio de 2015, en Lima (Perú).
EFE/Paolo Aguilar
El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre las Desapariciones Forzadas e Involuntarias visitó el país del 1 al 10 de junio. Hoy, al concluir su visita, brindó una conferencia de prensa en la que dio a conocer sus primeras observaciones. El argentino Ariel Dulitzky, quien encabeza el Grupo, señaló que la situación actual del Perú es diferente, ya que estamos en un contexto democrático y la política sistemática de violaciones a los derechos humanos se ha abandonado. Sin embargo, mostró su preocupación. “Es urgente que el Estado peruano fije como una inmediata prioridad la búsqueda de la verdad sobre la suerte y el paradero de las personas desaparecidas”, afirmó.

Houria Es-Slami, experta del Grupo, afirmó que treinta años después de su última visita al Perú, esta delegación ha encontrado un país transformado. “Desde el año 2000, se han dado pasos importantes para asegurar la verdad, la justicia, la reparación y la memoria frente a las desapariciones forzadas ocurridas durante la violencia política entre 1980 y 2000”, dijo.

Ambos destacaron la labor de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, la creación del viceministerio de Derechos Humanos y de la Defensoría del Pueblo. Y mostraron su preocupación por el lento avance en la búsqueda de los desaparecidos. Por ello, el Grupo exhortó al gobierno peruano a cumplir el desafío de tener una cifra exacta de personas desaparecidas, a implementar un plan nacional de búsqueda, un mapa de las fosas y un banco de datos genéticos. “Como está la situación, las familias tendrán que esperar décadas para saber el paradero de las víctimas”, dijo Dulitzky.

A continuación, compartimos las 10 conclusiones del Grupo de la ONU sobre las desapariciones forzadas en el Perú:

1. El Grupo de Trabajo aprecia la información sustantiva que diversas autoridades, la Defensoría del Pueblo, organizaciones de la sociedad civil, familiares y víctimas le brindaron con el fin de comprender mejor el fenómeno de las desapariciones forzadas en el Perú.

2. Treinta años después de su visita, el Grupo de Trabajo ha encontrado un país y una sociedad completamente transformados. En particular, la política estatal de violaciones sistemáticas de los derechos humanos, incluidas las desapariciones forzadas, han cesado. También ha logrado, con gran esfuerzo prevalecer sobre la violencia subversiva, aunque a un alto costo humano. Sin embargo, profundas secuelas y heridas permanecen abiertas.

3. Desde el año 2000 se han dado pasos importantes para asegurar la verdad, la justicia, la reparación y la memoria frente a las desapariciones forzadas cometidas durante la violencia política entre 1980 y 2000. La Comisión de la Verdad y la Reconciliación, los cientos de exhumaciones, identificaciones y restitución de restos, las reparaciones monetarias, educativas, de salud a víctimas, la creación del Viceministerio de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, el rol de la Defensoría del Pueblo, un subsistema de justicia que ha impuesto importantes aunque pocas condenas, algunos memoriales construidos o en proceso de construcción, representan avances concretos y valorables.

4. Estos avances se han logrado gracias a iniciativas impulsadas o llevadas a cabo por familiares de las víctimas o por la sociedad civil y algunos sectores estatales. De acuerdo con las obligaciones dimanantes de la Declaración y del derecho internacional, el Estado debe asumir esa responsabilidad y un rol de liderazgo para asegurar que estas iniciativas sean parte de una política de Estado comprensiva, coherente, permanente, cooperativa y colaborativa con las víctimas y sus familiares. Con ello se reforzaría claramente el repudio a las desapariciones forzadas. En particular, las Fuerzas Armadas deben asumir un compromiso claro de cooperación en la búsqueda de la verdad y la justicia. Todo ello fortalecería las bases de un Estado que no permita que nunca más se cometan estas violaciones gravísimas en su nombre. Dado el profundo impacto que las desapariciones forzadas han tenido en las mujeres peruanas, todas las actividades en materia de desapariciones forzadas deben tener en cuenta la perspectiva de género. La comunidad internacional debe apoyar a Perú en estas iniciativas a través de la provisión de fondos, capacitación y asistencia técnica.

5. Treinta años después de las desapariciones, es preocupante que, a pesar de los progresos, el esfuerzo para clarificar la suerte de aquellos que desaparecieron ha sido muy lento y muy limitado, lo que ha llevado a la clarificación de pocos casos de desaparición forzada. Esta situación ha dejado a los 9 familiares de las víctimas en una incertidumbre constante e impedidos de cicatrizar sus heridas, como fue ampliamente comprobado durante la visita. Clarificar estos casos debe ser una prioridad para el Estado y parte de cualquier proceso de verdad, reparación, justicia, memoria y reconciliación.

6. Sin embargo, aún persisten importantes desafíos. En particular, el Grupo de Trabajo observa con preocupación que, a pesar de los progresos alcanzados en la lucha contra la pobreza, las profundas disparidades socio-económicas, que fueron la causa y la consecuencia de la violencia política, permanecen vigentes hoy en día, dificultando el éxito de muchas de las medidas adoptadas. Asimismo hay otros desafíos puntuales, tales como la falta de una cifra exacta de personas desaparecidas, los pocos procesos judiciales concluidos, la imposición de sanciones leves a los victimarios, la lentitud en los avances de los procesos judiciales, la carencia de un plan nacional de búsqueda de personas desaparecidas y un mapa nacional de fosas, las limitadas exhumaciones e identificaciones de personas desaparecidas, la ausencia de un banco de datos genéticos, la poca atención psicosocial integral que reciben las víctimas, la ausencia de una política pública en asuntos de memoria, entre otros. La adopción de una ley general de búsqueda de personas, así como la asignación de un presupuesto adecuado para su implementación y funcionamiento, podría contribuir a superar muchos de estos desafíos

7. En todos los sitios visitados el Grupo de Trabajo se ha reunido con decenas de familiares. Prácticamente todos han manifestado una profunda frustración frente a los obstáculos y las dificultades para acceder a la información necesaria para esclarecer la suerte y el paradero de sus seres queridos. En particular han indicado que la condición de quechua hablantes y de otras lenguas, así como su condición socioeconómica, los confronta con discriminaciones y desdén por parte de las autoridades. Dado el lapso de tiempo transcurrido desde que la mayor parte de las desapariciones forzadas comenzaron a ejecutarse y la edad muy avanzada de muchos testigos y familiares y perpetradores, es urgente que el Estado fije como una inmediata prioridad la búsqueda de la verdad y, en particular, sobre la suerte y el paradero de las personas desaparecidas. Si bien en algunos casos es difícil o prácticamente imposible establecer el destino final de la persona desaparecida, existe una obligación absoluta de tomar todas las medidas necesarias, razonables y eficaces para encontrar a la persona o clarificar su suerte. Con la misma urgencia debe actuarse en materia de justicia y de reparaciones integrales para las víctimas.

8. El Grupo de Trabajo reitera su solidaridad con las víctimas de desaparición forzada y susfamiliares. Su constante sufrimiento es la prueba palpable que la desaparición forzada es un delito permanente y una continua violación de los derechos humanos hasta que la suerte o el paradero de la víctima se hayan esclarecido.

9. El Grupo de Trabajo también reconoce la labor de los numerosos/as defensores/as de losderechos humanos, organizaciones no gubernamentales, abogados/as, y todos aquellos que trabajan incansablemente, inclusive en condiciones adversas, para llevar a los perpetradores a la justicia y para reparar y preservar la memoria de las víctimas de esta terrible práctica. Por ello, realiza un llamamiento al Estado y a la comunidad internacional a apoyar continuamente la labor de estos actores. En este espíritu, el Grupo de Trabajo alienta a todos los actores en este ámbito, Estado, sociedad civil y familiares, a reforzar su colaboración para aunar todos los recursos y las sinergias existentes de una manera cooperativa, concertada y coordinada.

10. El Grupo de Trabajo manifiesta su disposición para continuar el diálogo constructivo con el Estado peruano y ofrece su asistencia en la plena aplicación de la Declaración.

(Foto de portada: Ariel Dulitzky (d) y Houria Es-Slami (i), delegados del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, ofrecen una rueda de prensa, el miércoles 10 de junio de 2015, en Lima (Perú). EFE/Paolo Aguilar)

Publicado en La Mula, el 10 de junio de 2015

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Tras 9 años detienen a militar acusado de la desaparición de candidatos en Huancapi

  • DDHH. El 2006 se ordenó la captura de José Luis Chávez Velásquez, pero aunque estaba en actividad no fue puesto a disposición de la justicia. Ahora podrá iniciarse el juicio oral.

Por María Elena Castillo

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Familiares recuerdan a las víctimas en la puerta del estadio, donde estaba la base a la que fueron llevados © La RepúblicaFamiliares recuerdan a las víctimas en la puerta del estadio,
donde estaba la base a la que fueron llevados
© La República
Tuvieron que transcurrir ocho años, y que pase a situación de retiro, para que se pueda capturar al teniente coronel del Ejército José Luis Israel Chávez Velásquez, acusado de la desaparición forzada de siete pobladores del distrito ayacuchano de Huancapi, en 1991.

Este oficial –sobre quien pesaba un pedido de arresto desde el 2006– fue apresado hace dos semanas, con lo cual podrá iniciarse el juicio oral, informó la directora ejecutiva de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), Gloria Cano.

El Juzgado Mixto de Víctor Fajardo abrió proceso judicial en su contra el 2005, ordenando su detención. Al año siguiente, la Sala Penal Nacional, en Lima, declaró haber mérito para iniciar juicio oral y reiteró ese mandato. Sin embargo, el proceso no pudo comenzar porque dicho oficial no había sido capturado, a pesar de haber estado en actividad hasta diciembre pasado.

Chávez Velásquez fue acusado de la detención de seis candidatos de Izquierda Unida Socialista para las elecciones complementarias en Huacapi, y la esposa de uno de ellos, la noche del 19 de abril de 1991.

En ese momento el oficial tenía el grado de subteniente y a su cargo estaba la base militar de Huancapi, ubicada en el estadio, a donde fueron llevados los detenidos.

Las víctimas son Zenón Huamaní Chuchón, director de la Escuela Primaria de Huancaraylla; así como los profesores del Instituto Superior Tecnológico de Huancapi Eleuterio Fernández Quispe y Onofredo Huamaní Quispe, y los estudiantes Luis Amaru Quispe y Napoléon Quispe Ortega. Además, fueron detenidos Julio Arotoma Cacñahuaray, director de la Unidad de Servicios Educativos de la provincia de Fajardo, y su esposa Honorata Oré, quien tenía ocho meses de embarazo.

El hijo de los dos últimos, Raúl Arotoma Oré, tenía entonces once años, y los siguió hasta la puerta del estadio, de donde los militares lo botaron.

“Yo vi entrar a mis padres y a las demás personas. Desde entonces no los hemos vuelto a ver”, manifestó. Lamentó que se hayan demorado tanto en detener a Chávez Velásquez, y espera que ahora el Poder Judicial pueda hacerles justicia.

“Todo lo que queremos es saber la verdad, que digan qué pasó con ellos, por qué los desaparecieron y dónde están sus cuerpos, para darles cristiana sepultura”, exhortó.

Fiscalía investiga al Ministerio de Defensa y al Comando Conjunto

La 38ª Fiscalía Provincial Penal de Lima investiga a las autoridades militares que no cumplieron con entregar a la justicia al teniente coronel José Luis Chávez Velásquez.

La abogada Gisela Astocóndor, de Aprodeh, que representa a los familiares de los desaparecidos, indicó que se debe esclarecer por qué no se entregó al denunciado a pesar de que la Sala ofició el pedido al Ministerio de Defensa, al Comando Conjunto, y a la Comandancia General del Ejército.

La Sala Penal envió el caso a la fiscalía porque se “evidenciaría una eventual protección del acusado, sustrayéndolo de la justicia”.

En Aprodeh evalúan si seguirán con esta denuncia.

Publicado en La República, el 6 de junio de 2015

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Se inicia juicio oral contra ex oficial acusado de asesinato

  • Veintidós años tuvieron que pasar para que se inicie el juicio oral por el asesinato y torturas infligidas por un ex miembro del Ejército a un joven agricultor sospechoso de terrorismo, en Antabamba, Apurímac.

Hoy comenzará el proceso contra Julio Armando Garbay Bravo, quien estuvo a cargo de la patrulla que detuvo a Jaime Rolando Velázquez Alarcón, de 20 años, el 14 de julio de 1993.

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El oficial, quien entonces tenía el grado de alférez de Caballería, estaba destacado en la base militar de Antabamba, de donde salió junto a seis efectivos del Ejército con destino al distrito de Pachaconas. De allí partió con miembros del comité de autodefensa rumbo al sector de Moyuna, donde –según informaciones– había personas con armamento.

En ese lugar, encontraron a un grupo de individuos bebiendo licor, contra quienes dispararon, hiriendo al agricultor en la nalga.

Garbay Bravo pretendía que Velásquez Alarcón le informara sobre las supuestas armas que estaban en su poder, pero al no tener respuesta lo torturó cortándole las orejas, los dedos de la mano derecha para luego meterle un trapo en la boca y asfixiarlo con la culata de su fusil hasta matarlo. Luego, Garbay ordenó a sus subalternos que lo entierren entre la maleza, tapándolo con tierra y rocas.

CLAVES

El proceso se llevará a cabo en el penal Miguel Castro Castro, donde está recluido Garbay. Hasta allí se trasladarán los magistrados de la Sala Penal Nacional.

La fiscalía ha pedido que se le imponga 20 años y una reparación civil de 10 mil nuevos soles a favor de los herederos de la víctima.

Publicado en La República el 4 de junio de 2015