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Llega a Perú Grupo de Trabajo sobre desapariciones forzadas

Una delegación del Grupo de Trabajo de la ONU sobre desapariciones forzadas o involuntarias llegó este lunes a Perú, invitado por el gobierno del país, en una misión oficial de diez días.

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Ariel Dulitzky, presidente del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias. Foto archivo ONU / Amanda VoisardAriel Dulitzky, presidente del Grupo de
Trabajo sobre las Desapariciones
Forzadas o Involuntarias.
Foto archivo ONU / Amanda Voisard
El propósito de la visita es compilar información sobre ese tipo de desapariciones y analizar las medidas adoptadas por el Estado para prevenirlas y erradicarlas.

Los expertos, liderados por Ariel Dulitzky, estudiarán las provisiones del gobierno en materia de verdad, justicia y reparación para las víctimas de desapariciones.

La delegación visitará Lima, Ayacucho y Huánuco, donde hablará con autoridades nacionales y provinciales, familiares de desaparecidos y representantes de organizaciones civiles.

El Grupo presentará un informe con recomendaciones al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en 2016.

Duración: 53″

Producción: Jorge Miyares

AUDIO: Escuchar / Descargar

Publicado en Radio ONU, el 1º de junio de 2015

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García será denunciado por matanza de los penales tras revelador testimonio

  • El mayor en retiro del Ejército que lideró “patrulla de eliminación” confiesa con lujo de detalles e incrimina directamente al expresidente de haber ordenado sangrienta masacre extrajudicial

El abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), Carlos Rivera, aseveró que el Ministerio Público debe investigar al expresidente Alan García por las matanzas de El Frontón y Lurigancho, perpetradas el 18 y 19 de junio de 1986, con el importante testimonio del mayor en retiro del Ejército Peruano, José Francisco La Madrid Ponce, quien reveló en el semanario Hildebrandt en sus Trece que el exjefe de Estado ordenó la ejecución de 123 presos en el penal de Lurigancho.

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© Diario 16
© Diario 16
El mayor del Ejército de 64 años que lideró el pelotón de ejecución que entró a Lurigancho a matar a senderistas amotinados en 1986 ha decidido hablar y dar su testimonio, por primera vez, como un modo “de encontrar la paz”.

En declaraciones a dicha publicación, el exmilitar incrimina directamente a Alan García como la persona que ordenó la ejecución de los 123 presos condenados por terrorismo en el penal de Lurigancho.

“Me llamó el entonces comandante general del Ejército y presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Guillermo Monzón Arrunátegui, y me dijo: Capitán, por orden del presidente de la República, he dispuesto que usted forme una patrulla de eliminación para intervenir en el penal de Lurigancho”, confesó La Madrid Ponce.

El militar en retiro también narró al semanario que escuchó una charla por radio entre Alan García y el jefe de la Guardia Republicana, Jorge Rabanal. “‘Señor presidente, estamos procediendo’, le dijo Rabanal”. Según el oficial, García respondió: “¿Qué espera? ¿Tanto se demora? Tiene que cumplirse la misión”.

El abogado del IDL, Carlos Rivera, comentó que “la confesión del señor La Madrid se va a convertir en un testimonio sumamente relevante en el marco de las investigaciones de las matanzas de los penales. Estoy seguro de que la Fiscalía va a presentar el testimonio de este oficial del Ejército en el juicio de El Frontón, porque estamos hablando de la misma operación, de la misma decisión y de la misma orden que se dio para ambos casos”.

Recordó que la presunta responsabilidad de García solo se insinuaba en el curso de las investigaciones de la matanza de El Frontón porque las ejecuciones extrajudiciales en Lurigancho no están judicializadas para esclarecer los crímenes, sino que están en una etapa de investigación fiscal.

En 2004 el Ministerio Público excluyó del caso El Frontón al expresidente Alan García y al vicealmirante Luis Giampietri, quienes han sido incluidos en el expediente pero en calidad de testigos.

Rivera adelantó que la confesión de La Madrid va a ayudar a corroborar dos elementos importantes en las investigaciones de las matanzas de los penales de El Frontón y Lurigancho. “Uno es que efectivamente hubo decisiones importantes que provinieron de Palacio de Gobierno y otro es que la persona que las emitió fue el propio presidente de la República”, afirmó.

Sobre una posible inclusión de García como investigado en la matanza de El Frontón, el jurista dijo que “es complicado porque ya existe una acusación a 33 marinos que ya han sido procesados. Lamentablemente en un juicio oral no se puede incluir como acusado a un testigo”.

Rivera explicó que la sentencia de la Sala Penal Nacional involucraría a todos los marinos, porque todos son acusados del mismo caso y todos van a merecer la misma sentencia. Si en el proceso se verifica que el testigo García ha tenido una responsabilidad penal, el tribunal en la emisión de la sentencia tendría que disponer que el testigo García tiene que ser procesado y ordenar que se envíen las copias del fallo para que el Ministerio Público inicie las investigaciones”.

Añadió que el Ministerio Público que investiga la matanza del penal de Lurigancho puede tomar también el testimonio del oficial en retiro La Madrid para comprender a García como investigado y ya no solo como testigo, como ocurrió en el caso El Frontón.

El abogado subrayó que “las declaraciones del oficial La Madrid son importantes, porque puede ser presentado como testigo en el momento en que se inicie el juicio oral a García por las matanzas de los penales, que es lo que procesalmente corresponde”.

La Madrid, en la entrevista, da una versión distinta a la que ofreció a la Comisión de la Verdad, pues el entrevistado menciona que solo unos 20 fueron rematados y el resto murió por una explosión, mientras que la CVR dice que los ejecutados fueron más de 100.

El semanario también menciona que Andrés Coello, abogado de los familiares de las víctimas de Lurigancho, demandará a fines de mayo a Alan García y los altos mandos militares responsables ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD

El Primer Juzgado Penal Nacional declaró en octubre de 2014 que la matanza de El Frontón es un crimen de lesa humanidad que no es imprescriptible, al declarar como improcedente el pedido de prescripción de ese delito por dos oficiales de la Marina de Guerra.

Publicado por Diario16 el 17 de mayo de 2015

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La tenaz lucha del alcalde de Cayara para sobrevivir a la memoria de una masacre

  • Un testimonio revelador es el de David Ccayo, hoy burgomaestre de un pueblo que en 1988 vio morir a 39 comuneros, entre ellos varios miembros de su familia, a manos de militares. 27 años después sigue buscando justicia

Por Ivan Vicente

David Ccayo Ipurre tenía nueve años cuando el 14 de mayo de 1988 un grupo de militares fuertemente armados ingresó a caballo a Cayara, distrito de la provincia Víctor Fajardo (Ayacucho), y mató a los comuneros acusándolos de ser terroristas. Hoy, 27 años después de esta tragedia, y convertido en el alcalde de la Municipalidad Distrital de Cayara, busca justicia para él y para los más de 100 familiares de la Asociación de Víctimas de la Violencia Política.

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© Diario16
© Diario16
© Diario16Ccayo ahora tiene 36 años, ha llegado a Lima haciendo seguimiento a la denuncia de recusación presentada el 5 de marzo por la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) contra la magistrada que verá este caso emblemático contra los derechos humanos cometido durante el primer gobierno aprista, Mirtha Bendezú, porque su participación –afirman– no garantiza imparcialidad y objetividad en el proceso, ya que es cónyuge de Ricardo Chumbes, socio del estudio jurídico del abogado Edmundo Peláez Bardales.

Luego del proceso contra la jueza, en el que se pide su cambio, se procederá al juicio oral, donde se denuncia como responsable de estos actos violentos en Cayara al general José Rolando Valdivia Dueñas, que habría ordenado a un total de 200 soldados capturar a los delincuentes subversivos que participaron del ataque terrorista del 13 de mayo en el distrito de Erusco y que se toma como pretexto para un desplazamiento militar a Cayara.

“Yo soy parte de esta tragedia”, nos dice Ccayo. Ese día (14 de mayo de 1988), temporada de buena cosecha, llegó junto a su abuelo David a la chacra, en un lugar conocido como Acobamba, en la localidad de Qechua, en la zona de Qachuaypampa, donde ocurrieron los hechos.

Antes de iniciar la jornada de trabajo, su abuelo realizó la tradición inca de leer las hojas de coca: “Manan imapas pasacunqachu tranquilullaman kanqa” (no va a pasar nada, todo está tranquilo), dijo, augurando bienestar y buen día.

Luego, como al mediodía, regresaron a Cayara llevando cuatro sacos de maíz. Mientras el pequeño David descarga los sacos en su casa, un militar entra en su patio. No había nadie.

-¿Tu mamá?

-En la chacra.

-¿Tu papá?

-En el cielo (su papá falleció en el 86).

“Yo lo vi tranquilo, le di esas respuestas y se regresó, no dijo nada, tampoco me pareció extraño. Para mí fue normal porque siempre venían a inspeccionar de la base de Huaylla, que está a media hora de Cayara”, agrega el alcalde.

Un día antes de esta tragedia (13 de mayo) –recuerda Ccayo–, un destacamento de Sendero Luminoso emboscó a dos camiones portatropas en Erusco. El ataque dejó 15 heridos y murieron un capitán, un sargento y dos cabos.

Enterado de esto el jefe político militar de Ayacucho, el general José Valdivia, ordenó realizar el Plan Operativo Persecución a un fuerte contingente militar de diez patrullas, con 20 soldados cada una, para encontrar a los terroristas que mataron a sus compañeros y se apropiaron de su armamento.

Los militares llegaron a Cayara a las nueve de la mañana y mataron a una persona en la entrada del pueblo.

Eran las celebraciones por la Virgen de Fátima, los militares adujeron que los pobladores festejaban el ataque terrorista del día anterior. Detuvieron a cinco personas y las metieron dentro de la iglesia. Se escucharon disparos. Días después los cuerpos fueron encontrados en un lugar conocido como Quimsahuayco.

“Mi abuelo se adelantó por la huerta para llegar a Qechua. Bajamos por la ladera y llegamos a Qullpacha y de ahí miramos a la zona de Qechuapata, que está en una parte alta”, explica el alcalde, que de pronto, como una aparición, vio en ese momento llegar a un grupo de jinetes vestidos completamente de negro –los heraldos negros que nos mandan la muerte–, pero eran militares encapuchados y armados.

Los soldados se desplazaban por la pampa. El primer batallón que llegó, juntó a todos en Qachuaypampa. Separaron a las personas mayores, entre ellos a su abuelo David, y a los jóvenes; dejaron a las mujeres y niños juntos.

El que estaba al mando hablaba del ataque terrorista donde murieron soldados. “Y lo decía con furia, rabia y cólera. Decía que su familia había perdido la vida y nos decía que nosotros éramos los terrucos”, cuenta el burgomaestre.

El ruego de las mujeres arrodilladas que pedían que no les hagan nada no fue suficiente. Un segundo batallón que había estado bebiendo alcohol mientras saqueaban el poblado se ensañó con más violencia contra los detenidos, a quienes incluso les colocaron pencas de tuna en la espalda hasta hacerlos sangrar.

De pronto realizaron disparos al aire y botaron a todas las mujeres, niños y jóvenes. Todos empezaron a correr a su suerte, para todos lados, pero con dirección al pueblo. Estaba oscureciendo, eran las cinco o seis de la tarde. Los mataron uno por uno.

“Uno de mis primos estaba regresando con mi tía llevando los documentos de su papá. Toda la gente estaba llorando, gritando, pidiendo auxilio, pero nada”, narra el burgomaestre sobre la matanza que duró cerca de tres horas.

Al día siguiente, por la mañana, aparecieron militares. Los familiares de los asesinados quisieron llegar al lugar de la masacre, pero no los dejaron.

Recién dos días después, el 16 de mayo, pudieron recorrer la zona. El alcalde recuerda que en el camino encontró la correa de su abuelo, la reconoció porque la hebilla tenía la inicial de su apellido; más allá, junto a un molle, su chaleco. Buscaron su cuerpo y no lo encontraron. En una chacra encontraron tres o cuatro fosas, en otra chacra igual. Por la noche se hizo una pequeña misa, se prendieron velas y eso fue todo. Nadie se atrevió a desenterrar los cadáveres.

“Al día siguiente llegó un helicóptero y fuimos donde estaban las fosas y no había nada, ningún cadáver. Los habían desaparecido. Se encontraron las fosas abiertas y no encontramos nada”. Añade: “Días después llegó el presidente Alan García a Cayara. Me acuerdo de que estuvo en el municipio, no recuerdo qué habló”.

Después instalaron una base militar en la escuela de Cayara. Las personas que estuvieron presentes en la matanza, como Fernandina Palomino, Justiniano Tinco, Antonio García Tipe y Jovita García Suárez, fueron desapareciendo. Pasaban una lista y se los llevaban. Nunca más se supo de ellos.

LA DENUNCIA Y ALAN GARCÍA

Diez días después de la matanza, las víctimas interponen la denuncia en Ayacucho que pasa a Carlos Escobar, fiscal especial comisionado por el Ministerio Público para casos de Desaparición Forzada de Personas en Zonas de Emergencia, quien en el informe que presentó al fiscal supremo Pedro Méndez el 13 de octubre de 1988, remitida al fiscal de la Nación al día siguiente, consigna 29 muertos y 45 desaparecidos. Aunque se encontraron solo tres cadáveres, hay 40 testigos que afirman haber visto la muerte de esas personas y que las evidencias que estaban enterradas en las fosas fueron retiradas por el Ejército.

Escobar cuenta en una entrevista que tras reunirse con Alan García, este se comprometió a llevar médicos de Lima para realizar las exhumaciones y los peritajes, pero estos llegaron una semana después. Las fosas estaban vacías y las manchas de sangre de la iglesia fueron borradas.

Meses después el fiscal conversó con el coronel Rafael Córdova, segundo de José Valdivia, y le contó que luego de su entrevista con Alan, viajó junto al presidente a Cayara y él ordenó personalmente retirar los cadáveres y borrar los rastros de sangre.

La oficina de Córdova fue cerrada, luego destituido de su cargo y hasta amenazado. Terminó asilándose en Estados Unidos.

“Cuando Alan García asume su segundo gobierno, pensamos que el tema Cayara podría ser retomado, quizás para él hubiera sido uno de los puntos importantes en su agenda, pero lamentablemente no fue así”, expresa el alcalde Ccayo, que muestra una serie de invitaciones que realiza a congresistas, la primera dama y el presidente, a quienes solicita su presencia en la inauguración del Sitio de la Memoria este 14 de mayo.

Con la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), en el 2005, se inician las investigaciones en Cayara. Se recogen testimonios de las personas que estuvieron presentes. Pero, a pesar de las evidencias, el fiscal provincial Jesús Granda Olaechea, que fue designado para ampliar las investigaciones de Escobar, extrañamente determinó que la muerte de 18 personas se produjo por enfrentamiento de los subversivos con las fuerzas del orden.

“Tampoco se cometieron delitos por daños, robo, saqueo, contra la libertad individual, incendio, contra la libertad sexual y contra la administración de justicia. Por ello, ordenó archivar provisionalmente la investigación”, indica el informe de la CVR.

En ese mismo año, el 19 de mayo, la fiscal especializada en derechos humanos Cristina Olazábal denunció penalmente ante el Poder Judicial a Alan García por presunta responsabilidad en los delitos de omisión impropia –por no impedir ni denunciar el hecho en su calidad de presidente de la República– y encubrimiento personal, también fue denunciado Valdivia y 123 personas involucradas.

El 1 de julio la jueza Miluska Cano absuelve a García y a otros altos mandos políticos, ministros y efectivos militares implicados.

Sin embargo, ahora se espera el momento del juicio. 27 años después.

“Kuyasqanchikuna Yuyanapaq”

Este 14 de mayo Qachuaypampa será declarado Sitio de la Memoria “Kuyasqanchikuna Yuyanapaq” por la municipalidad distrital de Cayara debido a los hechos ocurridos en 1988. En ese lugar se levantará un mausoleo en memoria de los asesinados y por las muchas víctimas que allí dejó la violencia.

Además, se declarará esta fecha como Día de la Memoria para que sea celebrada cada año y contará con la participación de la comunidad ucayalina.

Previa a esta ceremonia principal, el 12 de mayo, en Lima, se llevará a cabo la misa por las víctimas del caso Cayara, que contará con la participación de la organización de residentes y autoridades. Ese mismo día se hará una caravana que partirá de Lima hacia Huamanga.

El día 13 de mayo, en la plaza de Huamanga, se realizará una vigilia y el mismo día 14 se continuará con la caravana de Huamanga hasta Cayara.

Finalmente, el evento concluirá con la colocación de la primera piedra de lo que será la construcción del mausoleo que tendrá una presentación teatral a cargo del colegio Ricardo Palma.

Ver también:

Publicado en Diario16 el 11 de mayo de 2015

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¡Se hizo justicia! Ministerio Público reabre el caso de esterilizaciones forzadas durante el fujimorismo

  • Tanto el IDL como Demus confían en que la Fiscalía termine por acusar a Alberto Fujimori y a sus exministros de Salud por crímenes de lesa humanidad

Por Carlos Hinostroza

Luego de meses de espera y de ardua lucha, las víctimas de las esterilizaciones forzadas ocurridas durante el segundo gobierno de Alberto Fujimori tienen motivos para volver a sonreír y confiar nuevamente en la justicia de nuestro país. El Ministerio Público –sin José Peláez Bardales ni Carlos Ramos Heredia en la cabeza– decidió reabrir este caso –que fue archivado en el año 2014 por el cuestionado fiscal Marco Guzmán Baca– y amplió por tres meses más las pesquisas. Es decir, tanto el expresidente Fujimori como sus exministros de Salud podrían ser acusados por crímenes de lesa humanidad y llevados a juicio.

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© Diario16
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© Diario16De acuerdo a la resolución de la Tercera Fiscalía Superior Penal Nacional, a la que diario16 tuvo acceso, el fiscal Luis Landa Burgos declaró fundada la queja interpuesta por el Instituto de Defensa Legal (IDL) y el Demus en contra de la resolución de la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial de Lima, que prácticamente excusó de toda responsabilidad al exmandatario Alberto Fujimori, sus exministros de Salud Marino Costa Bauer, Alejandro Aguinaga, Eduardo Yong, y sus asesores involucrados en el cuestionado Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar (1996-2000).

“Resuelve: declarar fundada en parte la queja de derecho (…); debiéndose ampliar la investigación preliminar del caso por tres meses, a efectos de que se proceda a practicar las diligencias detalladas que permitan esclarecer el presente hecho y lo expuesto en los considerandos precedentes, recomendándose al fiscal supraprovincial practicar el mayor número de declaraciones en el tiempo señalado en las diversas zonas geográficas que ameriten el caso y que sirva de parámetros para el pronunciamiento respectivo; y consecuentemente emitir un nuevo pronunciamiento en virtud de la investigación complementaria a realizarse; devolviéndose los actuados a la Fiscalía de origen”, se lee en el documento.

NO HAY ARGUMENTACIÓN OBJETIVA

Como se recuerda, el fiscal Marco Guzmán Baca señaló en su resolución, que dispuso el archivamiento del caso de las esterilizaciones forzadas, que los hechos denunciados no constituían crímenes de lesa humanidad por el desconocimiento del ataque generalizado y sistemático por parte de Alberto Fujimori; y que los delitos enmarcados en el Código Penal nacional no se habrían configurado en el accionar de los exministros de Salud, asesores y directores que participaron de este cuestionado programa por falta de ‘dolo’.

Asimismo, tanto el IDL como el Demus coincidieron en señalar que el mencionado fiscal no debió archivar el expediente, “porque no revisó diligentemente todos los testimonios, sino que solo se enfocó en el caso de la señora Mamérita Mestanza Chávez, quien murió ocho días después de la operación quirúrgica de esterilización a la que fue sometida en 1998”.

Ambas instituciones consideraron que la resolución de la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial de Lima, que ‘limpió’ a Fujimori y sus exministros, posee argumentos jurídicos “inaceptables”.

Ante esto, el fiscal Luis Landa precisó en su dictamen que “resulta necesario que el representante del Ministerio Público realice una reformulación argumentativa conforme a lo expuesto en los considerandos precedentes, así como la realización de una prolija, exhaustiva y rigurosa investigación, considerándose la realización o no de aquellos actos que sean conducentes o idóneos para la formalización o no de una denuncia penal”.

Según la resolución de la Tercera Fiscalía Superior Penal Nacional, la argumentación jurídica de Marco Guzmán Baca “no reviste pormenorizadamente los presupuestos que hayan permitido que se descarte el ‘dolo’ en este caso”.

“(…) Debiendo, por lo tanto, el fiscal provincial realizar una argumentación objetiva conforme a los presupuestos e interrogantes que se detalla en el presente dictamen”.

Por último, se solicita con carácter de “muy urgente” a las regiones de salud y/o direcciones de salud de Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Tumbes, Piura, San Martín, Lambayeque, Lima y Loreto, información de quienes participaron en los procedimientos de Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria (AQV), a fin de que rindan su manifestación.

LO QUE DEBE SABER

Cabe indicar que durante el segundo gobierno de Alberto Fujimori se esterilizaron a miles de mujeres en el país, especialmente de zonas rurales, a quienes con engaños y chantajes se les privó de sus capacidades reproductivas, pues se las esterilizó sin garantizarles información clara sobre la intervención y sin que dieran su libre consentimiento. Por lo menos 18 murieron como resultado de estas prácticas.

El caso de las esterilizaciones forzadas llegó hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), instancia en la cual el Estado peruano y las víctimas llegaron a un acuerdo amistoso para investigar y sancionar a los responsables.

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“Lo que ha hecho el fiscal Luis Landa es un acto de justicia”

© Diario16© Diario16Por Carlos Rivera Paz, abogado del IDL

El abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), Carlos Rivera Paz, saludó la decisión del fiscal Luis Landa Burgos de reabrir el caso de las esterilizaciones forzadas ocurridas durante el fujimorismo, luego de que fuera archivada arbitrariamente. En diálogo con diario16, el letrado enfatizó que confía en que la nueva fiscal del caso, Marcelita Huayta, actuará con responsabilidad.

“Lo que ha hecho el fiscal Luis Landa es un acto de justicia para las víctimas de las esterilizaciones forzadas ocurridas durante la época de los 90 y confiamos en que la nueva fiscal del caso actuará con responsabilidad y seriedad. El IDL siempre ha mantenido su posición de que tanto Alberto Fujimori como sus exministros tienen una responsabilidad directa por estas prácticas que afectaron a muchas mujeres. Esperemos que todo esto termine en una acusación penal contra ellos”, señaló.

Carlos Rivera reiteró una vez más que las esterilizaciones forzadas se ejecutaron en nuestro país no por una decisión individual, sino porque ellos (ministros, enfermeros, médicos, etc.) estaban cumpliendo con lo que el presidente de la República (Alberto Fujimori) había definido como una política de Estado.

“Adicionalmente habían puesto en marcha una serie de procedimientos a nivel de todo el sector salud para realizar estas esterilizaciones. Esto sin duda fue una política de Estado y por eso se debe formular una denuncia penal contra el expresidente Fujimori”, acotó.

También explicó que su institución decidió formular una queja contra la decisión del fiscal Guzmán Baca por las siguientes razones: indicó en su resolución que en el caso de las esterilizaciones forzadas no había crímenes de lesa humanidad, señaló que las personas investigadas no tenían responsabilidad, precisó que las mujeres esterilizadas no fueron agraviadas o afectadas a sus derechos y, finalmente, dijo que no había elementos jurídicos para considerar que este caso sea un crimen contra los derechos humanos.

Por último, el abogado del IDL advirtió que en caso de que el Poder Judicial aceptara la acusación penal del Ministerio Público y decidiera abrirle un nuevo proceso judicial a Alberto Fujimori, el Estado peruano necesariamente tendrá que presentar un pedido de ampliación del cuadernillo de extradición ante el Tribunal Supremo de Chile, a fin de que este autorice el juzgamiento contra el expresidente. Es decir, todo este proceso podría demorar más de un año.

Publicado en Diario16, el 10 de mayo de 2015

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PJ devuelve a Fiscalía expediente contra Daniel Urresti para sustentar observaciones

La Sala Penal Nacional devolvió la denuncia fiscal contra el exministro Daniel Urresti por el crimen del periodista Hugo Bustíos, luego de advertir observaciones como la variación del hecho imputado. Urresti se mostró tranquilo y sostiene que esto sería reflejo de su inocencia. El abogado de la familia Bustíos, Hernán Barrenechea, afirma por su parte que imputación nunca fue alterada y hay pruebas para considerarlo como autor mediato.

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Publicado por Panamericana.pe, el 9 de mayo de 2015

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ENLACE: COMISEDH respondió cuestionamientos a denuncia fiscal formuladas por abogado de acusado Urresti

NOTA DE PRENSA

En audiencia de control de acusación del Caso Bustíos, el Dr. Hernán Barrenechea, de COMISEDH, respondió a los cuestionamientos realizados por el abogado defensor de Daniel Urresti a la acusación fiscal realizada contra éste.

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Marcado por la guerra

  • José Carlos Agüero ha roto un tabú. Fue hijo de senderistas y habla de ello en su libro Los Rendidos. Dice que los familiares de terroristas también ocupan un lugar entre los fantasmas que dejó la guerra interna y que merecen ser escuchados.

Texto: Juana Gallegos
Fotografía: Miguel Gutiérrez

Cuando le dijeron que su madre había muerto sintió alivio. Alcanzó el asiento trasero de un bus, se quitó los lentes de medida y allí, viendo una realidad borrosa, sintió que al fin podía descansar. El cuerpo de su madre, la senderista Silvia Solórzano, había sido encontrado tirado en una playa de Chorrillos con tres balazos en la espalda y un cartel que decía: “Así mueren los traidores”. Era 1992, José Carlos Agüero dejaba de ser un adolescente, tenía 17 años y le remordía la conciencia porque su madre había muerto y él sentía que se quitaba una mochila pesada.

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El autor en primer plano y en el fondo una fotografía de prisioneros senderistas trasladados al penal de El Frontón, donde murió su padre © La República
El autor en primer plano y en el fondo una fotografía de prisioneros senderistas trasladados al penal de El Frontón, donde murió su padre © La República
El autor en primer plano y en el fondo una fotografía de
prisioneros senderistas trasladados al penal de El Frontón,
donde murió su padre
© La República
¿Cómo no sentir culpa por esperar la muerte de quién amas?, pensó, pero no había tiempo para llorar. Lo habían educado sin sentimentalismos.

En ese entonces, el hoy historiador de 40 años no imaginó contar ese episodio de su vida a nadie. La historia de su familia era un tema tabú.

Sus padres habían sido militantes del grupo terrorista Sendero Luminoso y tan sólo mencionarlo lo convertía en un ser infectado, en un terruco más. Por eso, por muchos años, guardó silencio. Hasta hoy.

Agüero ha publicado un libro titulado Los rendidos. Sobre el don de perdonar (IEP, 2015) y es una suma de reflexiones y relatos cortos sobre lo que significó ser el “hijo de sus padres”.

Después de haber trabajado años como activista de derechos humanos y de colaborar con la Comisión de la Verdad, escuchando a las víctimas de la violencia, decidió que era el momento de contar lo que a él le tocó:

-Yo tenía una historia personal que nadie conocía, sólo mis familiares cercanos. Y hay mucha gente, hijos de senderistas, que nunca fueron militantes y que como yo guardan silencio porque entienden que su versión de la historia no será bien recibida.

José Carlos habla mientras toma un jugo de papaya y agrega, medio en broma, que sí, que felizmente aún conserva su trabajo en el Ministerio de Cultura.

Su libro es controversial y ha generado todo tipo de reacciones. Desde felicitaciones por su honestidad hasta insultos que han llegado directamente a la bandeja de su correo electrónico.

-Tal vez tienen razones por sentir miedo. Cualquiera que toca el tema de Sendero de una forma no tradicional les puede generar ansiedad y yo lo comprendo.

Hablar de Sendero Luminoso de forma “no tradicional” significa contar la historia del hijo de una pareja de fanáticos que creció creyendo, como cualquier niño, que lo que les decían sus padres era lo correcto hasta que de grande, ya con capacidad para criticarlos, se terminó desengañando.

EL PERDÓN

Agüero no tiene claro cuándo decidieron sus padres entregar su voluntad al grupo terrorista más letal de América Latina. Sólo recuerda que a los diez años, su casa era muy bulliciosa, siempre estaba llena de los amigos de sus papás, los “tíos” los llamaban él y sus hermanos.

Recuerda, además, que lo que más jalaba su atención eran aquellas plastilinas grandes, forradas con papel marrón, que guardaba su mamá y que le prohibía tocar. La curiosidad se mantuvo hasta que un día uno de sus tíos le enseñó a usarlas como insumo para armar un cartucho de dinamita. “¿Para qué se utilizaron esos cartuchos? No lo sé pero puedo presumir cómo fueron usados” (Los Rendidos, p.87), confiesa Juan Carlos.

Su madre no acabó la carrera de periodismo. Como tenía una especial llegada con la gente, se convirtió en líder barrial de Condevilla, un asentamiento humano de San Martín de Porres donde José Carlos pasó buena parte de su infancia. Tuvieron que mudarse tres veces de esa casa, porque su madre empezaba a ser perseguida por la Policía. Nunca intentó convencerlo de entrar al Partido:

– No me educaron para enrolarme a Sendero. Ella decía que estaban haciendo la guerra para que no la tuviéramos que hacer nosotros.

Su padre, Manuel Agüero, era un ingeniero metalúrgico de la Universidad Nacional de Ingeniería. Un tipo que usaba casacas de cuero y tenía una moto y que primero fue un importante dirigente sindical y que después fue uno de los principales cuadros de Sendero.

Seis años antes de que los militares ejecutaran a su madre, el padre de José Carlos cumplía pena por terrorismo en el penal de El Frontón. Murió ejecutado en aquel operativo que propició el gobierno de Alan García en 1986, en el que murieron 118 reclusos.

– Dudo que mi madre haya disparado alguna vez. Ella cumplía una función de apoyo en el partido, daba comida y cama, atendía a los heridos. Mi padre sí era un militante activo. Recuerdo una conversación. Hubo una persecución en Breña, él y sus compañeros querían secuestrar a alguien y les cayó la Policía. En ese enfrentamiento murió un efectivo. Yo no sé si el disparo lo dio mi padre.

Alguna vez José Carlos pidió perdón en nombre de sus progenitores y lo escribió por e-mail. No recuerda la fecha. Sólo las respuestas. La primera, la de una mujer, fue una respuesta cortés pero cortante: “No corresponde que pidas perdón en su nombre. Cariños”. La segunda fue algo como esto: “Tu padre y tu madre hicieron mucho daño a mi familia. Te pedimos por favor, que no te vuelvas a comunicar”. Sólo escribió dos correos. No volvió a pedir perdón.

“¿Los hijos tienen que cargar con los crímenes de sus padres?”, se pregunta José Carlos en uno de los pasajes del libro. No lo cree pero es inevitable el peso que ha heredado. Se responde:

“No sé cuál fue mi grado de complicidad. Quemé y transporté documentos, ayudé a preparar cartuchos. Todo lo hice porque mis padres me dijeron que era lo correcto pero al mismo tiempo, odiaba esa vida, poco a poco fui observando la miseria de ese partido y sus contradicciones. El horror de la violencia. El miedo. Pero sobre todo el miedo por mi familia porque podían matar a mis padres. (p.87)”

EL ESTIGMA

Frente a José Carlos se exhiben las fotografías de Yuyanapaq, la más grande muestra fotográfica de los años del terror que vivió el país. Él las mira en esta tarde de jueves. Lo confrontan cuerpos mutilados, rostros dolorosos, todo lo que precipitó Sendero.

– De todas las conversaciones que escuché en mi casa recuerdo una realmente infame. (Los senderistas) habían asesinado a María Elena Moyano, les escuché decir que qué bien que esté bien muerta, que era un obstáculo para el partido. Y eso me pareció miserable.

La lideresa vecinal fue asesinada salvajemente. Le dispararon en el pecho y en la cabeza, y luego dinamitaron su cuerpo. Era febrero de 1992. La madre de José Carlos moriría a los pocos meses y en setiembre capturarían a Abimael Guzmán.

Pudo haber sido este, el momento en el que José Carlos se desengañó. ¿Eran unos monstruos los seres a los que amaba? “Mis padres no fueron monstruos, tuvieron sus motivos para luchar, tenían ideales. Pero ¿Qué les dio derecho a mis padres y a sus camaradas de asesinar, disparar, quemar, romper, destruir?” (p.58) se pregunta.

– Creo que el perdón es un ejercicio personal. No es un deber, pero creo que ayuda a tender puentes entre los que piensan diferente.

Dice José Carlos, que también es poeta y escribió alguna vez: “Nadie sabe que es un monstruo hasta que se mira en el espejo”.

Publicado en La República, el 3 de mayo de 2015

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Los enigmas del perdón

El Instituto de Estudios Peruanos (IEP) vuelve a rendir un servicio inestimable a la comprensión de nuestra historia reciente, en su dimensión más trágica. Ha publicado el libro “Los Rendidos: Sobre el don de perdonar”, del historiador José Carlos Agüero.

En la primera página de esta suerte de compilación de fragmentos acerca de su propia experiencia, Agüero nos previene que “Da vueltas sobre diferentes dimensiones relacionadas con mi condición: ser hijo de padres que militaron en el Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso y que murieron en ese trance, ejecutados extrajudicialmente.”

A diferencia del texto de Lurgio Gavilán, también publicado por el IEP, este es inquietante y perturbador. Mientras Gavilán, como bien nos hace observar Agüero, narra su testimonio desde una voz infantil tranquilizadora, estos relatos autobiográficos nos llevan a lugares oscuros que muchos hubiésemos preferido no frecuentar. Por ejemplo, a conocer más de cerca a esos militantes de Sendero, a los que resulta más cómodo estereotipar como perpetradores de una violencia salvaje. Que sin duda existió, como insiste, una y otra vez, el autor-hijo.

Porque lo que menos pretende es exculparlos. Su alegato va en contra de las miradas de superioridad moral y las visiones monolíticas, que nos impiden acercarnos a la comprensión de por qué pasó lo que pasó. Solo que no lo hace desde el escritorio del académico, ni tampoco nos ofrece tan solo un testimonio autobiográfico. Sus armas son la sinceridad y la empatía, la compasión y, la más poderosa de todas, el perdón: “Y más que un don, quizá deba ser entendido como una pérdida dolorosa, un difícil desprendimiento que es a su vez, un completarse en los demás. Pero no encuentro las palabras para decir esto”. Su padre fue ejecutado en la debelación del motín del Frontón, cuando Alan García era Presidente: “Prefiero perdonarlo también(…) Pero siento que también fue superado por sus miedos y limitaciones, que esa guerra fue demasiado para él, que perdió el alma en ese trance. Y cuando un hombre pierde su alma, todos de algún modo la perdemos con él.”

Por supuesto, Agüero pidió perdón a quienes pudieron verse afectados por la militancia de sus padres y las atrocidades cometidas por Sendero. Sin éxito. Los hijos, aprendió, heredan la culpa de sus padres. Ante esa evidencia maciza, opta por rendirse para poder reinventarse.

Rubén Merino, autor de un agudo colofón, señala enfáticamente que sería un error entender estos textos como una elaboración del trauma. A mí esa tácita prohibición me hace mirar en la dirección contraria a la que me señalan. No se puede reducir un libro, tan rico en cuestionamientos a verdades preconcebidas en los discursos académicos, a su dimensión psicológica. Pero sería un gran desperdicio no darse cuenta del valor extraordinario de este trabajo para comprender la complejidad del trauma generacional. Así como toda psicología individual es social, tal como lo explicó Freud en su Psicología de las Masas, la experiencia política no existe al margen de la subjetividad.

Publicado en La República el 4 de mayo de 2015

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News Reports on Transitional Justice in Peru

Por fin Montesinos y los colinas enfrentarán juicio por descuartizamiento de Mariela Barreto

  • ¡Fiscalía exige que se les aplique la cadena perpetua!

Por Henry Campos

La macabra muerte en 1997 de la agente Mariela Lucy Barreto Riofano no podía caer en el olvido y no puede quedar impune. Así, el juicio oral por ese asesinato a manos del grupo Colina bajo órdenes del exasesor presidencial Vladimiro Montesinos empezará en breve. La Tercera Fiscalía Superior Nacional, a cargo de Luis Landa Burgos, se pronunciará en los próximos días sobre ese caso, tras corregir el dictamen acusatorio de ese caso contra los asesinos de Barreto, quien ayudó a desenmascarar al referido grupo paramilitar que operaba en la dictadura de Alberto Fujimori.

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Vladimiro Montesinos © Diario16
Vladimiro Montesinos © Diario16
Vladimiro Montesinos
© Diario16
En este proceso, el Ministerio Público ha solicitado la cadena perpetua, por los delitos contra la libertad personal-secuestro agravado, contra la humanidad, desaparición forzada de personas y tortura y contra la vida, el cuerpo y la salud-asesinato, para Montesinos y Nicolás de Bari Hermoza, exjefe de las Fuerzas Armadas, así como para los exmiembros del grupo Colina, entre ellos, Santiago Enrique Martin Rivas, Jesús Antonio Sosa Saavedra, Wilmer Yarlequé Ordinola, José Concepción Alarcón Gonzáles, Juan Yanqui Cervantes, Carlos Edmundo Sánchez Noriega y José Rafael Domingo Salinas Zuzunaga. Asimismo, el pago como reparación civil de 900 mil soles para los procesados.

Barreto fue asesinada cuando tenía 28 años por sus propios compañeros de Colina, por revelar información a los medios de comunicación sobre los crímenes, entre ellos el de La Cantuta, que cometió este comando paramilitar y el chuponeo a los opositores a Fujimori en los años noventa. Su cuerpo descuartizado y sin cabeza fue hallado, el 24 de marzo de 1997, en tres costales abandonados en el distrito de Carabayllo. Solo pudo ser reconocida por unas cicatrices.

Por ese abominable crimen, Montesinos, Hermoza Ríos, Yanqui Cervantes, Sánchez Noriega, Salinas Zuzunaga son sindicados como autores mediatos mientras que Martin Rivas (pareja sentimental de Barreto y con quien tuvo una hija), Sosa Saavedra, Yarleque Ordinola y Alarcón Gonzales como coautores.

El fiscal superior Landa recibió el pasado 20 de marzo de la Sala Penal Nacional el dictamen de la fiscal Delia Espinoza, de marzo del 2013, para especificar dos puntos del trabajo de esta: la motivación de la sanción requerida para cada uno de los imputados, así como la argumentación sobre la calificación del asesinato de Barreto como crimen de lesa humanidad, de acuerdo al Estatuto de Roma.

El dictamen será devuelto al Poder Judicial en los próximos días. Así, el Colegiado B de la Sala Penal Nacional que preside la jueza superior Mirtha Bendezú Gómez, y lo integran también Marco Cerna Bazán y Miluska Cano López, solo tendría que fijar el inicio de ese juicio que sería, según fuentes de diario16, en julio próximo.

Landa convocará para el juicio a un total de 27 testigos. Entre ellos se encuentran los familiares de la desaparecida Barreto. Está prevista también la intervención del periodista Edmundo Cruz, quien recibió la información de Barreto sobre las fosas de los acribillados estudiantes de la Cantuta.

FUJIMORI

El expresidente Alberto Fujimori, a pesar que fue condenado como autor mediato por los crímenes de los Colina en los hechos de La Cantuta y Barrios, no ha sido considerado en este proceso ni siquiera como testigo. Sin embargo, podría ser incluido como acusado, dependiendo cómo se desarrolle el juicio.

Publicado por Diario16 el 1º de mayo de 2015

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Sala Penal Nacional evaluará el 06 de mayo acusación fiscal contra Urresti

Exministro del Interior deberá declarar por muerte de periodista Hugo Bustíos

Se viene juicio oral. El Colegiado B de la Sala Penal Nacional programó para el 06 de mayo la audiencia pública de control de la acusación formulada por el fiscal superior Luis Landa contra el exministro del Interior Daniel Urresti por el presunto asesinato del periodista Hugo Bustíos, ocurrido en 1988 en Huanta, Ayacucho.

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© EXITOSA Diario
© EXITOSA Diario
© EXITOSA DiarioDurante la audiencia, el Tribunal presidido por la vocal Mirtha Bendezú, escuchará los alegatos del representante del Ministerio Público quien deberá ratificar su pedido de que el extitular de la cartera de Interior sea sometido a juicio oral y condenado a 25 años de prisión por su participación en la muerte del corresponsal de la revista Caretas.

En el expediente que tendría más de 80 páginas, Landa ha solicitado también que el procesado pague 500 mil soles de reparación civil.

PARTICIPÓ EN CRIMEN

Según la acusación fiscal, a la cual tuvo acceso Exitosa, Urresti -quien era el encargado de la Sección de Inteligencia (S-2) del Batallón Contrasubversivo de Castropampa, en Huanta-no solo conocía la orden de asesinato del periodista, sino que también habría participado en el crimen.

FAMILIA DE PERIODISTA EN AUDIENCIA

En la diligencia también intervendrá el abogado del acusado, así como la defensa de los familiares del asesinado periodista quienes podrán formular sus observaciones si consideran que la acusación contiene deficiencias u omisiones.

Fuentes judiciales explicaron que en caso ninguno de los abogados presente observaciones y la acusación cumple con los requisitos que la ley establece, el tribunal quedará expedito para emitir el auto de enjuiciamiento y señalar día y hora para el inicio del juicio oral. De lo contrario, lo devolverá a la Fiscalía para que subsane las observaciones.

CANDIDATO DEL NACIONALISMO

Pese al proceso que actualmente enfrenta, Daniel Urresti se perfila como uno de los candidatos para las elecciones presidenciales del 2016, por el nacionalismo. El exministro del Interior ha recorrido 18 bases del oficialismo en las últimas semanas

Publicado por EXITOSA Diario, el 1º de mayo de 2015

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Publicarán documental sobre caso El Santa

  • El próximo 2 de mayo, se cumplen 23 años del atentado del Santa (Áncash).

Por Jorge Paucar Albino

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En noviembre del 2011, después de 19 años de lucha por la justicia y la memoria, los cuerpos de los 9 campesinos asesinados por el Grupo Colina fueron entregados a sus familiares.

© Musuk Nolte y Antonio Escalante© Musuk Nolte y Antonio Escalante

Carlos Alberto Barrientos Velásquez, Roberto Barrientos Velásquez, Denis Atilio Castillo Chávez, Federico Coquis Velásquez, Gilmer Ramiro León Velásquez, Pedro Pablo López Gonzáles, Jesús Manfredo Noriega Ríos, Carlos Martín Tarazona More y Jorge Luis Tarazona More fueron víctimas de múltiples violaciones a sus derechos fundamentales. Los exintegrantes del Grupo Colina ya fueron sentenciados a penas de entre 11 y 25 años de cárcel.

En el 2011, sus restos fueron encontrados en la Huaca Corral, que ahora es propiedad del Proyecto Especial Chavimochic. Los familiares de las víctimas solicitaron a esta empresa que cediera un espacio (Área de Reserva Santuario Coscobamba) y la compañía respondió afirmativamente.

© Musuk Nolte y Antonio Escalante
© Musuk Nolte y Antonio Escalante
© Musuk Nolte y Antonio Escalante

Para conmemorar este atentado, la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos del Santa realizará diversas actividades.

El sábado 2 de mayo, a las diez de la mañana, se llevará a cabo una romería en la zona del Santuario Huaca Corral.

© Musuk Nolte y Antonio Escalante

También se publicará el documental “Voces del desierto: Memorias del Caso Santa”, que da cuenta del crimen y de la lucha de los familiares de las víctimas que ahora esperan tener en el Santuario Huaca Corral un espacio para recordar a sus seres queridos.

A continuación, compartimos un adelanto de este documental, producido por la Coordinadora Contra la Impunidad (CCI), realizado por Raúl Cartajena.

>> VER VÍDEO

Publicado por La Mula el 30 de abril de 2015